Recibir la mejor calificación posible en el sector público es fácil: más del 98% de los funcionarios está en lista 1. Conociendo lo deficiente del funcionamiento del sector público, es claro que el sistema de evaluación no opera bien, ya que no permite distinguir entre funcionarios. Es por ello que cuando la ANEF o alguna otra organización de empleados reclama que se ha echado a funcionarios en lista 1, en realidad no se debería pensar que es un caso de injusticia evidente. Solo lo sería si la condición de estar en lista 1 denotara alguna indicación de excelencia.
Pero es natural que esto ocurra: incluso si no hubieran asuntos políticos que pueden hacerle la vida difícil a un superior que le debe poner nota a un funcionario a su cargo, asignar una mala nota no tiene ningún beneficio para el superior. Solo consigue que el funcionario quede enojado con el. Lo natural es poner buena nota, especialmente debido a que calificar a un empleado de manera que salga de la lista 1 es tan notorio (ya que todos los demás reciben la mejor calificación) que puede ser un castigo excesivo para un funcionario que puede no ser peor que otros calificados mejor por superiores no tan concienzudos.
Tal parece que solo hay dos salidas. Primero, una evaluación externa que tendría un elevadísimo costo y puede quedar contaminada por corrupción. Segundo, establecer al menos durante algunos años un sistema de cuotas, que obligue a los superiores de un división del gobierno a calificar, por ejemplo a un 10% de los empleados en categoría 4, 30% en categoría 3 y solo un 10% en la categoría superior. De no cumplir, el superior también sería mal calificado. Es un sistema un poco bruto, que no reconoce que distintas divisiones del Estado pueden tener funcionarios que no son comparables: por ejemplo, podría ocurrir un funcionario nota 4 en Hacienda tendría una nota 1 en Educación.
Existen alternativas a las notas 1 a 4. En el sistema de calificación de la Universidad de Chile, especialmente al interior de una Facultad, es posible, con bastante esfuerzo de Comisiones dedicadas, calificar a los académicos de acuerdo a su labor. Para ello, cada dos años los académicos deben llenar un formulario con sus actividades académicas: clases, memorias, administración, extensión e investigación (todo lo cual puede ser verificado). El Comité decide luego si el tiempo que supuestamente requieren esas actividades coincide con las horas en el contrato del académico. La calificación es relativamente generosa, ya que es mejor bonificar al académico que bajarle la nota: si el académico recibe una nota insuficiente en dos ocasiones, debe abandonar la universidad. Este proceso, cuando se lleva a cabo en forma concienzuda, funciona relativamente bien, pero tiene un alto costo para los académicos que participan en el Comité. Es también un proceso de estándares mínimos, pues no hay una evaluación de la calidad del trabajo académico del profesor. Pero algo es algo.
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