El problema de zonas con poco acceso a aguas

Este posteo continúa la serie sobre el problema de las aguas. Las dificultades de acceso al agua pueden dividirse en dos tipos. Primero están las dificultades en el acceso a agua para el consumo doméstico. Esta es una demanda comparativamente tan pequeña, que como expliqué en el primer capítulo de esta serie, se resuelve con inversión. El segundo problema es el agua en la agricultura, donde los requerimientos son más grandes y proveer agua tiene un costo de inversión a menudo inabordable.

El agua requerida por una persona para vivir relativamente bien es menor a 200 litros por persona (en Europa en 2017, 128 l/día). Es decir, con un litro por segundo permanente se podría abastecer a unas 350 personas, incluso considerando perdidas moderadas (20%) de distribución, ya que un día tiene 86.400 segundos.

¿Cuál es el valor de ese litro de agua permanente? En el sitio de transacciones de derechos de agua, el valor más caro es de $73 MM el litro por segundo en el acuifero de la cuenca del Río Loa. Dado que en la comuna de Antofagasta hay una sobreotorgación de derechos de agua de alrededor de 160%1, es necesario comprar derechos de agua adicionales para asegurar un litro de agua por segundo. Es probable que basten $120MM para comprar los derechos suficientes para 350 personas, es decir, unos $350 mil por persona. Este monto, aunque elevado, se paga una sola vez y es relativamente bajo comparada con los costos de inversión en distribución de agua en comunidades rurales, que son elevador debida a que son poco densas. Y esto es en la zona de mayores valores de derechos de agua, pues compiten con la minería.

Desembocadura Río Loa

La Ley actual faculta al gobierno a comprar derechos de agua para uso doméstico. La falta de agua para uso doméstico en algunas localidades no es un problema de la Ley de Aguas, sino que se debe a un rápido cambio climático, derechos que antes eran suficientes para asegurar el suministro ya no lo son, que hace necesario disponer de más derechos de agua para uso doméstico, así como la inversión necesaria para procesar y distribuir las aguas asociadas a esos derechos.

Asociación de Agua Potable Rural San Antonio de Naltahua

Incluso si no hubieran derechos de agua disponibles en una zona, se puede desalar agua para el consumo humano, y es lo que hacen ciudades del Norte y la minería. Son pequeñas cantidades de agua en relación al beneficio que generan para las personas o para los procesos productivos, por lo que aunque su valor unitario sea relativamente alto, no impacta en forma importante los costos finales para el usuario. Alternativamente, el costo en subsidios necesarios para asegurar un acceso seguro al agua para consumo doméstico es abordable. En Antofagasta la tarifa del agua es de $1.638,40/m3, y en las mejores plantas de desalación del mundo el costo del metro cúbico es de USD 0.7, es decir unos $500. Por lo tanto, Antofagasta no ve limitado su consumo doméstico por la disponibilidad de agua dulce, porque podría aumentar la inversión en desalación, sin que sea necesario alzar las tarifas.

Planta desaladora de Antofagasta

Un argumento que se oye mucho es que el agua es más cara en Antofagasta, lo que sería injusto. Pero esto es un reflejo de los costos de proveer agua en una zona seca. Si redujésemos las tarifas se usaría agua en forma ineficiente, generando un beneficio por mayor consumo menor que el costo para la sociedad de producir el agua adicional. Recordemos que Antofagasta es la región con los sueldos más altos en Chile (tanto en media como mediana), por lo que el efecto del mayor costo del agua, con respecto a Santiago, por ejemplo, se ve compensado sobradamente por los casi $80.000 de diferencia salarial para el trabajador con la mediana de ingresos.

En la industria y la minería, los consumos son relativamente bajos por unidad de valor agregado. En el caso de la industria, una empresa en que el agua es un componente importante de sus costos se instalará en un lugar en que el agua es más abundante. Salvo casos especiales, como una embotelladora de bebidas en el Norte, no deberían instalarse grandes usuarios indistriales de agua en el Norte. Y para esa empresa de bebidas, lo que produce es también para consumo humano, y en cantidades mínimas en relación a la demanda doméstica por persona.

En el caso de la minería, el consumo promedio nacional es de un 3% de la demanda total, pero la localización de la demanda de agua está dada por los yacimientos. Esta es la razón por la que en la Región de Antofagasta la minería es el gran demandante de agua, con el 50% de la demanda, en una Región en que el consumo total excede la disponibilidad sustentable.3 En un capítulo posterior analizaremos el problema del agua para la minería en la zona Norte, porque nos desviaría demasiado del tema de esta sección. Sin embargo, vemos que este es un problema localizado a una Región (la siguiente región minera relevante en el Norte es la I, donde representa un 17% de la demanda total, así que está en otra categoría).

El problema real del agua está en el uso agrícola en las Regiones al Norte de la XIV. Una hectárea de hortalizas requiere entre 2.000 y 8.000 m3 por ciclo productivo, según el sistema de riego. El ciclo productivo de las lechugas, por ejemplo, es de unos 100 días, así que se pueden tener 3 ciclos anuales. Esto demanda entre 6.000 y 24.000m3 de agua por hectárea. Ese mismo litro de agua por segundo, que podía servir a 350 personas, permite regar solo 1.5-6 há. Por supuesto, otros cultivos tienen menores necesidades de riego que las hortalizas, pero el punto es que la agricultura, a diferencia del consumo doméstico (o indistial o minero), tiene demandas de agua que solo pueden ser satisfechas si el costo del agua es bajo.

Cultivo hortalizas en La Serena

Usar agua desalada para el cultivo de hortalizas, incluso usando las tecnologías más eficientes, tendría un costo anual de USD 4.200=(0.7×6.000) solo en agua. A esto habría que agregar otros costos importantes, porque a diferencia de una planta desaladora instalada en una ciudad costera como Antofagasta, habría que transportar y elevar el agua. Salvo para cultivos muy valiosos o ubicados en condiciones muy especiales, esto es inviable con la tecnología actual.

Emisario de aguas servidas de Antofagasta

Es más factible para la agricultura que las ciudades costeras del Centro y del Norte no descarguen sus aguas servidas al mar, sino que éstas sean tratadas, para luego ser usadas en agricultura. El costo de esta alternativa es menor que la desalación, ya que el costo de tratamiento oscila entre $200-$300/m3, es decir, es aproximadamente un 40-60% del valor del agua desalada, con la ventaja adicional de no evacuar al mar aguas que solo reciben un tratamiento primario.4 En algunas ciudades costeras del Norte y Centro, que actualmente utilizan emisarios para descargar aguas servidas al mar, esto podría permitir el riego de algunas miles de hectáreas.5

Planta tratamiento La Farfana

En resumen, con inversiones moderadas es posible resolver casi completamente el problema de suministro de agua para uso doméstico sin modificar las leyes de agua, e independientemente del cambio climático.6 En ese sentido, la importancia que se le ha dado al tema de las aguas para consumo humano parece artificial. El problema real de las aguas es la demanda agrícola, tema que se analizará por zonas del país en capítulos posteriores de esta serie.

Notas:

1 R. Fischer (2017): “Efectos de la Reforma del Código de Aguas”, no publicado.

2. En La Región de Aysén, el porcentaje del consumo es mayor, alcanzando el 72%, pero eso se debe a que las otras actividades prácticamente no usan agua. La demanda minera total de Aysén es de 2.6 m3/seg, pero esto es un porcentaje insignificante de la escorrentía de más de 10.000m3/seg, sin considerar las aguas subterráneas, que no han sido estimadas por la DGA (ver R. Fischer , op. cit.) La X Región también tiene un consumo relativamente elevado de la minería, pero nuevamente, es porque las demás actividades casi no utilizan agua: la demanda agregada de todos los sectores, incluyendo el agrícola es de solo 6.45 m3/seg, comparado con una disponibilidad de 3.385m3/seg.

3. Según la Dirección de Aguas, y considerando un 20% ecológico de las aguas superficiales, la disponibilidad de aguas sustentables en la Región es de 9.31 m3/seg, comparado con una demanda de 12.54 m3/seg.

4. Este valor proviene del valor del servicio de tratamiento en Santiago (mi cuenta doméstica) y en Araucanía.

5. Por ejemplo, la empresa de aguas de Antofagasta produjo en los cinco años anteriores a 2019 un promedio de 2.3m3/seg de agua potable. Estimado que las pérdidas de transporte y procesamiento de las aguas servidas es de un 50%, los 1.2m3/seg alcanzarían para unas 6.ooo ha de hortalizas, pero por supuesto es necesario estimar si los costos de transporte y elevación permiten que sea viable esta alternativa.

6. La excepción son algunas viviendas muy aisladas, que probablemente requieran suministro mediante pozos domesticos.

Un artículo sobre la crisis de la vivienda

¿Son los superdueños los responsables de la crisis de la vivienda?

Fuente: Foto Ciper: “Los superdueños del Gran Santiago y la crisis de la vivienda en Chile”

Tenía pensado seguir escribiendo sobre temas de aguas, pero acabo de leer un artículo en Ciper Académico que requiere una respuesta. Se trata de “Los superdueños del Gran Santiago y la crisis de la vivienda en Chile“. El artículo resume al menos parte de los resultados del proyecto de investigación Fondecyt 11180569, del investigador responsable Francisco Vergara-Perucich.

El artículo sugiere que la inversión inmobiliaria de superdueños, es decir, particulares que poseen un número importante de viviendas para arriendo, tiene efectos negativos que “[…] salpican toda la industria de la vivienda.” El hecho que los superdueños adquieran estas viviendas para el arriendo es, para los autores, una práctica que “[….] que extrae valor desde clases sociales desposeídas en base a un bien básico —la vivienda—, aprovechando el régimen de propiedad privada y el déficit habitacional.” Según los autores, los superdueños inflan los precios en barrios donde no vivirán y capturan la oferta disponible, magnificando la “[…] escasez cautiva de viviendas disponibles, acaparadas por un grupo específico de la población.” En síntesis, los superdueños serían parte de las causas del déficit de vivienda.

El investigador concluye que la política de vivienda ha sido un fracaso y que el gobierno debería volver a ser un actor activo en la construcción de viviendas, señalando:

“Para ilustrar la ineficacia, según el Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el déficit cuantitativo de vivienda para el año 1998 era de 497.012 unidades. Diez años después, y tras una inversión en subsidios de casi 500 millones de UF[4], el déficit de vivienda era de 497.615; es decir, aumentó en un 0.12%, pese a que en el mismo período se construyeron 2.659.889 nuevas unidades en la ciudad.”

Todo el análisis me parece equivocado, pero antes de evaluar los argumentos, revisemos las cifras. Es raro que el autor utilice cifras de 2008 (diez años después de 1998), dada la existencia de cifras más recientes disponibles en la página del Observatorio Urbano del Minvu. Este tiene una planilla con el nombre “DD Déficit Habitacional 2002-2017 metodología homologada”, que muestra los cambios en el déficit entre esos años, usando los censos de 2002 y 2017. El déficit era de 522,326 viviendas en 2002 y de 393,613 en 2017, es decir una reducción de un 24%. s.

Figura 1. Fuente: Características de la inmigración internacional en Chile, Censo 2017

Esta reducción se produjo en un período de fuerte aumento en la inmigración, que tiene un efecto exógeno sobre la demanda de viviendas. Según el informe “Características de la inmigración internacional en Chile, Censo 2017” del INE, el porcentaje de inmigrantes creció desde un 1.3% a un 4.4% de la población entre 2002 y 2017, como se muestra en la figura 1.1 Estos casi 600 mil inmigrantes del período 2002-2017 requieren viviendas. Por este solo hecho el déficit debería haber aumentado en unas 150.000 viviendas. Las políticas de vivienda del pasado no consideraban la importancia que tendría la inmigración, que ha sido un fenómeno de aceleración reciente. Por eso, so se puede achacar esa componente del déficit a las políticas de vivienda anteriores a 2017. Omitiendo, por lo tanto, el efecto inmigración al evaluar las políticas de vivienda, tenemos que esas políticas habrían reducido el déficit original a unas 250.000 viviendas en 2017. Esto es una reducción de casi un 50% en el déficit, lo que es una muestra de políticas efectivas, al contrario de lo que señala F. Vergara.

Esto se explica porque la construcción de viviendas en el período 2002-2019 fue en promedio de 138,613 al año, según la planilla “PE Viviendas unidades y superficie según año y comuna 2002 a mar 2021.xlsx” del Observatorio Urbano. Para dimensionar esta cifra, en Inglaterra (población 56 millones) se construyeron 244.000 viviendas en 2019/2020, siendo esta la cifra más alta desde 2006/2007, como se muestra en la figura siguiente.

Fuente: Tackling the under-supply
of housing in England, Briefing Paper 07671, 14 enero 2021, House of Commons Library.

La conclusión es que las cifras no respaldan la conclusión de F. Vergara de que la política habitacional en Chile no surtió efecto. Pensemos ahora en la lógica. La idea de que los superdueños (inversionistas de riqueza mediana) estarían acaparando viviendas no considera el funcionamiento del mercado de la vivienda.

La ecuación que determina si es mejor arrendar o comprar una vivienda es que lo que se paga en arriendos debe ser igual al dividendo de la hipoteca más el costo de mantenimiento de la vivienda propia, menos la apreciación de la vivienda.2 En un equilibrio en que el precio de la vivienda se mantiene estable, el arriendo es igual al dividendo más el costo de mantenimiento y por lo tanto debería ser indiferente para las personas la decisión de arrendar o comprar.3 Dado que los superdueños compran viviendas por su rentabilidad, y no por sus aspectos emocionales (ver nota 3), deben arrendar las propiedades para no tener pérdidas. Por lo tanto, éstas no desaparecen del mercado ni los superdueños contribuyen al déficit de viviendas.

Vergara parece pensar que la capacidad de contrucción de viviendas está limitada, por lo que si se las compran los superdueños, no habrá casas para los demás. Al revés, al elevar la demanda y el precio, la oferta se ajusta en respuesta. Las causas del alto precio de las viviendas no son los superdueños, sino las que describí hace poco en un posteo sobre tomas de terrenos. Es una combinación de caída en las tasas de interés, al que se agrega el IVA a la construcción (que tiene un efecto de contagio ya que eleva el costo de las viviendas de mayor valor), los límites constructivos que imponen las municipalidades y el aumento en la demanda producida por la inmigración, que a mediados de 2020 alcanzaban 1.6 millones de personas, según la ONU.

Viviendas sociales en Concepción, Diario Concepción. Fotografía: Raphael Sierra P.

Por último, la pandemia a contribuido a aumentar la demanda por viviendas. En viviendas con hacinamiento, el confinamiento puede hacer la vida muy difícil, y hace urgente vivir con más espacio. Esto contribuye (como ha ocurrido en los EEUU y el Reino Unido, y tal vez otros países) a elevar los precios de la viviendas.

Omitir estos hechos al analizar problemas tales como el alza de los costos de la vivienda y las dificultades para acceder a una vivienda muestra deficiencias que son incompatibles con un proyecto científico. Usar esos argumentos para luego criticar las políticas de vivienda muestra una parcialidad abismante. Estas políticas tienen muchos problemas, pero no los que señala Vergara.4 Considerando la escasez de proyectos Fondecyt (este año se han aprobado proyectos Fondecyt sin financiamiento), porque el país no dispone de los recursos que se requieren para financiar proyectos de alta calidad, me sorprende y desilusiona que este proyecto haya sido aprobado.

Notas:

  1. Este porcentaje puede estar subestimado, porque los inmigrantes ilegales pueden desconfiar del censo, como ocurre en otros países.
  2. Esto simplifica un poco las expresiones, porque el propietario eventualmente deja de pagar, pero por otro lado las viviendas tienen una vida útil finita. El supuesto para esta formulación sencilla es que la duración de la vivienda es infinita, y que el costo de capital no se paga nunca (es un consol). Se resta la apreciación de la vivienda, porque esta es una ganancia para el propietario.
  3. Existen otros motivos por lo que comprar podría ser más atractivo que arrendar, por ejemplo, como una forma de ahorro forzoso, o por un aspecto emocional. Pero esto tendría el efecto de inclinar la balanza hacia arriendos más baratos.
  4. Por ejemplo, la localización de las viviendas ofrecidas, lejanas a los lugares de trabajo, la ausencia de coordinación para el desarrollo de infraestructura habilitante con los ministerios de transporte, obras públicas y otros al desarollar proyectos, problemas de calidad y tamaño de las viviendas, etc. Tampoco parece haber coordinación con los municipios para relajar y adecuar los limites constructivos que permitan el desarrollo de viviendas de bajo costo en zonas concentradas. Pero no se puede criticar las cifras de viviendas construidas.