El problema de zonas con poco acceso a aguas

Este posteo continúa la serie sobre el problema de las aguas. Las dificultades de acceso al agua pueden dividirse en dos tipos. Primero están las dificultades en el acceso a agua para el consumo doméstico. Esta es una demanda comparativamente tan pequeña, que como expliqué en el primer capítulo de esta serie, se resuelve con inversión. El segundo problema es el agua en la agricultura, donde los requerimientos son más grandes y proveer agua tiene un costo de inversión a menudo inabordable.

El agua requerida por una persona para vivir relativamente bien es menor a 200 litros por persona (en Europa en 2017, 128 l/día). Es decir, con un litro por segundo permanente se podría abastecer a unas 350 personas, incluso considerando perdidas moderadas (20%) de distribución, ya que un día tiene 86.400 segundos.

¿Cuál es el valor de ese litro de agua permanente? En el sitio de transacciones de derechos de agua, el valor más caro es de $73 MM el litro por segundo en el acuifero de la cuenca del Río Loa. Dado que en la comuna de Antofagasta hay una sobreotorgación de derechos de agua de alrededor de 160%1, es necesario comprar derechos de agua adicionales para asegurar un litro de agua por segundo. Es probable que basten $120MM para comprar los derechos suficientes para 350 personas, es decir, unos $350 mil por persona. Este monto, aunque elevado, se paga una sola vez y es relativamente bajo comparada con los costos de inversión en distribución de agua en comunidades rurales, que son elevador debida a que son poco densas. Y esto es en la zona de mayores valores de derechos de agua, pues compiten con la minería.

Desembocadura Río Loa

La Ley actual faculta al gobierno a comprar derechos de agua para uso doméstico. La falta de agua para uso doméstico en algunas localidades no es un problema de la Ley de Aguas, sino que se debe a un rápido cambio climático, derechos que antes eran suficientes para asegurar el suministro ya no lo son, que hace necesario disponer de más derechos de agua para uso doméstico, así como la inversión necesaria para procesar y distribuir las aguas asociadas a esos derechos.

Asociación de Agua Potable Rural San Antonio de Naltahua

Incluso si no hubieran derechos de agua disponibles en una zona, se puede desalar agua para el consumo humano, y es lo que hacen ciudades del Norte y la minería. Son pequeñas cantidades de agua en relación al beneficio que generan para las personas o para los procesos productivos, por lo que aunque su valor unitario sea relativamente alto, no impacta en forma importante los costos finales para el usuario. Alternativamente, el costo en subsidios necesarios para asegurar un acceso seguro al agua para consumo doméstico es abordable. En Antofagasta la tarifa del agua es de $1.638,40/m3, y en las mejores plantas de desalación del mundo el costo del metro cúbico es de USD 0.7, es decir unos $500. Por lo tanto, Antofagasta no ve limitado su consumo doméstico por la disponibilidad de agua dulce, porque podría aumentar la inversión en desalación, sin que sea necesario alzar las tarifas.

Planta desaladora de Antofagasta

Un argumento que se oye mucho es que el agua es más cara en Antofagasta, lo que sería injusto. Pero esto es un reflejo de los costos de proveer agua en una zona seca. Si redujésemos las tarifas se usaría agua en forma ineficiente, generando un beneficio por mayor consumo menor que el costo para la sociedad de producir el agua adicional. Recordemos que Antofagasta es la región con los sueldos más altos en Chile (tanto en media como mediana), por lo que el efecto del mayor costo del agua, con respecto a Santiago, por ejemplo, se ve compensado sobradamente por los casi $80.000 de diferencia salarial para el trabajador con la mediana de ingresos.

En la industria y la minería, los consumos son relativamente bajos por unidad de valor agregado. En el caso de la industria, una empresa en que el agua es un componente importante de sus costos se instalará en un lugar en que el agua es más abundante. Salvo casos especiales, como una embotelladora de bebidas en el Norte, no deberían instalarse grandes usuarios indistriales de agua en el Norte. Y para esa empresa de bebidas, lo que produce es también para consumo humano, y en cantidades mínimas en relación a la demanda doméstica por persona.

En el caso de la minería, el consumo promedio nacional es de un 3% de la demanda total, pero la localización de la demanda de agua está dada por los yacimientos. Esta es la razón por la que en la Región de Antofagasta la minería es el gran demandante de agua, con el 50% de la demanda, en una Región en que el consumo total excede la disponibilidad sustentable.3 En un capítulo posterior analizaremos el problema del agua para la minería en la zona Norte, porque nos desviaría demasiado del tema de esta sección. Sin embargo, vemos que este es un problema localizado a una Región (la siguiente región minera relevante en el Norte es la I, donde representa un 17% de la demanda total, así que está en otra categoría).

El problema real del agua está en el uso agrícola en las Regiones al Norte de la XIV. Una hectárea de hortalizas requiere entre 2.000 y 8.000 m3 por ciclo productivo, según el sistema de riego. El ciclo productivo de las lechugas, por ejemplo, es de unos 100 días, así que se pueden tener 3 ciclos anuales. Esto demanda entre 6.000 y 24.000m3 de agua por hectárea. Ese mismo litro de agua por segundo, que podía servir a 350 personas, permite regar solo 1.5-6 há. Por supuesto, otros cultivos tienen menores necesidades de riego que las hortalizas, pero el punto es que la agricultura, a diferencia del consumo doméstico (o indistial o minero), tiene demandas de agua que solo pueden ser satisfechas si el costo del agua es bajo.

Cultivo hortalizas en La Serena

Usar agua desalada para el cultivo de hortalizas, incluso usando las tecnologías más eficientes, tendría un costo anual de USD 4.200=(0.7×6.000) solo en agua. A esto habría que agregar otros costos importantes, porque a diferencia de una planta desaladora instalada en una ciudad costera como Antofagasta, habría que transportar y elevar el agua. Salvo para cultivos muy valiosos o ubicados en condiciones muy especiales, esto es inviable con la tecnología actual.

Emisario de aguas servidas de Antofagasta

Es más factible para la agricultura que las ciudades costeras del Centro y del Norte no descarguen sus aguas servidas al mar, sino que éstas sean tratadas, para luego ser usadas en agricultura. El costo de esta alternativa es menor que la desalación, ya que el costo de tratamiento oscila entre $200-$300/m3, es decir, es aproximadamente un 40-60% del valor del agua desalada, con la ventaja adicional de no evacuar al mar aguas que solo reciben un tratamiento primario.4 En algunas ciudades costeras del Norte y Centro, que actualmente utilizan emisarios para descargar aguas servidas al mar, esto podría permitir el riego de algunas miles de hectáreas.5

Planta tratamiento La Farfana

En resumen, con inversiones moderadas es posible resolver casi completamente el problema de suministro de agua para uso doméstico sin modificar las leyes de agua, e independientemente del cambio climático.6 En ese sentido, la importancia que se le ha dado al tema de las aguas para consumo humano parece artificial. El problema real de las aguas es la demanda agrícola, tema que se analizará por zonas del país en capítulos posteriores de esta serie.

Notas:

1 R. Fischer (2017): “Efectos de la Reforma del Código de Aguas”, no publicado.

2. En La Región de Aysén, el porcentaje del consumo es mayor, alcanzando el 72%, pero eso se debe a que las otras actividades prácticamente no usan agua. La demanda minera total de Aysén es de 2.6 m3/seg, pero esto es un porcentaje insignificante de la escorrentía de más de 10.000m3/seg, sin considerar las aguas subterráneas, que no han sido estimadas por la DGA (ver R. Fischer , op. cit.) La X Región también tiene un consumo relativamente elevado de la minería, pero nuevamente, es porque las demás actividades casi no utilizan agua: la demanda agregada de todos los sectores, incluyendo el agrícola es de solo 6.45 m3/seg, comparado con una disponibilidad de 3.385m3/seg.

3. Según la Dirección de Aguas, y considerando un 20% ecológico de las aguas superficiales, la disponibilidad de aguas sustentables en la Región es de 9.31 m3/seg, comparado con una demanda de 12.54 m3/seg.

4. Este valor proviene del valor del servicio de tratamiento en Santiago (mi cuenta doméstica) y en Araucanía.

5. Por ejemplo, la empresa de aguas de Antofagasta produjo en los cinco años anteriores a 2019 un promedio de 2.3m3/seg de agua potable. Estimado que las pérdidas de transporte y procesamiento de las aguas servidas es de un 50%, los 1.2m3/seg alcanzarían para unas 6.ooo ha de hortalizas, pero por supuesto es necesario estimar si los costos de transporte y elevación permiten que sea viable esta alternativa.

6. La excepción son algunas viviendas muy aisladas, que probablemente requieran suministro mediante pozos domesticos.

El problema de las aguas

Reparto de agua mediante camiones aljibe. Foto CIPER 21/3/2017.

Cuando se oyen tanto hablar sobre los problemas del agua en Chile, y como resolverlos, creo necesario dedicar algunos posteos al tema. Hace algunos años, la Asociación de Exportadores de Fruta me pidió un estudio independiente sobre los problemas en aguas. Durante un período relativamente largo me dediqué a estudiar y pensar sobre este tema para poder escribir el informe. No era ni soy un experto en los detalles del sector aguas –ASOEX quería alguien que no estuviera involucrado y que pudiera mirar con ojos más objetivos un tema tan politizado– pero obtuve algunas conclusiones que pueden tener algún interés. Desde entonces he seguido pensando en el problema de las aguas, aunque con menos intensidad. Por lo tanto haré una serie de posteos que cubran temas como:

  1. El problema del agua en Santiago y el cambio climático.
  2. El problema de zonas con poco acceso a aguas.
  3. Las leyes de aguas y los derechos de aguas.
  4. La situación en el Norte
  5. La situación en el Centro y en el Sur
  6. Conclusiones y recomendaciones.

Es un programa relativamente largo, y es poco probable que el resultado sea tan ordenado como aparece en el temario. Sin embargo, trataré de completarlo si la presión académica no aumenta demasiado.

Tomas de terrenos habitacionales

Una de las cosas tristes de los últimos años es el aumento de carpas en las calle y las tomas de terrenos habitacionales. No estoy pensando en tomas de tierras agrícolas en Araucanía, o de playas en distintas zonas del país, cuyas motivaciones obedecen a motivos diversos. A diferencia de esos casos, se trata de familias que deben tomarse terrenos o vivir en carpas porque no tienen donde vivir.

Toma de terrenos en Renca, Foto 9 de marzo 2021, The Clinic.

Es triste porque hace menos de una década teníamos resuelto el problema habitacional, al menos en términos numéricos.[1] En aquél entonces, el Ministerio de Vivienda decidió que su objetivo sería mejorar la calidad de las viviendas y su entorno, y no su meta tradicional de construir el mayor número de casas con el presupuesto disponible.

La pregunta es ¿qué puede haber cambiado la situación de la vivienda de manera tan radical? Podemos imaginar varias hipótesis. Primero, los costos de la vivienda y de los arriendos pueden haber subido. Hay varios motivos para el alza en el costo de las viviendas: la caída en las tasas de interés eleva el valor de los activos, el Iva a la construcción también puede contribuir a elevar los costosy las dificultades para conseguir permisos para construir viviendas de bajo costo también tienen su impacto. Segundo, tal vez hay mayor demanda de vivienda porque las familias modernas son de menor tamaño, y por lo tanto se requieren más viviendas para la misma cantidad de población. Tercero, tal vez son los efectos de la pandemia. Si bien varios de estos efectos contribuyen a las presiones en el mercado habitacional, creo que la razón principal es la inmigración.

Número de visas otorgadas a personas extranjeras residentes en el país. Fuente: https://www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias/

Debemos recordar que en el plazo de pocos años el número de inmigrantes creció rápidamente. Según una tabla en Extranjería, entre el último censo y el fin de 2018 habían ingresado 467 mil personas, y la inmigración ha continuado.[2]  El número de visas otorgadas anualmente a personas extranjeras residentes subió unas diez veces entre el primer quinquenio del 2000 y el quinquenio que termina en 2020, como lo muestra la figura, que proviene de Extranjería.

El problema es que este ingreso masivo de personas no ha sido acompañado por un aumento en la construcción de viviendas. El número de permisos anuales de edificación no ha aumentado, o si lo ha hecho es en un monto que no responde al aumento en la demanda habitacional.

Cuadro 1: Permisos anuales de edificación aprobados, Chile


AñoN° viviendas aprobadas e iniciadas
2009140.619
201096.036
2011151.071
2012117.310
2013118.796
2014150.453
2015179.402
2016122.967
2017133.914
2018150.491
2019159.182
2020118.936

Fuente: Centro de Información Cámara Chilena de la Construcción

Al leer el cuadro 1se debe que recordar que en los dos años anteriores a la introducción del IVA a la construcción hubo un incremento en la venta de viviendas para evitar el impuesto. Esto explica el alza de permisos en 2014 y 2015, pero la construcción promedio normal en años anteriores a la explosión inmigratoria debe haber sido de unos 120-130 mil viviendas.  Si comparamos con las cifras de los últimos años, a lo más observamos un aumento en la edificación de tal vez 20 a 30 mil viviendas adicionales en 2018 y 2019. Estas viviendas adicionales difícilmente podrían acomodar a los cientos de miles de inmigrantes que llegaron en pocos años, y que necesitan un lugar donde vivir.

A menudo los inmigrantes viven en condiciones de hacinamiento, porque son recién llegados y se sacrifican por un futuro mejor. Pero incluso en ese caso ponen presión sobre el mercado inmobiliario. La mayor demanda con una oferta que no crece lo suficiente se traduce en un alza de arriendos. Esto acarrea un alza en el valor de la propiedad habitacional y de los terrenos para construcción, a la que se agregan los efectos de la baja tasa de interés. Todo esto aumenta el valor de los activos inmobiliarios.  Esto significa que más personas encuentran difícil arrendar y a+un más difícil comprar una propiedad.

Estos efectos se ven acrecentados por la pandemia. Como se observa en las cifras, la construcción de viviendas cayó drásticamente durante 2020, como consecuencia de las cuarentenas y tal vez de la crisis política. Por otra parte, vivir hacinados es difícil en condiciones normales, pero hacerlo cuando las personas deben permanecer confinadas puede ser imposible. En esas condiciones, se comprende la presión por conseguir un lugar para vivir, demanda que eleva los  arriendos y en casos desesperados, significa tomarse un terreno para instalar una vivienda.

Soy hijo de inmigrantes y pro-inmigración , y creo que en el largo plazo los inmigrantes que recibimos crearán un país más desarrollado económicamente, y con mayor diversidad de culturas, expresiones artísticas y de ideas. El problema en que nos encontramos es un período de transición causado por la aceleración en la tasa de ingreso de inmigrantes. La construcción ha estado adaptada a las necesidades de vivienda de una población doméstica que crece lentamente, pero ahora esa industria debe considerar esta demanda adicional.

Esto requiere que los alcaldes y las comunidades faciliten la construcción de viviendas de bajo costo y no la entorpezcan mediante regulaciones de densidad excesivamente estrictas durante esta transición. El Minvu tendrá que girar nuevamente a una estrategia de enfatizar el número y no la calidad de las viviendas, tratando de evitar algunos horrores del pasado, ejemplificado por Bajos de Mena. En un país de inviernos fríos, vivir en una mediaagua sin servicios es siempre peor que vivir en una vivienda legal, aunque sea pequeña y no esté bien construida.


[1] Citando a una opositora a la política habitacional de Chile de la época:

“Esta política de vivienda ha sido considerada, desde diversos puntos de vista, exitosa. En los últimos 30 años, la cobertura de la construcción de viviendas ha sido explosiva y efectiva. Si en 1990 el porcentaje de familias con necesidad de vivienda era del 30%, en 2009 dicho déficit cayó al 9%. Los campamentos han disminuido radicalmente, y la gran mayoría de los pobres del país encuentran soluciones habitacionales “formales”, con acceso a redes sanitarias y servicios básicos, convirtiendo a Chile en un país modelo dentro del mundo en desarrollo por su capacidad exitosa de enfrentar el déficit habitacional en corto tiempo.” Camila Cociña, “Por qué hemos construido guetos y lo seguimos haciendo”, CIPER 14/11/20012.

[2] Estimación de Extranjeros Residentes en Chile 31 de diciembre de 2018.

Sobre la “Pobreza Energética”

Soy miembro de la Comisión que actualizará las metas de Energía 2050, que define la política energética de largo plazo del Estado. En la Comisión hay representantes de distintos Ministerios, de NGOs ambientales, de la industria y de la minería, de los pueblos originarios, del sector energético y de otros grupos de interés. Creo ser uno de los pocos miembros que no representa un interés específico, y por eso he entrado en conflicto con distintos grupos. Esto no me ha hecho querido en la Comisión.

Una de estas controversias es sobre la denominada “pobreza energética”. Según los antropólogos y, supongo, sociólogos de la comisión que defienden el concepto, la pobreza energética aparece cuando una familia debe destinar una fracción excesiva de su ingreso a satisfacer sus necesidades energéticas. Es un concepto que, según estos proponentes, se deriva de la idea de Amartya Sen y Martha Nussbaum de que lo importante no es el ingreso de las personas sino su facultad para expresar sus capacidades (“capabilities”).

Al examinar la idea de pobreza energética con más cuidado, asoman problemas con la definición. Existe un caso en que el concepto es razonable y útil: cuando denota la falta de acceso a fuentes modernas de energía, como las estudiadas en González-Eguino (2015).[1] Esto ocurre, cuando familias o villorrios no tienen acceso a electricidad o a combustibles fósiles modernos porque no existen redes de distribución. En estos casos no se trata de un problema de ingresos (al menos en rangos razonables de ingresos), sino de la incapacidad absoluta de tener acceso a recursos energéticos de bajo costo y buena calidad. Existen muchas personas en esta situación, como lo muestra la tabla. Pero esto no es el concepto de pobreza energética que maneja nuestra comisión.

Número de Personas sin acceso a formas “modernas” de energía. Fuente: González-Eguino (op.cit)

En nuestra comisión, la pobreza energética aparece cuando una familia debe destinar un porcentaje demasiado elevado de su ingreso a satisfacer sus necesidades energéticas. Para ello se establece la necesidad energética de una familia. Esta puede depender de factores tales como número de miembros, calidad de la vivienda, clima del lugar, etc. Luego se determina si el costo de satisfacer este requerimiento supera un valor predeterminado, en cuyo caso la familia sufre de pobreza energética.

El problema de este criterio es que tiene poco sentido, porque no hay razón para darle un rol especial a la energía. Podríamos usar el mismo criterio para vivienda: hablaríamos de pobreza de vivienda si la familia debe dedicar un porcentaje demasiado elevado de sus ingresos a obtener una vivienda apropiada a sus necesidades. Y podríamos hablar de pobreza alimenticia con el mismo criterio, o de pobreza educativa, o incluso pobreza de entretención, si creemos que el acceso a entretención es una necesidad para la realización de las personas. Así tendríamos que considerar pobrezas específicas para cada elemento de la canasta de consumo familiar. Y una vez que se especifican todas estas pobrezas específicas, es razonable definir una canasta mínima de bienes y servicios que debe disponer una familia para no ser pobre.

Esta canasta estaría diferenciada por criterios que afectan su costo, como el número de miembros del grupo familiar, sus edades, su localización geográfica y otros factores. Luego se valorizaría esta cartera y se definiría como pobre cualquier familia que no alcanza a cubrir este valor con sus ingresos familiares. Esto es lo que hacen conceptualmente –aunque ciertamente pueden ser mejoradas en la práctica– las mediciones actuales de pobreza.

Mirado así, el criterio de pobreza energética no tiene sentido, porque una familia puede tener satisfecha esta variable y seguir siendo pobre. O se puede no ser pobre en las otras dimensiones, y disponer de un excedente luego de consumir los demás bienes de la canasta mínima. Es posible que este ingreso excedentario alcance para comprar la energía requerida para satisfacer las necesidades de la familia. Es decir, el ingreso de la familia le permitiría consumir la canasta mínima para esa familia, po lo que no debería ser considerada pobre. Pero bajo el criterio de pobreza energética, podría quedar clasificada como una familia pobre energéticamente, porque tal vez dedicó una proporción excesiva de sus ingresos a energía. Esto muestra que el concepto no tiene sentido. Subsidiar a esta familia, que tiene resuelto sus problemas, posiblemente significa tener menos recursos para ayudar a otra familia que es realmente pobre.

Los proponentes del concepto en nuestra comisión afirman que ellos han dedicado mucho tiempo a estudiar el problema, que existe una amplia literatura científica sobre pobreza energética y que es un concepto utilizado en Europa. Se trata por lo tanto no de una defensa conceptual sino de argumentos de autoridad.

Veamos si son argumentos sostenibles. Utilizar las recomendaciones europeas como una justificación enfrenta el hecho que las recomendaciones europeas en ocasiones son incorrectas, en algunos casos en forma espectacular, como la promoción de automóviles Diesel.[2] En cuanto a la literatura científica sobre pobreza energética, una parte de ella estudia el problema del acceso a fuentes modernas de energía, que ya señalé es un concepto apropiado. El resto de la literatura o intenta medir la pobreza energética sin pensar en lo que significa, o no enfrenta nunca el problema de porqué distinguir entre energía y otras necesidades vitales.[3] En conclusión, no he encontrado argumentos para pensar que nuestra comisión debería incorporar políticas para resolver el problema de la pobreza energética como una pobreza de tipo especial.


[1] González-Eguino, Mikel (2015): “Energy Poverty: An overview”, Renewable and Sustainable Energy Reviews 47, 377–385.

[2] Ver por ejemplo: https://www.vox.com/2015/10/15/9541789/volkswagen-europe-diesel-pollution.

[3] Por ejemplo, Day, R., Walker, G. y Simcock, N. (2016): “Conceptualising energy use and energy poverty using a capabilities framework”, Energy Policy 93, June, 255-264, intenta formalizar la pobreza energética en base a la idea de necesidades de Nussbaum y Sen. Su conceptualización selecciona una sola variable de pobreza, lo que lleva a los problemas que señalé más arriba.


Una mesa redonda feminista

R. Fischer

 

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El Centro de Estudiantes de Ingeniería Industrial (CEIN) organizó una charla en la Facultad sobre Educación no sexista. Pese a que se trata de un tema relevante en una Facultad que pasó demasiadas semanas en paro por este tema, y pese a que varios académicos lo promovieron en clases, la asistencia fue relativamente baja. Proporcionalmente asistieron más académicos que estudiantes.

Lo interesante fueron las dos posiciones.  Kaiser se dedicó con bastante éxito (usando ejemplos, literatura, y estudios científicos) a aportillar buena parte de la lógica feminista, aunque dejando en claro que está a favor de la igualdad de oportunidades y la meritocracia.

Por su parte, Ferretti propuso un feminismo de alcance global, que implica desde crear un nuevo sistema de salud hasta las pensiones y la educación no sexista (aunque de eso muy poco). En su concepción, el feminismo está intímamente relacionado con cambios revolucionarios, porque el sistema neoliberal actual está basado y depende de la explotación de las personas, en particular de las mujeres. No me pareció que se defendía bien de los contraargumentos de Kaiser, que señalaba que eso iba mucho más allá de los derechos de la mujer y se internaba en los antiguos feudos/temáticas de los comunistas de los sesenta.

Otro problema de Ferretti es una cierta ligereza con la evidencia. El caso más claro es cuando señaló que aunque en Chile la pobreza ha disminuido, la desigualdad medida como el Gini ha aumentado. Dado que esto era una parte fundamental de su argumento contra el neoliberalismo, me parece que como mínimo debería haberse informado antes de repetir una frase hecha, más aún si es falsa. La figura siguiente muestra la evolución del Gini en Chile según el Banco Mundial, que recopila estas estadísticas para todos los países.

Evolución de la desigualdad en Chile medida por el Gini (Banco Mundial 2017)

En la figura agregué los valores de la primera observación para 1987, que corresponde a un Gini de 56.2 y la última, un Gini de 47.7. Aún hoy hay mucha desigualdad en los ingresos, pero ha habido una reducción clara y sostenida en la desigualdad en el período “neoliberal”, exactamente al revés de lo que señalaba Ferretti. Si seguimos esta tendencia en el futuro, alcanzaremos los valores europeos en unos 25-30 años.

Un segundo aspecto que me decepcionó en Ferretti fue un análisis pseudo-marxista (o tal vez sub-marxista) de la opresión femenina bajo el capitalismo. Es un tipo de análisis que les escuché también a algunos miembros del CEIN. Según este argumento, el capitalismo había encerrado a la mujer, desde un rol productivo pagado previo, a un rol reproductor (de futuros trabajadores) que el capitalismo recibe gratis, sin que pagar por ellos, porque eso le conviene al capital. Hay una evidente paralelismo con el concepto de plusvalía de Marx (es decir, el valor producido por el trabajo no pagado).

Hay varias razones por las que este argumento es erróneo. Primero, las sociedades antiguas, feudales y los imperios anteriores (romanos, persas, chinos, hindúes) trataron a las mujeres al menos tan mal como el capitalismo. Recordemos lo que Aristóteles opinaba de las mujeres (ver Nota 1), o el concepto de pater familias de los romanos. Por lo tanto, la discriminación contra la mujer comienza mucho antes del capitalismo.

Segundo, el argumento de Ferretti tiene el problema de ser teleológico: el capitalismo no tiene un plan: son personas que actúan y deciden, y el resultado que se obtiene no es parte de un plan para reproducir los trabajadores al menor costo posible, sino lo que resulta de las relaciones de producción, las relaciones sociales y la tecnología de la época, dadas las acciones de individuos independientes.

Por último, supongamos el siguiente gedankenexperiment (experimento mental) que muestra el error de su análisis. Consideremos, como lo hace Ferretti, mujeres que deben hacerse cargo del hogar y los niños sin ser remuneradas, y que el hombre no hace nada en la casa. Supongamos que en cada par de hogares intercambiamos las mujeres, que ahora son empleadas del vecino, se encargan del hogar vecino y de sus niños. Ahora estas mujeres recibirán un salario de mercado (ver Nota 2), por lo que suponemos que el problema de la explotación –feminista, no marxista– desaparece. Pero todas las familias tienen los mismos ingresos de antes, y están más descontentos, porque son mujeres extrañas las que se hacen cargo del hogar y de los hijos. Desde el punto de vista del capitalismo, se produce la misma cantidad de niños (lo que supuestamente es el interés de los dueños del capital), pero ahora las mujeres no están explotadas. ¡Pero nada ha cambiado! Ni los ingresos familiares, ni los salarios que pagan las empresas.

En resumen, una buena iniciativa del CEIN, y deficientes argumentos feministas. Kaiser hizo una buena labor de desinflar sus ponencias, pero me pareció que le faltó vuelo. Fue una labor de demolición, y eso siempre es más fácil que defender una propuesta. Y se habló poco de educación sexista, supuestamente el tema que nos convocaba.

 

 

Notas:

  1. En Política, por ejemplo, señala que el coraje de la mujer se muestra en la obediencia, y cita a un poeta qque escribe: El silencio es la gloria de la mujer (Política, Libro I).

2. El ejemplo resulta aún mejor si todo lo que hacemos es prohibir que las mujeres hagan las tareas del hogar en sus hogares, por lo que deben elegir en el mercado laboral. Hago el supuesto, como lo hacen las feministas, que los hombres no realizan tareas en el hogar.

 

 

 

 

 

¿Qué hacer con Alto Maipo?

R. Fischer

El proyecto de Alto Maipo se encuentra en problemas. Sus costos se han elevado por las dificultades técnicas de algunos de los 60 km de túneles del proyecto, y podría llegar a US$3.000 millones. El proyecto ya tiene una deuda financiera de US$ 613 millones, y se estima que el proyecto tiene una avance de 50%. Uno de los activos de Alto Maipo es el contrato con la Mina Los Pelambres, firmado a un precio de largo plazo que parecía razonable en aquél entonces, pero que es muy superior al precio de los contratos que se firman actualmente con los grandes consumidores. Dado que los Luksic se retiraron del proyecto, podrían intentar renegociar el contrato.

Un aumento de costos y una reducción en el precio del producto es una receta para pérdidas, y la pregunta que algunos han planteado es si vale la pena proseguir.

Esquema del proyecto Alto Maipo

El proyecto consta de dos centrales de pasada en serie, Alfalfal II y Las Lajas, en el sector alto de Río Maipo, con una potencia de 531MW. Toma aguas de varios ríos: Volcán, Yeso, de las aguas de salida de la central Alfalfal y del Río Colorado.

Además de errar en los costos y en los ingresos, el proyecto perdió la ventaja de localización respecto al principal centro de consumo nacional. Esto es una consecuencia de los cambios a la Ley Eléctrica de hace dos años. Estos cambios introdujeron el estampillado de los costos de transmisión. Dado que los clientes pagan el 100% del costo de transmisión, un generador situado lejos del punto de consumo puede ofrecer los mismos precios que uno ubicado cerca. La  localización cercana a la RM de Alto Maipo no da una ventaja de costos en el nuevo contexto.

En ese contexto, se debe responder a la pregunta de que hacer con el proyecto. No soy un experto en este caso, pero creo que la forma de verlo es la siguiente: Alto Maipo es un proyecto cuyos costos se han elevado muy por
sobre las estimaciones, debido a problemas técnicos. Esto es desafortunado, pero es un riesgo del negocio.

Incluso sin el alza de costos, es probable que a los valores actuales de la electricidad, el proyecto no se habría llevado a cabo. Cuando AES Gener se decidió a realizar el proyecto, el precio de la electricidad era muy elevado. Es decir, el proyecto enfrentaba otro riesgo importante. Para reducir ese riesgo, Alto Maipo tiene un contrato de suministro de largo
plazo firmado al inicio con la minera Los Pelambres a un valor que ahora parece elevado. Este contrato le daba un colchón al proyecto por una parte importante de su producción (pero no toda).

Como los costos del proyecto subieron tanto, y aún falta gastar otro 50% en el proyecto, la empresa debe decidir si continua con el, sabiendo que nunca será un buen negocio considerando la inversión ya realizada. Pero la inversión realizada ya está hundida y no se puede recuperar. Por lo tanto, el 50% de gasto que falta permite pasar desde no tener ingresos a tener ingresos de la inversión completa, con las nuevas condiciones de precios. Eso es como reducir el costo de la inversión a la mitad (mirado desde ahora hacia el futuro).

A la empresa le debería convenir continuar, pero es posible que no pueda conseguir los recursos, pues aún debe pagar la inversión ya realizada, y eso puede limitar las posibilidades que tiene de conseguir financiamiento.

Una opción es vender el proyecto a otra empresa, a un valor superior al 50% del costo, para reflejar la rentabilidad de Alto Maipo cuando la inversión es solo el 50% que falta para completar el proyecto. Con ese margen adicional podría reducir las pérdidas que AES Gener ha tenido con el proyecto, lo que es mejor que su situación actual.

El único caso en que no hay incentivo en concretar el proyecto es si lo que falta por invertir (el 50%) es mayor que los ingresos esperados a los nuevos valores de la electricidad.

Electricidad barata para el campo

R. Fischer

El Ministro de Energía ha anunciado una nuevas estructura tarifaria para el riego, con el objetivo de elevar la competitividad agrícola. En la nuevas tarifas, se reducirá el cargo de potencia y se elevará el de energía.

Riego.jpg
Una moderna unidad de riego

Hay dos maneras de entender la propuesta de una modificación tarifaria de este tipo. Primero, pueden haber razones técnicas que impliquen que el consumo eléctrico para riego agrícola es castigado con las tarifas actualmente existentes (BT1-BT4) y que es necesaria crear una tarifa especialmente  diseñada para ellos.

El problema es que hay razones para las tarifas existentes: salvo la BT1, las demás tarifas tratan de reflejar los costos para el sistema de generación eléctrica de proveer la energía y potencia del sistema.1  Así, las señal de precio que entregan las tarifas es la que se necesita para que los costos se minimicen, al enfrentar los usuarios los costos que le causan al sistema.

La propuesta del ministro no parece ir en este sentido. No me parece que quede espacio para alternativas adicionales que no impliquen una distorsión, dado los tipos de tarifas ya existentes. Bajar artificialmente el cargo de potencia por debajo del que corresponde (como lo propone el Ministro), significa que los agricultores usarán más energía de lo que eficiente en las horas o períodos de punta, justo cuando el sistema está más estresado.

Nehuenco.jpg
Central Nehuenco

Eso de por si es  ineficiente, pero las distorsiones al sistema aumentarán, porque una vez que las tarifas ya no respondan a los costos del sistema, será fácil para el lobby agrícola presionar por reducciones adicionales en las tarifas. o se debe olvidar que este tipo de subsidios beneficia especialmente a los grandes productores, que son los que más consumen para el riesgo.

Aquí se aplica lo que escribe A. Smith sobre una distorsión de los precios provocadas por las políticas del gobierno (aunque esta cita critica el proteccionismo):

“Ninguna regulación del comercio puede aumentar la cantidad de la industria [i.e. el valor del producto, N.del T.] en una sociedad más allá de lo que su capital puede mantener. Solamente puede desviarlo en una dirección distinta de la que habría tenido, y no hay ninguna certeza que esta dirección artificial sea más ventajosa para la sociedad que aquella que hubiera elegido por si misma.” (Riqueza …, Vol 1, Libro 2, cap II).

Es posible que me equivoque y que se puedan establecer tarifas que no introduzcan distorsiones, pero tengo dudas. Luego de los cambios introducidos en la regulación de la distribución eléctrica con el objetivo de equidad tarifaria, observo que las medidas populistas avanzan incluso en los sectores técnicos.2 Y eso es muy malo para el país.

 

Notas:

  1. La tarifa Bt1 está diseñada para los consumidores residenciales e incorpora en una tarifa “monomica” una ponderación del consumo de energía y potencia del consumo promedio de los hogares (alternativamente, el valor de la potencia y energía total dirigida a este segmento dividido por la energía vendida), para obtener una tarifa basada sola en las ventas de energía.
  2. Escribiré en otra ocasión las razones por las que la equidad tarifaria es un error.

 

Uber, taxis y Adam Smith

R. Fischer

Adam Smith se oponía a los gremios que impedían que las personas pudieran trabajar en lo que deseaban:

La propiedad que cada persona tiene sobre su propio trabajo es el origen de toda otra forma de propiedad y es por lo tanto la propiedad más sagrada e inviolable. El patrimonio de un hombre pobre yace en la fuerza y la destreza de sus manos. Impedirle que emplee su fuerza y destreza en la manera que la parezca adecuada sin daño al prójimo es una violación manifiesta de la más sagrada de las propiedades.

[…] La decisión de quién es apto para ser empleado seguramente debería ser dejada a la discreción de sus empleadores a quienes esto tanto concierne. La fingida preocupación del legislador ante la posibilidad de que podrían emplear a una persona impropia es evidentemente tan impertinente como opresiva.

La institución de largos aprendizajes no da ninguna seguridad de que trabajos de mala calidad no se ofrezcan para la venta al público. (Riqueza…, Libro I, cap X, parte II)

Todo en esta cita se puede trasladar a los argumentos que se han dado para proteger al gremio de los taxistas de la competencia de Uber y Cabify. Impedir que personas aptas para conducir puedan transportar pasajeros bajo el supuesto de que esto sería peligroso para el público, cuando las personas que trabajan en Uber han sido vetadas por ese mismo público (mediante las evaluaciones  que se hacen de éstos) muestra que la intención del legislador es otra. Y las licencias profesionales de conducir no dan ninguna seguridad de que malos conductores no trabajan de taxistas.

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Los dueños de licencias a menudo arriendan sus taxis, por lo que el que lo conduce no obtiene los beneficios del monopolio.

Las licencias de taxi se pueden arrendar, y cuando esto ocurre, el conductor del taxi con licencia no recibe ningún beneficio del monopolio. Las rentas del monopolio se las lleva su empleador; el solo se queda con el valor que habría tenido su trabajo de taxista si no existieran licencias. Por lo tanto, ni siquiera es aplicable el equivocado deseo de proteger al taxista y su trabajo.

 

 

 

Sobre Uber y los taxis


R. Fischer

El gremio de taxistas presiona por prohibir o regular a Uber de manera que no compita con ellos. Los tacos recientes en la Alameda han sido muestras de poder de un monopolio que tiene pocos contrapesos. El ministro de Transportes (contra todos los principios de un economista) los apoya y está estudiando legislación que impediría que compitan con los taxis.

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Taxis protestando contra Uber

Mucho mejor la decisión de hoy de la 7 Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, donde el Juez Posner escribió (lo que sigue es mi traducción):

“Una licencia para operar una tienda de café no autoriza al licenciado a prohibir la apertura de una tienda de té. Cuando la propiedad consiste en la autorización para operar en un mercado de una forma particular, esto no otorga el derecho a no enfrentar competencia en ese mercado. Una patente confiere el derecho exclusivo a producir y vender el producto patentado, pero no da el derecho de prohibir que un competidor invente –sin infringir la patente– un producto sustituto que erosione las ganancias de la patente. Más aún, cuando aparecen nuevas tecnologías o nuevos métodos de hacer negocios, un resultado común es la decadencia o desaparición de los métodos antiguos. Si lo antiguo tuviera el derecho constitucional de prevenir la entrada de lo nuevo en los mercado de lo antiguo, el progreso económico cesaría. En vez de taxis, tendríamos coches de caballos; en vez del teléfono, el telégrafo; en vez de las computadoras, las reglas de cálculo. La obsolescencia sería una fuente de derechos. “

El original:

“A license to operate a coffee shop doesn’t authorize the licensee to enjoin a tea shop from opening. When property consists of a license to operate in a market in a particular way, it does not carry with it a right to be free from competition in that market. A patent confers an exclusive right to make and sell the patented product, but no right to prevent a competitor from inventing a noninfringing substitute product that erodes the patentee’s profits. Indeed when new technologies, or new business methods, appear, a common result is the decline or even disappearance of the old. Were the old deemed to have a constitutional right to preclude the entry of the new into the markets of the old, economic progress might grind to a halt. Instead of taxis we might have horse and buggies; instead of the telephone, the telegraph; instead of computers, slide rules. Obsolescence would equal entitlement.”

 

Un error

R. Fischer

En mi nota de ayer sobre colusión en supermercados me equivoqué al pensar que el precio de lista que aparece en la presentación de la Fiscalía era el precio mayorista. El precio de lista de los pollos era un precio minorista bajo el cual no se podía vender, lo que en los EEUU se denomina MRSP (Manufacturers Suggested Retail Price), aunque allá usualmente esto no es obligatorio.

Este error no modifica el análisis, salvo que es necesario ajustar los términos. Donde aparece el precio de lista más costos del supermercado, se debe reemplazar por precio de lista (más IVA) solamente. Tal como antes, los márgenes de los supermercados aparecen en el descuento por debajo del precio de lista , pero ahora ese descuento paga los costos de los supermercados además de sus utilidades. Haciendo estos ajustes, lo demás (por ejemplo, que no es eficiente la colusión de supermercados) sigue siendo válido.

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Un ejemplo en que no se respeta el MRSP

La teoría económica no es clara respecto a si es conveniente que se respeten los MRSP. Por ejemplo, en Francia, muchos libros tienen un precio impreso y no se pueden vender bajo ese precio. En los EEUU, hasta hace algunos años se prohibía obligar a usar el MRSP, pero hoy la doctrina es más flexible.

La razón de esto es que al dejar un margen para el distribuidor, el MRSP permite que los distribuidores compitan en variables no-precio para atraer a los compradores, y en algunos casos esto mejora el bienestar. En Francia se usa para mantener con vida a pequeñas librerías ineficientes, pero ubicuas. A los franceses les gustan esas librerías de barrio, pese a que significa que los precios de los libros son mayores.

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Los franceses están dispuestos a pagar más por libros, a cambio tener este tipo de librerías en todas partes.

Tengo serias dudas de que el MRSP produzca algún tipo de beneficios en el mercado de los pollos.