Variacioncompensada's Blog

Tomas de terrenos habitacionales

marzo 24, 2021
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Una de las cosas tristes de los últimos años es el aumento de carpas en las calle y las tomas de terrenos habitacionales. No estoy pensando en tomas de tierras agrícolas en Araucanía, o de playas en distintas zonas del país, cuyas motivaciones obedecen a motivos diversos. A diferencia de esos casos, se trata de familias que deben tomarse terrenos o vivir en carpas porque no tienen donde vivir.

Toma de terrenos en Renca, Foto 9 de marzo 2021, The Clinic.

Es triste porque hace menos de una década teníamos resuelto el problema habitacional, al menos en términos numéricos.[1] En aquél entonces, el Ministerio de Vivienda decidió que su objetivo sería mejorar la calidad de las viviendas y su entorno, y no su meta tradicional de construir el mayor número de casas con el presupuesto disponible.

La pregunta es ¿qué puede haber cambiado la situación de la vivienda de manera tan radical? Podemos imaginar varias hipótesis. Primero, los costos de la vivienda y de los arriendos pueden haber subido. Hay varios motivos para el alza en el costo de las viviendas: la caída en las tasas de interés eleva el valor de los activos, el Iva a la construcción también puede contribuir a elevar los costosy las dificultades para conseguir permisos para construir viviendas de bajo costo también tienen su impacto. Segundo, tal vez hay mayor demanda de vivienda porque las familias modernas son de menor tamaño, y por lo tanto se requieren más viviendas para la misma cantidad de población. Tercero, tal vez son los efectos de la pandemia. Si bien varios de estos efectos contribuyen a las presiones en el mercado habitacional, creo que la razón principal es la inmigración.

Número de visas otorgadas a personas extranjeras residentes en el país. Fuente: https://www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias/

Debemos recordar que en el plazo de pocos años el número de inmigrantes creció rápidamente. Según una tabla en Extranjería, entre el último censo y el fin de 2018 habían ingresado 467 mil personas, y la inmigración ha continuado.[2]  El número de visas otorgadas anualmente a personas extranjeras residentes subió unas diez veces entre el primer quinquenio del 2000 y el quinquenio que termina en 2020, como lo muestra la figura, que proviene de Extranjería.

El problema es que este ingreso masivo de personas no ha sido acompañado por un aumento en la construcción de viviendas. El número de permisos anuales de edificación no ha aumentado, o si lo ha hecho es en un monto que no responde al aumento en la demanda habitacional.

Cuadro 1: Permisos anuales de edificación aprobados, Chile


AñoN° viviendas aprobadas e iniciadas
2009140.619
201096.036
2011151.071
2012117.310
2013118.796
2014150.453
2015179.402
2016122.967
2017133.914
2018150.491
2019159.182
2020118.936

Fuente: Centro de Información Cámara Chilena de la Construcción

Al leer el cuadro 1se debe que recordar que en los dos años anteriores a la introducción del IVA a la construcción hubo un incremento en la venta de viviendas para evitar el impuesto. Esto explica el alza de permisos en 2014 y 2015, pero la construcción promedio normal en años anteriores a la explosión inmigratoria debe haber sido de unos 120-130 mil viviendas.  Si comparamos con las cifras de los últimos años, a lo más observamos un aumento en la edificación de tal vez 20 a 30 mil viviendas adicionales en 2018 y 2019. Estas viviendas adicionales difícilmente podrían acomodar a los cientos de miles de inmigrantes que llegaron en pocos años, y que necesitan un lugar donde vivir.

A menudo los inmigrantes viven en condiciones de hacinamiento, porque son recién llegados y se sacrifican por un futuro mejor. Pero incluso en ese caso ponen presión sobre el mercado inmobiliario. La mayor demanda con una oferta que no crece lo suficiente se traduce en un alza de arriendos. Esto acarrea un alza en el valor de la propiedad habitacional y de los terrenos para construcción, a la que se agregan los efectos de la baja tasa de interés. Todo esto aumenta el valor de los activos inmobiliarios.  Esto significa que más personas encuentran difícil arrendar y a+un más difícil comprar una propiedad.

Estos efectos se ven acrecentados por la pandemia. Como se observa en las cifras, la construcción de viviendas cayó drásticamente durante 2020, como consecuencia de las cuarentenas y tal vez de la crisis política. Por otra parte, vivir hacinados es difícil en condiciones normales, pero hacerlo cuando las personas deben permanecer confinadas puede ser imposible. En esas condiciones, se comprende la presión por conseguir un lugar para vivir, demanda que eleva los  arriendos y en casos desesperados, significa tomarse un terreno para instalar una vivienda.

Soy hijo de inmigrantes y pro-inmigración , y creo que en el largo plazo los inmigrantes que recibimos crearán un país más desarrollado económicamente, y con mayor diversidad de culturas, expresiones artísticas y de ideas. El problema en que nos encontramos es un período de transición causado por la aceleración en la tasa de ingreso de inmigrantes. La construcción ha estado adaptada a las necesidades de vivienda de una población doméstica que crece lentamente, pero ahora esa industria debe considerar esta demanda adicional.

Esto requiere que los alcaldes y las comunidades faciliten la construcción de viviendas de bajo costo y no la entorpezcan mediante regulaciones de densidad excesivamente estrictas durante esta transición. El Minvu tendrá que girar nuevamente a una estrategia de enfatizar el número y no la calidad de las viviendas, tratando de evitar algunos horrores del pasado, ejemplificado por Bajos de Mena. En un país de inviernos fríos, vivir en una mediaagua sin servicios es siempre peor que vivir en una vivienda legal, aunque sea pequeña y no esté bien construida.


[1] Citando a una opositora a la política habitacional de Chile de la época:

“Esta política de vivienda ha sido considerada, desde diversos puntos de vista, exitosa. En los últimos 30 años, la cobertura de la construcción de viviendas ha sido explosiva y efectiva. Si en 1990 el porcentaje de familias con necesidad de vivienda era del 30%, en 2009 dicho déficit cayó al 9%. Los campamentos han disminuido radicalmente, y la gran mayoría de los pobres del país encuentran soluciones habitacionales “formales”, con acceso a redes sanitarias y servicios básicos, convirtiendo a Chile en un país modelo dentro del mundo en desarrollo por su capacidad exitosa de enfrentar el déficit habitacional en corto tiempo.” Camila Cociña, “Por qué hemos construido guetos y lo seguimos haciendo”, CIPER 14/11/20012.

[2] Estimación de Extranjeros Residentes en Chile 31 de diciembre de 2018.


Sobre la “Pobreza Energética”

marzo 6, 2021
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Soy miembro de la Comisión que actualizará las metas de Energía 2050, que define la política energética de largo plazo del Estado. En la Comisión hay representantes de distintos Ministerios, de NGOs ambientales, de la industria y de la minería, de los pueblos originarios, del sector energético y de otros grupos de interés. Creo ser uno de los pocos miembros que no representa un interés específico, y por eso he entrado en conflicto con distintos grupos. Esto no me ha hecho querido en la Comisión.

Una de estas controversias es sobre la denominada “pobreza energética”. Según los antropólogos y, supongo, sociólogos de la comisión que defienden el concepto, la pobreza energética aparece cuando una familia debe destinar una fracción excesiva de su ingreso a satisfacer sus necesidades energéticas. Es un concepto que, según estos proponentes, se deriva de la idea de Amartya Sen y Martha Nussbaum de que lo importante no es el ingreso de las personas sino su facultad para expresar sus capacidades (“capabilities”).

Al examinar la idea de pobreza energética con más cuidado, asoman problemas con la definición. Existe un caso en que el concepto es razonable y útil: cuando denota la falta de acceso a fuentes modernas de energía, como las estudiadas en González-Eguino (2015).[1] Esto ocurre, cuando familias o villorrios no tienen acceso a electricidad o a combustibles fósiles modernos porque no existen redes de distribución. En estos casos no se trata de un problema de ingresos (al menos en rangos razonables de ingresos), sino de la incapacidad absoluta de tener acceso a recursos energéticos de bajo costo y buena calidad. Existen muchas personas en esta situación, como lo muestra la tabla. Pero esto no es el concepto de pobreza energética que maneja nuestra comisión.

Número de Personas sin acceso a formas “modernas” de energía. Fuente: González-Eguino (op.cit)

En nuestra comisión, la pobreza energética aparece cuando una familia debe destinar un porcentaje demasiado elevado de su ingreso a satisfacer sus necesidades energéticas. Para ello se establece la necesidad energética de una familia. Esta puede depender de factores tales como número de miembros, calidad de la vivienda, clima del lugar, etc. Luego se determina si el costo de satisfacer este requerimiento supera un valor predeterminado, en cuyo caso la familia sufre de pobreza energética.

El problema de este criterio es que tiene poco sentido, porque no hay razón para darle un rol especial a la energía. Podríamos usar el mismo criterio para vivienda: hablaríamos de pobreza de vivienda si la familia debe dedicar un porcentaje demasiado elevado de sus ingresos a obtener una vivienda apropiada a sus necesidades. Y podríamos hablar de pobreza alimenticia con el mismo criterio, o de pobreza educativa, o incluso pobreza de entretención, si creemos que el acceso a entretención es una necesidad para la realización de las personas. Así tendríamos que considerar pobrezas específicas para cada elemento de la canasta de consumo familiar. Y una vez que se especifican todas estas pobrezas específicas, es razonable definir una canasta mínima de bienes y servicios que debe disponer una familia para no ser pobre.

Esta canasta estaría diferenciada por criterios que afectan su costo, como el número de miembros del grupo familiar, sus edades, su localización geográfica y otros factores. Luego se valorizaría esta cartera y se definiría como pobre cualquier familia que no alcanza a cubrir este valor con sus ingresos familiares. Esto es lo que hacen conceptualmente –aunque ciertamente pueden ser mejoradas en la práctica– las mediciones actuales de pobreza.

Mirado así, el criterio de pobreza energética no tiene sentido, porque una familia puede tener satisfecha esta variable y seguir siendo pobre. O se puede no ser pobre en las otras dimensiones, y disponer de un excedente luego de consumir los demás bienes de la canasta mínima. Es posible que este ingreso excedentario alcance para comprar la energía requerida para satisfacer las necesidades de la familia. Es decir, el ingreso de la familia le permitiría consumir la canasta mínima para esa familia, po lo que no debería ser considerada pobre. Pero bajo el criterio de pobreza energética, podría quedar clasificada como una familia pobre energéticamente, porque tal vez dedicó una proporción excesiva de sus ingresos a energía. Esto muestra que el concepto no tiene sentido. Subsidiar a esta familia, que tiene resuelto sus problemas, posiblemente significa tener menos recursos para ayudar a otra familia que es realmente pobre.

Los proponentes del concepto en nuestra comisión afirman que ellos han dedicado mucho tiempo a estudiar el problema, que existe una amplia literatura científica sobre pobreza energética y que es un concepto utilizado en Europa. Se trata por lo tanto no de una defensa conceptual sino de argumentos de autoridad.

Veamos si son argumentos sostenibles. Utilizar las recomendaciones europeas como una justificación enfrenta el hecho que las recomendaciones europeas en ocasiones son incorrectas, en algunos casos en forma espectacular, como la promoción de automóviles Diesel.[2] En cuanto a la literatura científica sobre pobreza energética, una parte de ella estudia el problema del acceso a fuentes modernas de energía, que ya señalé es un concepto apropiado. El resto de la literatura o intenta medir la pobreza energética sin pensar en lo que significa, o no enfrenta nunca el problema de porqué distinguir entre energía y otras necesidades vitales.[3] En conclusión, no he encontrado argumentos para pensar que nuestra comisión debería incorporar políticas para resolver el problema de la pobreza energética como una pobreza de tipo especial.


[1] González-Eguino, Mikel (2015): “Energy Poverty: An overview”, Renewable and Sustainable Energy Reviews 47, 377–385.

[2] Ver por ejemplo: https://www.vox.com/2015/10/15/9541789/volkswagen-europe-diesel-pollution.

[3] Por ejemplo, Day, R., Walker, G. y Simcock, N. (2016): “Conceptualising energy use and energy poverty using a capabilities framework”, Energy Policy 93, June, 255-264, intenta formalizar la pobreza energética en base a la idea de necesidades de Nussbaum y Sen. Su conceptualización selecciona una sola variable de pobreza, lo que lleva a los problemas que señalé más arriba.



Una mesa redonda feminista

julio 1, 2018
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R. Fischer

 

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El Centro de Estudiantes de Ingeniería Industrial (CEIN) organizó una charla en la Facultad sobre Educación no sexista. Pese a que se trata de un tema relevante en una Facultad que pasó demasiadas semanas en paro por este tema, y pese a que varios académicos lo promovieron en clases, la asistencia fue relativamente baja. Proporcionalmente asistieron más académicos que estudiantes.

Lo interesante fueron las dos posiciones.  Kaiser se dedicó con bastante éxito (usando ejemplos, literatura, y estudios científicos) a aportillar buena parte de la lógica feminista, aunque dejando en claro que está a favor de la igualdad de oportunidades y la meritocracia.

Por su parte, Ferretti propuso un feminismo de alcance global, que implica desde crear un nuevo sistema de salud hasta las pensiones y la educación no sexista (aunque de eso muy poco). En su concepción, el feminismo está intímamente relacionado con cambios revolucionarios, porque el sistema neoliberal actual está basado y depende de la explotación de las personas, en particular de las mujeres. No me pareció que se defendía bien de los contraargumentos de Kaiser, que señalaba que eso iba mucho más allá de los derechos de la mujer y se internaba en los antiguos feudos/temáticas de los comunistas de los sesenta.

Otro problema de Ferretti es una cierta ligereza con la evidencia. El caso más claro es cuando señaló que aunque en Chile la pobreza ha disminuido, la desigualdad medida como el Gini ha aumentado. Dado que esto era una parte fundamental de su argumento contra el neoliberalismo, me parece que como mínimo debería haberse informado antes de repetir una frase hecha, más aún si es falsa. La figura siguiente muestra la evolución del Gini en Chile según el Banco Mundial, que recopila estas estadísticas para todos los países.

Evolución de la desigualdad en Chile medida por el Gini (Banco Mundial 2017)

En la figura agregué los valores de la primera observación para 1987, que corresponde a un Gini de 56.2 y la última, un Gini de 47.7. Aún hoy hay mucha desigualdad en los ingresos, pero ha habido una reducción clara y sostenida en la desigualdad en el período “neoliberal”, exactamente al revés de lo que señalaba Ferretti. Si seguimos esta tendencia en el futuro, alcanzaremos los valores europeos en unos 25-30 años.

Un segundo aspecto que me decepcionó en Ferretti fue un análisis pseudo-marxista (o tal vez sub-marxista) de la opresión femenina bajo el capitalismo. Es un tipo de análisis que les escuché también a algunos miembros del CEIN. Según este argumento, el capitalismo había encerrado a la mujer, desde un rol productivo pagado previo, a un rol reproductor (de futuros trabajadores) que el capitalismo recibe gratis, sin que pagar por ellos, porque eso le conviene al capital. Hay una evidente paralelismo con el concepto de plusvalía de Marx (es decir, el valor producido por el trabajo no pagado).

Hay varias razones por las que este argumento es erróneo. Primero, las sociedades antiguas, feudales y los imperios anteriores (romanos, persas, chinos, hindúes) trataron a las mujeres al menos tan mal como el capitalismo. Recordemos lo que Aristóteles opinaba de las mujeres (ver Nota 1), o el concepto de pater familias de los romanos. Por lo tanto, la discriminación contra la mujer comienza mucho antes del capitalismo.

Segundo, el argumento de Ferretti tiene el problema de ser teleológico: el capitalismo no tiene un plan: son personas que actúan y deciden, y el resultado que se obtiene no es parte de un plan para reproducir los trabajadores al menor costo posible, sino lo que resulta de las relaciones de producción, las relaciones sociales y la tecnología de la época, dadas las acciones de individuos independientes.

Por último, supongamos el siguiente gedankenexperiment (experimento mental) que muestra el error de su análisis. Consideremos, como lo hace Ferretti, mujeres que deben hacerse cargo del hogar y los niños sin ser remuneradas, y que el hombre no hace nada en la casa. Supongamos que en cada par de hogares intercambiamos las mujeres, que ahora son empleadas del vecino, se encargan del hogar vecino y de sus niños. Ahora estas mujeres recibirán un salario de mercado (ver Nota 2), por lo que suponemos que el problema de la explotación –feminista, no marxista– desaparece. Pero todas las familias tienen los mismos ingresos de antes, y están más descontentos, porque son mujeres extrañas las que se hacen cargo del hogar y de los hijos. Desde el punto de vista del capitalismo, se produce la misma cantidad de niños (lo que supuestamente es el interés de los dueños del capital), pero ahora las mujeres no están explotadas. ¡Pero nada ha cambiado! Ni los ingresos familiares, ni los salarios que pagan las empresas.

En resumen, una buena iniciativa del CEIN, y deficientes argumentos feministas. Kaiser hizo una buena labor de desinflar sus ponencias, pero me pareció que le faltó vuelo. Fue una labor de demolición, y eso siempre es más fácil que defender una propuesta. Y se habló poco de educación sexista, supuestamente el tema que nos convocaba.

 

 

Notas:

  1. En Política, por ejemplo, señala que el coraje de la mujer se muestra en la obediencia, y cita a un poeta qque escribe: El silencio es la gloria de la mujer (Política, Libro I).

2. El ejemplo resulta aún mejor si todo lo que hacemos es prohibir que las mujeres hagan las tareas del hogar en sus hogares, por lo que deben elegir en el mercado laboral. Hago el supuesto, como lo hacen las feministas, que los hombres no realizan tareas en el hogar.

 

 

 

 

 


¿Qué hacer con Alto Maipo?

agosto 9, 2017
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R. Fischer

El proyecto de Alto Maipo se encuentra en problemas. Sus costos se han elevado por las dificultades técnicas de algunos de los 60 km de túneles del proyecto, y podría llegar a US$3.000 millones. El proyecto ya tiene una deuda financiera de US$ 613 millones, y se estima que el proyecto tiene una avance de 50%. Uno de los activos de Alto Maipo es el contrato con la Mina Los Pelambres, firmado a un precio de largo plazo que parecía razonable en aquél entonces, pero que es muy superior al precio de los contratos que se firman actualmente con los grandes consumidores. Dado que los Luksic se retiraron del proyecto, podrían intentar renegociar el contrato.

Un aumento de costos y una reducción en el precio del producto es una receta para pérdidas, y la pregunta que algunos han planteado es si vale la pena proseguir.

Esquema del proyecto Alto Maipo

El proyecto consta de dos centrales de pasada en serie, Alfalfal II y Las Lajas, en el sector alto de Río Maipo, con una potencia de 531MW. Toma aguas de varios ríos: Volcán, Yeso, de las aguas de salida de la central Alfalfal y del Río Colorado.

Además de errar en los costos y en los ingresos, el proyecto perdió la ventaja de localización respecto al principal centro de consumo nacional. Esto es una consecuencia de los cambios a la Ley Eléctrica de hace dos años. Estos cambios introdujeron el estampillado de los costos de transmisión. Dado que los clientes pagan el 100% del costo de transmisión, un generador situado lejos del punto de consumo puede ofrecer los mismos precios que uno ubicado cerca. La  localización cercana a la RM de Alto Maipo no da una ventaja de costos en el nuevo contexto.

En ese contexto, se debe responder a la pregunta de que hacer con el proyecto. No soy un experto en este caso, pero creo que la forma de verlo es la siguiente: Alto Maipo es un proyecto cuyos costos se han elevado muy por
sobre las estimaciones, debido a problemas técnicos. Esto es desafortunado, pero es un riesgo del negocio.

Incluso sin el alza de costos, es probable que a los valores actuales de la electricidad, el proyecto no se habría llevado a cabo. Cuando AES Gener se decidió a realizar el proyecto, el precio de la electricidad era muy elevado. Es decir, el proyecto enfrentaba otro riesgo importante. Para reducir ese riesgo, Alto Maipo tiene un contrato de suministro de largo
plazo firmado al inicio con la minera Los Pelambres a un valor que ahora parece elevado. Este contrato le daba un colchón al proyecto por una parte importante de su producción (pero no toda).

Como los costos del proyecto subieron tanto, y aún falta gastar otro 50% en el proyecto, la empresa debe decidir si continua con el, sabiendo que nunca será un buen negocio considerando la inversión ya realizada. Pero la inversión realizada ya está hundida y no se puede recuperar. Por lo tanto, el 50% de gasto que falta permite pasar desde no tener ingresos a tener ingresos de la inversión completa, con las nuevas condiciones de precios. Eso es como reducir el costo de la inversión a la mitad (mirado desde ahora hacia el futuro).

A la empresa le debería convenir continuar, pero es posible que no pueda conseguir los recursos, pues aún debe pagar la inversión ya realizada, y eso puede limitar las posibilidades que tiene de conseguir financiamiento.

Una opción es vender el proyecto a otra empresa, a un valor superior al 50% del costo, para reflejar la rentabilidad de Alto Maipo cuando la inversión es solo el 50% que falta para completar el proyecto. Con ese margen adicional podría reducir las pérdidas que AES Gener ha tenido con el proyecto, lo que es mejor que su situación actual.

El único caso en que no hay incentivo en concretar el proyecto es si lo que falta por invertir (el 50%) es mayor que los ingresos esperados a los nuevos valores de la electricidad.


Electricidad barata para el campo

octubre 17, 2016
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R. Fischer

El Ministro de Energía ha anunciado una nuevas estructura tarifaria para el riego, con el objetivo de elevar la competitividad agrícola. En la nuevas tarifas, se reducirá el cargo de potencia y se elevará el de energía.

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Una moderna unidad de riego

Hay dos maneras de entender la propuesta de una modificación tarifaria de este tipo. Primero, pueden haber razones técnicas que impliquen que el consumo eléctrico para riego agrícola es castigado con las tarifas actualmente existentes (BT1-BT4) y que es necesaria crear una tarifa especialmente  diseñada para ellos.

El problema es que hay razones para las tarifas existentes: salvo la BT1, las demás tarifas tratan de reflejar los costos para el sistema de generación eléctrica de proveer la energía y potencia del sistema.1  Así, las señal de precio que entregan las tarifas es la que se necesita para que los costos se minimicen, al enfrentar los usuarios los costos que le causan al sistema.

La propuesta del ministro no parece ir en este sentido. No me parece que quede espacio para alternativas adicionales que no impliquen una distorsión, dado los tipos de tarifas ya existentes. Bajar artificialmente el cargo de potencia por debajo del que corresponde (como lo propone el Ministro), significa que los agricultores usarán más energía de lo que eficiente en las horas o períodos de punta, justo cuando el sistema está más estresado.

Nehuenco.jpg

Central Nehuenco

Eso de por si es  ineficiente, pero las distorsiones al sistema aumentarán, porque una vez que las tarifas ya no respondan a los costos del sistema, será fácil para el lobby agrícola presionar por reducciones adicionales en las tarifas. o se debe olvidar que este tipo de subsidios beneficia especialmente a los grandes productores, que son los que más consumen para el riesgo.

Aquí se aplica lo que escribe A. Smith sobre una distorsión de los precios provocadas por las políticas del gobierno (aunque esta cita critica el proteccionismo):

“Ninguna regulación del comercio puede aumentar la cantidad de la industria [i.e. el valor del producto, N.del T.] en una sociedad más allá de lo que su capital puede mantener. Solamente puede desviarlo en una dirección distinta de la que habría tenido, y no hay ninguna certeza que esta dirección artificial sea más ventajosa para la sociedad que aquella que hubiera elegido por si misma.” (Riqueza …, Vol 1, Libro 2, cap II).

Es posible que me equivoque y que se puedan establecer tarifas que no introduzcan distorsiones, pero tengo dudas. Luego de los cambios introducidos en la regulación de la distribución eléctrica con el objetivo de equidad tarifaria, observo que las medidas populistas avanzan incluso en los sectores técnicos.2 Y eso es muy malo para el país.

 

Notas:

  1. La tarifa Bt1 está diseñada para los consumidores residenciales e incorpora en una tarifa “monomica” una ponderación del consumo de energía y potencia del consumo promedio de los hogares (alternativamente, el valor de la potencia y energía total dirigida a este segmento dividido por la energía vendida), para obtener una tarifa basada sola en las ventas de energía.
  2. Escribiré en otra ocasión las razones por las que la equidad tarifaria es un error.

 


Publicado en Economia

Uber, taxis y Adam Smith

octubre 12, 2016
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R. Fischer

Adam Smith se oponía a los gremios que impedían que las personas pudieran trabajar en lo que deseaban:

La propiedad que cada persona tiene sobre su propio trabajo es el origen de toda otra forma de propiedad y es por lo tanto la propiedad más sagrada e inviolable. El patrimonio de un hombre pobre yace en la fuerza y la destreza de sus manos. Impedirle que emplee su fuerza y destreza en la manera que la parezca adecuada sin daño al prójimo es una violación manifiesta de la más sagrada de las propiedades.

[…] La decisión de quién es apto para ser empleado seguramente debería ser dejada a la discreción de sus empleadores a quienes esto tanto concierne. La fingida preocupación del legislador ante la posibilidad de que podrían emplear a una persona impropia es evidentemente tan impertinente como opresiva.

La institución de largos aprendizajes no da ninguna seguridad de que trabajos de mala calidad no se ofrezcan para la venta al público. (Riqueza…, Libro I, cap X, parte II)

Todo en esta cita se puede trasladar a los argumentos que se han dado para proteger al gremio de los taxistas de la competencia de Uber y Cabify. Impedir que personas aptas para conducir puedan transportar pasajeros bajo el supuesto de que esto sería peligroso para el público, cuando las personas que trabajan en Uber han sido vetadas por ese mismo público (mediante las evaluaciones  que se hacen de éstos) muestra que la intención del legislador es otra. Y las licencias profesionales de conducir no dan ninguna seguridad de que malos conductores no trabajan de taxistas.

taxisuber

Los dueños de licencias a menudo arriendan sus taxis, por lo que el que lo conduce no obtiene los beneficios del monopolio.

Las licencias de taxi se pueden arrendar, y cuando esto ocurre, el conductor del taxi con licencia no recibe ningún beneficio del monopolio. Las rentas del monopolio se las lleva su empleador; el solo se queda con el valor que habría tenido su trabajo de taxista si no existieran licencias. Por lo tanto, ni siquiera es aplicable el equivocado deseo de proteger al taxista y su trabajo.

 

 

 


Sobre Uber y los taxis

octubre 11, 2016
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R. Fischer

El gremio de taxistas presiona por prohibir o regular a Uber de manera que no compita con ellos. Los tacos recientes en la Alameda han sido muestras de poder de un monopolio que tiene pocos contrapesos. El ministro de Transportes (contra todos los principios de un economista) los apoya y está estudiando legislación que impediría que compitan con los taxis.

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Taxis protestando contra Uber

Mucho mejor la decisión de hoy de la 7 Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, donde el Juez Posner escribió (lo que sigue es mi traducción):

“Una licencia para operar una tienda de café no autoriza al licenciado a prohibir la apertura de una tienda de té. Cuando la propiedad consiste en la autorización para operar en un mercado de una forma particular, esto no otorga el derecho a no enfrentar competencia en ese mercado. Una patente confiere el derecho exclusivo a producir y vender el producto patentado, pero no da el derecho de prohibir que un competidor invente –sin infringir la patente– un producto sustituto que erosione las ganancias de la patente. Más aún, cuando aparecen nuevas tecnologías o nuevos métodos de hacer negocios, un resultado común es la decadencia o desaparición de los métodos antiguos. Si lo antiguo tuviera el derecho constitucional de prevenir la entrada de lo nuevo en los mercado de lo antiguo, el progreso económico cesaría. En vez de taxis, tendríamos coches de caballos; en vez del teléfono, el telégrafo; en vez de las computadoras, las reglas de cálculo. La obsolescencia sería una fuente de derechos. “

El original:

“A license to operate a coffee shop doesn’t authorize the licensee to enjoin a tea shop from opening. When property consists of a license to operate in a market in a particular way, it does not carry with it a right to be free from competition in that market. A patent confers an exclusive right to make and sell the patented product, but no right to prevent a competitor from inventing a noninfringing substitute product that erodes the patentee’s profits. Indeed when new technologies, or new business methods, appear, a common result is the decline or even disappearance of the old. Were the old deemed to have a constitutional right to preclude the entry of the new into the markets of the old, economic progress might grind to a halt. Instead of taxis we might have horse and buggies; instead of the telephone, the telegraph; instead of computers, slide rules. Obsolescence would equal entitlement.”

 


Un error

enero 12, 2016
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R. Fischer

En mi nota de ayer sobre colusión en supermercados me equivoqué al pensar que el precio de lista que aparece en la presentación de la Fiscalía era el precio mayorista. El precio de lista de los pollos era un precio minorista bajo el cual no se podía vender, lo que en los EEUU se denomina MRSP (Manufacturers Suggested Retail Price), aunque allá usualmente esto no es obligatorio.

Este error no modifica el análisis, salvo que es necesario ajustar los términos. Donde aparece el precio de lista más costos del supermercado, se debe reemplazar por precio de lista (más IVA) solamente. Tal como antes, los márgenes de los supermercados aparecen en el descuento por debajo del precio de lista , pero ahora ese descuento paga los costos de los supermercados además de sus utilidades. Haciendo estos ajustes, lo demás (por ejemplo, que no es eficiente la colusión de supermercados) sigue siendo válido.

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Un ejemplo en que no se respeta el MRSP

La teoría económica no es clara respecto a si es conveniente que se respeten los MRSP. Por ejemplo, en Francia, muchos libros tienen un precio impreso y no se pueden vender bajo ese precio. En los EEUU, hasta hace algunos años se prohibía obligar a usar el MRSP, pero hoy la doctrina es más flexible.

La razón de esto es que al dejar un margen para el distribuidor, el MRSP permite que los distribuidores compitan en variables no-precio para atraer a los compradores, y en algunos casos esto mejora el bienestar. En Francia se usa para mantener con vida a pequeñas librerías ineficientes, pero ubicuas. A los franceses les gustan esas librerías de barrio, pese a que significa que los precios de los libros son mayores.

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Los franceses están dispuestos a pagar más por libros, a cambio tener este tipo de librerías en todas partes.

Tengo serias dudas de que el MRSP produzca algún tipo de beneficios en el mercado de los pollos.


¿Colusión en supermercados?

enero 10, 2016
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R. Fischer

La Fiscalía Nacional Económica presentó una denuncia por colusión en el mercado de los pollos contra las principales cadenas de supermercados. A diferencia  de otros casos como el de los pollos, buses interurbanos, asfalto y papel tissue, me parece un caso bastante más dudoso, aunque por supuesto, la Fiscalía puede tener información que no ha revelado aún.

Todas las comunicaciones que revela la acusación son entre empleados de las cadenas y empleados de sus proveedores (es decir, son comunicaciones verticales). La Fiscalía no presenta casos de comunicaciones directas entre empleados de las cadenas (es decir comunicaciones horizontales). Es posible que las relaciones verticales ayuden a mantener un cartel, como en el caso de las farmacias, en que los laboratorios servían como fiscalizadores del acuerdo entre las farmacias. Pero en ese caso había un acuerdo previo entre las farmacias, que aquí no está presente.

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Estructura vertical

El principal problema del caso de la Fiscalía es conceptual y económico. A los supermercados no les conviene coludirse si el mercado de los pollos ya está cartelizado. En la figura se muestran dos etapas de un proceso productivo: un productor (por ejemplo de pollos) y un distribuidor (una cadena de supermercados).  El productor de pollos tiene costos c y vende al precio mayorista p_w; a su vez el distribuidor vende al precio al detalle p.

En el caso en que los productores  de pollos están coludidos, el precio mayorista p_w es un precio colusivo que se determina en parte, por el comportamiento de los distribuidores, que varía según el grado de competencia de las cadenas de supermercados.

Las mayores utilidades del cartel de los  pollos ocurren cuando los supermercados se comportan como si estuvieran en competencia. Mientras menos competitivo sea el mercado de los supermercados, menos utilidades tendrá el sistema conjunto de productores y supermercados. En particular, cuando ambos están coludidos y actúan como monopolios, los precios terminan siendo tan elevados y la demanda cae tanto, que las utilidades conjuntas son mucho menores que con un monopolio en solo una de las etapas. Es la denominada “cadena de monopolios”, que es mala para los coludidos y los consumidores.

Este razonamiento indica que, dado que los productores de pollos estaban coludidos, sería un error de los supermercados coludirse en ese mercado. Es más raro aún cuando las comunicaciones para el supuesto cartel de supermercados son a través de los productores, los más interesados en que haya competencia entre los supermercados.

Una interpretación tentativa

Aparentemente los supermercados colaboraron con el acuerdo colusivo, siendo pasivos ante la falta de competencia entre los productores y rigiéndose por reglas tácitas, tales como no vender a menos que el precio de lista del cartel más el IVA. De esa forma, los supermercados podían participar en las rentas del negocio colusivo de los fabricantes de pollos.

Bajo ese esquema, los supermercados venderían los pollos a precios superiores o iguales al precio de lista (más IVA) de los productores. El precio a los consumidores sería el precio de monopolio de los pollos más los costos de los supermercados. Es como si la etapa de supermercados fuera competitiva.

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El beneficio para las cadenas de supermercados proviene de participar en las rentas de la colusión de los pollos, y no de formar un cartel entre ellas.

¿Dónde entonces estaban los beneficios de los supermercados? No es creíble que las cadenas compren a precio de lista. Los precios efectivos son producto de una negociación entre las partes, en que las cadenas obtienen descuentos. Pero esos descuentos no se trasladan a los consumidores, pues el precio de venta mínimo es el precio de lista más IVA. Así obtienen parte de las rentas de la colusión de los pollos, y las rentas colusivas son lo más altas posibles porque los supermercados se comportan como si fueran competitivos.

¿Qué hacer?

¿Cómo denominar ese tipo de conductas? Es claro que no favorecen la competencia, pero tampoco representan colusión de supermercados, pues no intentan elevar los precios por sobre el precio colusivo de los pollos más los costos propios de los supermercados.

Eso si, las cadenas se benefician del cartel, porque comparten las rentas. La pregunta aparece: si los actores coludidos son condenados a compensar a sus clientes, ¿no alegarían ellos que parte de la compensación la deben realizar los supermercados?

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Tal vez ahí está la solución a la falta de incentivos de los supermercados para hacer competir a los productores coludidos. Las cadenas podrían ser responsables de compensar a los afectados por la colusión de los pollos en aquella parte de la renta del cartel que recibieron por su colaboración. Esto haría que las cadenas sean contrarias a los acuerdos entre proveedores, y en todo caso, el riesgo de participar en la compensación haría que fueran renuentes a colaborar con estos acuerdos.

Competencia en el sector supermercados

¿Qué hubiera pasado si los supermercados fueran efectivamente competitivos, por ejemplo, con más participantes? De acuerdo al razonamiento anterior, es probable que nada hubiera cambiado desde el punto de vista de los consumidores.

El cartel de los pollos les ofrecería un precio de lista monopólico no negociable, porque los supermercados no tendrían poder de mercado en este escenario de supermercados muy competitivos. A este valor mayorista, los supermercados le agregarían sus costos de distribución y se obtendría el mismo precio al consumidor que en el caso anterior. Los consumidores no observarían nada distinto.  La única diferencia es que en este caso el cartel de los pollos obtendría todas las rentas de su actuación conjunta, no dejando nada para los supermercados.

Otros mercados

La Fiscalía menciona correos del mismo carácter en otros sectores. Si hay mercados competitivos en otros productos, y se usara a los proveedores para coordinar a los supermercados, tal vez habría indicios de comportamiento colusivo entre supermercados. La razón es que, si el mercado de los proveedores es competitivo, ya no es válido el argumento de que las cadenas de supermercados no aumentan sus rentas si se coluden. Con proveedores competitivos, a las cadenas aumentan sus utilidades si se coluden y no son detectados.

El problema de la Fiscalía es que no son convincentes los correos que presentó como evidencia de comportamiento sospechoso en otros mercados. Son exactamente las quejas que tendría una cadena de supermercados que compite, si detecta que un rival tiene precios más bajos. Sería raro que un distribuidor –de cualquier tipo– no esté constantemente revisando los precios de sus rivales e intentando presionar a su proveedor para que le ofrezca iguales o mejores condiciones.

Conclusión

Aparentemente, este no sería un caso de cartel de supermercados, sino de colaboración, al menos tácita, con el cartel de los pollos. Hay argumentos económicos para esta afirmación, y la pregunta que resta es que se debe hacer en estos casos. Una posibilidad es que participen en la indemnización a los consumidores. Esto provee fuertes incentivos a no colaborar con carteles de proveedores.

 

 


¿Son altas las multas por colusión?

enero 10, 2016
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R. Fischer

A diferencia de lo que muchos creen, las multas por colusión en Chile son altas. Si uno compara las multas en Chile con las de Europa o los EEUU, las multas son superiores, pero se trata de mercados mucho mayores, en los que el cartel obtiene ganancias mucho mayores. Al revisar las tablas que siguen, se debe recordar que el tamaño de ambas economías es unas 70 veces el producto chileno.

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Multas a personas y corporaciones en los EEUU (Depto. de Justicia 2015)

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Mayores multas Unión Europea (Comisión Europea de Competencia 2015)

El primer cuadro muestra las multas por carteles en los EEUU, y claramente las multas, en un país tanto más grande que el nuestro, son relativamente pequeñas: del orden de USD 10-60 millones en promedio, aunque algunas deben ser mucho mayores. En la Unión Europea hay multas enormes, pero si consideramos que es un mercado 70 veces mayor, las multas se parecen a las nuestras en su magnitud. En Chile el monto máximo de multa es de USD 22 millones, y es menor que las máximas europeas, pero esto se debe a la fuerte depreciación del peso. Hace dos años, con un peso más fuerte, nuestras multas eran comparativamente mayores.

¿Donde está el problema?

En los EEUU existen las compensaciones, las que pueden triplicar los daños calculados a los afectados. Es en las compensaciones por daño donde está el verdadero castigo al cartel. Si las compensaciones existieran (en el sentido de que ser eficaces), no es apropiado elevar las multas por colusión más allá de  los estándares internacionales.

Cuando los comentaristas estiman que el castigo a la colusión es muy leve, dado que las empresas obtienen muchas ganancias, están equivocados en su análisis. La indemnización elimina las ganancias producto de la colusión y la multa es simplemente una guinda que se suma para que el beneficio de un cartel detectado no sea cero.

Una crítica a este argumento es que incluso si existen las indemnizaciones, hay que multiplicar su monto por la probabilidad de detección del cartel y comparar ese valor con el beneficio obtenido. Solo si ese valor es negativo, sería disuasiva la indemnización.  Pero ese análisis es simplista, al no considerar otros costos asociados a descubrirse que una empresa participa en un acuerdo colusivo. Están los costos de reputación e imagen (algunos de ellos personales), los costos legales, y el riesgo de que la indemnización sea mayor que los beneficios obtenidos por la colusión, porque determinar el castigo no es una ciencia cierta.

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El costo reputacional de la colusión

Otra posibilidad es que, como en EEUU; la indemnización sea un múltiplo del perjuicio. Creo que por el momento, en que riesgo de tener que pagar indemnizaciones recién comienzan a aparecer en el radar de los coludidos, es suficiente con que en cada caso de colusión detectado, se pague una indemnización equivalente a los perjuicios.

La otra ventaja de las indemnizaciones es que las debe pagar el que denuncia también, aunque se haya salvado de la multa al confesar su falta. Es decir, ya no se podría criticar el sistema de protección de la competencia porque el que confiesa no recibe al menos parte del castigo.

Por último, en casos de colaboración, como tal vez ocurrió en el caso de pollos y supermercados, un esquema de indemnizaciones hace que los supermercados compartan el pago de la indemnización, ya que se llevaron parte de la sobrerrenta.

¿Qué se necesita?

Lo que se requiere para que nuestro sistema antimonopolios funcione bien es un sistema eficiente y rápido para indemnizar a los afectados por la colusión. No es necesario que sea demasiado preciso, en  el sentido de compensar exactamente a cada afectado por lo que efectivamente sobrepagó, sino que se requiere que los montos totales sean similares al sobrecosto total de los consumidores.

De funcionar este esquema, el costo para los que participan en la colusión es elevado, y en los casos de alto impacto y larga duración del acuerdo colusivo, puede llegar a hacer quebrar a la empresa. Esto no debería causar temor; tenemos procedimiento más ágiles que en el pasado para empresas quebradas, que no deberían causar excesivo daño económico.

Además, este riesgo provee incentivos para que los proveedores de crédito de las empresas también se opongan a los carteles, pues pone en riesgo la recuperación de sus acreencias en las empresas coludidas.

 

 

 

 

 


Publicado en Economia
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