R. Fischer
Desde el punto de vista del este blog, el manejo del caso de los militares bolivianos fue deplorable. Recordemos los hechos. Unos carabineros capturan a un grupo de militares bolivianos armados, en vehículos robados a nacionales, varios kilómetros al interior del país. La Fiscalía comienza el proceso por tenencia de armas sin permiso, ingreso ilegal, y por utilizar vehículos robados. Además, llegan unos ciudadanos chilenos, de origen boliviano, que aseguran haber sido robados por militares bolivianos.
Pese a esta abrumadora evidencia de delitos, que ameritaba una investigación sería, se hace un reconocimiento rápido (acaso con presiones) y los denunciantes no identifican a los militares. Mientras tanto, la ministro de Defensa boliviana realiza declaraciones agresivas, y aparentemente por este motivo, sin que se cumplan los requisitos usuales en este tipo de delitos, se deja a los militares en libertad en la frontera, sin sus armas. En Bolivia se los recibe como héroes que realizaban una misión militar, su gobierno denuncia que fueron maltratados y finalmente son condecorados por el Presidente de Bolivia. Todo esto ocurre en un contexto en que Bolivia ha declarado una amnistía que permite que los vehículo robados a los países vecinos sean legalizados. Todo el episodio es humillante para nuestor país, y eso por culpa del Ministro de Relaciones Exteriores, responsable del manejo en estos casos.
Lo que debería haber hecho el gobierno es lo mismo que hizo el gobierno peruano con los grafiteros chilenos. Se deja actuar a la justicia, y solo en el caso en que el gobierno boliviano declare que sus militares efectivamente eran culpables de delitos se podría acetar devolverlos, a condición de que se los expulsa del ejército y se les siga un juicio por los delitos de robo y por desobedecer órdenes (a menos que se admita que la entrada en nuestro país fue autorizada por el alto mando).
Un episodio deplorable, por el que debería renunciar el Ministro de Relaciones Exteriores.
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