Variacioncompensada's Blog

Esclavos en Chile

mayo 27, 2011
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R. Fischer

Los informes de las organizaciones contra la esclavitud hablan sobre la existencia de pequeños enclaves de esclavitud en algunos países africanos. También se menciona el tratamiento de semi-esclavitud que reciben los trabajadores hindúes y filipinos en algunos países árabes donde son contratados para tareas domésticas. Lo que no esperaba es que hubieran esclavos en Chile.

¿Cómo se podría interpretar de otra manera lo que vivían los trabajadores paraguayos en los campos del Sr. Errázuriz? En efecto, los contrataban en el extranjero con promesas de habitación y sueldo, y luego debían trabajar ilegalmente y sin sueldo. Extranjería niega que, como lo intenta explicar el Sr. Errázuriz, se trate de un programa de entrenamiento aprobado por ellos (la explicación del Sr. Errázuriz para no pagar a sus trabajadores paraguayos).

Debido a que no recibían sueldo, no podían abandonar el fundo. Más aún, algunos paraguayos salieron bajo protección de la polícía de investigaciones y están bajo protección. Se ha reportado que las familias de los trabajadores han sido amedrentadas en Paraguay. Más aún, un delegado del gobierno, encargado de proteger a los paraguayos en el extranjero viajó a Chile para investigar el caso.

Es por este motivo que la Fiscalía de Rancagua habría comenzado una investigación por trata de esclavos. Por su parte, la Dirección del Trabajo ha pasado multas por $14 millones, porque no se cumplen ninguna de las condiciones requeridas para los trabajadores: contratos de trabajo en Notaría, colillas de pago de sueldos, etc. Sin considerar que estaban trabajando ilegalmente, pues tenían visa de turistas. Pero las multas no parecen ser un disuasivo suficiente en el caso del Sr. Errázuriz. Sería interesante saber si el tratamiento a los paraguayos se extiende a trabajadores nacionales en sus campos.

En resumen, se trata de un episodio vergonzoso para el país y para el empresariado, como lo indicó la Ministra del Trabajo, que con ello se ganó descalificaciones del Sr. Errázuriz. En todo caso, la credibilidad de las afirmaciones del Sr. Errázuriz es baja, no solo por este episodio, sino por un gran número de acusaciones de acciones equívocas en el pasado. Espero que las organizaciones de derechos humanos persigan este caso con la constancia que las ha caracterizado en el pasado, para que este tipo de situaciones nunca se repita.


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El problema de la pesca, de nuevo

mayo 26, 2011
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R. Fischer

No habría querido seguir con esta historia, pero Jorge Quiroz escribió una carta La Segunda, en la cual rebate mis argumentos en favor de licitar las cuotas individuales de pesca. Quiiroz El asesor de Sonapesca critica mis argumento en un punto importante, sobre el que también he reflexionado. ¿por qué licitar las cuotas individuales de pesca, si en otros sectores como la minería, esto no se hace? Quiroz señala, correctamente, que hay una inconsistencia en mi argumentación a menos que explique de dónde proviene la diferencia en el tratamiento de la pesca y la minería. Es lo que intentaré hacer, pero para ello es necesario un poco de historia.

A principios de los 90, debido al exceso de esfuerzo pequero, fue necesario restringir la captura, o de otra forma se acababa el recurso. Se introdujeron las cuotas globales de pesca para las especies en plena explotación. Esto era razonable, pero las empresas consiguieron algo más. Obtuvieron que la autoridad limitara la entrada al sector, dado que existían limitaciones a la captura.

Desde el punto de vista biológico, solo se requiere limitar la captura global. Limitar la entrada es innecesario, pero los mismos empresarios que habían depredado la pesquería consiguieron que el Estado prohibiera que otros pudieran ingresar. Con ello conseguían evitar que sus rentas desaparecieran al acabarse la pesquería o por la libre entrada de empresas a capturar un recurso limitado. De esta limitación artificial e innecesaria de la entrada nacen los supuestos derechos de los actuales armadores.Su legitimidad es dudosa, ya que nacen por una decisión legislativa que expropió a los potenciales entrantes a la pesquería.

Al poco tiempo los armadores autorizados comenzaron a invertir en forma acelerada, porque competían por la misma torta (la cuota global de captura). Mientras más capturara una empresa, menos pescarían las demás, ya que la cuota global era una sola. Si una empresa conseguía pescar toda la cuota, las demás no podrían pescar ese año. Las empresas se vieron obligadas a entrar en una carrera para evitar quedar sin participación en la cuota global. Las empresas invertían en naves rápidas y de alta capacidad de bodega, para así no tener que volver a puerto en la llamada “carrera olímpica” para pescar la mayor cantidad posible, en el menor tiempo posible.

El exceso de inversiones tiene dos resultados posibles. En el primero, una firma se queda con el monopolio de la pesquería, y se acaba la carrera por los recursos. La otra solución es que sobrevivan un grupo pequeño de empresas que compiten intensamente hasta que desaparecen las rentas económicas. Esta competencia es ineficiente, porque la disipación de rentas se debe a un exceso de inversión que se utiliza pocos meses al año, hasta cubrir la cuota global de captura, y luego las naves permanecen sin uso y los trabajadores quedan cesantes. Es mucho más eficiente usar menos capital durante todo el año, y contratar menos trabajadores, pero en forma continua (los que además se pueden entrenar mejor).

Para resolver este problema, la Ley General de Pesca estableció en 1991 las cuotas individuales de captura. Un empresa con una cuota individual no necesita preocuparse de la competencia de otras pesqueras, pues tiene derecho a cierto porcentaje de la cuota global. Eso le permite reducir sus inversiones y emplear menos trabajadores en forma continua, pudiendo capturar su cuota a lo largo del año. Al no estar apurados, se puede volver a puerto más a menudo, por lo que los pescados están en mejor estado y son más valiosos.

En resumen, al eliminar la competencia por capturas, reaparecen las rentas económicas, por lo que las cuotas individuales son valiosas. La Ley General de Pesca obliga a licitar la mitad de la cuota global de captura, en incrementos anuales de 5%. A esto se oponen las empresas, las que desean preservar sus rentas, y con mucho lobby consiguieron que la Ley 19.713 retrasara en 10 años la aplicación de las licitaciones. Estos 10 años se cumplen en 2012, y ante los anuncios de que se realizarán las licitaciones establecidas en la Ley General de Pesca, aparecen cartas como las del asesor de Sonapesca, Jorge Quiroz, así como artículos de abogados u economistas contratados por la misma asociación gremial, que niegan la validez o el sentido de las licitaciones.

Volviendo a nuestro tema inicial, se advierte inmediatamente la diferencia entre la minería y la pesquería. No existe en Chile una regla que limite la entrada a la minería, salvo aquellas dadas por las normativas ambientales y otras similares. Las rentas económicas de la minería no provienen de la restricción de entrada (además, es posible que el sector minero en el largo plazo sea competitivo, si se incorpora la etapa de exploración).

En un caso –la pesca– la única razón por la que existen rentas es porque se prohíibe la entrada de interesados al sector, y más aún, se limita la competencia entre los participantes. En la otra –la minería–, las rentas aparecen por la mayor o menor ley de los proyectos, lo que es producto de un proceso competitivo de exploración minera.

En consecuencia, mantengo mi posición: el Estado, como representante de la Nación, tiene derecho a una parte de las rentas, cuando éstas originan únicamente en que el Estado i) restringe la entrada a un sector y ii) restringe la competencia entre las empresas del sector. Independientemente de que en el caso de la pesca estas acciones aumenten la eficiencia y creen valor, la pregunta es ¿no pertenecen a la Nación las rentas creadas por el Estado?


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Derechos de propiedad en pesca

mayo 22, 2011
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R. Fischer

Los que no son abogados tienen dificultades para argumentar sobre derechos de propiedad y su existencia. Sin embargo, el origen de los derechos de propiedad responden a principios lógicos y económicos que permiten a quienes no han estudiado el derecho opinar, aunque probablemente de una manera que un abogado consideraría de aficionado y deficiente.

El problema es, por supuesto, el de los derechos de pesca. Hace poco salió un artículo en La Segunda (reproducido aparentemente verbatim en Libertad y Desarrollo) en la que un abogado defiende la existencia de derechos de pesca pertenecientes a las actuales empresas del sector (habría sido útil saber si el autor tiene alguna relación con la industria pesquera). Por lo que entiendo, esta parte del artículo responde a uno que publiqué hace una semana. El autor señala que:

“Muy distinta es la situación de aquellos bienes que no son objeto del derecho de propiedad, que son básicamente dos: aquellos que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres (como el aire, el altamar, etc.) y los denominados Bienes Públicos –como plazas, calles, y otros- que no están sometidos al derecho de propiedad. Estos “pertenecen” a la Nación –concepto sociológico – y no al Estado que tiene personalidad jurídica definida. El Estado solo los administra, pero no es “dueño” de ellos.

Algo similar sucede con los peces en el mar. Estos, es su estado de libertad “no pertenecen a nadie” o, en estricto rigor, no son objeto de derecho de propiedad, hasta el momento de la pesca (ocupación). Antes de eso, ni “todos los chilenos” ni “El Estado” son dueños de algo. Otra cosa muy distinta es que el Estado deba otorgar protección a las riquezas contenidas en el mar, pero esto lo hace por soberanía, no por tener un “derecho de propiedad”.

Así, la ley de Pesca establece que el Estado debe regular esa actividad, como alguien que administra, no como propietario. Por esa razón, éste otorga una autorización, para que en definitiva alguien pueda adquirir los peces por ocupación. Señala la ley que estas autorizaciones habilitan a la nave para pescar por tiempo indefinido en el área autorizada, debiendo otorgarse a quien las solicite y sólo pueden denegarse por ciertas causales de caducidad señaladas en la ley. Asimismo, la ley señala que estas son intransferibles, salvo que bajo régimen de plena explotación (cómo en la gran mayoría de los casos) pasen a ser transferibles, pero donde la transferencia del derecho debe ser junto con la nave.”

El autor del artículo tiene razón al señalar que los derechos de pesca no son del Estado, como yo había escrito, sino que pertenecen a la Nación. El Estado no es el dueño, sino el administrador de los derechos que pertenecen a la Nación, de acuerdo a la Ley. Pero esto no es lo mismo deducir de ahí que, debido a que el Estado no es dueño de los derechos, sus propietarios son los actuales extractores del recurso.

Ya es extraño que la Ley premie a quienes depredaron el recurso en el pasado (por lo que fue necesario definir cuotas globales de captura para que no se extinga la especie o su masa sea ineficientemente pequeña) otorgándoles derechos, que excluyen a los demás interesados en la pesquería, cuando esta se encuentra en plena explotación.Pero la Ley de pesca va más allá y confirma que los actuales armadores no son los propietarios de las cuotas de pesca. En su artículo 28, la Ley General de Pesca y Acuicultura (en el refundido del Decreto 431) señala que por Decreto Supremo se:

[…] podrá autorizar a la Subsecretaría para que adjudique anualmente, mediante pública subasta, el derecho a capturar cada año el equivalente en toneladas al cinco por ciento de la cuota global anual de captura.[…]

La Subsecretaría adjudicará la fracción subastada por un plazo fijo de diez años, al cabo de los cuales dicha fracción pasará nuevamente a formar parte de la cuota global.”

Es decir, el Estado puede asignar por subasta hasta el cincuenta por ciento de los derechos de captura. Esto significa que los actuales armadores tienen, cuando mucho, la propiedad efectiva del 50% de la cuota global. Este 50% se les otorgó en recompensa a sus presiones a los legisladores cuando se introdujo la Ley, pero demuestra es que no son ellos los propietarios de los derechos de captura bajo la cuota global, dado que el Estado, usando sus atribuciones como representante de la Nación, puede disponer de ellos.

Es cierto que frente a la argumento de que los armadores tendrían invertidos capital en la industria, posteriormente se aprobó la Ley 19713, que retrasa la entrada en vigencia del artículo 28 hasta 2012. Debido a que nos acercamos a esa fecha, los armadores han armado una fuerte campaña de lobby, contratando a distinguidos abogados y economistas para que argumenten sus supuestos derechos (abogados) o el escaso valor que tienen las cuotas de pesca (economistas).

Debido a que el capital invertido y que debían recuperar se ha depreciado con los diez años de asignación gratuita de derechos, no pueden reusar el argumento de la inversiones para oponerse a la licitación de las cuotas de pesca. Durante estos diez años, las cuotas individuales de pesca han hecho mucho más rentable el negocio pesquero, ya que no hay “carrera olímpica” que disipa rentas. Si los armadores han realizado inversiones en este período, lo hicieron en conocimiento de que la Ley les daba un horizonte de solo diez años hasta que comenzaran las licitaciones.

Como son recursos de la Nación, entregarlos en forma gratuita sería una expropiación a los demás ciudadanos. Pero, si como lo señalan los distinguidos economistas contratados por los armadores, el valor de licitación de las cuotas es tan bajo, no habría pérdida económica para los armadores si no obtienen las cuotas. Siempre podrían comprárselas barato a los ganadores de las subastas si éstos no supieran darles buen uso.

Estas transacciones ya ocurren (eso explica que haya un solo armador importante en el Norte), aunque ciertamente podrían verse facilitado por el legislador. Otra cosa es considerar, como lo hace el distinguido abogado, que esa es la tarea vital en la actualidad. Con ello olvida el problema esencial: a 2012 se debe licitar el 5% de las cuotas global, y esto requiere un Reglamento, como lo señala la Ley General de Pesca.


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Alcohol y conducir

mayo 16, 2011
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R. Fischer

El gobierno está preocupado por el número de accidentes causados por conductores que conducen bajo la influencia del alcohol. Para enfrentar el problema, plantea hacer más estrictas las leyes, reduciendo el nivel máximo de alcohol en la sangre a 0.3 gramos por litro, desde los actuales 0.5 gramos. También se estudia reducir el nivel considerado de ebriedad desde los actuales 1.0 gramos por litro a 0.8 gramos.

Con el nivel actual de su estándares básico (0.5 gramos por litro), Chile se encuentra en el nivel internacional de dureza de la regla, habiendo pocos países con índices más estrictos. Países como Canadá, Nueva Zelandia, Singapur, Reino Unido y los Estados Unidos mantienen la prohibición de conducir por sobre el límite de 0.8 gramos por litro. Rebajar el límite máximo de alcohol en la sangre parece ser otro caso más de tratar de resolver un problema aprobando una ley, porque eso es popular y fácil, sin resolver el problema de fondo, que es el de los conductores ebrios que causan accidentes. Por lo tanto, parece razonable reducir el umbral de ebriedad, al nivel de los demás países, pero no lo es reducir el estándar básico.

Después de todo, los que chocan bajo la influencia del alcohol no lo hacen porque tomaron un vaso de vino. Se puede hacer una excepción con quienes recién aprenden a conducir, los que deberían ser sometidos a reglas más estrictas porque aún no poseen los automatismos de quienes tienen más experiencia de manejo. Tomar uno o más probablemente dos vasos de vino puede aumentar levemente el riesgo del conductor, pero en forma moderada, como lo hacen muchas otras conductas de los conductores, sin que por ello estén prohibidas. ¿Será más o menos el riesgo de conducir distraído, conversando con los pasajeros o mirando el paisaje? Dudo que alguien haya hecho la comparación de los riesgos involucrados, pero conversar con los pasajeros o mirar el paisaje no está prohibido per se, y aumenta (levemente) el riesgo al conducir.

El cuadro siguiente permite comparar el riesgo relativo de diferentes niveles de consumo de alcohol (La referencia es Travelling Speed and the Risk of Crash Involvement, Kloeden CN, McLean AJ, Moore VM y Ponte G, 1997). En ella se muestra, por ejemplo, que conducir con 0.5 gramos por litro de alcohol es equivalente a conducir a 65 km/h en una zona de 60km/h, y que el riesgo relativo es 1.8 veces el de conducir a 60km/h.

Se podría pensar que no hay daño en tener una ley más estricta de lo necesario para detener las conductas que se desea eliminar, pero esta conclusión es errónea. No se trata solo de un argumento –de tipo libertario– que sostiene que las leyes deben valorar la libertad de las personas contra el riesgo que suponen las consecuencias de sus conductas sobre los demás. Sin considerar estos argumentos valóricos, se pueden realizar argumentos de eficiencia legal. Penalizar conductas que la mayor parte de las personas acepta como razonables distrae recursos de fiscalización hacia comportamientos que no son altamente riesgososs. Peor aún, la ley pierde legitimidad y violarla se convierte en algo socialmente aceptable.

El problema es que la aceptación social de una conducta que es penalizada no distingue entre índices bajos de consumo de alcohol y consumos elevados. Además, la fiscalización de un delito que no es condenado socialmente se hace difícil, porque incluso quienes deben fiscalizar pierden la certidumbre sobre sus acciones. En resumen, me parece que sería más sano para la sociedad mantener el límite actual de 0,5 gramos por litro para conducir bajo la influencia y preocuparse especialmente de castigar a quienes tienen niveles superiores a 0.8 gramos por litro. Al concentrar los castigos en quienes todo el mundo acepta que son un peligro para los demás, se legitimiza la ley y se concentran los esfuerzos donde realmente se necesitan.


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Porqué Hidroaysén

mayo 13, 2011
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La aprobación ambiental del complejo de centrales hidroeléctricas en Aysén no ha tenido buena recepción en el público, que la recibió con protestas en distintas ciudades. La idea de enormes lagos artificiales y líneas de transmisión alterando el paisaje de Aysén no es atractiva. Entiendo el problema, porque los mismos motivos me hicieron dudar del proyecto por años, pero una reflexión más cuidadosa me mostró que no tenemos otra opción.

Cada año, el país requiere aumentar su capacidad de generación en unos 500MW para hacer frente al crecimiento de la economía. Los ambientalistas sugieren que se debe aumentar la eficiencia, produciendo más con menos energía. Así se necesitaría una cifra menor a 500 MW anuales para acomodar el crecimiento. Pero nuestras empresas, que enfrentan el costo real de la energía (sin subsidios), ya realizan el esfuerzo eficiente.

En nuestra etapa de desarrollo productivo, reducir el consumo es imposible, salvo que quisiéramos transformarnos en un país focalizado en el turismo, al estilo de Costa Rica (país que depende de la hidroelectricidad para la mayor parte de sus necesidades energéticas). Por lo demás, esto es inviable por nuestra localización geográfica, mayor tamaño y población. Descartada esta posibilidad, el desarrollo y la equidad requieren una economía que crece y que usa más energía. Pero las empresas solo pueden competir si sus insumos, entre ellos la electricidad, no son demasiado caros. En resumen, se debe aumentar la producción de electricidad, a un costo razonable.

¿De dónde podrían salir los 500 MW en capacidad adicional? Entre las renovables, la energía eólica es impredecible y tiene un factor de planta de menos de un tercio de la capacidad instalada, lo que eleva su costo de inversión. La energía solar aún no es económica, aunque si alguna vez bajaran sus costos, el país tiene excelentes condiciones para su desarrollo. La geotermia parece ser parte del futuro energético: sus costos de instalación no difieren mucho de los de las energías convencionales, y solo la limita actualmente el riesgo de exploración. Las minihidro son ambientalmente atractivas, pero su potencial es limitado (unos 3.000-4000 MW), aparte de requerir líneas de transmisión ubicuas.

Restan como energías de bajo costo la nuclear, la termoelectricidad y el carbón. Dejando de lado la energía nuclear, porque no podría implementarse antes de la mitad de la siguiente década, en el mediano plazo solo quedan el carbón y la hidroelectricidad. Si no se construyen centrales hidroeléctricas –en particular Hidroaysén– tendremos que usar más carbón. El desarrollo usando carbón produce severos daños ambientales y, peor aún, es probable que nuestras exportaciones sean castigadas en el futuro si la energía que usan produce gases invernadero. Por su parte, Hidroaysén tiene un factor de planta muy elevado, prometiendo un suministro estable y que no produce (salvo por la descomposición inicial de material orgánico sumergido) gases invernadero. En general, los desarrollos hidraúlicos en Chile tiene impacto visual, pero sus perjuicios ambientales son menores.

Para concluir, el desarrollo económico es más amable con la naturaleza: basta comparar a Haití con cualquier país desarrollado. A Haití no le quedan bosques porque los han usado como leña. En Europa, los bosques se han recuperado de las depredaciones del pasado. En Corea, aunque el medio ambiente no fue una preocupación importante durante su etapa de desarrollo, ahora si lo es y tiene recursos para dedicarle. Si deseamos reducir el impacto ambiental, es necesario alcanzar rápido el desarrollo, para así tener la capacidad de destinar recursos a proteger el medio ambiente.


Los artistas y los derechos de propiedad

mayo 10, 2011
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R. Fischer

Estaba leyendo un artículo de Tyler Cowen sobre el mercado laboral de los economistas académicos cuando recordé un tema del que quería escribir hace tiempo. Cowen hace ver que los economistas académicos aplican estándares mucho más duros a su mercado de trabajo académico que cuando estudian el desempleo. En su propio mercado, la meritocracia es el único criterio valedero, y el desempleo está asociado a la falta de talentos y mérito. En cambio, no se hacen la mismas preguntas cuando se refieren a los mercados laborales generales, en los que las causas del desempleo no tienen origen en la meritos sino en las deficiencias y fricciones del mercado laboral.

El argumento me recordó la forma como los escritores y los artistas piensan. En general, los escritores y artistas tienden a ser de izquierda y a oponerse a la propiedad privada. Hay una excepción importante: pocas veces he visto incluso a los capitalistas más acérrimos defender derechos de propiedad con la dedicación de los artistas al derecho de propiedad intelectual. No me queda claro que los artistas entiendan que sus posiciones son contradictorias desde un punto de vista lógico, pero es conveniente recordarlo cuando los artistas se oponen al neoliberalismo y sus defensores.


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Licitaciones pesqueras

mayo 10, 2011
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R. Fischer

En las últimas semanas las empresas pesqueras han mostrado de todas las formas posibles que si se realizan las licitaciones pesqueras se producirá un desastre en la industria. Aseguran que sobrevendrá la quiebra de empresas, el desempleo, la entrega de recursos naturales a extranjeros, la concentración de la industria, la reducción de la inversión pesquera y la innovación. Finalmente, aseguran que se trata de la expropiación de derechos adquiridos.

Por otra parte, quienes defienden las licitaciones también utilizan algunos argumentos no muy sólidos. Por ejemplo, se argumentó que no licitar significaba la concentración de la industria y que esto era malo para el país. Los proponentes de las licitaciones también sugieren que la eficiencia y la innovación son menores sin licitaciones. Es sorprendente notar que tanto proponentes como adversarios de las licitaciones creen que si no se siguen sus propuestas, la concentración aumentará (y que esto es malo), y que la eficiencia y la innovación caerán.

En mi impresión de observador externo, que alguna vez publicó artículos teóricos sobre el tema pesquero, la oposición de la industria tiene una explicación más sencilla: ésta no desea pagar por las rentas pesqueras. Por ello han contratado estudios a académicos prestigiosos, los que han estudiado el problema y han confirmado las aprensiones de la industria que los contrató. Asimismo, han sugerido que las rentas no son tan grandes, porque éstas se ven reducidas por el pago de permisos.

Pero si las rentas son tan pequeñas, ¿cuál es el motivo para hacer tantos esfuerzos para evitar las licitaciones? De ser válido el argumento, se obtendrían bajos valores al licitar las cuotas y el gobierno que las impulsó tendría que explicar porqué hizo tanto esfuerzo por tan pocos resultados. Y dado que las cuotas son transferibles, las empresas que se quedaron sin cuotas podrían siempre comprarlas —a precio de huevo—. En resumen, no se entiende la oposición, a menos que las cuotas tengan un valor elevado.

Respecto a los efectos sobre la innovación y la inversión, ambas partes tienen su cuota de razón: al ser licitaciones que otorgan derechos por un período limitado, tiende a reducirse la inversión, aunque si el período es similar a la vida útil de los equipos, el efecto sería menor. Lo mismo ocurre con la innovación. Por otra parte, como lo señala el famoso académico contratado por los proponentes de las licitaciones, si se regalan las rentas incorporadas en las cuotas, las empresas no tienen que preocuparse de la competencia, y eso lleva a ineficiencia. Pero si las cuotas son transferibles, esta ineficiencia debería desaparecer en el mediano plazo, ya que alguien estaría dispuesto a pagar por comprar un derecho mal aprovechado. Es decir, los efectos sobre la innovación y la eficiencia son opinables y dependiendo de aspectos bastante subjetivos, pueden ir para uno u otro lado.

El meollo del tema, por lo tanto, es el derecho a recibir rentas sin pagar por ellas. Los derechos de pesca pertenecen al Estado y por lo tanto —en principio— a todos los chilenos. Las empresas que habían hecho inversiones pesqueras los recibieron por diez años en forma gratuita, pero no deberían adquirir derechos de propiedad perpetuos solo por ese motivo. Se trata de recursos de todos los chilenos, y no tienen por qué asignarse a una pocas empresas por razones históricas y capacidad de presión política.


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