Variacioncompensada's Blog

Derechos de propiedad en pesca | mayo 22, 2011

R. Fischer

Los que no son abogados tienen dificultades para argumentar sobre derechos de propiedad y su existencia. Sin embargo, el origen de los derechos de propiedad responden a principios lógicos y económicos que permiten a quienes no han estudiado el derecho opinar, aunque probablemente de una manera que un abogado consideraría de aficionado y deficiente.

El problema es, por supuesto, el de los derechos de pesca. Hace poco salió un artículo en La Segunda (reproducido aparentemente verbatim en Libertad y Desarrollo) en la que un abogado defiende la existencia de derechos de pesca pertenecientes a las actuales empresas del sector (habría sido útil saber si el autor tiene alguna relación con la industria pesquera). Por lo que entiendo, esta parte del artículo responde a uno que publiqué hace una semana. El autor señala que:

“Muy distinta es la situación de aquellos bienes que no son objeto del derecho de propiedad, que son básicamente dos: aquellos que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres (como el aire, el altamar, etc.) y los denominados Bienes Públicos –como plazas, calles, y otros- que no están sometidos al derecho de propiedad. Estos “pertenecen” a la Nación –concepto sociológico – y no al Estado que tiene personalidad jurídica definida. El Estado solo los administra, pero no es “dueño” de ellos.

Algo similar sucede con los peces en el mar. Estos, es su estado de libertad “no pertenecen a nadie” o, en estricto rigor, no son objeto de derecho de propiedad, hasta el momento de la pesca (ocupación). Antes de eso, ni “todos los chilenos” ni “El Estado” son dueños de algo. Otra cosa muy distinta es que el Estado deba otorgar protección a las riquezas contenidas en el mar, pero esto lo hace por soberanía, no por tener un “derecho de propiedad”.

Así, la ley de Pesca establece que el Estado debe regular esa actividad, como alguien que administra, no como propietario. Por esa razón, éste otorga una autorización, para que en definitiva alguien pueda adquirir los peces por ocupación. Señala la ley que estas autorizaciones habilitan a la nave para pescar por tiempo indefinido en el área autorizada, debiendo otorgarse a quien las solicite y sólo pueden denegarse por ciertas causales de caducidad señaladas en la ley. Asimismo, la ley señala que estas son intransferibles, salvo que bajo régimen de plena explotación (cómo en la gran mayoría de los casos) pasen a ser transferibles, pero donde la transferencia del derecho debe ser junto con la nave.”

El autor del artículo tiene razón al señalar que los derechos de pesca no son del Estado, como yo había escrito, sino que pertenecen a la Nación. El Estado no es el dueño, sino el administrador de los derechos que pertenecen a la Nación, de acuerdo a la Ley. Pero esto no es lo mismo deducir de ahí que, debido a que el Estado no es dueño de los derechos, sus propietarios son los actuales extractores del recurso.

Ya es extraño que la Ley premie a quienes depredaron el recurso en el pasado (por lo que fue necesario definir cuotas globales de captura para que no se extinga la especie o su masa sea ineficientemente pequeña) otorgándoles derechos, que excluyen a los demás interesados en la pesquería, cuando esta se encuentra en plena explotación.Pero la Ley de pesca va más allá y confirma que los actuales armadores no son los propietarios de las cuotas de pesca. En su artículo 28, la Ley General de Pesca y Acuicultura (en el refundido del Decreto 431) señala que por Decreto Supremo se:

[…] podrá autorizar a la Subsecretaría para que adjudique anualmente, mediante pública subasta, el derecho a capturar cada año el equivalente en toneladas al cinco por ciento de la cuota global anual de captura.[…]

La Subsecretaría adjudicará la fracción subastada por un plazo fijo de diez años, al cabo de los cuales dicha fracción pasará nuevamente a formar parte de la cuota global.”

Es decir, el Estado puede asignar por subasta hasta el cincuenta por ciento de los derechos de captura. Esto significa que los actuales armadores tienen, cuando mucho, la propiedad efectiva del 50% de la cuota global. Este 50% se les otorgó en recompensa a sus presiones a los legisladores cuando se introdujo la Ley, pero demuestra es que no son ellos los propietarios de los derechos de captura bajo la cuota global, dado que el Estado, usando sus atribuciones como representante de la Nación, puede disponer de ellos.

Es cierto que frente a la argumento de que los armadores tendrían invertidos capital en la industria, posteriormente se aprobó la Ley 19713, que retrasa la entrada en vigencia del artículo 28 hasta 2012. Debido a que nos acercamos a esa fecha, los armadores han armado una fuerte campaña de lobby, contratando a distinguidos abogados y economistas para que argumenten sus supuestos derechos (abogados) o el escaso valor que tienen las cuotas de pesca (economistas).

Debido a que el capital invertido y que debían recuperar se ha depreciado con los diez años de asignación gratuita de derechos, no pueden reusar el argumento de la inversiones para oponerse a la licitación de las cuotas de pesca. Durante estos diez años, las cuotas individuales de pesca han hecho mucho más rentable el negocio pesquero, ya que no hay “carrera olímpica” que disipa rentas. Si los armadores han realizado inversiones en este período, lo hicieron en conocimiento de que la Ley les daba un horizonte de solo diez años hasta que comenzaran las licitaciones.

Como son recursos de la Nación, entregarlos en forma gratuita sería una expropiación a los demás ciudadanos. Pero, si como lo señalan los distinguidos economistas contratados por los armadores, el valor de licitación de las cuotas es tan bajo, no habría pérdida económica para los armadores si no obtienen las cuotas. Siempre podrían comprárselas barato a los ganadores de las subastas si éstos no supieran darles buen uso.

Estas transacciones ya ocurren (eso explica que haya un solo armador importante en el Norte), aunque ciertamente podrían verse facilitado por el legislador. Otra cosa es considerar, como lo hace el distinguido abogado, que esa es la tarea vital en la actualidad. Con ello olvida el problema esencial: a 2012 se debe licitar el 5% de las cuotas global, y esto requiere un Reglamento, como lo señala la Ley General de Pesca.

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Publicado en Economia

1 comentario »

  1. […] unas dos semanas publique una columna en La Segunda sobre las licitaciones pesqueras. Posteriormente, Jorge Quiroz envió una carta a La Segunda en la […]

    Pingback por Refutando a Quiroz « Variacioncompensada's Blog — junio 3, 2011 @ 10:51 pm


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