Variacioncompensada's Blog

El problema de la pesca, de nuevo | mayo 26, 2011

R. Fischer

No habría querido seguir con esta historia, pero Jorge Quiroz escribió una carta La Segunda, en la cual rebate mis argumentos en favor de licitar las cuotas individuales de pesca. Quiiroz El asesor de Sonapesca critica mis argumento en un punto importante, sobre el que también he reflexionado. ¿por qué licitar las cuotas individuales de pesca, si en otros sectores como la minería, esto no se hace? Quiroz señala, correctamente, que hay una inconsistencia en mi argumentación a menos que explique de dónde proviene la diferencia en el tratamiento de la pesca y la minería. Es lo que intentaré hacer, pero para ello es necesario un poco de historia.

A principios de los 90, debido al exceso de esfuerzo pequero, fue necesario restringir la captura, o de otra forma se acababa el recurso. Se introdujeron las cuotas globales de pesca para las especies en plena explotación. Esto era razonable, pero las empresas consiguieron algo más. Obtuvieron que la autoridad limitara la entrada al sector, dado que existían limitaciones a la captura.

Desde el punto de vista biológico, solo se requiere limitar la captura global. Limitar la entrada es innecesario, pero los mismos empresarios que habían depredado la pesquería consiguieron que el Estado prohibiera que otros pudieran ingresar. Con ello conseguían evitar que sus rentas desaparecieran al acabarse la pesquería o por la libre entrada de empresas a capturar un recurso limitado. De esta limitación artificial e innecesaria de la entrada nacen los supuestos derechos de los actuales armadores.Su legitimidad es dudosa, ya que nacen por una decisión legislativa que expropió a los potenciales entrantes a la pesquería.

Al poco tiempo los armadores autorizados comenzaron a invertir en forma acelerada, porque competían por la misma torta (la cuota global de captura). Mientras más capturara una empresa, menos pescarían las demás, ya que la cuota global era una sola. Si una empresa conseguía pescar toda la cuota, las demás no podrían pescar ese año. Las empresas se vieron obligadas a entrar en una carrera para evitar quedar sin participación en la cuota global. Las empresas invertían en naves rápidas y de alta capacidad de bodega, para así no tener que volver a puerto en la llamada “carrera olímpica” para pescar la mayor cantidad posible, en el menor tiempo posible.

El exceso de inversiones tiene dos resultados posibles. En el primero, una firma se queda con el monopolio de la pesquería, y se acaba la carrera por los recursos. La otra solución es que sobrevivan un grupo pequeño de empresas que compiten intensamente hasta que desaparecen las rentas económicas. Esta competencia es ineficiente, porque la disipación de rentas se debe a un exceso de inversión que se utiliza pocos meses al año, hasta cubrir la cuota global de captura, y luego las naves permanecen sin uso y los trabajadores quedan cesantes. Es mucho más eficiente usar menos capital durante todo el año, y contratar menos trabajadores, pero en forma continua (los que además se pueden entrenar mejor).

Para resolver este problema, la Ley General de Pesca estableció en 1991 las cuotas individuales de captura. Un empresa con una cuota individual no necesita preocuparse de la competencia de otras pesqueras, pues tiene derecho a cierto porcentaje de la cuota global. Eso le permite reducir sus inversiones y emplear menos trabajadores en forma continua, pudiendo capturar su cuota a lo largo del año. Al no estar apurados, se puede volver a puerto más a menudo, por lo que los pescados están en mejor estado y son más valiosos.

En resumen, al eliminar la competencia por capturas, reaparecen las rentas económicas, por lo que las cuotas individuales son valiosas. La Ley General de Pesca obliga a licitar la mitad de la cuota global de captura, en incrementos anuales de 5%. A esto se oponen las empresas, las que desean preservar sus rentas, y con mucho lobby consiguieron que la Ley 19.713 retrasara en 10 años la aplicación de las licitaciones. Estos 10 años se cumplen en 2012, y ante los anuncios de que se realizarán las licitaciones establecidas en la Ley General de Pesca, aparecen cartas como las del asesor de Sonapesca, Jorge Quiroz, así como artículos de abogados u economistas contratados por la misma asociación gremial, que niegan la validez o el sentido de las licitaciones.

Volviendo a nuestro tema inicial, se advierte inmediatamente la diferencia entre la minería y la pesquería. No existe en Chile una regla que limite la entrada a la minería, salvo aquellas dadas por las normativas ambientales y otras similares. Las rentas económicas de la minería no provienen de la restricción de entrada (además, es posible que el sector minero en el largo plazo sea competitivo, si se incorpora la etapa de exploración).

En un caso –la pesca– la única razón por la que existen rentas es porque se prohíibe la entrada de interesados al sector, y más aún, se limita la competencia entre los participantes. En la otra –la minería–, las rentas aparecen por la mayor o menor ley de los proyectos, lo que es producto de un proceso competitivo de exploración minera.

En consecuencia, mantengo mi posición: el Estado, como representante de la Nación, tiene derecho a una parte de las rentas, cuando éstas originan únicamente en que el Estado i) restringe la entrada a un sector y ii) restringe la competencia entre las empresas del sector. Independientemente de que en el caso de la pesca estas acciones aumenten la eficiencia y creen valor, la pregunta es ¿no pertenecen a la Nación las rentas creadas por el Estado?

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Publicado en Economia

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