El ministro y las penas del infierno

R. Fischer

En el primer encuentro de la Asociación de Concesionarios de Infraestructura, el Ministro de Obras Públicas hizo un discurso –normalmente trato de evitar las ceremonias de apertura llegando atrasado, pero la conferencia comenzó tarde así que no hubo escapatoria–. Fue un discurso relativamente ameno e informado.

Lo que si me llamó la atención es que el ministro se refirió a la empresa Azvi, que debió abandonar la concesión de La Serena-Vallenar de la Ruta 5, al descubrir que el Banco de Inversiones (Scotiabank) que contrató, había cometido un error de 27% en sus cálculos. Aparentemente la empresa no pudo conseguir financiamiento una ve que se descubrió el error. La empresa abandonó el proyecto, y tuvo que pagar la boleta de garantía por US$ 10 millones, que el Estado se embolsó, contra el costo de retrasar el proyecto en acaso medio año (porque hay un procedimiento expreso de relicitación cuando esto ocurre). La misma empresa Azvi, sin embargo, ganó otros proyectos sin cometer errores y los llevará a cabo, algo que le parecía inaceptable al Ministro, quién parecía proponer que Azvi debía ser excluida de participar en el sistema de concesiones.

Pero si el MOP establece mediante el contrato que el costo de abandonar un proyecto son US$ 10 millones, ¿no debería ése ser el único castigo? Si estima que el costo social del retraso es más elevado, el MOP puede cambiar los contratos y elevar el monto exigido en la boleta de garantía, y no es necesario un castigo adicional.

La Ley está bien diseñada en ese aspecto: se castiga en forma preestablecida y se relicita de manera expedita, con el objeto de no retrasar en exceso el proyecto. Elevar el costo por abandonar un proyecto, prohibiendo que la firma pueda participar en nuevas concesiones puede reducir el número de participantes en nuevas licitaciones, y con ello la competencia, lo que seguramente es peor.