Es interesante observar el efecto de romper un tabú. Luego de las críticas que se le hicieron hace años a las renegociaciones de los contratos de concesión, y de la crisis Mop-Gate, éstas se terminaron. En particular, se frenaron aquellas renegociaciones que involucraban aumentos en el plazo de las concesiones como mecanismo de compensación al concesionario por las obras adicionales. Sin embargo hace poco más de una semana el MOP decidió ampliar en dos años el plazo de concesión del aeropuerto de Pudahuel a cambio de obras complementarias para resolver el problema de congestión. ¿Resultados?
En El Mercurio de hoy aparecen las siguientes propuestas de renegociación de contratos que involucran obras adicionales, a cambio de extensión de plazos:
El viernes pasado hubo una marcha que terminaba entre Beaucheff, donde está la FCFM (Fac. de Ciencias Físicas y Matemáticas), y el Departamento de Ingeniería Industrial, donde trabajo, ubicado a unas tres cuadras por Blanco.
Había cierto temor en la Facultad ante la posibilidad que se repitieran los hechos de la última marcha, que terminó con cientos de encapuchados y otros participantes (miles en otras versiones) dentro de la Facultad, tirando piedras a los polícias y éstos tirando lacrimógenas y agua al interior del recinto. Par evitar daños, se llamó a los académicos a que esta vez «defendieran la Facultad», frenando la violencia encapuchada en la Facultad.
Decidí participar en la «defensa», lo que significó que tuve que cruzar la marcha de lado a lado. No fue mucho problema porque la convocatoria fue baja. Calculé unas 3.500-5.000 personas, pero según carabineros habían 10.000. Mi cálculo se basó en que solo habían tres cuadras de Blanco ocupadas, con grandes espacios –incluso medias cuadras– vacíos. La gente estaba tranquila, los vendedores de jugos frescos y dulces se movían sin problema entre la gente, y nadie prestaba mucha atención a lo que estaba pasando en el escenario. El ambiente era relajado y juvenil.
Una calle lateral (la L que forma Gay que vira a Blanco) estaba llenos de encapuchados, se vendían limones, muchos tenían máscaras antigás. Vi a un adolescente tirando piedras (pequeñas) hacia un departamento del quinto o sexto piso. Cuando se lo reproché me explicó que estaban tomando fotos. Le señalé que estaba lleno de gente tomando fotos a su alrededor. No creo haber tenido mucho efecto.
Caminando por Blanco, entre las barreras y gente, llegué a Club Hípico. Al mirar hacia Gay, vi a encapuchados corriendo a toda velocidad. Poco más atrás apareció el Guanaco. Al rato la escena de repetía, pero en la dirección contraria. Solo podía ver la intersección de Gay y Club Hípico, y se veía como un ritual, o tal vez los Keystone Cops de la películas de principios del siglo XX.
Entré a la Facultad por una puerta lateral alejada de las manifestaciones. Todo tranquilo, y las puertas más expuestas estaban cerradas con gruesas cadenas. Encontré al Decano junto al Presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería (CEI) y uno de los directivos del CEI. Estaban tratando de convencer al decano de que quitara las cadenas. El decano, impertérrito, solo sonreía mientras se negaba.
Los dirigentes se excitaban, así que decidí meterme, y les pregunté cual era el motivo para quitar las cadenas. Es que tal vez sea necesario, me dijeron. Pregunté por qué. Respondieron que si la policía arrinconaba a los encapuchados, éstos debían tener la posibilidad de ingresar. Les dije que con lo amplio de las calles en la zona, era imposible arrinconar a los encapuchados. Los dirigentes seguían insistiendo, lo que confirmó mi sospecha de que lo que querían era facilitar la entrada a la Facultad, para que desde ahí pudieran hostilizar a la policía sin temor. En resumen, en mi opinión a los dirigentes no les interesaba la Facultad, sino su objetivos políticos y estaban dispuestos a usar cualquier argumento para conseguirlos.
Les pregunté si creían estar jugando «al pillarse con capilla», y el Presidente me miró con desprecio, mientra el otro dirigente se ofendió. No le hice caso e insistí en que ellos estaban cooperando con los encapuchados y las tomas. El dirigente me dije que ellos habían intentado bajar las tomas, como el de la Torre Central cuando se votó por primera vez volver a clases. Les dije que había estado ahí y no los había visto. Además, no oí condenas a los que se tomaron la Torre Central contra una votación democrática. Se fueron.
Estaba un poco enojado así que me puse a discutir con otro académico que estaba a favor de permitir la entrada (había sido dirigente hace una década o algo más, lo que explica su posición). Al poco rato nos pusimos a conversar de su especialidad, estructuras, de la que aprendí bastante y quedamos amigos. Mientras conversábamos, la lucha encapuchados — policía cedía y se abrieron las puertas–. No había pasado nada.
Aprendí que los actuales dirigentes estudiantiles son tan poco sinceros y sin principios como los peores políticos profesionales. Además, comprobé que en nuestra Facultad el movimiento ha creado divisiones interdepartamentales. Civil y Geología están cuadrados con los estudiantes desde el principio. Computación y Electricidad también tienen esa tendencia aunque más moderada. Industrias y sobre todo Matemáticas están en la posición contraria, con mucha vehemencia en el caso de algunos matemáticos.
No se si es bueno o malo, pero parece que estoy de acuerdo con Larry Summers en sus opiniones frente a la desigualdad de ingresos. Al menos en Chile ésta decrece o no aumenta, a diferencia de los EE.UU., donde crece a pasos agigantados. El efecto es especialmente claro en el inmenso aumento de los ingresos del 0.1% superior. Veamos que propone Suumers:
1. No incrementar la desigualdad regalándole beneficios a los ricos. Esto significa licitar y no entregar derechos con valor económico. El caso de la pesca es aleccionador. Tal vez el de los derechos de agua también (aunque cuando hay disputas, se hace una licitación, casi todos los derechos se entregaron gratuitamente), Como lo han sostenido también E. Engel y P. Navia en su libro, Summers escribe que el gobierno debería tener:
«A general posture for government of standing up for capitalism rather than particular well-connected capitalists would also serve to mitigate inequality.»
2. No eviscerar los impuestos a la herencia para evitar crear dinastías.
3. Reducir la desigualdad en el acceso y en la calidad de la educación.
Dado que es un tipo inteligente –más bien genial– no es tan malo tener compartir opiniones con él.
Como un ejercicio intelectual ¿Cuál es el sistema de impuestos que me deseo? No pretendo un sistema ideal, sino la mejor combinación entre los objetivos y la posibilidad de cumplirlos. Además, no soy un especialista en economía tributaria, así que tal vez cometa errores de principiante.
Primero algunos criterios: 1. evitar la perpetuación de grandes desigualdades, 2. proveer incentivos, 3. generar recursos, 4 justicia horizontal y vertical (es decir, que personas que ganan lo mismo no paguen distintas cantidades y que las personas que ganan mucho en poco tiempo no paguen más que personas que ganan menos pero por mucho más tiempo, siendo el valor presente de lso dos ingresos el mismo).
Para evitar la perpetuación de las grandes desigualdades, impondría un impuesto muy elevado a las grandes fortunas (y gastaría muchos recursos para fiscalizar esta medida, que me parece de gran importancia para la sociedad). La idea es que al crearse fuentes de poder hereditarias –y el dinero en grandes cantidades es una fuente de poder– la democracia se debilita. En ese sentido estoy con Warren Buffet, quién donó la mayor parte de su fortuna (probablemente el 95% o más) y todavía le dejó mucho más a los hijos de lo que podrían gastar en una vida de lujo.
No estoy pensando en el empresario mediano, con una fortuna moderada, en los digamos pocas decenas de millones de dólares –dónde no haría cambios importantes respecto a las leyes actuales–, sino en que tiene diez o veinte veces más. También daría la oportunidad de conmutar la muy alta tasa de impuesto a la herencia que propongo por una donación filantrópica (casi) sin restricciones de monto. No se trata de un impuesto para generar recursos, sino uno cuyo objetivo es evitar la perpetuación de fortunas que pueden tener influencia política excesiva. Un empresario exitoso todavía podría disponer de su fortuna dándosela a una universidad, museo o alguna otra actividad que le interese, lo cual significa que sus incentivos no se verían demasiado afectados. Entre paréntesis, acabo de un artículo en el Financial Times que muestra que Larry Summers tiene la misma preocupación por la creación de dinastías:
«When there are more and more great fortunes being created and the government is in larger and larger deficit, it is hardly a time for the estate tax to be eviscerated With smaller families and ever more bifurcation in the investment opportunities open to those with wealth, there is a real risk that the old notion of “shirtsleeves to shirtsleeves in three generations” will become obsolete, and those with wealth will endow dynasties.»
Mantendría la actual situación de tributación de las empresas (hablo del principio, no de la tasa) en que no hay doble tributación de los dividendos. Me parece que así se mantienen mejor los incentivos y no se crean empresas con mucha deuda, para evitar pagar dividendos sujetos a doble tributación. Lo que cambiaría es el actual sistema de fiscalización, focalizándolo en los gastos de los empresarios para sus usos personales. Esta me parece una de las formas más claras de desigualdad horizontal en los impuestos ya que una persona que recibe un ingreso por su trabajo y otro que percibe lo mismo y gasta a través de su empresa reduce muchos sus impuestos. Tendría castigos muy importantes a este tipo de fraude tributario. Cre oque esta medida permitiría aumentar sustancialmente los ingresos por impuesto a la renta sin cambiar las tasas.
Introduciría un impuesto a los dividendos pagados a través de empresas en estructuras piramidales. Es decir, impondría un impuesto a los dividendos recibidos por una empresa cuyo único activo son papeles de una empresa aguas abajo (ver la figura). Esto reduce los incentivos a las estructuras de control corporativas complejas en que un propietario con pocos derechos económicos (posesión directa de acciones) controla una empresa. En los Estados Unidos las eliminó casi por completo con un impuesto de este tipo hace muchas décadas.
Mantendría un IVA como el actual, pues genera muchos ingresos y es difícil evitarlo. No exluirí a más sectores (libros por ejemplo) pues al excluir sectores es muy fácil la evasión y se producen variadas distorsiones. En principio, creo que preferiría ampliar la aplicación del IVA incluso a los sectores excluidos actualmente, para reducir la evasión. Como contrapartida, se podría bajar la tasa general.
A fin de promover la igualdad de impuestos horizontal, ampliaría el espacio de ahorro previsional voluntario de tal manera que el primer año de uso el monto excluido de impuestos pueda ser un porcentaje muy elevado del ingreso de la persona, reduciéndolo a medida que pasan los años en que usa el beneficio. La idea es que si una persona tiene un año muy bueno, pero sabe que sus ingresos futuros serán menores, no deba pagar a una tasa mayor que otra que tuvo ingresos más estables. Estoy pensando en un futbolista, que tal vez tuvo ingresos muy altos por unos años, pero luego casi no tener ingresos. el futbolista tuvo que pagar un 40% de su ingreso como impuesto durante esos pocos años y en total pagaría más impuestos que la persona de ingresos más estables. Esa persona podría ahorrar mucho los primeros años, excluyéndolo de impuestos, y luego gastaría esos ahorros en su períodos más flacos, pagando una tasa mucho menor. Asi, su tasa promedio no sería demasiado distinta de la de una persona que tiene ingresos bajos pero más estables.
Creo que se me olvidan algunas cosas. Sin embargo, salvo por el impuesto a las herencias, y el que aplicaría a los dividendos entre empresas, solo perfeccionaría lo que ya existe, especialmente la fiscalización del gasto personal a través de las empresas, la mayor fuente de evasión, me parece. Entre paréntesis, no tengo problemas con que las pérdidas acumuladas de una empresa sean usadas como descuento de impuestos de otra: la primera pagó impuestos pese a tener pérdidas y por eso comprarla sirve para descontar impuestos de una empresa con ganancias. En resumen, no haría cambio radicales en la lógica de los impuesto actuales, aunque claro, siempre se pueden cambiar algo las tasas sin tener demasiados efectos sobre los incentivos.
Una de las propuestas del Ministerio de Economía bajo Fontaine era liberar el cabotaje marítimo nacional. El cabotaje nacional es el transporte de carga entre distintos puertos del país. Desde hace décadas se reclama la liberalización del cabotaje, ya que la mayor competencia en transporte contribuiría a reducir los costos de transporte internos, lo que ayudaría principalmente a las regiones extremas. El lobby naviero (tanto empresas como sindicatos) se opone, citando los clásicos argumentos proteccionistas. Veámoslos:
No es un buen negocio, y nadie estaría interesado en el, ya que hay mucha competencia y los precios son bajos. Pero entonces es raro entonces que haya tanta oposición a la apertura del cabotaje de parte de las empresas navieras. ya que no pierden nada con la apertura, y de todas formas ninguna firma extranjera ingresaría. Por el mismo motivo, tampoco debería importarles a los sindicatos.
En tal caso, el país perdería su flota mercante, la que usaría bandera panameña, ya que es menos costosa que navegar bajo bandera chilena (se pueden usar tripulantes filipinos más baratos y no se pagan impuestos). La respuesta es que las empresas chilenas tienen registrados casi todas sus naves bajo bandera panameña (o similares), y que es fácil pasar de un registro a otro. Por lo tanto, ¿que significa tener una marina mercante nacional? Absolutamente nada y por lo tanto perderla, dado que las empresas siguen siendo empresas chilenas, tampoco tiene costo.
El mismo argumento , en una forma distinta es que la marina mercante nacional es la única forma de adquirir personal calificado de marina mercante, y que perderíamos nuestro valioso stock de marineros (ya que no encontrarían empleo) si las naves cambian de registro al liberarse el cabotaje nacional. El argumento es que debemos sacrificar a las regiones para mantener un stock de marineros mercantes. Si nos parece importante para la defensa nacional (no me parece que haya otro motivo para disponer de una marina mercante), ¿no deberíamos hacer que sean las fuerzas armadas las que financien el subsidio requerido para mantener nuestra marina mercante? Es decir, se podría pensar en un subsidio de las fuerzas armadas que permita mantener la marina mercante en competencia con las empresas navieras internacionales.
Chile perdería los impuestos que actualmente pagan las empresas dedicadas al cabotaje. Este es otro clásico argumento proteccionista, pero se puede mostrar fácilmente (incluso con un gráfico) que el impuesto pagado es menor que las ganancias que obtienen los usuarios (las regiones) al eliminar la restricción a la entrada de naves extranjeras al cabotaje doméstico.
Si se piensa bien, se podría haber hecho la misma argumentación en 1975, cuando comienza el proceso de apertura chileno. Y sabemos que eso fue bueno para el país y explica las últimas dos décadas de crecimiento que han permitido que Chile pase a ser uno de los países de más alto ingreso (y más alto HDI) entre los emergentes.
Pese a que la contra-argumentación de los puntos 1-4 destruye lo argumentos proteccionistas, parece difícil que se elimine la restricción al cabotaje. El nuevo Ministro de Economía tiene una visión táctica en temas económicos y sabe que en el corto plazo es una medida de alto costo político, pese a sus beneficios en el más largo plazo, especialmente para las regiones extremas. Tal como en el caso de las licitaciones de cuotas de pesca, intentará que no se avance nada en esta materia. Hay grupos de presión muy poderosos involucrados en ambos temas y para un político eso puede ser más importante que el bienestar de las regiones.
No quiero criticar constantemente a nuestro rector, pero es difícil dejar pasar algunas de sus actuaciones sin comentarios. Creo que los acontecimientos se le escaparon de las manos, y que el movimiento estudiantil persigue objetivos muy distintos de los suyos, pero como hasta ahora no se desmarca de ellos, y fue quién les dio espacio al principio, no puede escapar a su responsabilidad hasta que asuma el costo de criticarlos. Consideremos el discurso que pronunció en el aniversario 169 de le Universidad. El rector mostró su molestia por no haber podido celebrar el aniversario en la Casa Central que sigue tomada luego de más de cinco meses, asegurando que:
«se les ha faltado el respeto a nuestros símbolos institucionales».
y agrega que los movilizados abusan:
«de nuestro rechazo a usar la fuerza física, que aunque legítima, siempre es dolorosa y de nociva huella».
En su discurso no se desliza ninguna crítica a la dirigencia estudiantil. Esta dirigencia ha apoyado implícitamente a quiénes se tomaron la Casa Central y nunca han exigido perentoriamente su salida (hipócritamente dicen que no apoyan la toma, pero los hechos mandan). ¿Por qué no se atreve a decir el rector que los estudiantes movilizados le están causando un daño terrible a la Universidad?
El rector aún no reconoce que los dirigentes estudiantiles lo han manipulado como han querido, y que no ha conseguido nada al no criticar sus actuaciones. Peor aún, describe a los sacrosantos estudiantes movilizados como teniendo una:
«actitud valiente, generosa y luchadora de nuestros estudiantes.»
Yo solo observo la última de las actitudes citadas. Movilizarse para evitar pagar por la universidad me parece poco generoso, y no veo valentía, debido a que el rector indica que los estudiantes nunca enfrentarán la fuerza física.
En otra parte de su discurso se refirió a su reciente debacle judicial en el intento de no aplicar la Ley de Transparencia a la Universidad. Como alternativa pide extender las obligaciones contenidas en la normativa a otras universidades:
«Todas las instituciones de educación superior tienen que cumplir con las mismas normas de transparencia y entrega de información pública. ¡Es inaceptable que estas normas sólo se exijan a las universidades estatales! También deben ser exigidas a las instituciones privadas, por cuanto hay recursos públicos de por medio»
Esto me parece absurdo. Bajo ese criterio cualquier empresa que opera con el Estado tendría que someterse a las mismas normas de transparencias que rigen para los órganos del Estado. Es decir, no solo las universidades que reciben recursos (a través de los préstamos para los alumnos y fondos de investigación), sino también empresas constructoras, y las miles de empresas que participan en Chilecompras. La regla se le exige a la U. de Chile porque la U. de Chile es un organismo del Estado y no porque recibe recursos públicos.
La situación sería otra si como Universidad nos separáramos del Estado, pero si seguimos con la relación carnal que tanto agrada al rector, no queda otra que seguir las normas de transparencia que éstas nos exigen. Para que no se preocupe el rector, las demás universidades van a tener una Superintendencia que las fiscalice, y de una manera mucho más intrusiva de lo que me parece razonable.
Una cosa que no entiendo es el motivo por el se omite que la Universidad de Chile es la continuadora de la U. de San Felipe, fundada en 1747. Ésta a su vez es precedida por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino establecida en 1622, pero que derivaba de una escuela anterior que operaba ya en 1595.
Una posibilidad es considerar a 1622 como el momento fundacional. Los profesores domínicos de la U. Santo Tomás fueron luego catedráticos de la U. de San Felipe al crearse ésta y disolverse las dos universidades pontificias (había también una universidad jesuita). Los bienes y el claustro académicos de la U. de San Felipe se transformaron en la U. de Chile al extinguirse la primera por un Decreto Supremo. Otro decreto declara la continuidad entre ambas instituciones. En tal caso deberíamos estar celebrando el aniversario 389 de la universidad.
Si en cambio, se toma 1595 como la fecha fundacional, la universidad estaría cumpliendo 416 años y sería una universidad venerable. Esta manera de fechar no es poco común. Por ejemplo, la U. of Pennsylvania, a la que asistí, toma 1740 como su fecha fundacional, pese a que fue incorporada como college solo en 1755 y que solo comenzó a operar como escuela en 1649.
Parece que hay un motivo ideológico para la omisión del pasado. Tal vez se pensó que una universidad laica no podía tener un pasado pontificio. Pero por otro lado, ¡cuánto mejor suena cumplir 416 años que 169! El prestigio de la U. aumentaría al remarcarse la continuidad de la universidad y su antiguo origen. Podríamos volver a considerar a la PUC como una universidad advenediza, con sus solo 123 años de existencia (En Oxford el recién llegado New College fue fundado en 1379). Seríamos casi cincuenta años más antiguos que Harvard.
Nota: Pese a que conocía grosso modo esta historia, he usado a Wikipedia para verificar los detalles.
La situación del rector da un poco de pena. Claro que el caso que le da origen es su culpa. No se puede simultáneamente alegar que se es una Universidad íntimamente ligada al Estado –por lo que merece un tratamiento especial– y al mismo tiempo no esperar que se le apliquen las mismas condiciones de transparencia que las que tiene el Estado. Es natural que con los argumentos que defiende el rector pierdan ante a la Corte de Apelaciones primero y el Tribunal Constitucional luego.
Si se quiere reclamar el mismo tratamiento que las empresas del Estado que funcionan en forma autónoma, entonces no se pueden pedir favores especiales, porque ellas no los reciben (dejo fuera a Enap y Ferrocarriles, en el primer caso porque su condición actual no es aceptable y debería convertirse en una empresa normal, y en el segundo porque sabemos como funciona ferrocarriles). Por ejemplo, una empresa portuaria estatal no enfrenta condiciones distintas de las que tienen las empresas privadas dedicadas al mismo rubro: se acoge a la ley laboral, tiene directorios autónomos, presenta balances auditados y no espera recibir subsidios del Estado. Es por ello que no están sometidas a las mismas reglas de transparencia del Estado.
Entiendo la preocupación del rector, porque al revelarse los sueldos de los académicos, pueden ocurrir tres cosas con consecuencias complejas o desastrosas. Que se revelen algunos sueldos muy elevados que puedan provocar rechazo; que se revelen grandes diferencias de remuneraciones entre facultades y departamentos (que son lógicas, por la mayor competencia por atraer académicos en algunas áreas) y que las facultades en peores condiciones salariales exijan igualdad, lo que sería insostenible. Tal vez más importante, cuando la competencia descubra lo relativamente poco que se les paga a algunos académicos, la grúa de la competencia les haga ofertas especiales, y sea difícil conservarlos.
Lo que el rector no parece haber comprendido es que el Estado chileno funciona mal, y que mientras más se arrima la Universidad al Estado, más malos vamos a terminar siendo. El Estado funciona mal justamente por los motivos que tanto atraen a los que apoyan el movimiento estudiantil: inamovilidad funcionaria, diferencias salariales limitadas y comunes a través de los Ministerios, falta de incentivos, excesivo poder de los sindicatos (en nuestro caso, de los estamentos) y el peso de la Contraloría.
Como lo he mencionado muchas veces, es preferible la alternativa de parecernos más a una empresa del Estado autónoma (como los puertos estatales o el Metro). Competiríamos con las otras universidades en igualdad de condiciones, sin favores especiales ni Contraloría.
Es interesante observar como las reacciones iniciales de la prensa al informe de la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico (CADE) apuntaron a los lugares comunes: Hidroaysén y energía nuclear, y en los dos casos aseverando que el informe era favorable a ambos.
La realidad es distinta y más matizada. El informe representa un reconocimiento de que es imposible aprobar proyectos sin convencer al público de su necesidad. Por lo tanto, se enfatiza que en los estudios de impacto ambiental (EIA) es necesario aumentar la participación ciudadana, las compensaciones a las comunidades afectadas y la información al público, modificando el procedimiento de los EIA.
Actualmente el sistema de EIA limita la participación, y no hay compensaciones, salvo las que voluntariamente ofrecen las empresas. A primera vista esto parecería acelerar la entrada de los proyectos. En la práctica la oposición es tan intensa –porque hay poca confianza en los EIA justamente por los motivos anteriores (y otros del mismo tipo)– que con recursos y otras intervenciones el proceso de entrada de las centrales se retrasa. Además, los retrasos son impredecibles, lo que aumenta los costos para el sistema, que queda desajustado. Un EIA mejorado, podría tardar más tiempo, pero con mayor seguridad de que los proyectos aprobados se construyan y que lo hagan en plazos predecibles.
Respecto a la hidroelectricidad del Sur, lo que plantea el informe no es su desarrollo, sino que muestra el costo que tendría no llevarlos a cabo. No se trata solo de un mayor costo de la electricidad, sino que aumentarían las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, porque la energía que no tendría ese origen tendría que reemplazarse con otros medios. El efecto es más notorio si no se permite el desarrollo de otras plantas hidroeléctricas, y si no hay desarrollos nucleares.
Respecto a la energía nuclear, la Comisión concluye que aún es demasiado temprano para decidir su conveniencia, pero se plantea que el país debe poder decidir, si es necesario, con todas las herramientas necesarias para poder tomar buenas decisiones. Es decir, disponiendo de personal calificado y desarrollando la institucionalidad y normativas requeridas, si es que se decidiera finalmente en favor de esa forma de energía.
A los que piensan que es posible reemplazar estas fuentes por Energías Renovables No Convencionales (ERNC) se les recuerdan los costos ambientales y técnicos de esas propuestas. Después de todo, un campo de molinos no es tan bonito (foto proveniente de «Las tecnologías de energías renovables y su impacto en el marco regulatorio», H. Rudnick).
Pero esos no son todos los efectos ambientales de no disponer de grandes centrales hidro o energía nuclear. Como lo escribiera uno de los miembros de nuestra Comisión en uno de los muchísimos borradores de la Comisión que discutieron estos temas:
«Por otra parte, también puede ser muy relevante el impacto del desarrollo alternativo de grandes volúmenes de energía térmica a carbón, sin las ventajas de la hidroelectricidad, o de energía nuclear, y/o el desarrollo de cientos de centrales mini hidro, geotérmicas y eólicas, dados los volúmenes requeridos de crecimiento de la oferta, según se describiera en el capítulo de escenarios. No menor importancia tiene el identificar el impacto ambiental y social del desarrollo de los corredores troncales o los cientos de corredores transversales de transmisión que se requerirán para evacuar la energía de esas fuentes alternativas.»
Y eso no es todo. La energía eólic ay solar son altamente variables, por lo que se necesita invertir en respaldos para los momento en que no se produce. Estos respaldos normalmente son plantas contaminantes (salvo que se usen embalses para este propósito), porque esas son las de menor costo. Hace poco en España el 59% de la energía provino –por un rato– de la energía eólica. Excelente, pero hay otros momentos en que España produce solo un 1% de su energía con eólicas, por lo que hay que tener respaldos para reemplazar una cantidad enorme de energía. Es difícil trabajar con esas formas de energía, porque estamos acostumbrados a tener un suministro constante.
Es uno de los motivos por lo que que los escenarios del informe preveen que la mayor expansión de ERNC se de en biomasa, geotermia y minihidro. El problema es que aún hay pocas centrales de ese tipo, y es por eso que buena parte de las propuestas del informe apuntan a facilitar su entrada.
Otro tema de mucho interés para la Comisión fue el tema de competencia en el mercado eléctrico, pero de eso escribiré más adelante.
Nota: Acabo de ver un análisis de Libertad y Desarrollo del informe del CADE. En general se trata de una simple enumeración de las propuestas, con una conclusión de solo una página luego de 13 páginas de recuento. Y en el análisis, tiene al menos una conclusión que me parece errada:
«Igualmente, en materia de participación ciudadana establece la realización de un sistema participativo de discusión de la política energética de largo plazo, lo que podría generar mayores grados de incertidumbre para la necesaria inversión que requiere Chile en proyectos energéticos.»
Lo interesante del caso es que, ahora que no tenemos esos instrumentos, hay mucha incertidumbre sobre los desarrollos energéticos, con proyectos que son retrasados o detenidos. Esa conclusión revela un típico error de análisis de los abogados y economistas chilenos: porque nuestros procedimientos establecen ciertas reglas, se supone que ellas se cumplen. Pero eso no es así, porque la opinión pública considera inaceptables los resultados, por lo que siempre aparecen formas de detener los proyectos. ¿Qué político o juez puede resistirse a una escena como la siguiente? (Gracias Hugh, nuevamente):
No se si creo el resultado, pero según esta página, la probabilidad es 10^(-2.685.000). Además, creo que le faltó la probabilidad de que la tierra exista, con las propiedades que nos dieron origen como especie. Gracias, Not Exactly Rocket Science.
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