R. Fischer
Me parece rara la discusión sobre la supuesta violación de la autonomía de la U. de Aysén porque el Ministerio de Educación pidió la renuncia de la Rectora. No acostumbro defender al Ministerio de Educación, pero en este caso no hay cuestión de autonomía universitaria.

A la Rectora se le encomendó establecer una Universidad en la Región, y su cargo es de confianza. La Rectora debía confeccionar los estatutos, desarrollar programas, contratar personal y otras actividades necesarias para dar inicio a la Universidad. Mientras la Universidad no esté operando con sus estatutos aprobados –supongo que por el Ministerio– la Rectora sirve el cargo como una persona de confianza de la Presidencia.
No tiene sentido hablar de autonomía porque significaría que la Rectora no debe rendir cuentas, ya que no hay nadie más en la Universidad. La Rectora redactó estatutos de acuerdo a su propia visión ideológica, los que viola las directrices del Ministerio. Si no se la pudiera remover significaría que ella tendría poderes dictatoriales sobre el desarrollo de la Universidad.
Si no se permite que las universidades privadas puedan desarrollar estatutos a su gusto (hay limitaciones en cuanto a lucro, participación de los estamentos en el gobierno universitario, requisitos mínimos para otorgar grados), sería contradictorio que en una universidad que usa fondos fiscales, la libertad para redactar estatutos sea absoluta.
La agresiva respuesta de las universidades estatales a la petición de renuncia me parece una reacción refleja que responde a un conflicto con el Ministerio y el Gobierno, más que la respuesta reflexiva de instituciones académicas.