Mes: junio 2011

R. Fischer

Enseño un curso de Organización Industrial y Regulación y el material de esta semana es el sistema antimonopolios en Chile. Además de las Leyes, la teoría y la estructura del sistema, se examinan algunos casos particularmente interesantes, o en los que he trabajado: televisores plasma, ATREX-SCL, farmacias, y otros. Pero todos eran casos del pasado, así que ha sido una feliz coincidencia el requerimiento de la FNE contra las mayores empresas de buses interurbanos.

El caso es notable, y muestra ejemplos de todas las conductas que se estudian en la sección teórica de la próxima semana. Por ello debo agradecer a la Fiscalía, así como la contribución de Turbus y Pullman Bus al desarrollo del curso.

En el primer requerimiento, se acusa a las empresas de monopolizar un activo esencial (las boleterías en los terminales de las ciudades del Norte). La empresa entrante no tenía posibilidades de servir esas ciudades, porque la normativa exige operar mediante boleterías. Construir un terminal adicional es caro y lento, por lo que no es una alternativa.

Se debe tener en cuenta que las grabaciones muestran como las empresas coludidas estaban atentas cuando se desocupaba una boletería en un terminal. Los gerentes generales y controladores se comunicaban entre si para coordinar quién tomaría el arriendo de la vacante en forma inmediata, para que no tuviera espacio el entrante (Línea Azul). A menudo, esas boleterías no tenían uso más que como bodegas.

El caso de Curacaví sigue los textos en forma casi más directa. Las empresas coludidas, ante la entrada de una nueva empresa transportista, comenzaron con una guerra de precios para ablandar al entrante, y luego le hicieron espacio en el acuerdo colusivo. Pero el entrante hacía trampa, despachando más buses de lo acordado, por lo que se la castigaba con despachos adicionales de los coludidos (además de llamadas pidiendo respeto a los acuerdos de frecuencias). Como la vida se le hizo cada vez más difícil, el entrante finalmente decidió delatar el acuerdo (un ejemplo de la estrategia dominante en el Dilema del Prisionero).

Gracias nuevamente, Turbus y Pullman Bus.

R., Fischer

Una queja de las industrias que son clientes libres del sector eléctrico es que los contratos están indexados a los precios de los combustibles o a los precios spot. Por qué, reclaman, no se vuelve a los contratos de los 90, en que los precios de la electricidad eran más o menos estables en el tiempo. Se quejan también que las generadoras les traspasan todo el riesgo, lo que les parece injusto y muestra de la falta de competencia en el sector.

Esta queja confunde dos temas: la falta de competencia y la forma de asignar el riesgo en el sector eléctrico. Respecto al primer tema, algunas indicaciones parecen mostrar la existencia de problemas de competencia en el sector, como lo han acusado participantes y observadores del sector. Respecto al segundo tema, me parece que las quejas está casi totalmente errada (no 100%, pero casi).

Durante los 90, el precio de la energía, particularmente del carbón, fue relativamente estable. Esto ha cambiado esta década, debido a que el crecimiento de los países emergentes ha aumentado la demanda mundial por carbón. Dado que el carbón es el combustible de la expansión de nuestro sistema (al menos en las condiciones actuales), hay mucho riesgo en los contratos de largo plazo, porque no solo no sabemos como se comportará en precio del carbón, sino que estamos en un período de excepcionales variaciones de precios.

Esto significa que el precio de largo plazo del sistema tiene mucho riesgo. Los principios de asignación de riesgo señalan que éste se debe asignar: i) al que lo puede controlar y, ii) al que mejor lo puede soportar. Para una empresa de generación, el riesgo de largo plazo del precio del carbón es incontrolable. Por lo tanto, el riesgo de precios de carbón no se puede asignar a las empresas generadoras por motivos de control.

Respecto a la asignación a la parte que mejor puede soportar el riesgo, recordemos que para una empresa eléctrica, la diferencia entre el precio del contrato y el precio de largo plazo de la electricidad (dado por el precio del carbón) es lo que determina si sobrevive como empresa. En cambio, para una empresa industrial, el costo de la electricidad es el costo de uno más de sus insumos, y aunque pueda ser importante, nunca lo será tanto como para la empresa de generación la cual depende (en todo lo que no sea pago de potencia) del margen en sus ventas de electricidad.

Asignar el riesgo de precios del carbón a la empresa generadora requiere una compensación por el riesgo que asume. Para ello el contrato estaría fijado en un precio muy alto y eso no les conviene a empresas para las que la electricidad es solo una parte menor de sus costos. Por lo tanto, ellas deberían asumir la mayor parte del riesgo de precios en un ambiente con tanta incertidumbre. Recordemos que las empresas generadoras siguen absorbiendo el riesgo de contratos a precios relativamente fijos firmados años atrás, con precios muy distintos y por los cuales tienen pérdidas.

En resumen, la actual asignación de riesgo podría ser la eficiente, aunque ello haga difícil competir a las empresas chilenas en mercados en que el precio de la energía es mucho menor.

R.Fischer

Hace unas dos semanas publique una columna en La Segunda sobre las licitaciones pesqueras. Posteriormente, Jorge Quiroz envió una carta a La Segunda en la que acepta buena parte de mis argumentos, salvo la parte principal, es decir la licitación de cuotas individuales de pesca. En ella, argumenta que, tal como no hay licitaciones en la minería, tampoco debería haberlas en la pesca.

Como no tenía interés en una disputa por los diarios, respondí en este blog (esto me permite responder para mi propia satisfacción, en forma cuasi-privada). Pero el lunes La Segunda sacó una nota sobre Jorge Quiroz en la que se mencionaba que habría refutado mis argumentos. Mi vanidad intelectual se despertó y escribí la siguiente carta, que fue publicada en La Segunda de ayer:

Sr. Director,
No había querido contestar la carta de Jorge Quiroz en la que se refería a mi columna sobre licitaciones pesqueras aparecida hace dos semanas. Sin embargo, la nota de anteayer en que se menciona que Jorge Quiroz habría “refutado” los argumentos de mi columna me obliga a responder.

Jorge Quiroz sostiene que yo estaría cayendo en una contradicción lógica al estar a favor de la licitación de cuotas individuales de pesca sin pretender lo mismo en el caso de la minería. Pero el argumento es erróneo, ya que las rentas económicas en la pesca y la minería tienen orígenes distintos. Es por eso que en un caso se justifican las licitaciones, y en el otro no.

En minería hay libre entrada al sector, y las rentas se producen porque unas minas tienen mejor ley y en consecuencia, menores costos que otras. En la pesca, los armadores que sobreexplotaron el recurso pesquero en el pasado consiguieron que la Ley General de Pesca cerrara la entrada a las pesquerías en plena explotación. Sin embargo, una vez establecida una cuota global de captura debido a la sobreexplotación, no hay motivo biológico para impedir la entrada a la pesquería. Posteriormente, la competencia se redujo aún más cuando se les asignó cuotas individuales a los armadores, usando como base sus capturas históricas.

Estoy de acuerdo que las cuotas individuales son económicamente eficientes, pero se debe observar que crean una renta económica solo porque evitan que los armadores compitan entre sí. No es lo mismo que en la minería, en que no se restringe la entrada ni se impide la competencia por yacimientos.

Esa diferencia por si sola explica que en la pesca sea necesario licitar: las cuotas individuales de pesca crean riqueza por obra y gracia del Estado, y es natural que no se transfieran gratis a los armadores. Si lo único que se deseaba era mantener a la especie, bastaba con la cuota global de pesca, sin limitar la entrada.

Habría querido dejarlo ahí, pero Jorge Quiroz no descansa y hoy apareció una nueva carta a La Segunda (que ya debe estar hastiada del tema). En ella, junto con criticar a Eduardo Bitrán, aprovecha para volver al tema de las licitaciones. Señala que:

Eso es lo que se ha hecho en minería, sector que contrario a lo que señala el profesor Fisher [sic], si es muy similar a la pesca, porque los pórfidos más ricos en cobre –sin ir más lejos el pórfido más grande que se conozca a nivel mundial– si están con acceso virtualmente cerrados a terceros, por la sencilla razón de que, como en el sector pesca, otros empresarios y empresas tuvieron a bien invertir y correr los riesgos correspondientes, antes que otros actores.

En una reunión (antes que viera su nueva carta), Jorge Quiroz me contó que la había escrito de madrugada. Supongo que eso explica la calidad del argumento. Las cartas hay que releerlas antes de enviarlas.

R. Fischer

El gobierno ha enviado una ley, con suma urgencia, para hacerle la vida más difícil a fumadores y restaurantes. La propuesta de ley prohíbe fumar en casi todos los recintos privados y algunos abiertos, como estadios. También se prohíbe la venta de chicles y pastillas con nicotina. Asimismo, exige que los expendios de tabaco se ubiquen a más de 200 metros de los colegios.

No soy fumador desde hace muchos años (e incluso entonces, en forma limitada), pero me parece que la propuesta va mucho más allá de lo que es aceptable en una sociedad libre. En una sociedad libre las personas son capaces de decidir por sí mismas los riesgos que toman, y que no hay un hermano mayor –a lo Orwell– que les indique lo que deben hacer. Esta propuesta tiene todas las características del hermano mayor,y es típica de un Ministro de Salud que parece creer que el tiene el derecho de decidir como deben comportarse las personas.

Se entiende la prohibición del expendo de tabaco en la cercanía de los colegios. En nuestra sociedad, los menores de dieciocho años no son ciudadanos con todas sus atribuciones, ya que no pueden votar, por ejemplo. Es decir, la sociedad supone que no han llegado al nivel de juicio que les autorice a tomar todas las decisiones de personas libres en forma autónoma, En tal caso, la sociedad puede decidir por ellos que es apropiado.

Se entiende la prohibición de fumar en restaurantes que no separan sitios para fumadores, pues en tal caso se verían expuestos al humo quiénes no fuman. Es natural tratar de evitar esta externalidad exigiendo separación, o alternativamente, designando el restaurante como uno que es solo para fumadores, o no fumadores. Hasta aquí llega, razonablemente la ley existente.

Otra cosa es prohibir fumar en lugares cerrados, aunque todos los que asistan lo hagan voluntariamente. Esto es inaceptable en una sociedad de individuos libres, por muy bueno que eso sea para la salud. Incluso menos aceptable es que se prohíba la venta de productos con nicotina. La nicotina puede ser adictiva, pero no he oído de casos en los que comer chicles con nicotina haya causado cáncer al pulmón. Se trata, por lo tanto, de una intromisión aún más inaceptable en las libertades de las personas, ya que se prohíbe el uso por los efectos que podría «inducir».

El único punto favorable de la medida es que es tan extrema que los individuos no la van a respetar. Se trata, de un nuevo caso de nuestra antigua manía de hacer leyes cada vez más estrictas cuando no se respetan las anteriores, siendo que lo que se requiere es fiscalizar mejor su cumplimiento. También es sorprendente que los gobiernos de la Concertación, cuando impusieron las leyes antifumadores, fueron mucho más cuidadosos con las libertades individuales que el gobierno actual.