R. Fischer
Una de las características de nuestros tiempos es el empoderamiento de la ciudadanía. Desconfían de los políticos, entre otras cosas porque se teme que hayan sido cooptados por grupos de presión o por objetivos electorales. Los ciudadanos ya no desean que las autoridades dicten las políticas públicas con su aquiescencia, sino que consideran legítimo que las políticas se discutan en el foro público. Además, se supone que todas las opiniones son legítimas, poco importando cuán bien informado están los que las emiten.
En algunos temas especialmente sensibles (tales como los ambientales o educacionales) se desconfía incluso de los expertos, pese a que éstos puedan haber trabajado, pensado o investigado por años en el área. Después de todo, se piensa que han debido trabajar para el Estado o las empresas del sector, por lo que sus opiniones no son confiables. Eso lo vemos en la facilidad como se ha descalificado a la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico (de la que soy miembro) o a la recientemente nombrada Comisión de Educación.
Como alternativa, se ha planteado la constitución de comisiones con participación de grupos de interés, como el Colegio de Profesores, los estudiantes organizados o los ecologistas duros. El inconveniente es la intransigencia de grupos que no están en la Comisión para alcanzar acuerdos en beneficio de la sociedad, y que ponderen los costos y beneficios de las soluciones propuestas, sino que participan para conseguir sus objetivos como grupo de presión. Al menos las comisiones formada por expertos analizan con conocimiento y algún equilibrio los temas, pues su reputación depende en gran medida del calidad de los razonamientos y no solo de los resultados, a diferencia de los grupos de interés para los que solo cuenta conseguir sus metas.
Las audiencias públicas abiertas tampoco ayudan a tomar decisiones equilibradas, porque normalmente son capturadas por los grupos de interés, ya que son los únicos organizados. Sus intereses difieren de los de la ciudadanía supuestamente representada por estos grupos, por lo que es dudoso que por esta vía se consiga empoderar a la ciudadanía.
Otra alternativa que se ha planteado es que estos temas se decidan mediante plebiscitos. La experiencia de California –con su sistemas públicos, especialmente el sistema educativo, desfinanciado y de calidad cada vez peor– nos muestra que es un mal sistema (algo que la teoría de la ciencia política ha demostrado) y que en es preferible la democracia representativa.
El problema de los plebiscitos es nuevamente la captura por grupos de interés. Primero, hay captura de la pregunta: distintas formas de plantear un tema llevan a distintas respuestas de una misma persona, por lo que los grupos de interés luchan por plantear la pregunta de la forma que les conviene. Esto refleja un problema más fundamental: la mayoría de las personas no tiene tiempo para pensar profundamente sobre un tema, y discernir los pro y los contra de una propuesta de políticas públicas y deciden en base a razonamientos superficiales. Tal como un gobierno no puede actuar en base a encuestas, tampoco debería usar plebiscitos para tomar decisiones que –si son de gran importancia– deberían estar incluidas en su programa de gobierno.
¿Cómo entonces permitir una participación ciudadana legítima e informada? Hay una experiencia de Dinamarca que podría ser útil estudiar con cuidado. En ese país se elige un grupo de ciudadanos normales a los que se les encarga estudiar durante algún tiempo el tema en conflicto, con presentaciones de expertos de las distintas posiciones en disputa, a los que les pueden hacer preguntas. Luego de estudiar, reflexionar y discutir el problema entre ellos, preparan un informe con sus conclusiones y recomendaciones. El mundo político puede adoptar o no las conclusiones del panel ciudadano, pero enfrenta un costo político si no les da importancia. En Dinamarca esto paneles ciudadanos han tenido un rol importante en la adopción de decisiones difíciles y son consideradas un elemento importante de participación ciudadana.
Adoptar un sistema de paneles ciudadanos permite resolver el dilema de cómo permitir la participación ciudadana sin que ésta sea capturada por grupos de interés. Al mismo tiempo es una participación reflexiva, que sopesa los distintos aspectos del tema en cuestión. Por su composición, es difícil descalificarla por supuesta cooptación de sus integrante, como ocurre actualmente con las Comisiones de Expertos. Como las conclusiones no son vinculantes, el poder constituido puede –si cree que es lo más adecuado para el país — desoir las conclusiones del Panel, aunque con ello se expone a un castigo político.
Es una experiencia interesante que deberíamos examinar con cuidado, porque creo que podría resolver varios de los problemas que enfrentan nuestras decisiones de políticas públicas. Sería necesario experimentar un poco para determinar si es posible que con nuestra cultura política podamos adoptar un mecanismo ajeno a nuestras tradiciones y experiencia. Si se pudieran adaptar a nuestra idiosincrasia, los paneles ciudadanos podrían ser un elemento importante en el diseño de nuestras futuras políticas públicas.
