Tirosinemia y sistema de salud

Esta extraña enfermedad genética impide que el individuo metabolize el aminoácido tirosina. El resultado es una falla hepática si el individuo no es tratado (para más información sobre la tirosinemia, ver Genetics Home Reference o emedicine). Existe un medicamento para tratar esta enfermedad, pero es de elevadísimo costo: $10 millones mensuales. Luego de un recurso de protección en favor de 9 niños (o tal vez 10, si se incluye el caso de un niño perteneciente a una ISAPRE) el Miinsal se ha comprometido a seguir pagando el tratamiento de los niños, como lo había hecho en el pasado, y a proponer un </aproyecto de Ley para financiar enfermedades de alto costo y baja prevalencia.

El problema de las enfermedades de alto costo es conceptualmente difícil de analizar. En el caso de los niños, será difícil encontrar alguien que esté en desacuerdo con el apoyo del Estado, pese a los costos que significa. Los $1.000 millones que se estima costará la enfermedad en solo un año podría financiar unas 50 casas para familias sin hogar por el terremoto, o tal vez se podría entregar más dosis de vacuna contra la influenza, lo que tal vez salvaría más vidas. Pero esas son vidas anónimas, aleatorias, cuyos nombres no se conocen, mientras que las familias de niños (o niñas) con tirosinemia saben que son sus hijos los que enfrentan un riesgo cierto de muerte sin tratamiento.

Para ir al otro extremo, supongamos el caso de un criminal confeso de un crimen horrible, condenado a prisión cadena perpetua, al que se le diagnostica la misma enfermedad. Es probable que la sociedad elija no darle un tratamiento de este costo (porque muchos pensarían que no se lo merece). Pero, en tal caso no toda las vidas son igual de valiosas. Este tipo de análisis, que se podría continuar con un ejemplo intermedio, el de un anciano de 90 años al que se le diagnostica una enfermedad de alto costo muestra que el derecho a la Salud no es un derecho de orden superior, sino que está limitado por la capacidad económica de la sociedad y los méritos del receptor. Tal vez los miembros del TC deberían reflexionar estos temas antes de tomar decisiones.

El 7% de salud de los ancianos

La eliminación del pago del 7% de los ingresos de los ancianos destinado a salud será una medida popular, pero ciertamente no es una buena medida. No existe razón para suponer que esta es la forma apropiada de ayudar a las personas de menores ingresos. Primero, porque lo que se debe hacer es ayudar a estas personas identificando a las que tienen menores ingresos, muchas de las cuales no pertenecerán al segmento de la tercera edad. Sin embargo, se discrimina entre una anciano con un ingreso en el primer quintil y una persona más joven perteneciente al mismo quintil. Es posible incluso que la persona en la tercera edad, con su casa propia y sin deuda, y sin familia que mantener, tenga más ingresos libres que una persona más joven. Se trata de una medida populista, apoyada por todo el espectro político.

Además es una medida peligrosa, pues rompe la disciplina de considerar a las personas, a la hora de los subsidios, solo por las características relevantes desde el punto de vista de sus necesidades (exceptúo el caso de los pueblos originarios, a los que ya se los favorece en forma discriminatoria), y no por características como la edad, que no son relevantes a este efecto.

Es decir, ¿por qué el Estado establece diferencias entre dos tipos de ciudadanos en base a esta característica? Seguramente porque los ancianos votan, y porque cada vez aumenta más su peso relativo en las elecciones.

Una idea para la salud privada

De una conversación con Harald Beyer (aunque no sé si está de acuerdo con la forma como interpreto la idea) se nos ocurrió una alternativa para renovar completamente el sistema de salud privada. En vez de continuar con el sistema ISAPRE actual, se podría cambiar a la obligación de comprar solamente el seguro catastrófico que ya ofrecen las ISAPRES. Este seguro protege contra lo que realmente importa: las enfermedades de alto costo y las crónicas, que llevan las familias a la quiebra.

Para los demás gastos de salud, las personas podrían pagarlos de su bolsillo o podrían contratar seguros privados como los que ya existen, que serían libres para ofrecer distintos niveles de cobertura y calidad de atención. El problema que normalmente tienen los seguros privados es que las empresas de seguros de salud son libres de no renovar sus contratos con cotizantes de alto costo (a diferencia de las ISAPRES que están obligadas a renovar contratos). Bajo este plan, eso no sería un problema demasiado importante, pues la razón para la no renovación es normalmente el costo de las enfermedades de alto costo que tienen efectos recurrentes a futuro, y éstos estarían cubiertos por el seguro catastrófico.

Se puede interpretar el plan como la obligación de todos los afiliados al sistema privado de contratar un seguro catastrófico con un gran deducible. Todo lo demás en materia de salud es responsabilidad del cotizante. Desde el punto de vista de la libertad de las personas, esto es preferible a un sistema que obliga a gastar mucho más en salud, montos que se utilizan luego para pagar atenciones rutinarias.

Lo que falta en todo esto es como trasladar la idea al sistema público. Una posiblidad es que el Estado pague el seguro catastrófico a las personas de menores ingresos y les entregue un voucher para comprar seguros de salud privados para los gastos no catastróficos. Hay que darles más vueltas a estas ideas.