Categoría: Economía política

Cuándo usar plebiscitos

R.Fischer

El Financial Times de hoy tiene una interesante reflexión (ocasionada por el referendo en Grecia) sobre la democracia y los plebiscitos:

That said, Mr Papandreou’s sudden pledge to hold a referendum is a mistake. The Greek people deserve to have their say on the crisis. But a better way of fostering public debate would be to hold an election.
The reasons that a Greek election would be preferable to a referendum are to do with the nature of referenda and the current crisis.

In a democracy, policy questions are best decided by elected representatives. Referenda are appropriate when the constitutional order is being changed. Constitutions set the rules of the game for generations to come. Elected politicians are also part of the constitutional order – and therefore not best placed to decide impartially on its structure. Direct democracy makes sense in such a situation.

¿Cómo se aplicaría esto a las peticiones de plebiscito que tanto entusiasmo provocan en algunos? Cuando se plantean cambios constitucionales importantes que cambian el sentido de ésta –lo que no es lo mismo que cambios que proponen incorporar temas que no deberían estar en la constitución en primer lugar– es razonable pensar en plebiscitos. Por ejemplo, puede ser razonable pensar en plebiscitos para reformar la constitución en temas de descentralización, o acaso en el voto de los no residentes, pero no en temas de política contingente. Para eso elegimos representantes mediante el proceso democrático.

Paneles ciudadanos

Adoptar un sistema de paneles ciudadanos permite resolver el dilema de cómo permitir la participación ciudadana sin que ésta sea capturada por grupos de interés.

R. Fischer

Una de las características de nuestros tiempos es el empoderamiento de la ciudadanía. Desconfían de los políticos, entre otras cosas porque se teme que hayan sido cooptados por grupos de presión o por objetivos electorales. Los ciudadanos ya no desean que las autoridades dicten las políticas públicas con su aquiescencia, sino que consideran legítimo que las políticas se discutan en el foro público. Además, se supone que todas las opiniones son legítimas, poco importando cuán bien informado están los que las emiten.

En algunos temas especialmente sensibles (tales como los ambientales o educacionales) se desconfía incluso de los expertos, pese a que éstos puedan haber trabajado, pensado o investigado por años en el área. Después de todo, se piensa que han debido trabajar para el Estado o las empresas del sector, por lo que sus opiniones no son confiables. Eso lo vemos en la facilidad como se ha descalificado a la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico (de la que soy miembro) o a la recientemente nombrada Comisión de Educación.

Como alternativa, se ha planteado la constitución de comisiones con participación de grupos de interés, como el Colegio de Profesores, los estudiantes organizados o los ecologistas duros. El inconveniente es la intransigencia de grupos que no están en la Comisión para alcanzar acuerdos en beneficio de la sociedad, y que ponderen los costos y beneficios de las soluciones propuestas, sino que participan para conseguir sus objetivos como grupo de presión. Al menos las comisiones formada por expertos analizan con conocimiento y algún equilibrio los temas, pues su reputación depende en gran medida del calidad de los razonamientos y no solo de los resultados, a diferencia de los grupos de interés para los que solo cuenta conseguir sus metas.

Las audiencias públicas abiertas tampoco ayudan a tomar decisiones equilibradas, porque normalmente son capturadas por los grupos de interés, ya que son los únicos organizados. Sus intereses difieren de los de la ciudadanía supuestamente representada por estos grupos, por lo que es dudoso que por esta vía se consiga empoderar a la ciudadanía.

Otra alternativa que se ha planteado es que estos temas se decidan mediante plebiscitos. La experiencia de California –con su sistemas públicos, especialmente el sistema educativo, desfinanciado y de calidad cada vez peor– nos muestra que es un mal sistema (algo que la teoría de la ciencia política ha demostrado) y que en es preferible la democracia representativa.

El problema de los plebiscitos es nuevamente la captura por grupos de interés. Primero, hay captura de la pregunta: distintas formas de plantear un tema llevan a distintas respuestas de una misma persona, por lo que los grupos de interés luchan por plantear la pregunta de la forma que les conviene. Esto refleja un problema más fundamental: la mayoría de las personas no tiene tiempo para pensar profundamente sobre un tema, y discernir los pro y los contra de una propuesta de políticas públicas y deciden en base a razonamientos superficiales. Tal como un gobierno no puede actuar en base a encuestas, tampoco debería usar plebiscitos para tomar decisiones que –si son de gran importancia– deberían estar incluidas en su programa de gobierno.

¿Cómo entonces permitir una participación ciudadana legítima e informada? Hay una experiencia de Dinamarca que podría ser útil estudiar con cuidado. En ese país se elige un grupo de ciudadanos normales a los que se les encarga estudiar durante algún tiempo el tema en conflicto, con presentaciones de expertos de las distintas posiciones en disputa, a los que les pueden hacer preguntas. Luego de estudiar, reflexionar y discutir el problema entre ellos, preparan un informe con sus conclusiones y recomendaciones. El mundo político puede adoptar o no las conclusiones del panel ciudadano, pero enfrenta un costo político si no les da importancia. En Dinamarca esto paneles ciudadanos han tenido un rol importante en la adopción de decisiones difíciles y son consideradas un elemento importante de participación ciudadana.

Adoptar un sistema de paneles ciudadanos permite resolver el dilema de cómo permitir la participación ciudadana sin que ésta sea capturada por grupos de interés. Al mismo tiempo es una participación reflexiva, que sopesa los distintos aspectos del tema en cuestión. Por su composición, es difícil descalificarla por supuesta cooptación de sus integrante, como ocurre actualmente con las Comisiones de Expertos. Como las conclusiones no son vinculantes, el poder constituido puede –si cree que es lo más adecuado para el país — desoir las conclusiones del Panel, aunque con ello se expone a un castigo político.

Es una experiencia interesante que deberíamos examinar con cuidado, porque creo que podría resolver varios de los problemas que enfrentan nuestras decisiones de políticas públicas. Sería necesario experimentar un poco para determinar si es posible que con nuestra cultura política podamos adoptar un mecanismo ajeno a nuestras tradiciones y experiencia. Si se pudieran adaptar a nuestra idiosincrasia, los paneles ciudadanos podrían ser un elemento importante en el diseño de nuestras futuras políticas públicas.

Juan Antonio Morales en prisión

R. Fischer

Hace poco supe de la detención de Juan Antonio Morales, ex presidente del Banco Central de Bolivia y uno de las personas más honorables que he conocido. El Fiscal Nacional lo acusa de peculado, tráfico de influencias y otros delitos, algo incompatible con su estilo de vida tranquilo y su carácter académico. Según parece, la acusación es porque pagos que eran legítimas hace algunos años han sido declaradas ilegales ahora. Se le acusa de recibir sobrepagos (Bolivia usaba el mecanismo de gastos reservados para aumentar los sueldos de personeros importantes, tal como se hacía en Chile hasta unos años), práctica legal cuando se hicieron, aun cuando no sería aceptable ahora. Pero perseguir delitos en forma retroactiva, es decir declarados ilegales posteriormente, viola principios elementales de justicia.

J. A. Morales detenido

Foto de El Comercio.

En el pasado (en la época que lo conocí), Juan Antonio Morales ya había sido acusado ante la justicia en un caso que escondía motivaciones políticas. Según recuerdo, en 1997 se había opuesto –como debía hacerlo en razón de su cargo– al uso de los recursos del Banco Central para apoyar alguna operación de carácter ilícito. Ahora vuelve a aparecer ese caso, que es bien conocido por su carácter político. En todo caso no se hizo rico: nos conocimos cuando participábamos en el programa Speal de cursos de economía en países latinoamericanos organizado por Patricio Meller. El programa no disponía de grandes recursos, aún cuando ayudaba a mejorar los bajos sueldos académicos de la época. En otra vuelta del programa conocí a otro ex Presidente de un Banco Central, esta vez de Ecuador,el que también estaba acusado en su país, por intentar ser decente y no dejarse presionar por el gobierno.

Pese a que Juan Anotnio Morales no hizo ningún intento de escapar a sus acusaciones, se ordenó su denteción domiciliaria (luego de dejarlo unas horas en la cárcel, de donde debió ser trasladado a una clínica), en un claro intento de atemorizar a los opositores al gobierno, porque si una persona con los antecedentes de J.A. Morales puede ser detenido sin causa, todos pueden serlo.

El caso ha causado repudio general, porque Juan Antonio Morales es uno de los académicos más serios de Bolivia, sin intereses políticos –al menos de corto plazo–, y el gobierno boliviano ha tratado de desmarcarse de un caso impresentable.

Dado lo que se de la pèrsona de J. A. Morales, y que las justicia boliviana no es conocida por su calidad ni por su imparcialidad frente al ejecutivo, no tengo dudas en solicitar que Jose Antonio Morales sea liberado y que las acusaciones retroactivas sean desechadas.

Ideología, conocimiento y pensamiento

R. Fischer

Una de las ventajas de una ideología es que simplifica la vida. Funciona como una taquigrafía del conocimiento en temas de política pública. Los temas de política pública son siempre complicados, los que explica porque a menudo las políticas publicas bien concebidas toman formas complejas, que tratan de equilibrar distintos efectos (aunque el lobby también puede influir). Pero si una política pública está mal implementada, personas que no entienden el problema lo interpretan de acuerdo a su ideología. Esto es mucho más fácil que analizar el problema cuidadosamente, tratando de determinar si el problema es fundamental o simplemente un defecto que puede corregirse.

Un ejemplo obvio es la relación simplista que se hace entre calidad de la educación y lucro. El problema tiene su origen en que en un sistema con poca información, un proveedor que ofrece un producto de mala calidad no es fácilmente distinguible de uno que provee buena calidad, por lo que tiende a desplazarlo en el corto plazo. En el largo plazo, la reputación puede resolver ese problema, pero el costo de la transición puede ser elevado, por lo que es útil obligar a proveer buena información al mercado.

Traduciéndolo al castellano, si una universidad con fines de lucro ofrece un mal servicio educativo porque es rentable ahorrar recursos docentes, en varios años más, al conocerse los malos resultados de sus graduados, futuros estudiantes la descartarán como alternativa (sobre todo si el sistema es pagado –no socializado– y los costos de la educación se sienten en el bolsillo). Pero entre tanto, los estudiantes que no fueron informados sufrieron las consecuencias.

Es por ello que se requiere información, para que la mala calidad se descubra pronto. Para ello pueden ayudar los sistemas de acreditación, pero no mucho. El problema es que las agencias no hacen juicios de valor porque nuestra sociedad prefiere juicios basados en cifras cuantitativas (números de docentes jornada completa con posgrado, etc) al buen juicio del experto que decide por su experiencia y no por cifras cuyo espíritu puede ser adulterado.

Más fundamentalmente, se debe entregar al público la información sobre el desempeño de los egresados de las carreras y universidades. Esta información existe, pero no se puede publicar salvo en forma agregada, y esto debería cambiar. Si un estudiante supiera que si estudia en la carrera A en la universidad X su salario no superará los $300.000 mensuales, tal vez reflexione, elija otra carrera, otra universidad o prefiera seguir una carrera técnica.

Este cambio menor (proveer información desagregada del desempeño de los egresados) eliminaría muchas de los problemas que se han criticado a las universidades con fines de lucro. Por ejemplo, la publicidad sería menos útil frente a esta información dura de ingreso de los egresados, y probablemente las universidades destinarían al menos parte de los recursos a objetivos más directamente relacionados con la docencia. Por su parte, los dueños de una universidad que extrajera demasiadas rentas sin destinar recursos a la docencia también tendrían problemas. Es decir, esta medida tendría consecuencias profundas.

En realidad, y aquí vuelvo al tema original, la posición en contra del lucro en educación es fundamentalmente ideológica, pero de esas ideologías de anteojeras, que impiden pensar correctamente –y eso incluye a personas que supuestamente entienden de economía–. El argumento es que el mercado no funciona en educación porque hay diferencias de calidad que no se advierten en forma inmediata y que eso llevaría a equilibrios perversos. Hay dos puntos que decir respecto a este argumento.

Primero, que existen muchos mercados con esas características: seguros de vida, viviendas, automóviles y en general cualquier bien durable, cuya calidad no es conocida de inmediato. En algunos casos las fallas del mercado se corrigen mediante regulación y en otras mediante reputación, pero esos mercados existen y funcionan razonablemente bien, aunque le pese a nuestros economistas-ideólogos.

Segundo, en general la alternativa no es mejor. Tal como no deseamos autos fabricados por una empresa estatal (adelante Zyles, Moskyvas, Ladas y Yugos), ni menos sus refrigeradores, y hemos visto como las pensiones estatales se reducen en toda Europa,no es nada claro que sea una mejor solución pasar a un sistema de universidades del Estado –más allá de las ya existentes–.
Las universidades del Estado enfrentan el problema de la ausencia de incentivos. Esto lo vemos en el hecho que muchas de las universidades del Cruch no cobran menos que las privadas, ofreciendo un servicio docente que no es mejor. Además, es más complejo mejorar el rendimiento de una universidad estatal que el de una universidad privada. Como hemos visto, la provisión de información mejora la situación en el mercado privado, pero no queda claro cuál es el mecanismo para mejorar la calidad de las universidades estatales deficientes. ¿Entonces, en que sentido se puede decir que eliminar el lucro producirá una mejora?

En conclusión, la ideología ciega, incluso a personas inteligentes. En ese caso me parece una ceguera intencional, pero para la mayoría de la gente la ideología les ahorra la necesidad de conocimiento y de pensamiento. Esto es una estrategia razonable, ya que las personas tienen cosas más importantes a las que dedicarse, pero por lo mismo, las respuestas ideológicas no deben guíar las políticas públicas.

¿Cuál es el problema con las universidades privadas con fines de lucro?

R. Fischer

Ayer pasé por la Universidad San Sebastían en Pío Nono y me sorprendió ver tantos estudiantes salir de los edificios isntitucionales con caras alegres, conversando sobre sus estudios –o lo que sea de lo que conversan los estudiantes–. Al lado, la Escuela de Derecho de la U de Chile desolada, porque sigue en paro.

Y me puse a pensar que era raro que los estudiantes de las universidades del Cruch protesten contra el lucro. El lucro supuestamente perjudicaría a los estudiantes que estudian en universidades que persiguen el lucro, como probablemente los es –a través de algún mecanismo– la Universidad San Sebastían.

Es raro, porque si los estudiantes de la San Sebastían se sintieran perjudicados por el lucro, ¿no deberían ellos estar protestando en conjunto con los estudiantes del Cruch? No es que en esas universidades haya una dictadura que impida las protestas, y sin embargo, no se observan, al menos sobre este tema. Tampoco creo que los estudiantes del Cruch sepan mejor lo que les conviene a los estudiantes de las universidades privadas que los de la San Sebastían, que son los directamente afectados por los vicios del lucro. Pensar así es ser paternalista y suponer que por estar en una universidad del Cruch los estudiantes son superiores a sus colegas de universidades privadas (esto puede ser el caso de las universidades de élite, pero el Cruch incluye universidades que están lejos de serlo).

Llego a la conclusión que, como en la mayoría de los casos en que un grupo de presión dice actuar sacrificadamente en favor de supuestas víctimas (a las que el tema no les importa), la motivación tiene un fin distinto. Ese objetivo puede ser político, o puede ser conseguir más recursos –como en el caso de nuestro rector–, o alguna otra cosa, pero la preocupación por las supuestas víctimas es un artefacto utilizado para disfrazar los objetivos reales ante la opinión pública (ver por ejemplo el caso de la NGA y la U. de Chile.).

Los defensores de los estudiantes me dirán que la población apoya totalmente a las demandas de los estudiantes. Les contesto con una analogía. Supongamos que los estudiantes del Cruch comenzaran una protesta similar por reducir la jornada semanal a 25 horas. La opinión pública los apoyaría, porque ¿quién no desearía trabajar solo 25 horas a la semana? ¿Significa eso que deberíamos implementar las 25 horas porque el público apoya la demanda? Creo que si la opinión pública se diera más tiempo para reflexionar se daría cuenta de los costos de tal medida en un país de ingresos medianos, y castigaría a los políticos que votaran a favor, por muy popular que fuera la idea conceptual.

Mi punto es que el apoyo de la población a menudo es un apoyo al concepto ideal, pero no a su implementación. Por ejemplo, ¿Quién no va estar de acuerdo con mejorar la educación? Pero si hay que cerrar colegios privados subvencionados y se detiene la inversión de las universidades privadas (porque normalmente a los bancos no les gusta prestar a instituciones sin fines de lucro), habrá un enorme costo para los cientos de miles de estudiantes que están actualmente en esas universidades. Y este costo político lo pagarán quiénes obedecieron a la opinión pública sin reflexionar que no era eso lo que quería ésta, sino implementar mejores estándares, recibir más información y mejorar el sistema para pagar por los estudios universitarios.

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Nota: En otras entradas de este blog se analiza el tema de la calidad de la educación con fines de lucro y como se compara con las universidades estatales; el problema de la investigación y el lucro; y otros temas relacionados con la educación. O sea, esta entrada no cubre todos los temas relacionados con el lucro en educación, pero varios de ellos han sido tomados en fechas anteriores en este blog.

John Kay y los lobbies

R. Fischer

El un artículo aparecido hoy en el Financial Times, John Kay muestra el poder de los lobbies. Menciona algunas de sus hazañas, como por ejemplo, que la Comisión Europea haya decidido alargar el plazo del copyright de las grabaciones sonoras de 50 a 70 años, no de aquí en adelante, sino que a obras ya existentes.

Esta medida no favorece al público ni a los creadores de obras –que no viven tanto–, sino aparentemente solo al sello Emi. Lo interesante del tema es que Emi consiguió que los artistas apoyaran la medida, al darles una pequeña comisión sobre las ganancias que obtuviera. Esto también es característico de los lobbies: es importante conseguir el al apoyo de un grupo de interés que tiene buena imagen del público, para que así los intereses del lobby queden disfrazados tras la compasión del público no informado por el grupo de interés.

Los ejemplos abundan. Un caso –un poco menos importante ahora que los precios del azúcar son tan elevados– son los pequeños campesinos a los que Iansa contrata para producir remolacha. Aparentemente, es poco eficiente para Iansa comprarles, pero cuando Iansa requiere apoyo político para imponer barreras a las importaciones de azúcar barata, consigue que salgan a la calle estos pequeños agricultores a protestar en su favor. Lo mismo pasa cuando en la pesca se forma un solo grupo de todos los pescadores que no son industriales en la mal llamada categoría de lso los «aretesanales». Con este nombre queda la impresión de que se trata de los pescadores de caleta, pese a que este grupo es solo un componente menor e irrelevante en la pesca artesanal, dominada por pesqueras semi-industriales que depredan los recursos.

Pero me desvío del tema, ya que Kay prosigue analizando el caso de la extensión del copyright y escribe:

The proposal has been beaten off several times by a small group of disinterested people – mainly academics. But they are under-resourced, and have other things to do. The lobbyists, in contrast, are over-resourced and have nothing else to do. Wherever the proposal is rejected, its advocates revive it in another forum at another time. Eventually they get their way. The lobbyists never go away.

Este párrafo me hace recordar la carta de un grupo de economistas académicos –entre los que me cuento– en favor de la licitación de las cuotas de pesca, y a no entregarlas en forma gratuita a sus actuales tenedores. Es posible que la carta retrase un poco la licitación de las cuotas de pesca, pero como escribe Kay, los lobbies son más persistentes que los académicos, que a fin de cuentas, tienen otros temas en los que trabajar mientra los lobbies tienen un solo tema en vista.

Desde los archivos: Gobierno de las universidades estatales

R. Fischer

Jorge Zalaquett tiene hoy una columna en La Tercera en la que propone una alternativa al sistema actual de gobierno de las universidades estatales. Actualmente la mayoría tienen una elección para el rector en la que participan los académicos como electores. Los alumnos desean participar, junto a los funcionarios, creando un sistema triestamental.

Por varios motivos, algunos de los cuales son planteados por el profesor Zalaquett, el sistema actual de gobierno es una mala idea, que imagina que todas las instituciones tienen que ser gobernadas por elecciones. El error es que las universidades son entes de carácter meritocrático y no democrático: se respeta y se promueve a los mejores, quienes tienen más derechos que los mediocres. Pero los méritos no son hereditarios y en principio cualquiera puede cumplir las condiciones requeridas, por lo que no es un sistema aristocratizante.

En todo caso, el tema de esta nota es que durante los 90 también hubo un movimiento estudiantil fuerte que mantuvo parada a la U. de Chile durante meses, y en la que los alumnos consiguieron una representación triestamental en el Senado Universitario. En aquél entonces me dediqué a pensar en como mejorar el gobierno universitario.

Llegué conclusión similares a las del profesor Zalaquett y escribí una columna sobre gobierno universitario. No recuerdo si fue publicada y por qué aparece en primera persona plural. ¿Acaso fue circulada e intenté conseguir adherentes? En tal caso no me fue bien.

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Consejo Universitario

10 de noviembre de 1997

Los problemas de la Universidad no solo son serios, sino que la falta de avance en su solución descorazona a académicos, alumnos y administrativos. Se ha acusado de falta de resolución al rector. Sin embargo creemos que en el problema se origina en el mecanismo de generación de autoridades en la Universidad de Chile. Un mecanismo en el que el rector es elegido por el sufragio de los académicos es una receta para que los candidatos a la elección (y en particular a la reelección) no se atrevan a ofender a ninguno de los numerosos grupos de votantes cuyos intereses son heterogéneos. Una restructuración de la universidad que ataque sus problemas necesariamente afectar a ciertos grupos, por lo que en un sistema de elecciones se da la tendencia a no hacer cambios y ni siquiera proponerlos, de manera de no ofender a potenciales votantes.

Proponemos por lo tanto un sistema alternativo: un Consejo de Universidad que elija al rector y a los decanos (posiblemente a proposición del rector) y que trace los grandes lineamientos estratégicos y de desarrollo de la universidad. Este consejo estaría integrado por tres delegados del gobierno, tres académicos y tres representantes de la sociedad civil, tales como asociaciones de empresarios, colegios profesionales u otros. Estos cargos podrían ser elegidos por el presidente o alternativamente, votados por ex-alumnos, quienes son los más interesados en la mantención de la calidad de la Universidad. El Consejo no intervendría en el manejo operativo de la universidad.

La selección del rector se haría mediante un comité de búsqueda, a petición del Consejo Universitario, posiblemente contratando a agencias privadas especializadas. En este esquema, el rector es una figura simbólica de la universidad, delineando públicamente las grandes directrices de desarrollo definidas por el Consejo de Universidad. El rector cumpliría labores de relaciones públicas y de búsqueda de fondos para el desarrollo de la Universidad. El rector dispondría de un pequeño porcentaje de fondos de libre disposición que podría destinar a desarrollar áreas nuevas de la universidad, de acuerdo con las directrices generales del Consejo Universitario.

El poder operativo estaría en manos de los decanos, quienes al se nombrados, no estarían sometidos a las presiones existentes en la actualidad. Los decanos podrían intervenir en departamentos que tienen problemas, de acuerdo a medidas objetivas como caída en los ingresos de alumnos, ranking nacional del departamento, u nivel de investigación. A su vez, el Consejo Universitario podría intervenir en facultades a través del rector, removiendo a los decanos en caso en que las facultades estuvieran en crisis.

Proponemos crear un senado universitario de carácter consultivo, que reflejaría el pensamiento de los académicos sobre la institución. Este senado estaría integrado por académicos de las primeras tres categorías, en una elección de dos etapas: primero a nivel departamental, el que elige delegados que a su vez eligen representantes por facultad. El número de representantes por facultad depende del número de profesores y estudiantes de cada facultad, para reflejar la importancia de ésta en la universidad.

Si examinamos el sistema universitario en EE.UU., país con algunas de las mejores universidades del mundo, observamos que la generación de autoridades es completamente distinta. A pesar de ser un país eminentemente democrático, donde hasta los jueces son elegidos, no existe elecciones de rectores en la Universidad, ya que se reconocen los defectos de tales sistemas. En otros países en que existen universidades gobernadas por académicos o peor aún, con participación de estudiantes y no académicos, la flexibilidad de las universidades y su calidad son a menudo peores.

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Revisando lo que escribí hace casi quince años, creo que cometí algunos errores: la elección de los miembros del Consejo por el Presidente por si solo no es una buena alternativa (aunque me sigue gustando la participación de los los egresados), y es preferible la opción que sus nominados sean aprobados por el Senado como los sugiere el profesor Zalaquett. El otro problema es que el artículo entra en demasiados detalles del gobierno universitario. Habría sido preferible concentrarme solo en el tema del Consejo Universitario, su elección y sus atribuciones.

Exigencias estudiantiles

R. Fischer

Creo que las exigencias de los estudiantes se pueden dividir en dos tipos, con distintos niveles de legitimidad. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las propuestas específicas, pero es claro que las peticiones por menores costos de la educación universitaria, y por mejor calidad de la educación media y básica caen plenamente en lo que se pueden denominar las exigencias legítimas de un movimiento estudiantil.

La petición de terminar con el lucro en la educación escolar es un tema más delicado, porque el Estado y sus representantes elegidos nunca se han opuesto al lucro en los colegios (a diferencia de la educación universitaria) y no es obvio que ello sea la causa de los malos resultados en la educación escolar. Por lo tanto, se trata de una exigencia de tipo moral (la oposición es porque el lucro es malo y no porque genera peores resultados), y esa tipo de exigencias escapa a lo que se podría llamar una petición legítima de los estudiantes como estudiantes –a diferencia de su categoría de ciudadanos que legítimamente votan por políticos que desean eliminar el lucro–.

Pro eso palidece al lado de las demás peticiones estudiantiles. Primero, desean negociar con la autoridades el contenido de la legislación. El problema es que ese es el tipo de temas que corresponde al Congreso, donde los representantes elegidos por los votantes negocian las leyes. Es natural que cuando se discutan leyes hayan consultas a grupos de interés, y que se analicen los detalles con especialistas, pero un grupo de presión no puede imponer, legítimamente, condiciones al gobierno. Nadie los eligió para ello.
Menos aceptable aún es que extiendan sus peticiones a un plebiscito. No soy un experto en teoría política pero hay motivos fundamentales por el que las democracias funcionan con parlamentos y representantes de los votantes y no por democracia directa. Los plebiscitos son manipulables y por ello son una herramienta usual de las dictaduras o de gobiernos que solo en apariencia son democráticos. Además, dan origen a malas políticas, como se ha observado en California.

Los ciudadanos normales tienen muchas otras preocupaciones que ocupan su tiempo como para además requerirles pensar sobre la conveniencia de cambios legales que deben votarse mediante plebiscitos. Por eso, en teoria, eligen a candidatos que representen sus opiniones, pero éstos
deben tener autonomía para estudiar cuidadosamente las leyes y decidir su conveniencia, pensando en lo que conviene a los ciudadanos que los eligieron. La practica es algo más deficiente que esta visión idealizada, pero nunca tanto como en las democracias plebiscitarias. En ellas, un demagogo o un grupo de presión pueden convencer a la ciudadanía de votar a favor de una medida cuyos efectos no han tenido tiempo, ni deseos, ni información para analizarla cuidadosamente y cuyos efectos pueden ser desastrosos.

Recordemos que los políticos actuales se han vuelto menos respetables, no porque sean más corruptos que antes –probablemente con los estándares actuales todos los políticos del pasado serían corruptos–, sino porque cambian sus opiniones de acuerdo a las encuestas de opinión. Luego de un crimen violento, la ciudadanía quiere penas más duras para los criminales y los políticos obedecen y cambian las leyes. Poco tiempo después, se condena injustamente a alguien y el clima se vuelve contra las condenas largas y estas se reducen, en un ciclo de malas decisiones políticas. Manejarse por encuestas es casi equivalente que el gobierno se maneje por plebiscitos, y los resultados son malas políticas. La petición de un plebiscito no le corresponde a los estudiantes, ni sería sano para nuestra sociedad manejarse por ellos.

Postcript: Mi colega Matteo Trozzi me cuenta que en Italia los plebiscitos funcionan razonablemente bien. Pero tienen muchas salvaguardas: la peticiones deben ser aprobadas por el equivalente a nuestro tribunal constitucional, lo que hace que el proceso sea lento, dándole tiempo a los ciudadanos para reflexionar sobre la decisión. Tal vez lo más importante es que se trata de temas que los políticos no desean tocar y prefieren dejarle la responsabilidad a los ciudadanos: temas como el divorcio y el aborto. Son temas que las personas entienden, que pueden sopesar, sobre los que tienen opiniones, y sobre todo, son temas que espantan a los políticos. No es el caso en los temas solicitados por los estudiantes.

Inconsistencias

R. Fischer

Ambrose Bierce escribió el Diccionario del Diablo, Flaubert tiene, al final del Bouvard y Pecuchet, un diccionario de ideas recibidas, Más humildemente, voy a comenzar una lista de inconsistencias. Se aceptan contribuciones.

1. El otro día vi a un grupo de estudiantes arrastrando neumáticos para quemarlos en las calles. Es probable que muchos de ellos hayan participado en las marchas en contra de Hidroaysén y por la defensa del medio ambiente y .

2. Los diputados que quieren reducir el impuesto a los combustibles y al mismo tiempo apoyan la propuesta en pro de las energías renovables, por ejemplo, el 20-20.

3. Quiénes, con el apoyo de ONGs internacionales, se oponen a proyectos de inversión porque pertenecen a multinacionales.

4. Los que apoyan tanto los derechos humanos como un valor esencial, pero también al gobierno de Cuba.

5. Los pechoños con amante.

6. Los parlamentarios que aceptan que en las elecciones voten chilenos en el extranjero sin vínculos con el país, pero ahora tienen problemas con la inscripción automática, porque no se puede determinar a que circunscripción corresponden los nuevos votantes, ya que no hay un registro de domicilios. Después de todo, deberían poder votar en cualquier circunscripción, ya que no son necesarios los vínculos.

No se me ocurren más por el momento. Pero la lista sigue.

Free banking

R. Fischer

Sigo con el tema de la banca libre examinado ayer. En esa doctrina, a los bancos comerciales privados se les permite emitir billetes de curso legal. No se debe olvidar que en Chile los bancos podían emitir billetes durante el siglo XIX y tal vez incluso hasta comienzos del siglo XX (es difícil hallar buena información de la historia bancaria en Chile, e incluso los libros publicados recientemente son deficientes, como lo señala Couyoumdjian en su evaluación del libro de César Ross, «Poder, mercado y Estado. Los bancos en Chile en el siglo XIX»).

Los austríacos piensan que la banca libre es un elemento fundamental de la libertad económica y que ayudan a limitar las crisis del sector financiero. Según ellos, las intervenciones de los bancos centrales son las que provocan los ciclos económicos, o son las que los magnifican. M. Friedman (que no es austriaco) acusó al Fed por agravar una crisis normal en la gran depresión. Los austríacos van más allá en su condena de los bancos centrales, ya que Friedman pensaba que el Fed nunca más cometería los errores del perídoo 29-33. En cambio, en 1952 von Mises acusaba al Fed de ser el causante de todos los problemas monetarios de los EEUU (uno se pregunta ¿cuáles crisis en la posguerra hasta 1952?).

Claro que los austriacos –así como muchos críticos de casi todos los sectores– acusan a Greenspan de ser uno de los grandes responsables de la crisis de 2008. En este caso, Greenspan tiene culpa, pero por dos motivos: tanto por su enfoque antiregulación financiera como por sus políticas monetarias que no consideraron el efecto de las tasas sobre el precio de los activos, ayudando a impulsar la burbuja inmobiliaria y del sector financiero.

La pregunta es si lo habría hecho mejor la banca privada libre. Los austriacos tienden a pensar que si, y normalmente dan el ejemplo del buen funcionamiento de la banca libre en Escocia, como lo describe Vera Smith en «The Rationale of Central Bancking and the free banking alternative», pero ¿será suficiente un solo ejemplo, que por lo demás solo duró unas pocas décadas del siglo XIX, para demostrar el caso?

Tengo dudas. En todo caso, la experiencia chilena del siglo XIX no parece haber sido buena, pero los austriacos siempre se defienden señalando que en los casos en que falló, esto se debió a la intervención del gobierno, y que de otra forma no habrían habido problemas con el sistema de free banking. Esto es obviamente difícil de discutir, porque es un argumento del siguiente estilo: en el caso en que funcionó es porque todas las condicines se dieron y cuando no funcionó es porque hay alguna condición que no se cumplía. ¿No significa esto que el free banking es extremadamante vulnerable y poco robusto como sistema?