Variacioncompensada's Blog

Otro grupo de interés | febrero 7, 2011

Al Presidente de la Confederación Nacional de Taxistas de Chile no le gusta la competencia, y le gustaría que el gobierno lo ayudara a reducirla. En El Mercurio de hoy, el Señor Luis Reyes solicita que se reduzca su parque automotor, desde los 22.000 taxis actuales a 12.000. El no está contento con la reducción desde 45.000 taxis en 2005 a los 22.000 actuales, sino que querría reducirlos más aún. Además, para estar más seguro de que no hay taxis piratas, quiere que se obligue a las empresas que venden taxímetros a vender solo a los taxistas certificados. Comportamientos clásicos de este tipo de grupos de interés, que no difieren demasiado de lo que ocurre con oftalmólogos y otras profesiones que intentan a toda costa limitar la competencia.

Ahora bien, no es que sobren taxis: en las horas de la salida del trabajo no es posible conseguir taxis. Los valores del permiso de taxis están entre $3-4 millones, es decir que para poder trabajar como taxista, se debe pagar un valor que casi es igual al valor de un vehículo. Además, como hay poca competencia, los taxistas no necesitan cambiar sus autos y vemos que la calidad del parque ha decaído. Estas son las consecuencias clásicas de la restricción de entrada a un mercado.

La pregunta es ¿porqué se restringió la entrada a este mercado, eminentemente competitivo? No puede haber sido fácil, porque se trata de una medida que viola un principio constitucional: el derecho a ejercer cualquier actividad económica mientras no sea ilegal. La argumentación del gobierno de entonces fue poco prolija: al congestionar las calles, los taxis contribuían a la contaminación, por lo que para proteger la salud de los ciudadanos (otro derecho constitucional) se podía restringir la entrada al sector.

Hay que notar que las únicas limitaciones a los principios constitucionales ocurren cuando chocan dos de ellos, como se pretendía que ocurría aquí. Pero habían muchas otras soluciones al problema de la contaminación creada por los taxis que no involucraban afectar derechos constitucionales. Por ejemplo, se podría haber obligado a que los autos debían ser relativamente nuevos, contaminando menos y por su mismo costo, limitando la entrada. La ventaja es que los que se beneficiaban con la restricción de entrada en tal caso son los usuarios (que viajan en autos nuevos) y no los propietarios de los permisos. Pero habían otras alternativas, que tampoco fueron estudiadas. Ese, le parece a este blog, fue un momento crítico de la Concertación: sacrificó principios a favor de la baja política (claro que hubo gente –mucha– en la Alianza que voto a favor, pero la responsabilidad por parar ese tipo de medidas es del gobierno).

Lo que tenemos ahora es la peor solución: un gremio que pide más monopolio, de manera que el valor de entrar sea aún más alto y los que ya están adentro ganen una renta a costa de la ciudadanía y de los potenciales interesados en entrar al mercado de los taxis. ¿Es que deseamos llegar al caso de Uruguay, en que los permisos para operar taxis pueden costar US$70.000, y los que conducen taxis lo hacen como asalariados, algo así como nuestros antiguos medios pollos del gremio de los trabajadores portuarios? ¿Por qué deseamos crear ese derecho de propiedad artificial que no beneficia a nadie más que a un grupo pequeño de la sociedad?

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