Día: 20 de noviembre de 2011

Cabotaje

R. Fischer

Una de las propuestas del Ministerio de Economía bajo Fontaine era liberar el cabotaje marítimo nacional. El cabotaje nacional es el transporte de carga entre distintos puertos del país. Desde hace décadas se reclama la liberalización del cabotaje, ya que la mayor competencia en transporte contribuiría a reducir los costos de transporte internos, lo que ayudaría principalmente a las regiones extremas. El lobby naviero (tanto empresas como sindicatos) se opone, citando los clásicos argumentos proteccionistas. Veámoslos:

  1. No es un buen negocio, y nadie estaría interesado en el, ya que hay mucha competencia y los precios son bajos.  Pero entonces es raro entonces que haya tanta oposición a la apertura del cabotaje de parte de las empresas navieras. ya que no pierden nada con la apertura, y de todas formas ninguna firma extranjera ingresaría. Por el mismo motivo, tampoco debería importarles a los sindicatos.
  2. En tal caso, el país perdería su flota mercante, la que usaría bandera panameña, ya que es menos costosa que navegar bajo bandera chilena (se pueden usar tripulantes filipinos más baratos y no se pagan impuestos). La respuesta es que las empresas chilenas tienen registrados casi todas sus naves bajo bandera panameña (o similares), y que  es fácil pasar de un registro a otro. Por lo tanto, ¿que significa tener una marina mercante nacional? Absolutamente nada y por lo tanto perderla, dado que las empresas siguen siendo empresas chilenas, tampoco tiene costo.
  3. El mismo argumento , en una forma distinta es que la marina mercante nacional es la única forma de adquirir personal calificado de marina mercante, y que perderíamos nuestro valioso stock de marineros (ya que no encontrarían empleo) si las naves cambian de registro al liberarse el cabotaje nacional. El argumento es que debemos sacrificar a las regiones para mantener un stock de marineros mercantes. Si nos parece importante para la defensa nacional (no me parece que haya otro motivo para disponer de una marina mercante), ¿no deberíamos hacer que sean las fuerzas armadas las que financien el subsidio requerido para mantener nuestra marina mercante? Es decir, se podría pensar en un subsidio de las fuerzas armadas que permita mantener la marina mercante en competencia con las empresas navieras internacionales.
  4. Chile perdería los impuestos que actualmente pagan las empresas dedicadas al cabotaje. Este es otro clásico argumento proteccionista, pero se puede mostrar fácilmente (incluso con un gráfico) que el impuesto pagado es menor que las ganancias que obtienen los usuarios (las regiones) al eliminar la restricción a la entrada de naves extranjeras al cabotaje doméstico.

Si se piensa bien, se podría haber hecho la misma argumentación en 1975, cuando comienza el proceso de apertura chileno. Y sabemos que eso fue bueno para el país y explica las últimas dos décadas de crecimiento que han permitido que Chile pase a ser uno de los países de más alto ingreso (y más alto HDI) entre los emergentes.

Pese a que la contra-argumentación de los puntos 1-4 destruye lo argumentos proteccionistas, parece difícil que se elimine la restricción al cabotaje. El nuevo Ministro de Economía tiene una visión táctica en temas económicos y sabe que en el corto plazo es una medida de alto costo político, pese a sus beneficios en el más largo plazo, especialmente para las regiones extremas.  Tal como en el caso de las licitaciones  de cuotas de pesca, intentará que no se avance nada en esta materia. Hay grupos de presión muy poderosos involucrados en ambos temas y para un político eso puede ser más importante que el bienestar de las regiones.

El discurso del rector

R. Fischer

No quiero criticar constantemente a nuestro rector, pero es difícil dejar pasar algunas de sus actuaciones sin comentarios. Creo que los acontecimientos se le escaparon de las manos, y que el movimiento estudiantil persigue objetivos muy distintos de los suyos, pero como hasta ahora no se desmarca de ellos, y fue quién les dio espacio al principio, no puede escapar a su responsabilidad hasta que asuma el costo de criticarlos. Consideremos el discurso que pronunció en el aniversario 169 de le Universidad. El rector mostró su molestia por no haber podido celebrar el aniversario en la Casa Central que sigue tomada luego de más de cinco meses, asegurando que:

«se les ha faltado el respeto a nuestros símbolos institucionales».

y agrega que los movilizados abusan:

«de nuestro rechazo a usar la fuerza física, que aunque legítima, siempre es dolorosa y de nociva huella».

En su discurso no se desliza ninguna crítica a la dirigencia estudiantil. Esta dirigencia ha apoyado implícitamente a quiénes se tomaron la Casa Central y nunca han exigido perentoriamente su salida (hipócritamente dicen que no apoyan la toma, pero los hechos mandan). ¿Por qué no se atreve a decir el rector que los estudiantes movilizados le están causando un daño terrible a la Universidad?
El rector aún no reconoce que los dirigentes estudiantiles lo han manipulado como han querido, y que no ha conseguido nada al no criticar sus actuaciones. Peor aún, describe a los sacrosantos estudiantes movilizados como teniendo una:

«actitud valiente, generosa y luchadora de nuestros estudiantes.»

Yo solo observo la última de las actitudes citadas. Movilizarse para evitar pagar por la universidad me parece poco generoso, y no veo valentía, debido a que el rector indica que los estudiantes nunca enfrentarán la fuerza física.

En otra parte de su discurso se refirió a su reciente debacle judicial en el intento de no aplicar la Ley de Transparencia a la Universidad. Como alternativa pide extender las obligaciones contenidas en la normativa a otras universidades:

«Todas las instituciones de educación superior tienen que cumplir con las mismas normas de transparencia y entrega de información pública. ¡Es inaceptable que estas normas sólo se exijan a las universidades estatales! También deben ser exigidas a las instituciones privadas, por cuanto hay recursos públicos de por medio»

Esto me parece absurdo. Bajo ese criterio cualquier empresa que opera con el Estado tendría que someterse a las mismas normas de transparencias que rigen para los órganos del Estado. Es decir, no solo las universidades que reciben recursos (a través de los préstamos para los alumnos y fondos de investigación), sino también empresas constructoras, y las miles de empresas que participan en Chilecompras. La regla se le exige a la U. de Chile porque la U. de Chile es un organismo del Estado y no porque recibe recursos públicos.

La situación sería otra si como Universidad nos separáramos del Estado, pero si seguimos con la relación carnal que tanto agrada al rector, no queda otra que seguir las normas de transparencia que éstas nos exigen. Para que no se preocupe el rector, las demás universidades van a tener una Superintendencia que las fiscalice, y de una manera mucho más intrusiva de lo que me parece razonable.

El aniversario de la U. de Chile

R. Fischer

Una cosa que no entiendo es el motivo por el se omite que la Universidad de Chile es la continuadora de la U. de San Felipe, fundada en 1747. Ésta a su vez es precedida por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino establecida en 1622, pero que derivaba de una escuela anterior que operaba ya en 1595.

Una posibilidad es considerar a 1622 como el momento fundacional. Los profesores domínicos de la U. Santo Tomás fueron luego catedráticos de la U. de San Felipe al crearse ésta y disolverse las dos universidades pontificias (había también una universidad jesuita). Los bienes y el claustro académicos de la U. de San Felipe se transformaron en la U. de Chile al extinguirse la primera por un Decreto Supremo. Otro decreto declara la continuidad entre ambas instituciones. En tal caso deberíamos estar celebrando el aniversario 389 de la universidad.

Si en cambio, se toma 1595 como la fecha fundacional, la universidad estaría cumpliendo 416 años y sería una universidad venerable. Esta manera de fechar no es poco común. Por ejemplo, la U. of Pennsylvania, a la que asistí, toma 1740 como su fecha fundacional, pese a que fue incorporada como college solo en 1755 y que solo comenzó a operar como escuela en 1649.

Parece que hay un motivo ideológico para la omisión del pasado. Tal vez se pensó que una universidad laica no podía tener un pasado pontificio. Pero por otro lado, ¡cuánto mejor suena cumplir 416 años que 169! El prestigio de la U. aumentaría al remarcarse la continuidad de la universidad y su antiguo origen. Podríamos volver a considerar a la PUC como una universidad advenediza, con sus solo 123 años de existencia (En Oxford el recién llegado New College fue fundado en 1379). Seríamos casi cincuenta años más antiguos que Harvard.

Nota: Pese a que conocía grosso modo esta historia, he usado a Wikipedia para verificar los detalles.

La incómoda situación del rector

R. Fischer

La situación del rector da un poco de pena. Claro que el caso que le da origen es su culpa. No se puede simultáneamente alegar que se es una Universidad íntimamente ligada al Estado –por lo que merece un tratamiento especial– y al mismo tiempo no esperar que se le apliquen las mismas condiciones de transparencia que las que tiene el Estado. Es natural que con los argumentos que defiende el rector pierdan ante a la Corte de Apelaciones primero y el Tribunal Constitucional luego.

Si se quiere reclamar el mismo tratamiento que las empresas del Estado que funcionan en forma autónoma, entonces no se pueden pedir favores especiales, porque ellas no los reciben (dejo fuera a Enap y Ferrocarriles, en el primer caso porque su condición actual no es aceptable y debería convertirse en una empresa normal, y en el segundo porque sabemos como funciona ferrocarriles). Por ejemplo, una empresa portuaria estatal no enfrenta condiciones distintas de las que tienen las empresas privadas dedicadas al mismo rubro: se acoge a la ley laboral, tiene directorios autónomos, presenta balances auditados y no espera recibir subsidios del Estado. Es por ello que no están sometidas a las mismas reglas de transparencia del Estado.

Entiendo la preocupación del rector, porque al revelarse los sueldos de los académicos, pueden ocurrir tres cosas con consecuencias complejas o desastrosas. Que se revelen algunos sueldos muy elevados que puedan provocar rechazo; que se revelen grandes diferencias de remuneraciones entre facultades y departamentos (que son lógicas, por la mayor competencia por atraer académicos en algunas áreas) y que las facultades en peores condiciones salariales exijan igualdad, lo que sería insostenible. Tal vez más importante, cuando la competencia descubra lo relativamente poco que se les paga a algunos académicos, la grúa de la competencia les haga ofertas especiales, y sea difícil conservarlos.

Lo que el rector no parece haber comprendido es que el Estado chileno funciona mal, y que mientras más se arrima la Universidad al Estado, más malos vamos a terminar siendo. El Estado funciona mal justamente por los motivos que tanto atraen a los que apoyan el movimiento estudiantil: inamovilidad funcionaria, diferencias salariales limitadas y comunes a través de los Ministerios, falta de incentivos, excesivo poder de los sindicatos (en nuestro caso, de los estamentos) y el peso de la Contraloría.

Como lo he mencionado muchas veces, es preferible la alternativa de parecernos más a una empresa del Estado autónoma (como los puertos estatales o el Metro). Competiríamos con las otras universidades en igualdad de condiciones, sin favores especiales ni Contraloría.