Están quedando un poco más claras las conclusiones de la Comisión de Salud. La posición mayoritaria consiste en que los cotizantes destinarán un 6% de su ingreso a comprar un plan básico de salud. Estos recursos irán a un fondo común que pagará por las prestaciones del plan básico para todos. El Estado financiará los copagos de los indigentes.
La propuesta alternativa también define un plan básico, pero a diferencia del caso anterior, el cotizante paga por el plan básico su propio costo del plan. El resto de la cotización –que no se reducr– puede utilizarse para comprar beneficios adicionales: mejor hotelería, menores copagos, etc.
En ambas propuestas, no queda claro si el plan básico tiene algún estándar de hotelería. Esto es esencial para poder analizar las alternativas y sus costos.
El problema de la propuesta de la mayoría es que es equivalente a un impuesto para las personas de mayores ingresos (que son las únicas que pagan impuestos a los ingresos). Dado que la obligación de cotizar tiene un límite de algo más de 60UF, es en efecto un impuesto regresivo. Se le extrae al cotizante una parte de la cotización para destinarla al pozo general de recursos, pero el monto de la contribución no varía al aumentar el ingreso, por sobre el límite. Aparece, por lo tanto, como una medida que será extremadamente impopular. Si se desea elevar los impuestos, esto debe hacerse mediante los mecanismos normales y no con instrumentos que persiguen otros objetivos.
La propuesta de minoría también tiene problemas. No se entiende por qué es necesario cotizar más de lo que requiere comprar el plan básico. Lo que se debe hacer es definir una canasta básica de servicios que la sociedad considera que todo ciudadano tiene derecho a exigir, y la hotelería asociada –por ejemplo el J.J. Aguirre en modalidad institucional–. Luego se calcula el costo de este plan para el chileno promedio (considerando que algunos son enfermos o viejos, y que otros son jóvenes y sanos), y esta debería ser la contribución de cada afiliado. Los ciudadanos cuyos ingresos no alcancen serían subsidiados por el Estado.
Si hay ciudadanos que pueden dedicar menos del 7 (o 6%) a comprar este seguro, pueden destinar el remanente a ahorro, a mejorar la hotelería, a comprar seguros complementarios o sencillamente a vivir mejor en el presente. Es decir, todo lo que está por encima del costo del plan básico debería ser voluntario.
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