Una cosa que no entiendo es el motivo por el se omite que la Universidad de Chile es la continuadora de la U. de San Felipe, fundada en 1747. Ésta a su vez es precedida por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino establecida en 1622, pero que derivaba de una escuela anterior que operaba ya en 1595.
Una posibilidad es considerar a 1622 como el momento fundacional. Los profesores domínicos de la U. Santo Tomás fueron luego catedráticos de la U. de San Felipe al crearse ésta y disolverse las dos universidades pontificias (había también una universidad jesuita). Los bienes y el claustro académicos de la U. de San Felipe se transformaron en la U. de Chile al extinguirse la primera por un Decreto Supremo. Otro decreto declara la continuidad entre ambas instituciones. En tal caso deberíamos estar celebrando el aniversario 389 de la universidad.
Si en cambio, se toma 1595 como la fecha fundacional, la universidad estaría cumpliendo 416 años y sería una universidad venerable. Esta manera de fechar no es poco común. Por ejemplo, la U. of Pennsylvania, a la que asistí, toma 1740 como su fecha fundacional, pese a que fue incorporada como college solo en 1755 y que solo comenzó a operar como escuela en 1649.
Parece que hay un motivo ideológico para la omisión del pasado. Tal vez se pensó que una universidad laica no podía tener un pasado pontificio. Pero por otro lado, ¡cuánto mejor suena cumplir 416 años que 169! El prestigio de la U. aumentaría al remarcarse la continuidad de la universidad y su antiguo origen. Podríamos volver a considerar a la PUC como una universidad advenediza, con sus solo 123 años de existencia (En Oxford el recién llegado New College fue fundado en 1379). Seríamos casi cincuenta años más antiguos que Harvard.
Nota: Pese a que conocía grosso modo esta historia, he usado a Wikipedia para verificar los detalles.
La situación del rector da un poco de pena. Claro que el caso que le da origen es su culpa. No se puede simultáneamente alegar que se es una Universidad íntimamente ligada al Estado –por lo que merece un tratamiento especial– y al mismo tiempo no esperar que se le apliquen las mismas condiciones de transparencia que las que tiene el Estado. Es natural que con los argumentos que defiende el rector pierdan ante a la Corte de Apelaciones primero y el Tribunal Constitucional luego.
Si se quiere reclamar el mismo tratamiento que las empresas del Estado que funcionan en forma autónoma, entonces no se pueden pedir favores especiales, porque ellas no los reciben (dejo fuera a Enap y Ferrocarriles, en el primer caso porque su condición actual no es aceptable y debería convertirse en una empresa normal, y en el segundo porque sabemos como funciona ferrocarriles). Por ejemplo, una empresa portuaria estatal no enfrenta condiciones distintas de las que tienen las empresas privadas dedicadas al mismo rubro: se acoge a la ley laboral, tiene directorios autónomos, presenta balances auditados y no espera recibir subsidios del Estado. Es por ello que no están sometidas a las mismas reglas de transparencia del Estado.
Entiendo la preocupación del rector, porque al revelarse los sueldos de los académicos, pueden ocurrir tres cosas con consecuencias complejas o desastrosas. Que se revelen algunos sueldos muy elevados que puedan provocar rechazo; que se revelen grandes diferencias de remuneraciones entre facultades y departamentos (que son lógicas, por la mayor competencia por atraer académicos en algunas áreas) y que las facultades en peores condiciones salariales exijan igualdad, lo que sería insostenible. Tal vez más importante, cuando la competencia descubra lo relativamente poco que se les paga a algunos académicos, la grúa de la competencia les haga ofertas especiales, y sea difícil conservarlos.
Lo que el rector no parece haber comprendido es que el Estado chileno funciona mal, y que mientras más se arrima la Universidad al Estado, más malos vamos a terminar siendo. El Estado funciona mal justamente por los motivos que tanto atraen a los que apoyan el movimiento estudiantil: inamovilidad funcionaria, diferencias salariales limitadas y comunes a través de los Ministerios, falta de incentivos, excesivo poder de los sindicatos (en nuestro caso, de los estamentos) y el peso de la Contraloría.
Como lo he mencionado muchas veces, es preferible la alternativa de parecernos más a una empresa del Estado autónoma (como los puertos estatales o el Metro). Competiríamos con las otras universidades en igualdad de condiciones, sin favores especiales ni Contraloría.
Es interesante observar como las reacciones iniciales de la prensa al informe de la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico (CADE) apuntaron a los lugares comunes: Hidroaysén y energía nuclear, y en los dos casos aseverando que el informe era favorable a ambos.
La realidad es distinta y más matizada. El informe representa un reconocimiento de que es imposible aprobar proyectos sin convencer al público de su necesidad. Por lo tanto, se enfatiza que en los estudios de impacto ambiental (EIA) es necesario aumentar la participación ciudadana, las compensaciones a las comunidades afectadas y la información al público, modificando el procedimiento de los EIA.
Actualmente el sistema de EIA limita la participación, y no hay compensaciones, salvo las que voluntariamente ofrecen las empresas. A primera vista esto parecería acelerar la entrada de los proyectos. En la práctica la oposición es tan intensa –porque hay poca confianza en los EIA justamente por los motivos anteriores (y otros del mismo tipo)– que con recursos y otras intervenciones el proceso de entrada de las centrales se retrasa. Además, los retrasos son impredecibles, lo que aumenta los costos para el sistema, que queda desajustado. Un EIA mejorado, podría tardar más tiempo, pero con mayor seguridad de que los proyectos aprobados se construyan y que lo hagan en plazos predecibles.
Respecto a la hidroelectricidad del Sur, lo que plantea el informe no es su desarrollo, sino que muestra el costo que tendría no llevarlos a cabo. No se trata solo de un mayor costo de la electricidad, sino que aumentarían las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, porque la energía que no tendría ese origen tendría que reemplazarse con otros medios. El efecto es más notorio si no se permite el desarrollo de otras plantas hidroeléctricas, y si no hay desarrollos nucleares.
Respecto a la energía nuclear, la Comisión concluye que aún es demasiado temprano para decidir su conveniencia, pero se plantea que el país debe poder decidir, si es necesario, con todas las herramientas necesarias para poder tomar buenas decisiones. Es decir, disponiendo de personal calificado y desarrollando la institucionalidad y normativas requeridas, si es que se decidiera finalmente en favor de esa forma de energía.
A los que piensan que es posible reemplazar estas fuentes por Energías Renovables No Convencionales (ERNC) se les recuerdan los costos ambientales y técnicos de esas propuestas. Después de todo, un campo de molinos no es tan bonito (foto proveniente de «Las tecnologías de energías renovables y su impacto en el marco regulatorio», H. Rudnick).
Pero esos no son todos los efectos ambientales de no disponer de grandes centrales hidro o energía nuclear. Como lo escribiera uno de los miembros de nuestra Comisión en uno de los muchísimos borradores de la Comisión que discutieron estos temas:
«Por otra parte, también puede ser muy relevante el impacto del desarrollo alternativo de grandes volúmenes de energía térmica a carbón, sin las ventajas de la hidroelectricidad, o de energía nuclear, y/o el desarrollo de cientos de centrales mini hidro, geotérmicas y eólicas, dados los volúmenes requeridos de crecimiento de la oferta, según se describiera en el capítulo de escenarios. No menor importancia tiene el identificar el impacto ambiental y social del desarrollo de los corredores troncales o los cientos de corredores transversales de transmisión que se requerirán para evacuar la energía de esas fuentes alternativas.»
Y eso no es todo. La energía eólic ay solar son altamente variables, por lo que se necesita invertir en respaldos para los momento en que no se produce. Estos respaldos normalmente son plantas contaminantes (salvo que se usen embalses para este propósito), porque esas son las de menor costo. Hace poco en España el 59% de la energía provino –por un rato– de la energía eólica. Excelente, pero hay otros momentos en que España produce solo un 1% de su energía con eólicas, por lo que hay que tener respaldos para reemplazar una cantidad enorme de energía. Es difícil trabajar con esas formas de energía, porque estamos acostumbrados a tener un suministro constante.
Es uno de los motivos por lo que que los escenarios del informe preveen que la mayor expansión de ERNC se de en biomasa, geotermia y minihidro. El problema es que aún hay pocas centrales de ese tipo, y es por eso que buena parte de las propuestas del informe apuntan a facilitar su entrada.
Otro tema de mucho interés para la Comisión fue el tema de competencia en el mercado eléctrico, pero de eso escribiré más adelante.
Nota: Acabo de ver un análisis de Libertad y Desarrollo del informe del CADE. En general se trata de una simple enumeración de las propuestas, con una conclusión de solo una página luego de 13 páginas de recuento. Y en el análisis, tiene al menos una conclusión que me parece errada:
«Igualmente, en materia de participación ciudadana establece la realización de un sistema participativo de discusión de la política energética de largo plazo, lo que podría generar mayores grados de incertidumbre para la necesaria inversión que requiere Chile en proyectos energéticos.»
Lo interesante del caso es que, ahora que no tenemos esos instrumentos, hay mucha incertidumbre sobre los desarrollos energéticos, con proyectos que son retrasados o detenidos. Esa conclusión revela un típico error de análisis de los abogados y economistas chilenos: porque nuestros procedimientos establecen ciertas reglas, se supone que ellas se cumplen. Pero eso no es así, porque la opinión pública considera inaceptables los resultados, por lo que siempre aparecen formas de detener los proyectos. ¿Qué político o juez puede resistirse a una escena como la siguiente? (Gracias Hugh, nuevamente):
No se si creo el resultado, pero según esta página, la probabilidad es 10^(-2.685.000). Además, creo que le faltó la probabilidad de que la tierra exista, con las propiedades que nos dieron origen como especie. Gracias, Not Exactly Rocket Science.
Como no todo es reclamar contra los dirigentes estudiantiles, ni evaluar temas económicos, un artículo sobre un parásito que manipula a su anfitrión. Como escribe el autor del artículo, para el parásito, el pescadito es poco más que un taxi para llevarlo al lugar más conveniente para pasar a la próxima etapa de su vida en las mejores condiciones posibles.
La foto muestra cuán hinchado termina el pobre pescadito, antes de ser comido por un ave, el destino final del parásito. El pobre pescadito tiene una cara algo triste.
Después de más de seis meses de trabajo la Comisión de Energía entregó su Informe. Hubo reuniones plenarias casi todas los viernes en la tarde, y numerosas reuniones de las subcomisiones de: competencia (de la que formé parte), medio ambiente, sociedad, eficiencia energética, modelación de escenarios, situación actual, energías renovables no convencionales y nuclear. El resultado fue un informe de casi 200 páginas, más anexos y unas cincuenta recomendaciones de política energética.
La composición de la Comisión incluía a personas de distintos ámbitos y opiniones. Esto significó que para llegar al consenso final todos debimos sacrificar cosas que deseábamos fueran incluidas, o por el contrario, hubiéramos preferido que no estuvieran. En particular, hubo una reunión de emergencia de última hora (en una clínica, porque era una urgencia) para despejar dos páginas que se discutieron por correo y en decenas de versiones durante los diez días anteriores sin llegar a acuerdo.
En esta reunión, el Presidente de la Comisión, JA Guzmán, consiguió lo que parecía imposible. Cuando solo quedaban unas pocas frases de diferencia entre las versiones, simplemente las eliminó y propuso que aceptáramos lo que quedaba. El resultado no satisfizo a nadie, pero por otra parte, nadie estaba suficientemente molesto con lo que quedaba como para oponerse si los demás aceptaban. Así que finalmente esta versión recortada fue lo que permitió el acuerdo, pese a que a nadie le gustaba. Pero como se obtuvo el acuerdo de todos, el final fue globalmente satisfactorio. Me parece un tema digno de estudio usando modelos de teoría de juegos.
En todo caso fue una experiencia en la que aprendí mucho: sobre todo de temas ambientales y de sociedad. Es mi segunda comisión seguida y llevó casi un año y medio en esto de las comisiones: en julio del año pasado me llamaron a formar parte de la Comisión para la Reforma de la Supervisión Financiera, que terminó su informe en marzo. Hay que dedicarles cerca de un día a la semana porque además de asistir a reuniones hay que leer, revisar y escribir. Necesito un descanso sin comisiones.
Creo que nada mejor para ilustrar lo que pasó en Europa que el gráfico siguiente, aparecido en FT Alphaville
Cuando se forma la eurozona, la tasas bajan para los PIIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España), por lo que se pueden endeudar con spreads similares a los de los alemanes. La deuda se ve manejable hasta que los acreedores se dan cuenta –luego de la crisis de 2008– que le habían prestado a Grecia y no a Alemania, y que los griegos no pagan impuestos… El resto es historia futura.
Nunca se han vendido tantos automóviles, los buenos restaurantes están tan llenos que hay que hacer reservas incluso durante la semana, las cifras de inversión planificada y realizada son elevadísimas, y en general se respira un aire de bonanza económica que a mi, al menos, me asusta.
Es en estos momentos de auge que, con una regularidad digna de una ley de la naturaleza, los políticos se ponen tontos, y comienzan a proponer proyectos estúpidos. No quiero diferenciar entre partidos, porque la infección de tontera es generalizada. Se pasan leyes absurdas e injustas, con el beneplácito de todos (el posnatal), y se proponen otras peores, como en educación. Además, se desconoce la enorme cantidad de cosas buenas que se han hecho en los últimos veinte y pico años, y que han permitido que estemos viviendo buenos tiempos.
A veces se echa de menos una crisis, para que vuelva la lucidez a los políticos. Solo una crisis moderada, que atemoriza, pero que no tiene consecuencias. Nada mejor que un sustito para volver a la realidad. Es una realidad algo aburrida, pero luego de las crisis, el tedio es algo que se aprecia, como lo dice la antigua tradición china.
No soy libertario, porque entiendo que hay muchas situaciones en las cuales es necesaria la acción colectiva representada por el Estado, pero simpatizo con la idea de que el gobierno debe entrometerse lo menos posible en la autonomía de la personas, incluso cuando esta autonomía les ayuda a meter la pata. Si somos adultos bien informados, el Estado debería permitir que nos equivoquemos, especialmente si son materias de poca importancia.
Evidentemente los médicos –en especial en el sistema de salud pública– piensan distinto y está dispuesto a intervenir con desparpajo en las decisiones libres de las personas, violando sus derechos humanos. En efecto, la artículo 12 de la Declaración señala:
«Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, […]»
y el 29, inciso 2do.:
«En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.»
En base a los artículos anteriores, entiendo que se prohíba la venta de ciertos alimentos en colegios (no son adultos, y por lo tanto no gozan de total autonomía), o que se provea información de los peligros para la salud de ciertos alimentos, pero es inaceptable que se proponga prohibir o limitar ciertos alimentos a personas adultas.
¿A qué viene esta introducción? Ayer descubrí que un remedio, el Omeprazol, requiere receta médica, y más aún, que se retiene la receta (tengo receta–es un problema de principios–). Me sorprendió, porque esa es una nueva medida, o al menos ahora se fiscaliza más intensamente este requerimiento. Esto me extrañó, porque las instrucciones de uso del medicamento son explícitas en señalar que una sobredosis no tiene consecuencias. Es decir, es un medicamento sin riesgo, que no afecta a los demás (como en el caso de los antibióticos, cuyo uso inapropiado da origen cepas bacterianas resistentes, que se transmiten a otras personas).
Intrigado, le pregunté a la farmacóloga de turno por el motivo de la prohibición de la venta libre. La explicación es increíble. Aparentemente algunas personas toman el medicamento cuando tienen acidez. En algunos pocos casos, la causa de la acidez es que esas personas estarían desarrollando un cáncer al estómago (no causado del medicamento). Al ocultar los síntomas del cáncer, lgunas de esas personas omiten ir al médico, lo que hace que el cáncer siga desarrollándose. Es decir, se intervienen las decisiones de compra de todas las personas solo para asegurarse contra la posibilidad que algunas personas podrían estar desarrollando cáncer! Siguiendo la lógica, las farmacias deberían comenzar a pedir receta retenida cuando una persona va a comprar antiácidos, cuyo efecto sobre la acidez es similar.
Esta intervención de la Salud Pública es indignante, pues se trata de una injerencia arbitraria en la autonomía de las personas, que no tiene justificación por el efecto que podría tener sobre los demás.
En todos los casos en que se interviene la autonomía de las personas, la autoridad debe hacer un cálculo de sus costos y beneficios. Aquí el costo –al principio de la autonomía– es muy superior a los beneficios. Lo que la Salud Pública debería exigir es que se entregue información al público, y que éste decida.
Seguramente los médicos que toman estas decisiones creen ser democráticos. Pero hay una evidente contradicción entre pensar que las personas están lo suficientemente bien informadas como para poder votar por un Presidente de la República, pero al mismo tiempo no son capaces de entender la información contenida en un envase de medicamentos.
Hace unos quice años fuí a Perú y luego de obervar distintos barrios de Lima, me quedé con la clara impresión de que la distribución de ingresos era mucho peor que en Chile. Sin embargo las cifras indicaban lo contrario. Pregunté un poco a personas que sabían más que yo del tema y me dijeron que podía estar en lo cierto, por dos motivos.
Primero, porque en Chile se hacían ajustes a las encuestas que se usan para determinar la distribución de ingreso, de manera de eliminar las diferencias con los estudios de las cuentas nacionales. Se supone que las personas subdeclaran algunos tipos de ingreso en las encuestas, en particular las personas de más altos ingresos, que omiten parte de los ingresos provenientes del capital. Lo que se hace es agregar al ingreso del 20% superior un monto que hace que su ingreso proveniente del capital coincida con el de las cuentas nacionales.
Segundo, porque en países de ingresos muy concentrados, gran parte de la riqueza y los ingresos se concentra en unas pocas familias, y es casi imposible que una encuesta representativa los considere (porque son tan pocos que nunca son encuestados). Por lo tanto –y este es un efecto distinto del anterior– una parte importante del ingreso del capital que va a esas familias se distribuye por el ajuste entre el 20% superior de ingresos, y como ese ajuste no se hace en todos los países (que tampoco encuestan a los ultraricos) el ajuste empeora artificialmente el ranking de distribución de ingresos en Chile. Perú es el único otro país de América Latina que hace ese ajuste, pero como el ajuste es inconsistente por la truncación anterior, puede dar resultados erráticos.
En el último número de Cuadernos de Economía, David Bravo y José Valderrama demuestran la validez de las hipótesis anteriores. Entre paréntesis, es un número útil para aquellos a los que les interesan temas de distribución de ingreso.
Es interesante constatar que contra lo que creen muchas personas, la distribución del ingreso en Chile no es la peor del mundo. Incluso con los ajustes que hace la CEPAL a los datos de Chile (y que empeoran su distribución del ingreso en relación al resto de los países), diez países de América Latina tenían peor distribución del ingreso en 2007, como se muestra en la figura. Esto no significa que la distribución de ingresos en Chile sea buena, sino que los críticos al sistema deberían revisar sus cifras antes de usarlas para descalificar con tanta soltura el modelo económico chileno.
Lo que muestran Bravo y Valderrama es que los ajustes que hace CEPAL a los datos de CASEN reducen el ingreso de los primeros centiles (los más pobres) y aumentan el ingreso de los últimos centiles, acentuando las desigualdades así como las cifras de pobreza. Bravo y Valderrama intentan deshacer los ajustes de CEPAL para hacer comparables las distribuciones de ingreso entre Chile y el resto de los países. Luego de reconstruir las cifras originales, Chile queda entre los países con mejor distribución de ingreso del continente, solo superado por Costa Rica y Venezuela (por algún motivo los autores no incluyen a Uruguay, que tiene una buena distribución del ingreso).
Los autores no ponen en duda la necesidad de realizar ajustes a las mediciones de desigualdad de ingresos, pero sostienen que la forma que se hace es errada (porque se asigna ingreso de los ultrarricos al 20% superior), y que peor aún, no se puede usar para comparar con países en los que no se hace este ajuste. Tienen razón.
En otro artículo, Sanhueza y Mayer estudian la proporción del ingreso recibido por los estratos de altos ingresos a lo largo del tiempo. Para ello usan los datos de la encuesta de desempleo de la Universidad de Chile, que se hace anualmente desde el año 1957 con una metodología estable en el tiempo. Como la encuesta no estaba diseñada para estudiar la distribución de los ingresos, creo que no es la mejor manera de medir esta variable, pero tiene la ventaja de la comparabilidad a través del tiempo, por mucho que cada medición individual del ingreso en si misma sea incorrecta desde un punto de vista técnico. Tal vez lo más interesante del trabajo se puede resumir en la siguiente figura que muestra el porcentaje del ingreso que reciben los distintos segmentos de la parte alta de la distribución de ingresos: el decil 90-99, el veintil 95-99 y el centil 99:
Primero, se observa un claro aumento en el porcentaje del ingreso nacional del centil 99 a partir del año 1981, aunque cae en los últimos cuatro años a cifras similares a las de medio siglo antes. Después de 1981 pasa de un 7% (a simple vista) a un 9%. El decil 90-99 se comporta en forma similar, pero el ingreso del veintil 95-99 se mantiene relativamente constante entre 1957 y 1997, cayendo posteriormente. Vale la pena, por razones históricas, obseervar lo que pasó durante la gran crisis de 1968-1975. El decil 90-99 y el centil 99 sufren una fuerte caída en su participación relativa, pero que no hay efectos claros en el veintil 95-99. El extraño comportamiento del veintil 95-99 muestra problemas en la encuesta. En algunos años el ingreso del centil 99 es mayor o casi igual al del veintil 95-99, lo cual es imposible. En todo caso, el trabajo es valioso y cubre otros aspectos de la distribución del ingreso, que merecen más tiempo del que puedo dedicarles.
Por último, se debe señalar que los autores de distintos trabajos critican a CEPAL por no permtir el acceso a datos de la CASEN sin los ajustes a las cuentas nacionales. Es una crítica razonable, porque es inaceptable que los centros de estudio de preserven celosamente datos producidos con platas del gobierno, como si fueran de su propiedad –lo cual también se aplica al Centro de Microdatos de David Bravo–.
Variacioncompensada's Blog 
