Categoría: Economía de la educación

La NGA y la U. de Chile

R. Fischer

Es interesante examinar el trasfondo del caso de los campos clínicos y la expulsión de los estudiantes de medicina de la U. de Chile de los hospitales estatales.

El origen del problema es que en los últimos años ha habido una fuerte expansión de la carrera de medicina. Esto es una necesidad, ya que Chile es un país con un bajo número de médicos por habitante. En Argentina el número de médicos por mil habitantes es tres veces mayor, y hasta Bolivia nos supera, de acuerdo a las estadísticas. Los países de la OECD tienen valores en general superiores a Argentina, aunque hay excepciones (Canadá tiene solo un 80% más que el índice para Chile). Las cifras están en mucho lugares de la Web.

La escasez de médicos parece ser una herencia de nuestro antiguo sistema universitario, ya que hasta hace poco las universidades privadas, así como muchas públicas, no ofrecían la carrera. Las universidades que la ofrecían tradicionalmente no habían hecho nada por expandir el número de estudiantes en la carrera, para gran contento de los médicos, que por su escasez se benefician de ingresos elevados. Las universidades que tradicionalmente ofrecían la carrera tuvieron décadas de respiro hasta que las primeras privadas abrieron medicina, y podrían haber aprovechado el tiempo para aumentar la entrada a sus programas y no dejarles espacio a las nuevas oferentes.

En un sector que se expandía, uno de los recursos escasos es el acceso a hospitales publicos, por dos motivos: allí se encuentran casos clínicos más complejos, y es más fácil que los pacientes consientan a ser examinados por estudiantes de medicina. El acceso a este recurso es codiciado, pero no existían mecanismos formales para asignar este recurso. En algunos casos el acceso era por contactos (especialmente en el caso de las oferentes tradicionales) y en otros era contra un pago por alumno. Es importante observar que no solo las universidades privadas deseaban acceso a los campos clínicos, sino también aquellas universidades estatales que recién comenzaban a ofrecer la carrera. En todo caso, el proceso de asignación era informal y poco transparente.

La Norma General Administrativa (NGA) es una herramienta específicamente diseñada para transparentar el proceso de asignación de campos clínicos, de manera que sea eficiente. Recordemos que al final, lo que interesa es producir más profesionales de la salud de alta calidad y no proteger los privilegios de la U. de Chile, o de otras instituciones. En el diseño de la NGA participaron los decanos de medicina de las universidades (especialmente la U. de Chile), el Colegio Médico, y representantes del Ministerio de Salud, pero no los directivos de los hospitales que debían implementar la medida.

Esto último parece haber sido un error, que tal vez explicaría la forma poco diplomática en que los estudiantes de la U. de Chile fueron conminados a abandonar uno de los hospitales, lo que al final fue el problema que llevó al abandono de la NGA, para volver al statu quo anterior. En efecto, la Escuela de Medicina de la U. de Chile aprovechó el revuelo para convencer a un Ministro de Salud mal informado (y dado a decisiones arbitrarias y poco reflexionadas) de eliminar la NGA y volver al sistema anterior. Es un caso clásico de aprovechamiento por un grupo de presión de una situación particular para eliminar una medida que aunque no era perfecta, mejoraba la situación anterior, pero que los perjudicaba.

En discusiones con académicos que apoyan la postura de Medicina, me han dicho que no es justo que los hospitales del Estado sean usados por escuelas privadas de medicina. Hay dos materias que se deben considerar al evaluar este argumento.

Primero, que hay universidades estatales que también deseaban contar con campos clínicos y que habian sido excluidas. Segundo, y más al fondo del tema, el objetivo fundamental es aumentar el número de profesionales de la salud para alcanzar los estándares de países de nuestro nivel de desarrollo. Dado que los tradicionales oferentes no han satisfecho esta necesidad (los monopolios y carteles no producen la cantidad eficiente), es natural que se abran escuelas alternativas, y que estas puedan tener acceso a los únicos lugares en los que se puede hacer buenas prácticas médicas.

Nota: He aprendido de este tema porque, por coincidencia, uno de mis alumnos trabaja en un estudio de caso sobre la NGA, además de trabajar en el sector de Salud.

El Simce individual

R. Fischer

Hoy tuve que firmar el informe que envía la municipalidad sobre el Simce del colegio de mi hija. El informe, muy bien diseñado, muestra los resultados de los distintos colegios de la comuna, y da una serie de indiciaciones para interpretarlo. Pero no entrega ninguna información individual, como por ejemplo, cuál fue el resultado de mi hija y como se comparaba con el promedio de sus curso.

¿Cuál podría se el motivo para no entregar los resultados individuales? Después de todo, los padres reciben un informe con las notas de sus ihjos, ¿porque entonces no pueden recibir un resultado que les permite comparar no solo con otros colegios, sino también al interior del colegio?

Es incomprensible. Se podría, como se hace en Bolivia, enviar los resultados individuales a los padres por correo, evitando cualquier efecto social si los resultados del estudiante se entregaran en el colegio. En Bolivia el informe también indica las áreas en que el hijo/a está débil, en base al diagnóstico que da la prueba.

Si se entregaran los simces individuales, los padres tendrían una idea mucho mejor sobre los resultados del niño en relación al curso y del curso en relación a otros cursos o a otros colegios. Es información úitl que se puede usar para ponerle exigencias a los profesores y a los colegios. La otra ventaja de la entrega de los resultados individuales es que, los niños mayores, que saben que el Simce no tiene valor como nota, no se lo toman en serios. Pero si el resultado les llegara a los padres, tal vez la reacción sería menos liviana y el simce en este grupo etáreo sería más fiable.

No entiendo porque no se realiza una medida tan sencilla como esa. Quizás hayan explicaciones, pero me temo que son espurias.

Algunos temas en educación: Tema 3. El lucro y la educación técnica

R. Fischer

Me parece que la idea de eliminar el lucro en la educación enfrenta un problema evidente: ¿qué se hace con la educación técnica? La educación técnica se ofrece por innumerables institutos de buena y mala calidad –ahí hay un serio problema de información que debería subsanarse–, además de alguna instituciones sin fines de lucro, como DUOC e INACAP. Recordemos que el DUOC es una fuente de recursos para la P. Universidad Católica, y se maneja con criterios de lucro.

La alternativa es que la educación técnica la ofrezca el Estado, pero esto debe ser la peor solución posible, porque justamente se desea que haya un estrecho contacto entre los institutos técnicos y la industria, y que las destrezas que se aprenden se adapten a las necesidades del sector privado. Esto es muy difícil para una institución estatal, que no dispone de la agilidad ni de los incentivos necesarios.

Es difícil que la demanda por educación técnica se pueda satisfacer con instituciones sin fines de lucro –aunque éstas podrían aumentar–. Es un sector que no despierta interés en los donantes, porque no tiene la brillantez de otros destinos de las donaciones. Por ello, las instituciones con fines de lucro son imprescindibles en el sector.

Es interesante una historia que me contaron hoy (sin haberla verificado): la razón por la que las universidades no tienen fines de lucro es porque cuando se hizo la ley, se trato de favorecer las inversiones en institutos técnicos, que si podían tener lucro. Sorprendente.

Algunos temas en educación: Tema 2. Una pésima idea

R. Fischer

En el Mercurio de hoy aparece la noticia de que, según una encuesta de la Fundación Jaime Guzmán, a un 74% de los encuestados les gusta la idea de poder descontar los gastos en educación de los impuestos. Pocas veces ha visto una peor propuesta, tanto desde el punto de vista distributivo como desde el punto de vista económico. ¿Será que la Fundación ha perdido a su mejor gente, que se ha ido al gobierno?

Es una medida regresiva, porque dado que los impuestos en Chile son progresivos, el beneficio es mucho mayor para una persona de los estratos más altos de ingresos. Un individuo con menos de $500.000/mes no paga impuestos a la renta (o son minúsculos), por lo que no se beneficiaría, y una familia con un ingreso tal que queda en la categoría más alta, recibe un 40% de descuento en sus impuestos por el gasto en educación.

Segundo, uno de los efectos es aumentar la cantidad de dinero que la familias pueden destinar a educación, y en general esto se reflejará en un alza en el valor de los colegios más demandados, por lo que el efecto sobre los ingresos netos familiares puede ser casi nulo. Se beneficiarían los propietarios de los colegios, si tienen fines de lucro (los sin fines de lucro van a obtener nuevos laboratorios e infraestructura). Los mejores profesores también se verán favorecidos, ya que ante la mayor demanda por sus servicios, podrán exigir mayores salarios por el mismo esfuerzo. Todo esto tendrá un gran costo para el fisco, y en vez de simplificar el sistema impositivo, lo complicará.

Los resultados de la encuesta solo reflejan qu la mayoría de las personas no tiene tiempo ni deseos de examinar temas complejos y responden al sonido de la frase «reducción de impuestos», sin pensar en las consecuencias. Por eso no es bueno gobernar por reeferendum y es preferible la democracia representativa.

Una vergüenza, Fundación Jaime Guzmán.

Algunos temas en educación: Tema 1. Acreditación y discrecionalidad

R. Fischer

En el lanzamiento del libro de Patricio Meller hace pocos días, los presentadores discutieron las debilidades de nuestro sistema de acreditación de las universidades. Se describieron trucos como contratar doctores, no para hacer clases, sino para otras labores, pero con eso la universidad sube en el indice de doctores con jornada completa. Así como éste hay muchos trucos que puee usar una universidad de mala calidad para aparecer mejor y ser acreditada.

El problema, como siempre, son nuestros métodos, basados siempre en reglas rígidas, como herencia de nuestro sistema de derecho romano. En ese sistema, el juez sigue reglas que le dicen que hacer en cada situación, sin necesidad de usar el juicio y el criterio –al menos en teoría–. Tememos que de otra forma el sistema sea fácilmente corruptible.

Lo mismo hacemos con el sistema de acreditación, esperando que la universidad, carrera o departamento cumpla ciertos objetivos. Aunque hay examinadores externos, estos deben justificar –para eso nada mejor para nosotros que números o criterios prefijados– sus decisiones, o de otra forma podrían ser cuestionadas. Pero son justamente las determinaciones de calidad aquellas en que la disrecionalidad y el criterio experto, sin una justificación formal imposible, son necesarias. Aquí lo que debería contar para el experto que toma las decisiones es su reputación, que está en juego.

Un académico de buen nivel puede determinar rápidamente si un departamento académico es de buen nivel, nivel intermedio o pésimo, sin necesidad de ver estadísticas de egresados, número de doctores trabajando y otras cifras inútiles que se usan actualmente. Determinar si una universidad está en alguna de esas categorías es algo más complejo, porque las universidades tienen muchas componentes, pero tampoco es un problema insoluble para un experto que solo debe clasificar la institución en categorías gruesas de calidad.

Pero se ve imposible que confiemos en un sistema de este tipo, que funcionaría tanto mejor que el actual sistema, pero que es tan ajeno a nuestra cultura.

Sobre el lucro en las universidades

R. Fischer

Se ha dicho que no existen buenas universidades con fines de lucro, y creo que es cierto si consideramos como buenas universidad solo las universidades complejas, en las que la investigación y la creación, además de la docencia, son importantes. Pero eso no significa que todas las universidades deban realizar estas actividades.

Es mejor clasificar las universidades en universidades complejas y de docencia. Las segundas pueden ser muy buenas en su área más limitada. En particular, en Estados Unidos se dice que los mejores colleges dedicados a la docencia son a menudo mejores para los estudiantes que las mejores universidades complejas (en general se trata de colleges sin fines de lucro). Es decir, algunas universidades pueden concentrarse solo en educar, sin dejar por ello de ser útiles para sus estudiantes. En esa tarea específica, determinar si una universidad con fines de lucro es peor que una universidad estatal no es fácil.

Como lo reiteran los estudiantes, el lucro extrae recursos del fin educativo para entregárselos a los dueños de la institución educativa en la forma de utilidades. Pero las universidades estatales también tienen defectos esenciales: los`pocos incentivos a la excelencia y la rigidez debido a su pertenencia al aparato público. Esto es especialmente grave en en universidades estatales de segundo orden, donde la reputación de los académicos (que puede ser un aliciente importante) deja de ser relevante. En las universidades con fines de lucro al menos hay un sistema de incentivos, y son adaptables.

Esto significa que para poder comparar universidades estatales de segundo orden con universidades con fines de lucro, se deben evaluar las consecuencias de estas debilidades. No es evidente que un tipo de universidad sea mejor que la otra. Tal vez se pueda asegurar que ambos tipos deberían ser peores que las universidades privadas sin fines de lucro especializadas en docencia (porque mantienen incentivos y no extraen recursos), siempre que el componente ideológico o religioso de la institución no sea demasiado marcado.

Oí hace poco al vicepresidente de la Fech confundiendo estos criterios, citando a Harald Beyer, quién ha señalado que entre las mejores universidades no hay ninguna con fines de lucro. Pero claramente Beyer se refería a las universidades complejas. No es sano ni apropiado que todas las universidades se dediquen a la investigación y a la creación. Por lo tanto, los argumentos del vicepresidente de la Fech en contra de las universidades con fines de lucro no se sostienen. Dado que es deseable que existan universidades dedicadas a la docencia, y tanto en las estatales como en la con fines de lucro tienen problemas de fondo, no se puede deducir que el lucro haga que un tipo de institución sea peor que otra.

Desde los archivos: Gobierno de las universidades estatales

R. Fischer

Jorge Zalaquett tiene hoy una columna en La Tercera en la que propone una alternativa al sistema actual de gobierno de las universidades estatales. Actualmente la mayoría tienen una elección para el rector en la que participan los académicos como electores. Los alumnos desean participar, junto a los funcionarios, creando un sistema triestamental.

Por varios motivos, algunos de los cuales son planteados por el profesor Zalaquett, el sistema actual de gobierno es una mala idea, que imagina que todas las instituciones tienen que ser gobernadas por elecciones. El error es que las universidades son entes de carácter meritocrático y no democrático: se respeta y se promueve a los mejores, quienes tienen más derechos que los mediocres. Pero los méritos no son hereditarios y en principio cualquiera puede cumplir las condiciones requeridas, por lo que no es un sistema aristocratizante.

En todo caso, el tema de esta nota es que durante los 90 también hubo un movimiento estudiantil fuerte que mantuvo parada a la U. de Chile durante meses, y en la que los alumnos consiguieron una representación triestamental en el Senado Universitario. En aquél entonces me dediqué a pensar en como mejorar el gobierno universitario.

Llegué conclusión similares a las del profesor Zalaquett y escribí una columna sobre gobierno universitario. No recuerdo si fue publicada y por qué aparece en primera persona plural. ¿Acaso fue circulada e intenté conseguir adherentes? En tal caso no me fue bien.

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Consejo Universitario

10 de noviembre de 1997

Los problemas de la Universidad no solo son serios, sino que la falta de avance en su solución descorazona a académicos, alumnos y administrativos. Se ha acusado de falta de resolución al rector. Sin embargo creemos que en el problema se origina en el mecanismo de generación de autoridades en la Universidad de Chile. Un mecanismo en el que el rector es elegido por el sufragio de los académicos es una receta para que los candidatos a la elección (y en particular a la reelección) no se atrevan a ofender a ninguno de los numerosos grupos de votantes cuyos intereses son heterogéneos. Una restructuración de la universidad que ataque sus problemas necesariamente afectar a ciertos grupos, por lo que en un sistema de elecciones se da la tendencia a no hacer cambios y ni siquiera proponerlos, de manera de no ofender a potenciales votantes.

Proponemos por lo tanto un sistema alternativo: un Consejo de Universidad que elija al rector y a los decanos (posiblemente a proposición del rector) y que trace los grandes lineamientos estratégicos y de desarrollo de la universidad. Este consejo estaría integrado por tres delegados del gobierno, tres académicos y tres representantes de la sociedad civil, tales como asociaciones de empresarios, colegios profesionales u otros. Estos cargos podrían ser elegidos por el presidente o alternativamente, votados por ex-alumnos, quienes son los más interesados en la mantención de la calidad de la Universidad. El Consejo no intervendría en el manejo operativo de la universidad.

La selección del rector se haría mediante un comité de búsqueda, a petición del Consejo Universitario, posiblemente contratando a agencias privadas especializadas. En este esquema, el rector es una figura simbólica de la universidad, delineando públicamente las grandes directrices de desarrollo definidas por el Consejo de Universidad. El rector cumpliría labores de relaciones públicas y de búsqueda de fondos para el desarrollo de la Universidad. El rector dispondría de un pequeño porcentaje de fondos de libre disposición que podría destinar a desarrollar áreas nuevas de la universidad, de acuerdo con las directrices generales del Consejo Universitario.

El poder operativo estaría en manos de los decanos, quienes al se nombrados, no estarían sometidos a las presiones existentes en la actualidad. Los decanos podrían intervenir en departamentos que tienen problemas, de acuerdo a medidas objetivas como caída en los ingresos de alumnos, ranking nacional del departamento, u nivel de investigación. A su vez, el Consejo Universitario podría intervenir en facultades a través del rector, removiendo a los decanos en caso en que las facultades estuvieran en crisis.

Proponemos crear un senado universitario de carácter consultivo, que reflejaría el pensamiento de los académicos sobre la institución. Este senado estaría integrado por académicos de las primeras tres categorías, en una elección de dos etapas: primero a nivel departamental, el que elige delegados que a su vez eligen representantes por facultad. El número de representantes por facultad depende del número de profesores y estudiantes de cada facultad, para reflejar la importancia de ésta en la universidad.

Si examinamos el sistema universitario en EE.UU., país con algunas de las mejores universidades del mundo, observamos que la generación de autoridades es completamente distinta. A pesar de ser un país eminentemente democrático, donde hasta los jueces son elegidos, no existe elecciones de rectores en la Universidad, ya que se reconocen los defectos de tales sistemas. En otros países en que existen universidades gobernadas por académicos o peor aún, con participación de estudiantes y no académicos, la flexibilidad de las universidades y su calidad son a menudo peores.

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Revisando lo que escribí hace casi quince años, creo que cometí algunos errores: la elección de los miembros del Consejo por el Presidente por si solo no es una buena alternativa (aunque me sigue gustando la participación de los los egresados), y es preferible la opción que sus nominados sean aprobados por el Senado como los sugiere el profesor Zalaquett. El otro problema es que el artículo entra en demasiados detalles del gobierno universitario. Habría sido preferible concentrarme solo en el tema del Consejo Universitario, su elección y sus atribuciones.

Una antigua propuesta de financiamiento estudiantil

R. Fischer

Recordaba que alguna vez escrrbí sbre financiamiento estudiantil. Revisando mis archivos, encontré la siguiente propuesta, escrita en noviembre de 1997. Me siguie pareciendo una buena idea:

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Tema: Financiamiento estudiantil

Ronald Fischer

13 de noviembre de 1997

1. Proposición

Propongo el siguiente sistema para el financiamiento de becas para alumnos de menores y/o medianos ingresos: El Estado otorga préstamos de estudio, las que pueden incluir un componente para gastos de alojamiento, alimentación, textos, etc. El estudiante paga el préstamo y sus intereses (pueden estar subvencionados) mediante un cobro extra de impuestos internos, cuando su ingreso sobrepasa un nivel predeterminado. Este cobro extra puede estar graduado dependiendo del ingreso.

Como un ejemplo (los límites no tienen porqué ser éstos), se pagaría cero hasta un ingreso imponible de $250.000, y un 1% del ingreso por cada $50.000 de ingreso adicional, hasta completar un maximo de 5% del ingreso al llegar a ingresos de $500.000 mensuales y superiores. Una vez pagada la deuda más sus intereses, se acaban los cobros adicionales. Tal vez sea conveniente tener como umbral inicial el ingreso promedio nacional.

2. Fundamentos

Existen varias ventajas de este sistema sobre otras alternativas.

1. El sistema tiene una componente redistributiva efi caz: pagan los que ganan más. Aquellas carreras que son importantes socialmente pero que no otorgan buenos salarios se verían subsidiadas implícitamente, pues aquellos profesionales que ejercen la disciplina y tienen salarios bajo el promedio nacional pagarían menos o cero. Aquellos que se cambian a otras actividades y aumentan sus ingresos, pagan (a pesar de haber estudiado una carrera nominalmente de bajos salarios). Alumnos en carreras en las que los alumnos reciben buenos salarios también pagarían por sus estudios.

2. La deuda no es exigible, en el sentido de no haber problemas si el ex-alumno nunca adquiere los ingresos que le permitan pagar la deuda.

3. Este esquema es justo desde el punto de vista distribucional pues aquellos estudiantes de menores ingresos cuya profesión u otras actividades posteriores les permiten tener ingresos superiores al promedio la devuelven a la sociedad el préstamo. Así no se da el caso de un subsidio de los pobres a los (futuros) ricos.

4. Se utiliza un sistema ya establecido, lo que reduce los costos de fi scalización y cobro.

5. Un sistema parecido está siendo utilizado en Australia con tanto éxito que Nueva Zelandia está pensando introducirlo.»
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No recuerdo si esta propuesta es la versión final o si hubo versiones posteriores, más pulidas, y si fue publicada. Obviamente habría que hacer un ajuste en los límites de ingresos para pagar o no pagar, tal vez doblándolos, dada la mayor riqueza del país. El otro punto importante que olvidé en la columna (y por qué creo que debe haber una versión más completa), es la tasa que se debería cobrar a estos créditos. Creo que la tasa debería ser similar al costo de financiamiento del gobierno, ya que la recaudaría el gobierno a través de su sistema de recaudación de impuestos y los costos de administración deberían ser bajos. La pregunta es si se puede financiar una carrera que dura cinco años con el cinco por ciento de los ingresos de las personas.

El siguiente gráfico muestra el perfil de la deuda, suponiendo una carrera que dura cinco años con un costo anual de $3.000.000 anuales, y que el joven profesional repaga $600.000 el primer año que trabaja como impuesto adicional universitario. Esto corresponde al 5% del ingreso de un profesional que gana $900.000, y al 10% de uno que gana $500.000. La tasa de interés que se cobra al crédito universitario es un 4% real (la tasa del 2% real a los estudiantes de las universidades del CRUCH es un subsidio sin justificación clara). Además, supongo que la tasa a la que crecen los ingresos reales del universitario es de un 5% real. Esto se puede explicar como producto del aumento en los ingresos per capita (un 2% real anual) y que hay un incremento adicional por la experiencia y otros factores que aumentan con la edad del profesional hasta la cuarentena.

Como se observa en la figura, el crédito terminaría de pagarse en la cuarentena. Esta es una indicación del costo de la propuesta de universidad gratuita. Este enorme costo, que beneficia principalmente al universitario, se trapasa al resto de la sociedad. Esta es en promedio más pobre que el futuro profesional, y además, no tuvo la oportunidad de que le regalaran los estudios. Con esta antigua propuesta eso no ocurre; son los futuros profesionales los que repagan la deuda que incurrieron, y así financian a futuros profesionales. Además, la propuesta tiene la ventaja de que si el estudiante decide abandonar su carrera, tendrá que pagar los costos que ocasionaron sus estudios interrumpidos en caso que sus ingresos sean lo suficientemente altos.

Una propuesta como ésta depende de la calidad de la información que se tenga sobre la calidad de las universidades. Una buena fuente, más que el sistema de acreditaciones, es la información de la base de datos de Brunner y Meller sobre ingresos de egresados de distintas carreras. Esta tiene la deficiencia de que las universidades no permiten que se incorpore la información sobre las universidades de egreso, pese estar disponible. Esta información debería estar disponible para los futuros estudiantes, al menos si la universidad desea acogerse a este sistema de créditos.

Exigencias estudiantiles

R. Fischer

Creo que las exigencias de los estudiantes se pueden dividir en dos tipos, con distintos niveles de legitimidad. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las propuestas específicas, pero es claro que las peticiones por menores costos de la educación universitaria, y por mejor calidad de la educación media y básica caen plenamente en lo que se pueden denominar las exigencias legítimas de un movimiento estudiantil.

La petición de terminar con el lucro en la educación escolar es un tema más delicado, porque el Estado y sus representantes elegidos nunca se han opuesto al lucro en los colegios (a diferencia de la educación universitaria) y no es obvio que ello sea la causa de los malos resultados en la educación escolar. Por lo tanto, se trata de una exigencia de tipo moral (la oposición es porque el lucro es malo y no porque genera peores resultados), y esa tipo de exigencias escapa a lo que se podría llamar una petición legítima de los estudiantes como estudiantes –a diferencia de su categoría de ciudadanos que legítimamente votan por políticos que desean eliminar el lucro–.

Pro eso palidece al lado de las demás peticiones estudiantiles. Primero, desean negociar con la autoridades el contenido de la legislación. El problema es que ese es el tipo de temas que corresponde al Congreso, donde los representantes elegidos por los votantes negocian las leyes. Es natural que cuando se discutan leyes hayan consultas a grupos de interés, y que se analicen los detalles con especialistas, pero un grupo de presión no puede imponer, legítimamente, condiciones al gobierno. Nadie los eligió para ello.
Menos aceptable aún es que extiendan sus peticiones a un plebiscito. No soy un experto en teoría política pero hay motivos fundamentales por el que las democracias funcionan con parlamentos y representantes de los votantes y no por democracia directa. Los plebiscitos son manipulables y por ello son una herramienta usual de las dictaduras o de gobiernos que solo en apariencia son democráticos. Además, dan origen a malas políticas, como se ha observado en California.

Los ciudadanos normales tienen muchas otras preocupaciones que ocupan su tiempo como para además requerirles pensar sobre la conveniencia de cambios legales que deben votarse mediante plebiscitos. Por eso, en teoria, eligen a candidatos que representen sus opiniones, pero éstos
deben tener autonomía para estudiar cuidadosamente las leyes y decidir su conveniencia, pensando en lo que conviene a los ciudadanos que los eligieron. La practica es algo más deficiente que esta visión idealizada, pero nunca tanto como en las democracias plebiscitarias. En ellas, un demagogo o un grupo de presión pueden convencer a la ciudadanía de votar a favor de una medida cuyos efectos no han tenido tiempo, ni deseos, ni información para analizarla cuidadosamente y cuyos efectos pueden ser desastrosos.

Recordemos que los políticos actuales se han vuelto menos respetables, no porque sean más corruptos que antes –probablemente con los estándares actuales todos los políticos del pasado serían corruptos–, sino porque cambian sus opiniones de acuerdo a las encuestas de opinión. Luego de un crimen violento, la ciudadanía quiere penas más duras para los criminales y los políticos obedecen y cambian las leyes. Poco tiempo después, se condena injustamente a alguien y el clima se vuelve contra las condenas largas y estas se reducen, en un ciclo de malas decisiones políticas. Manejarse por encuestas es casi equivalente que el gobierno se maneje por plebiscitos, y los resultados son malas políticas. La petición de un plebiscito no le corresponde a los estudiantes, ni sería sano para nuestra sociedad manejarse por ellos.

Postcript: Mi colega Matteo Trozzi me cuenta que en Italia los plebiscitos funcionan razonablemente bien. Pero tienen muchas salvaguardas: la peticiones deben ser aprobadas por el equivalente a nuestro tribunal constitucional, lo que hace que el proceso sea lento, dándole tiempo a los ciudadanos para reflexionar sobre la decisión. Tal vez lo más importante es que se trata de temas que los políticos no desean tocar y prefieren dejarle la responsabilidad a los ciudadanos: temas como el divorcio y el aborto. Son temas que las personas entienden, que pueden sopesar, sobre los que tienen opiniones, y sobre todo, son temas que espantan a los políticos. No es el caso en los temas solicitados por los estudiantes.

Algunos problemas en las propuestas para universidades

R. Fischer

Escribir sobre las propuestas estudiantiles daría para mucho, pero solo quiero referirme a unas pocas de ellas. Una de las quejas de los estudiantes es el alto costo de los estudios, el que ha subido mucho más que el arancel de las becas y otros subsidios a los estudiantes de bajos ingresos.
No estoy seguro cual es la explicación que dan los estudiantes para esta alza desmedida, pero es casi seguro que la asignan gran parte de la culpa al lucro en la educación.

Aunque puede haber un pequeño efecto del lucro en los costos de la educación, el aumento de costos tiene otra causa mucho más fundamental. Cuando un sistema universitario se expande como lo ha hecho el nuestro, y con condiciones de competencia que impiden una degradación en la calidad como la que ocurrió durante la ampliación de la cobertura escolar de la década de los 60, los factores (cuasi-) fijos se llevan gran parte de la renta producida por los mayores ingresos por matrículas.

Nuestra cobertura de educación terciaria universitaria aumentó en algo así como 100% en diez años, pero el número de personas que podrían servir como académicos crece mucho más lento. Hay carreras, como las de negocios, en las que no son necesarios muchos recursos como laboratorios e investigación, y pueden hacer buenas clases un enorme número de profesionales. Es por ello que son las carreras que inicialmente se expandieron más rápido en las nuevas universidades, sin elevar demasiado los costos.

El problema es que las nuevas universidades se expandieron a otras áreas en la oferta de académicos –incluso part-time– es más limitada y los costos de infraestructura son mayores. Además, los procesos de acreditación elevaron las exigencias en esas carreras, ya que la acreditación valora la investigación y el número de profesores de jornada completa con posgrados, especialmente doctorados.

Este último factor es casi fijo, porque el proceso de creación de nuevos doctores puede tardar cinco a seis años, y solo una fracción pequeña de la población tiene interés y la capacidad para seguirlos. Esto ha generado una competencia desmedida por los académicos existentes, elevando sus remuneraciones. Este es el factor principal en el aumento en el costo de la educación universitaria.

En mi área, por ejemplo, una universidad privada (e incluso algunas privadas sin fines de lucro) le ofrece a un académico recién doctorado un salario que lo puede poner en el 1-2% de mayores ingresos de la población. Esta posición relativa de los ingresos de los académicos es superior a la de otros países del mundo desarrollado. Incluso mi Facultad, perteneciente a una universidad estatal, y que tiene remuneraciones menores que la competencia, puede atraer a académicos europeos en casi todos los departamentos. En Europa el número de estudiantes decrece por la baja fertilidad, y eso ha afectado a los académicos jóvenes, que deben emigrar, algo que podría repetirse en el mediano plazo en Chile.

Al eliminar el costo de los estudios, haciéndolos gratuitos, se elimina una de las pocas señales que da el mercado para limitar el ingreso a la educación universitaria. Al no haber señales, hay personas sin habilidades que estudian aunque esto represente una pérdida para la sociedad y segundo, las personas pueden elegir carreras sin importarles si encontrarán trabajo en su campo al egresar. En el futuro esto causará frustración por los años desperdiciados. Además, es posible que gran parte de los mayores ingresos se traspase a los académicos, o que baje la calidad de la educación universitaria si no aumentan los recursos asignados.

Entre paréntesis, hace unos quince años, el Centro de Economía Aplicada de la U. de Chile publicó una propuesta de financiamiento universitario en El Mercurio. La propuesta era similar al actual esquema australiano: Se pagan las universidades, pero los alumnos de bajos ingresos pueden posponer el pago hasta que comiencen a trabajar. En ese momento deben pagar la deuda como un impuesto adicional, con un tope en porcentaje de los ingresos y un un mínimo de ingreso para pagarlo. Esto subsidia el estudio en carreras de bajos ingresos, como artes y pedagogía, pero permite que paguen los estudiantes de esas carreras que se transformaba en empresarios de altos ingresos. No lo encuentro en mi computador, pero debe ser posible recuperar la propuesta y ver si todavía es relevante.