Un problema libertario

Los libertarios se oponen a las regulaciones porque las personas deberían ser responsables de sus acciones, y gran parte de las regulaciones se pueden reemplazar por juicios por negligencia (tort suits). Este artículo, revelador para este autor, indica que los resultados de esta forma de mirar la sociedad son más limitaciones y prohibiciones de las que se tienen bajo un sistema con más regulaciones, pero con menos posibilidades de ir a juicio.

Los ejemplos del artículo son increíbles. En los lagos de Michigan las personas solo pueden nadar en las zonas indicadas, con profundidades hasta la rodilla. Así el Estado de Michigan evita que le hagan juicios. En otros lugares, no se ponen avisos de peligro en la ruta porque así el Estado puede alegar que no sabía que habían riesgos. Así evitan casos como el de la mujer en snowblade que tiene un juicio contra un resort porque chocó contra alguien.

The problem here, as Mr Howard says, isn’t simply over-regulation as such. It’s a culture of litigiousness and a refusal to accept personal responsibility. When some of the public behave like children, we all get a nanny state.

El autor lo compara con la situación en Holanda, donde existen muchas más regulaciones, pero hay más libertad, porque los jueces usan más criterio para aceptar casos. Aquellos casos en los que el culpable es la irresponsabilidad del litigante no se acogen. Su hija de 9 años no tenía problemas para nadar en los ríos en Holanda, tal como otros niños amigos.

In fact, I’d tried to look up the official position on this question, and found that the government advises against swimming in rivers anywhere in the Netherlands, because of boat traffic and water current issues. But the thing is, as long as you don’t do something gratuitously stupid or make a flagrant nuisance of yourself, nobody’s going to stop you.

[…]Essentially, you still have the freedom to swim in the river in Amsterdam because people assume you have the common sense to avoid stupid behaviour, like diving in when you don’t know what’s underneath, or not keeping to the sides of the river during barge traffic hours. And if you don’t, it’s nobody’s fault but your own.

El autor concluye que el sistema holandés es mejor:

To generalise: for risks I can assess myself, I don’t want regulations that prevent me from doing as I please just because I might end up suing the government. For risks I can’t assess myself, I do want regulations that give me the confidence to do as I please. One kind of regulation stops me from swimming in a pond in Massachusetts. The other kind lets me swim in a river in the Netherlands. One kind of regulation makes me less free. The other kind makes me freer.

Conflictos de interés y columnas de opinión

Hoy en La Tercera, un comentario sobre la inconveniencia de que almacenes y supermercados vendan medicamentos de venta libre. Independientemente de los méritos de la posición del Sr. Roberto Darrigrandi, economista, ésta coincide en tal grado con los intereses de las farmacias y farmaceúticos que es importante saber si se trata de una opinión independiente o si el autor tiene alguna relación con estos grupos de interés.

Asimismo, el autor hace algunos comentarios que merecen algunas dudas, por decir lo menos. Primero, indica que en Argentina la medida causó

100.000 internaciones por año por uso indiscriminado de fármacos, 22% causando la muerte, y su consumo per cápita de psicofármacos es el doble que en Chile (mayoritariamente de venta libre)

Primero, si se toman las cifras de la columna, parecería indicar que la medida causó 22.000 muertes en Argentina. Una cifra de esa magnitud merece más referencias que la de Roberto Darrigrandi, economista.

Segundo, los psicofármacos con principios activos peligrosos requieren receta médica –en muchos casos retenida–, por lo que no serían afectados por la propuesta de que almacenes y y supermercados puedan vender medicamentos de venta libre. Solo aquellos fármacos de efectos muy suaves y que funcionan más bien como placebos podrían venderse en locales distintos de farmacias. Por lo tanto la preocupación del autor parece más bien alarmista, con el objetivo de disuadir una propuesta que podría favorecer a gran parte de la población.

Nota: El autor de este blog no trabaja para ninguna de los sectores involucrados en este caso.

Estándares de servicio en empresas

No es del agrado del autor de este blog comentar sobre empresas particulares, pero en ciertos casos puede ayudar a los lectores a tomar decisiones y porque además se derivan conclusiones de interés económico. Son las historias contrastadas de un califont y el cierre de una cuenta corriente.

Este autor tuvo que comprar un califont y luego de algunas averiguaciones sobre la calidad, compró un Ursus Trotter de 18lts, la mejor o una de las mejores marcas del mercado. El equipo fue instalado por personas autorizadas por la empresa, pero en la primera ducha era notorio que, a los pocos minutos, la temperatura comenzaba a oscilar, desde una elevadísima e insoportable, al frío absoluto. Esto estaba asociado a variaciones del flujo de agua. Al calentarse en exceso el agua, aumentaba el flujo y bajaba la temperatura, a veces hasta la de un califont apagado. Luego el flujo caía y la temperatura aumentaba. Solo era posible estar bajo la ducha los breves instantes en que la temperatura estaba en transición entre los extremos.

Al primer reclamo la empresa envió un técnico que fue incapaz de observar el efecto, pues tarda algunos minutos –variables– en aparecer. Aseguró que de xistir un problema, no podía ser del califont, sino qeu debía ser causada por una llave de paso que según el, estaba en mal estado. La llave fue cambiada, sin resultados. En su segunda visita el mismo técnico siguió sin observar nada, por lo que procedió a cambiar un elemento eléctrico menor, bajo el mismo principio de los médicos que siempre recetan algún placebo para tranquilizar a los pacientes.

La tercera visita del mismo técnico tampoco sirvió, por lo que se solicitó otro técnico, con la instrucción específica de esperar varios minutos antes de terminar la inspección. Este técnico observó un problema e hizo un reporte, pero sin efectos concretos; según el, era la primera vez que veía un problema de esta naturaleza. Es importante notar al respecto que no es posible devolver un califont, incluso bajo garantía. Solo se puede esperar que la empresa lo repare o acepte cambiarlo por otro. En todo este proceso había transcurrido casi un mes y medio con dos baños básicamente inutilizados.

Luego de esta cuarta visita con un resultado positivo, el autor llamó a la empresa solicitando el recambio del califont. El servicio técnico prometió que lo cambiarían o dejarían funcionando el existente. Sin embargo, hubo otra visita de un tercer técnico que tampoco creía que existía un problema. Hizo una pruebas directas y no detectó nada, pero al probar una de las duchas el problema reapareció. En su informe, trató de traspasar la responsabilidad a las instalaciones internas de la casa, pero se le solicitó una nueva prueba directa y luego de varios minutos, pudo al fin observar las variaciones en el flujo de agua que salía del califont. No le quedó más que admitir la existencia del problema, un mes y medio después de la compra y luego de varias visitas. Desde entonces ha pasado un día sin acciones salvo una llamada comunicando que la empresa cambiaría –eventualmente– el califont.

El caso del cierre de una cuenta corriente fue mucho más satisfactorio. Las historias de terror que se cuentan sobre el cierre de cuentas hicieron temer a este autor que tendría grandes dificultades en cerrar su vieja cuenta en el Banco de Chile, del que había sido un buen cliente por muchos años. Para su sorpresa, el proceso ocurre mediante un centro de llamados y no requiere presencia física del cuentacorrentista, salvo para recoger los saldos positivos, de existir. Es decir, una llamada con una duración de 15 minutos, que fue grabada, más una visita a la sucursal que demoró media hora para realizar la entrage de los dineros mediante vales vista, y fue todo. Una experiencia muy satisfactoria y bastante distinta de la experiencia con Ursus Trotter.

Sería interesante determinar que explica la diferencia entre el comportamiento de la empresa en ambos casos. En Ursus Trotter, la empresa y sus técnicos rehusaron aceptar una queja insistente de un cliente, como si el cliente fuera incapaz de detectar algo tan simple como cambios de temperatura. La actitud de la empresa es que el equipo no puede estar malo, y que algún elemento en la casa debe ser responsable del problema, si efectivamente existe un problema, lo que no ha sido verificado. Una vez que se detecta, no se cambia el equipo, sino que se procede a una segunda verificación, para luego finalmente aceptar que se debe cambiar, lo cual tarda algún tiempo. Una vergüenza de empresa.

El contraste con el Banco de Chile es notable. Salvo por algunos intentos por disuadir a este autor de cerrar la cuenta, el proceso fue rápido, eficiente y amable.

Cuotas individuales de pesca

El experto islandés invitado por la Cámara de Diputados alabó las cuotas individuales de pesca y recomendó hacerlas perpetuas. Este blog concuerda con la idea de cuotas individuales de pesca, e incluso con la posibilidad de hacerlas permamentes –aunque mantiene algunas dudas sobre este punto–. Al preguntársele si las cuotas individuales de pesca deberían licitarse el experto señaló:

-En casi las mil distintas pesquerías que hay en el mundo todas las cuotas pesqueras se han entregado por capturas históricas, es muy raro que existan licitaciones. Hay casos que podrían ser relevantes para la situación chilena, como Rusia y Estonia. En ambos casos se introdujo licitaciones en el año 2001, lo que no funcionó, y se detuvieron en 2003, ya que las pesquerías gastaron mucho dinero en comprar las cuotas y quedaron con muy poco capital de trabajo. Además, los precios después fueron muy volátiles.

Lo cual es raro como explicación. Si las empresas Estonias terminaron con poco capital de trabajo, por otro lado ahora disponían de un activo hipotecable que no poseían antes –la cuota– por lo que no se entiende porque no podrían conseguir más capital de trabajo.

En realidad las licitaciones no tienen nada malo, salvo para las empresas que se oponen porque siempre es mejor recibir algo de regalo que tener que pagar por el. Es comprensible su interés en la gratuitidad, y que hagan presión política para conseguirlo, pero ello no es motivo para pensar que el Estado tiene la obligación de regalar estos derechos. En este caso estamos hablando de un activo que el Estado puede otorgar, que es análogo a la situación de una mina en territorio fiscal cuya ley y costos son conocidos. ¿Por qué sería mejor regalarselo a quienes han recibido el beneficio de su explotación por los últimos 9 años, y no licitarlo? El usufructo de las cuotas por 9 años debería haber compensado todas las inversiones que tenían al introducirse las cuotas individuales de pesca.

Ventajas de las barrreras al transporte

La Federación de Dueños de Camiones del Biobío se opone duramente a las barcazas que comenzarán a operar sobre el Biobío porque acortan los viajes y reducen sus ingresos. Luego del terremoto, los puentes sobre el río quedaron destruidos, por lo que los camiones con carga desde y hacia el Sur de Concepción deben recorrer grandes distancias con su carga. En palabras del Presidente de la Asociación:

“antes del terremoto se fletaba desde la zona de Arauco a Concepción a precios irrisorios. Hoy al no estar aptos los puentes los transportistas se han visto obligados a dar un giro al sur, vía ruta de la Madera hasta Nacimiento, Los Ángeles y vuelta a Concepción, lo que aumenta la distancia del flete en 200 kilómetros. Por el flete inicial el transportista recibía entre 80 mil y 100 mil pesos. Hoy recibe entre 280 mil y 320 mil pesos aproximadamente, Esto significa que los camioneros logran un mayor ingreso por día a sus móviles y tienen una mayor rentabilidad, por lo que es obvio que su conveniencia es la segunda opción”.

Las barcazas reducirán el costo del transporte de carga entre ambas riberas del Biobío, a lo que se opone la Federación:

“el Estado esta asumiendo el costo de la construcción de los embarcaderos para utilizar el sistema de transbordadores en forma innecesaria, dado que el transporte no está sufriendo un problema grave e insoluble. El transporte de mercancías se está haciendo con bastante normalidad, sólo que con un trayecto más largo, lo que afecta directamente a algunas grandes empresas que están pagando mayores fletes, que son solventados con el mayor valor que asumen sus productos en el mercado o por el valor final que tienen sus exportaciones”.

El razonamiento del Presidente de la Federación implica que no entiende que los mayores costos del transporte hacen menos competitivas nuestras exportaciones, y que si la carga es para consumo nacional, el mayor costo lo pagan los consumidores. De seguir su miope lógica, deberíamos cortar todos los puentes del país para que la carga tuviera que salir por Argentina, porque así los camioneros ganarían más y nadie perdería.

Concesiones de desalinización

Este blog ha quedado intrigado por el anuncio del Ministerio de Obras Públicas según el que promoverán las concesiones de plantas desalinizadoras. La pregunta es: ¿porqué es necesaria una concesión? ¿No es posible que una empresa consiga un contrato de largo plazo con una empresa sanitaria o una mina y construya la planta luego de solicitar los permisos de construcción, ambientales, y otras burocracias? ¿ Cuál es el motivo de requerir una concesión para esto? La planta requiere una fuente de energía –contratable–, acceso a agua salada –abundante– y una tubería mar adentro que permita la dilución de la salmuera, residuo del proceso de desalinización. Se requieren asimismo permisos de la Directemar, ¿pero una concesión? ¿Porqué es necesario establecer plazos finitos para un proyecto como este? Tal vez al MOP le gusta la palabra: concesión.

Notarios de nuevo

Una interesante editorial de La Tercera, que presenta algunas interesantes ideas sobre como mejorar el sistema de notarios. Una de las propuestas, con la que este blog coincide totalmente, es que se reduzca el número de documentos que deban llevar timbre de notario para distintas operaciones legales o interacciones con el Estado. La editorial da dos ejemplos bellísimos de nuestro amor hacia todo lo notarial: los certificados de supervivencia que deben aportar muchas personas que por definición están vivas (además que se puede verificar con más seguridad en el registro civil), y los documentos con copia notarizada, cuando se lleva el original.

Es la opinión de este blog que el origen de nuestro amor por los notarios son las deficiencias de la justicia civil. Como ella es incapaz de castigar falsificaciones de firmas o la violación de contratos con un grado de seguridad que haga confiables las firmas o contratos, se imponen todo tipo de trabas para reducir la ocasión de que estos problemas aparezcan. Por supuesto, esto hace que todas las operaciones sean lentas y caras (lo que explica la cantidad de días que toma armar una empresa y, sobre todo, cerrarla). Una de las medidas principales es utilizar notarios para todo tipo de operaciones. No es que esto aumente en mucho la seguridad de las operaciones, pero es el único mecanismo de que disponemos dadas las deficiencias de la justicia. Este tema da para mucho más.

Nahum al poder

Todo parece indicar que el nuevo decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile será el Profesor Nahum, ex-decano de esa Facultad. Es una lástima, porque no parece probable que el Profesor Nahum, enemistado a muerte con el Rector, pueda realizar la renovación académica que requiere la Facultad si no quiere continuar en un proceso de decadencia.

El Profesor Nahum ha sido un buen administrador, pero no parece poseer las capacidades, académicas o de liderazgo entre los académicos, que permitan hacer los cambios que se necesitan. Por el contrario, si es verdad que el Profesor Nahum desea negar la sal y el agua al Rector en el Consejo de la Universidad, las dificultades de la Facultad de Derecho podrían trasladarse a la Universidad, que ya tiene suficientes problemas.

Desde una perspectiva externa y probablemente mal informada, la Facultad de Derecho necesita un combinación de profesores de jornada completa educados en el extranjero (no solamente en escuelas españolas) para liderar las secciones de cursos básicos, junto a su actual grupo de profesores externos para realizar los cursos más profesionales. El programa debería ser más conceptual, con alumnos que aprendan los conceptos que están detrás de las leyes y no tanta memorización de normativas. Asimismo, debe disponer de capacidad de investigación de buena calidad, que permita ganar proyectos de investigación en el área. De esta forma la Facultad puede volver a recuperar su prestigio y atractivo para los mejores alumnos y profesores.

Revisión técnica

La experiencia de las revisiones técnicas, incluso si no hay demasiados automóviles en la planta, es bastante mala. Cada vehículo demora 15-20 minutos en ser procesado, en bunea medida porque la organización del trabajo es mala. Los empleados se suben al auto, van y vienen por papeles, se pasean o van a comer hot dogs. En resumen, con cinco o seis autos de espera es fácil perder una hora y media incluso en un día con poca afluencia de público. Considerando que hay más de tres millones y medio de vehículos y que la mayor parte de los conductores van a la revisión técnica en días con mucho más demanda y por lo tanto mayores tiempos de espera, el costo social del tiempo perdido es enorme. Al menos 5 millones de horas, equivalente a unas 2.500 personas dedicadas a esperar sus vehiculos en las plantas todo el año. Esto, sin considerar lo que se debe pagar por la revisión técnica.

Es necesario revisar si los procedimientos son los adecuados. Algunas cosas que se pueden reexaminar: ¿es necesario que las revisiones en su dimensión técnica sea tan estricta, y por lo tanto cara y lenta? Parece razonable, sin embargo, que se mantenga la revisión de gases.

Tal vez estándares técnicos mucho menores serían suficientes para garantizar un grado de seguridad razonable de los vehículos, y tal vez habrían, por lo tanto, menos revisiones deshonestas (pues es dificil imaginar que algunos vehículos que circulan hayan podido pasar un examen honesto). Una revisión menos estricta podría incluso elevar el nivel de seguridad, si reduce la gran cantidad de vehículos cuyos dueños deben hacer algo fraudulento ante la imposibilidad de pasar el examen.