Categoría: Monopolios y carteles

Delación compensada

El primer caso de delación compensada por un cartel: compresores de refrigeradores.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha solicitado una multa de aproximadamente US$13 millones a Whirlpool, por colusión en el mercado de compresores utilizados en refrigeradores. El artículo de La Tercera da información adicional sobre este caso. Considerando que se importan aparentemente 400.000 compresores anuales, y que el precio aumentó en US12 desde 2004, el mayor costo para los productores nacionales de refrigeradores es de unos US$5 millones este año, si todo el aumento de costo puede acharcase al cartel.

En el caso de Chile, las firmas que operan en Brasil –el origen de los compresores utilizados por las empresas productoras de refrigeradores nacionales– y que son relevantes son Whirlpool y Tecumseh. Tecumseh confesó ante la FNE, por lo que la solicitud la exime de responsabilidad y no se pedirá una multa.

Según la solicitud, habría un cartel global del mercado de compresores que opera al menos desde 2004. Debido a que los compresores usados en refrigeradores son productos diferenciados, ponerse de acuerdo las alzas se hacían por categorías de productos y en porcentajes. Para ello, equipos geerenciales y jurídicos de las distintas empresas se reunían en lugares secretos (hay que leer la denuncia de la FNE, porque la evidencia que muestra es increíble).

Hay varios temas interesantes en este caso.

Primero, la investigación no partíó en Chile, sino que nos llegó de rebote. Según algunas comunicaciones recogidas en la denuncia, el cartel puede haber estado operando por más de doce años, y los mensajes mencionan que no es el único sector industrial en que esto ocurre. Además, los mensajes incluyen frases para apaciguar las conciencias de los involucrados como: esto no afecta a los usuarios, estamos haciéndolo para poder sobrevivir, estamos reflejando los aumentos de costos, etc. Va a ser interesante observar el monto de los castigos en otros países.

Segundo, la delación compensada induce una carrera entre las empresas para confesar, una vez que en algún país hay la posibilidad de que se descubra la colusión. Por lo tanto, a la FNE toda la información para su denuncia que necesita le llega de regalo.

Tercero, la delación compensada es muy efectiva, ya que probablemente la FNE no tenía ni siquiera una investigación en curso cuando les llegó la información casi lista para usarse en la denuncia. Es tan efectiva la delación compensada que hay a quiénes les preocupa que pueda usarse por algunas empresas para ponerle una trampa a la competencia. Pero es difícil falsear la acusación, porque se requiere presentar evidencia firme. Una de las ventajas de la delación compensada es que disuade los carteles: las empresas invitadas a participar en un acuerdo temen ser traicionada por las demás.

Cuarto, el mayor costo de los compresores dejaba en desventaja a la industria nacional, que debía competir con competidores integrados Coreanos que aparentemente no participaban en el acuerdo. Los Coreanos tal vez han escarmentado luego de algunos castigos enormes a sus empresas (que operan en varios sectores, algunos de los cuales han tenido multas enormes). Igual les conviene la cartelización de los productores de un insumo básico para sus competidores nacionales, porque les da una ventaja de costos.

Quinto, es probable que el cartel haya alentado la entrada de firmas chinas al mercado de los compresores, lo que ya estaba comenzando a ocurrir. Ello podria haber llevado a la disolución del cartel o a una reorganización de éste para acomodar a los nuevos participantes.

Sexto, el requerimiento de la multa es contra una firma basada en Brasil y que no tiene operaciones en Chile. ¿Está obligada por la Ley Brasilera a pagar la multa por un delito cometido en otro país? Incluso de ser así, ¿como pueden actuar los organimos antimonopolio contra la firma en Brasil? Este blog no tiene clara la operativa legal en estos casos.

Una actuación de la Fiscalía

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha rechazado una denuncia de la asociación gremial de comerciantes de San Vicente de Tagua-Tagua, que reclamaban que las ventas bajo costo del pan en los cupermercados constituía una conducta depredatoria que haría desaparecer las pequeñas panaderías de la zona.

La FNE rechazó la denuncia porque la estrategia de vender bajo costos en este caso es parte de una política comercial conocida como loss leader, cuyo objetivo no es depredatorio, sino atraer clientes a los supermercados para luego venderlos otros productos con márgenes positivos. Además, como el costo de entrada al negocio de las panaderías es bajo, el objetivo tradicional de una conducta depredatoria (elevar los precios una vez eliminada la competencia) es poco probable. Por lo tanto, no hay que preocuparse de los efectos de largo plazo sobre la competencia. Prohibir la posibilidad de tener loss leaders solo conseguiría elevar el precio del pan en la zona.

Se ha criticado que las acciones de los supermercados, especialmente en ciudades pequeñas, tienden a destruir el comercio, dejando núcleos urbanos deteriorados. Esto es válido, pero no es un tema de competencia, que solo debe preocuparse de los temas bajo su órbita y no de la salud de las ciudades.

Es interesante a este respecto que la Competition Commission del Reino Unido llegó a la misma conclusión en su Informe sobre el mercado de abastos de 2008. En resumen, un informe sólido, que solo tiene el defecto de usar un reportaje de periódico de 1995 para referecniar la evidencia del Reino Unido y no el Informe de Abastos de 2008, del órgano oficial encargado de la competencia en el Reino Unido.

Una actuación del TDLC

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha emitido una sentencia en que condena a la empresa concesionaria del Puerto Seco de Los Andes a una multa de 350 Unidades Tributarias Anuales ($156 MM). Este puerto seco acoge los camiones procedentes del lado Atlántico de América Latina para su revisión por Aduanas y servicios como el SAG. La empresa cobraba por el servicio de estiba y desestiba, pese a que en la mayoría de los casos realizaba muchas menos actividades que aquellas incluidas en la definición del servicio, de acuerdo a las Bases de Licitación. En ello fue amparada por el MOP, que no hizo ningún intento de moderar los sobreprecios cobrados por el concesionario, pese a los múltiples reclamos de las empresas importadoras. Debido a que el Puerto Seco es un monopolio, sus actividades caen plenamente en el ámbito del TDLC.

La sentencia es demoledora en sus críticas al MOP por su comportamiento acomodaticio con la concesionaria. Para proteger sus concesiones presentes y mantener el interés en concesiones futuras, el MOP permite que los concesionarios abusen de su posición dominante (como también ha ocurrido en otros casos, como por ejemplo, en el aeropuerto de Pudahuel respecto a los courier). Con ello el MOP se desvía de lo que debería ser su objetivo en concesiones, es decir, proveer infraestructura pública costo-eficiente para los usuarios, y prefiere proteger a los concesionarios, ya que una reputación de ser generoso estimula la partiicpación en concesiones futuras.

Tal vez el punto más notable en la sentencia es que muestra lo mal diseñadas que estaban las Bases de Licitación (BALI). Las bases establecían que la concesión sería otorgada a la empresa que ofreciera el menor precio del servicio TAR (acceso al recinto y uso de parqueaderos y andenes) cuyos ingresos serían los que financiarían y rentabilizarían el proyecto. Además el MOP estableció tarifas máximas para una serie de otros servicios que podría prestar el concesionario en forma anexa. Pero estos servicios siempre fueron concebidos como accesorios y no la fuente principal de ingresos de la concesión, o también habrían sido un factor económico de licitación.

Pues bien, el concesionario ganó con una tarifa TAR de cero. Su objetivo era recuperar su inversión y obtener rentas cobrando el precio máximo por los otros servicios (incluso cuando lo que ofrecía era otro servicio). Al elegir esa tarifa TAR, el concesionario dejaba fuera a las demás empresas que competían por la concesión, sin por ello comprometer sus ingresos, que serían muy superiores a los que habría obtenido de competir lealmente con ellas. Esto fue determinado por el TLDC, cuyos cálculos apuntan a un cobro por camión de 33-55% del valor efectivamente cobrado para rentabilizar la inversión. Fue una triquiñuela del concesionario a la que el MOP accedió, probablemente porque de otrra forma habría demostrado los errores en las BALI

En resumen, una sentencia contundente que muestra el peligro de la dependencia del sistema de concesiones cuando sus objetivos apuntan máss a defender lo ya hecho que a procurar reducir los costos de los servicios para los usuarios de infraestructura

Neutralidad de red

La Cámara acaba de aprobar un proyecto de neutralidad de red de internet. La idea es que el proveedor no pueda discriminar entre distintos tipos de contenido, como lo hizo Teléfonica, por ejemplo, al oponerse a la telefonía IP o como lo hacen los proveedores que hacen más lento el tráfico de los usuarios de peer-to-peer (como los torrents), porque utilizan demasiado ancho de banda.

Una pregunta es si ambos casos son equivalentes, ya que en el primero la empresa se opone no porque eso le signifique un costo a los demás usuarios, sino porque le significa competencia a ella en otros servicios. En el segundo caso, al usar peer-to-peer, el usuario impone una carga mucho mayor sobre el sistema que el usuario promedio, por lo que es subsidiado, empeorando el servicio a los demás. En algunos países lo que se hace es imponer un límite al volumen de transferencias, cobrando un adicional cuando el límite se excede. Esto resuelve el problema del peer-to-peer, al menos en en términos de limitar su volumen. El problema es que los usuarios de peer-to-peer enfrentan un proveedor que normalmente es difícil de sustituir (la alternativa usual, la banda ancha móvil, no permite grandes volúmenes de datos), por lo que enfrentan, en efecto, un monopolio no regulado. Esta es solo un primer análisis, ya que la pregunta es compleja y merece mucho más espacio.

Rebajas en banda ancha

El gobierno está empleando una estrategia activa en telecomunicaciones, intentando modernizar un sistema que se quedó dormido los últimos cuatro años. Hay propuestas de atraer empresas que instalarían y arrendarían la infraestructura básica a todos los operadores, lo que evitaría la necesidad de duplicar instalaciones (por ejemplo torres de telefonía móvil). Actualmente las empresas de telecomunicaciones no arriendan sus instalaciones a nuevos entrantes, por ejemplo, para reducir la intensidad de competencia.

Todas estas medidas y muchas otras que el gobierno planea son loables, pero en un punto este blog cree que Subtel se equivoca, potencialmente distrayendo sus esfuerzos. Es erróneo pensar que la gran limitante del costo de la banda ancha es el costo del enlace internacional. El costo, de acuerdo a Movistar es de US$1.5/mes usuario. Movistar debería saberlo, pues la matriz de la empresa es la misma que la de una de las dos empresas de cable internacional que proveen los enlaces de Chile. Dado que ese valor corresponde a menos del 10% del costo del servicio más barato de banda ancha desnuda, incluso si el valor del enlace internacional se redujera a cero, el efecto sobre los precios de la banda ancha sería menor. Por lo demás, ¿si Subtel estima que las empresas están coludidas, porque no hace una acusación al sistema antimonopolios?

Enlace internacional y precios de banda ancha

Las empresas proveedoras de banda ancha han repetido varias veces en la prensa que una de las causas de los elevados precios de la banda ancha es el costo del enlace internacional. Como en Chile, alegan, la mayor parte de los contenidos proviene de los EE.UU., es necesario contratar con alguna de las dos compañías de cable internacional. El gobierno, convencido por este argumento, planea coordinar con Argentina contratos conjuntos para obtener mejores precios, ya que teme que los proveedores que son solo dos, se hayan coludido para cobrar precios demasiado altos.

Hay dos cosas que se deben notar. Primero, una de las compañías es propiedad de Telefónica, que a su vez es proveedor de banda ancha. Si efectivamente el gobierno cree que las empresas internacionales de cable están coludidas o compiten menos de lo esperado, ¿no debería realizar una petición de investigar a la Fiscalía Nacional Económica? Segundo, los costos estimados para el cliente promedio son de alrededor de US$1.50/mes, es decir menos del 10% de la cuenta más barata de acceso a banda ancha desnuda, de $12.500. No está ahí la explicación de los elevados precios de la banda ancha en Chile.

Spreads bancarios de nuevo

Una buena editorial de El Mercurio sobre los spreads bancarios. Entre otros puntos buenos, señala que no puede ser verdad que las grandes rentabilidades de los bancos se deben a la mayor eficiencia, pues si existiera competencia, esas utilidades se habrían transferido a menores costos del crédito, reduciendo las utilidades. También es buena la conexión entre una fuerte regulación que reduce la competencia bancaria y la solidez del sistema.

Se debe tener en cuenta, sin embargo, que los créditos comerciales no son necesariamente tan competitivos como lo ha sugerido un estudio reciente (ver la entrada Estudio de Spreads que discute el estudio). Muchas Pymes no tienen acceso al crédito y otras solo lo consiguen a alto costo, o como un crédito personal. Es probable que el promedio de spreads esté sesgado por un limitado grupo de empresas que tiene acceso a otras fuentes de financiamiento por lo que el spread que enfrentan es bajo, y que toman créditos de gran volumen.

Estudio de spreads

El Mercurio reporta hoy un estudio de Fernando Sepúlveda sobre los spreads bancarios. Las conclusiones del estudio son que existe competencia en el mercado del crédito bancario pero que podría existir poca competencia en el mercado de los créditos de consumo.

El resultado del trabajo de Sepúlveda es sorprendente, porque existe un enorme número de proveedores de créditos de consumo, los que van desde tarjetas de crédito, de comercio, créditos de consumo bancarios, de cooperativas, compras a crédito, empresas de servicios, e incluso los cheques a fecha. Además las tasas no son idénticas entre los distintos instrumentos, por lo que es difícil pensar en una forma en que podrían coordinarse lo distintos proveedores de crédito. La única explicación que parece razonable para los altos spreads no es falta de competencia, sino que los resultados del estudio no están corregidos por la tasa de morosidad u otros factores similares que afectan los costos de los proveedores de crédito. Después de todo existen tarjetas de crédito con tasas de morosidad de más de un 20% dirigidas a sectores de bajos ingresos. Esto es lo que plantea el Gerente General del Banco Santander en la misma página del reportaje.

Por el contrario, existe la sensación generalizada de que el mercado del crédito para empresas PYMES es poco competitivo, a diferencia de los resultados del estudio. Tal vez una explicación está en la poca homogeneidad de los datos utilizados en el estudio. Para Australia se usa la tasa de un crédito con tasa fija de hasta 3 años, para otros países se trata de tasas de créditos de 30-367 días, para otros no se indica plazo. Lo mismo sucede con las tasas de captación. La impresión que queda de revisar el estudio es que una primera mirada al problema de los spreads y que un estudio de este tipo, para ser definitivo, debe ser mucho más detallado y metódico.

Retraso en la televisión digital y competencia en telecomunicaciones

Como este blog lo ha mencionado en el pasado, algo le pasó a la regulación de telecomunicaciones en los últimos cuatro años: una parálisis total. En el Mercurio, hoy, la noticia que Chile es uno de los países de la región más atrasados en la implementación de la televisión digital, junto con Bolivia. Como lo señala el título de la noticia, «Hasta 25% podrían caer abonados de TV de pago en Chile con la televisión digital». ¿Será por eso el retraso? ¿Y será por un motivo análogo que estamos más atrasados en introducir la portabilidad númerica en telefonía móvil que muchos países de América Latina, e incluso que India y Pakistán?

En ese sentido, es interesante recordar la oposición de Subtel a una licitación de frecuencias de telefonía móvil que excluyera a las empresas establecidas en telefonía móvil.

Cambio de agenda y los puertos

En un artículo aparecido en el Journal of Legal Studies, The Theory of Loopholes (versión solo para suscriptores, lamentablemente), de Leo Katz, muestra que debido al Teorema de Imposibilidad de Arrow, no es posible eliminar la posibilidad de manipulación de agenda.

La manipulación de agenda consiste en introducir alternativas que terminen por eliminar la alternativa preferida por la mayoría, de manera que al final la decisión se toma entre dos alternativas que aseguran un resultado en favor de los intereses del que manipula la agenda. En el caso de nuestro Congreso, es posible introducir en el Comité encargado de un tema, una alternativa extrema, que resulta aprobada en el Comité pero que es rechazada en la votación en Sala. Aparentemente, con este mecanismo, un grupo de parlamentarios opuestos al divorcio consiguió retrasar el divorcio por un par de años. Lo que hicieron fue introducir una propuesta muy liberal, que atrajo al número suficiente de liberales para sacar del camino una alternativa que tenía más posibilidades de ser aprobada por el congreso.

Otro caso interesante ocurre en los puertos. En el caso de la concesión del Puerto de San Antonio, el actual concesionario del molo se opone a la concesión del Espigón, ya que aumentaría la competencia portuaria en la V Región. Por ello, han propuesto, junto a algunos funcionarios del SEP, un proyecto de puerto mar afuera de enorme capacidad, que costaría más de mil millones de dólares. Ese proyecto vuelve innecesaria la concesión del Espigón, pues su capacidad es muy inferior, y no tendría tiempo para rentabilizar la inversión si se construyese el puerto mar afuera. Pero la concesión del Espigón se puede hacer ahora, mientras que la del puerto gigante no tiene viabilidad hasta la década de los 20.

Al sugerir un proyecto que elimina la necesidad de licitar el proyecto del Espigón, y de ser aprobado el proyecto, el concesionario podría conseguir retrasar en varios años la entrada de competencia, años en los cuales la capacidad portuaria de la Región estará casi copada y con costos en aumento. Es un claro ejemplo de manipulación de agenda (lo cual es legítimo como estrategia).