El mejor gobierno es el que no cumple sus promesas electorales

R. Fischer

Ante tantas promesas electorales incumplidas, con el tiempo se ha instalado la idea que los gobiernos electos son buenos si cumplen sus promesas electorales. En algunos casos, se ha llegado al extremo de asignarle puntaje al grado de cumplimiento numérico de estas promesas, medición que usan los opositores para criticar a los gobiernos.

Creo que esto es un error de alto costo para  la sociedad. La disputa electoral obliga a que los candidatos realicen promesas cada vez más costosas debido a su populismo: posnatal, eliminación del 7% a los jubilados  y otras del mismo tenor. Esas medidas no solo son caras y distraen recursos de otras tareas más valiosas, sino que en muchos casos son injustas. El 7% a los jubilados olvida que los ancianos son la cohorte de edad que tiene menos pobres, y el posnatal no solo atenta contra la libertad de trabajo de las mujeres, sino que las valora solo como fábricas de bebés (si fueran consistentes, las feministas deberían estar furiosas). Las promesas a los estudiantes universitarios van a crear un nuevo ítem de gastos permanentes que en un futuro de menores precios del cobre podría ser insostenible.

En resumen, entre promesas electorales y acomodos a los grupos de presión, nuestra economía se hace cada vez más ineficiente (y las medidas pro-competitividad de Fontaine se pierden a la menor oposición de grupos organizados).

Eso conduce a la conclusión que los mejores gobiernos son los que no cumplen su promesas electorales cuantificables, las que se realizarían solo para competir por atraer votantes. Las verdaderas promesas de un candidato –y que debería esforzarse por cumplir– son aquellas que no son fácilmente cuantificables: mayor o menor liberalismo en temas morales, más o menos igualdad de oportunidades, más o menos igualdad de ingresos, más o menos honestidad o eficiencia, o combinaciones de variables de ese tipo.

Por ejemplo, si un candidato pone énfasis en la igualdad (a costa de la igualdad de oportunidades) y en el valor del liberalismo en temas morales,  pero omite otros temas, el electorado considerará que los omitidos son temas menos importantes para el candidato, y que los temas enfatizados representan su promesa general de gobierno. Si el candidato es elegido, la percepción del público del grado de cumplimiento de esa promesa general  (una variable cualitativa) indica si ha respondido a sus votantes y si es exitoso. Entender esta idea significa olvidarse de cumplir promesas cuantitativas, y así el candidato puede gobernar sin estar a merced de una medición espuria  de metas cuantitativas sin más sentido que el objetivo electoral.

Como un ejemplo, el actual gobierno es impopular, pese a que se ha esforzado por cumplir sus promesas cuantitativas de eliminar el 7% para los ancianos,  el ingreso ético y el posnatal, entre otros. Pero falla y produce desconfianza porque no está cumpliendo sus promesas más generales de eficiencia,  reducción de criminalidad, ni se percibe más igualdad de oportunidades.

Cambio ministerial

R. Fischer

Este blog no realizará comentarios sobre el cambio ministerial, debido a que no tengo suficiente conocimiento ni interés en la política de corto plazo para poder evaluar su significado.

Solo haré una observación relativa a mi caso personal. Durante el año pasado y principios de este fui miembro de la Comisión para la Reforma e la Supervisión financiera, cuya contraparte en el gobierno era el Subsecretario de Haciendo Rodrigo Alvarez. Ahora estoy en la Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico, y el Ministro de Energía es Rodrigo Alvarez. Por su parte, el antiguo Ministro de Energía, Laurence Golborne, es ahora Ministro de Obras Públicas, y será una de las dos contrapartes del Panel Técnico de Concesiones (del cual soy miembro) en las discrepancias que se produzcan en el sector. Plus ça change ….

Un problema de la educación con fines de lucro

R. Fischer

En la discusión sobre la educación permite distinguir tres tipos de instituciones de educación, en todos los niveles: las privadas con fines de lucro, las privadas sin fines de lucro y las públicas. La demanda de los estudiantes que protestan es contra de la educación con fines de lucro no parece extenderse a las privadas sin fines de lucro.

Varios expertos, como Harald Beyer, han señalado que aunque desde el punto de vista de los indicadores tradicionales para evaluar a las universidades, las con fines de lucro no puedan alcanzar a las mejores de las otras categorías, pueden tener un rol importante en la educación. Lo que se debe hacer es usar otras medidas para evaluar su calidad. En el caso de estas universidades los indicadores deberían ser la empleabilidad de los egresados, sus salarios y otras variables de interés para los futuros estudiantes.

Creo que es interesante reflexionar sobre las razones por las que las universidades con fines de lucro no pueden alcanzar el nivel académico de las mejores universidades públicas o privadas sin fines de lucro. En particular, interesa especular sobre si esta debilidad académica se extiende también a los colegios y a qué se debe la diferencia. Después de todo, hay muchos sectores en los que el lucro conduce a mucho mejor calidad que si estos sectores fueran públicos o sin fines de lucro: la producción de pan, el turismo, las computadoras y la literatura, entre muchos otros.

Consideremos primero los colegios. Un colegio con fines de lucro (en condiciones de competencia por alumnos) necesita que los padres piensen que es un colegio adecuado para sus hijos. Por este motivo, un colegio de este tipo estará interesado en las variables que le interesan a los padres: resultados en los tests estandarizados, ingreso a las mejores universidades, disciplina y otros indicadores que interesan a los padres. Pero ese colegio no espera que sus alumnos tengan un sentimiento de afiliación en los alumnos hacia él, salvo lo mínimo necesario para que a los padres no les produzca rechazo.

En los colegios privados sin fines de lucro, los resultados académicos son importantes, pero también lo es la afiliación de los ex-alumnos hacia el colegio. Por ello, les interesa que no solo los padres estén contentos, sino también los alumnos, especialmente cuando sean ex-alumnos. Serán importantes no solo las medidas que podrían interesar a los padres, sino también a los hijos: el espíritu del colegio, sus actividades extra-escolares, y en general aspectos que inciden en una mayor riqueza académica.

La motivación de estos colegios es que ex-alumnos que sienten una relación con el colegio (o estiman que el colegio tiene una ideología o creencia acorde con la suya, en el caso de los colegios confesionales) no solo intentarán que su hijos ingresen al colegio, sino que estarán dispuestos a realizar donaciones o apoyarán al colegio desde sus futuroes cargos profesionales. Nadie apoyaría a un colegio con fines de lucro, ya que al fin y al cabo se trata de un negocio de su propietario y nadie realiza una donación para que el receptor se beneficie en forma privada. Por último, debido a nuestra mala distribución del ingreso y poca movilidad social, es poso lo que los colegios públicos pueden esperar de sus ex-alumnos. pero el Instituto Nacional muestra que en ocasiones las relaciones con sus ex-alumnos son similares a las de los mejores colegios privados sin fines de lucro.

Lo mismo sucede con los distintos tipos de universidades. Tanto las públicas (de mejor nivel) como las privadas confesionales o sin fines de lucro tienen interés en crear relaciones estrechas con sus ex-alumnos, que pueden serles útiles en el futuro con donativos u otras formas de ayuda. Por el contrario, nadie tiene interés en donarle a la Universidad de las Américas (independientemente de cuán bien realice su labor), tal como nadie haría una donación a la Coca-Cola. Por lo tanto, una universidad con fines de lucro debe financiarse solamente con cobros a los alumnos, sin poder recurrir a otros recursos. Su relación con los alumnos tendrá un carácter más contractual.

Lo que se debería esperar son tres grupos de universidades: las sin fines de lucro de alta calidad (incluyendo a las públicas de buen nivel), las con fines de lucro, y una categoría de entidades sin fines de lucro y que no son de buena calidad. Las del primer grupo reciben ayuda de sus ex-alumnos, atraen a los mejores estudiantes, reciben recursos del gobierno por desempeño, y tienden a tener muchas actividades académicas. Es el tipo de universidades a que todo el mundo aspira. Pero no todas las universidades pueden ser de este tipo, tal como no todo el mundo puede ser más inteligente que el promedio.

Para cubrir el resto de los estudiantes hay dos opciones, las universidades privadas con fines de lucro, que compiten por atraer alumnos, y universidades públicas de mediana o mala calidad. Es probable que en esa categoría, si la información fluye bien, la universidades privadas con fines de lucro, que al menos tienen incentivos a atraer alumnos (pues no reciben recursos del Estado), obtengan mejores resultados.

Por último, es probable que en esta categoría de instituciones mediocres no puedan sobrevivir las instituciones privadas sin fines de lucro, pues no tendría ni los incentivos que da el lucro, ni el apoyo de ex-alumnos orgullosos, ni apoyo estatal.

Competencia en AFP

R. Fischer

Algo raro ocurre en el mercado de las AFP. Si consideramos su tarea fundamental, que es la de administrar de la mejor manera posible los recursos de sus afiliados, el ejemplo de La Polar muestra una negligencia en esta labor. Después de todo, se sabe ahora que existía información pública que mostraba que algo raro ocurría en La Polar. Por supuesto, para eso es necesario entender la industria de las grandes tiendas y poder leer sus balances en forma cuidadosa, y en base a las alarmas que se encienden, realizar un estudio mucho más cuidadoso de la empresa que habría detectado los problemas. Y a su vez, ello requeriría de departamentos de estudio de alto nivel, repletos de profesionales de alto nivel y con experiencia.

Se debe recordar que solo un cuarto de los recursos administrados por las AFP corresponden a recursos que requieren algún análisis cuidadoso. Casi todo el resto de los recursos invertidos en el mercado nacional están en papeles públicos o de empresas respaldadas por el sector público, lo que no requiere mucho análisis. Otra fracción importante corresponde a letras hipotecarias, las que son muy seguras debido a sus requisitos y a la supervisión de la SBIF (el mayor riesgo que enfrentan es el prepago).

En el caso de las inversiones en el extranjero, gran parte está invertido en fondos mutuos, lo que no requiere muchos estudios. La otra parte está invertido en papeles de gobiernos extranjeros, y en ese caso tampoco es necesario demasiado análisis para evitar fiascos como La Polar (entre paréntesis, ¿cuánto tenían las AFP invertido en Islandia antes de la crisis?). En ese 25% de sus inversiones en el cual pueden usar su capacidad de análisis, las AFP se equivocaron en casi el 2%, que corresponde a los recursos invertidos en bonosy acciones de La Polar. Es decir, no se trata de una suma despreciable en el 25% de los recursos que requerían un análisis más cuidadoso. ¿Cómo no se realizó un estudio más acucioso en untema tan relevante?

Kas AFP tienen departamentos de estudio de una debilidad extrema, con pocos analistas y entre ellos, la mayoría son jóvenes inteligentes recién egresados, y por lo tanto casi sin experiencia (a nadie le interesa quedarse en un departamento de estudios con pocas expectativa de desarrollo profesional). Las AFP se dedican más a copiarse entre ellas que a estudiar cuidadosamente las empresas en las que invierten.

Es interesante a este respecto estudiar los resultados de las AFP. Una manera de verlo es comparar los ingresos ordinarios de las AFP (provenientes principalmente de comisiones) con el gasto en personal y con las utilidades. En el cuadro siguiente, las cifras son producto de redondeo y están expresadas en cientos de miles de millones de pesos (cálculos del autor en base a los datos en los estados financieros y memorias, cifras correspondientes a diciembre 2010):

Hay dos cosas a notar en las cifras: primero, la elevada tasa de rentabilidad como función de los ingresos ordinarios, y segundo, el bajo gasto en personal en relación a los ingresos. Del cuadro se desprende que las AFP están dedicando gran parte de sus ingresos a utilidades, lo que normalmente corresponde a un mercado poco competitivo y con dificultades de entrada (dado que este nivel de utilidades parece permanente).

El objetivo en la gestión de las AFP parece ser el de destinar el mínimo de recursos a los departamentos de estudios (seguramente debido al comportamiento de manda que utilizan como estrategia), lo que probablemente explica que no hayan detectado los problemas en La Polar.

Suponiendo, conservadoramente, que el costo de La Polar para los fondos de pensiones será al menos la mitad de su inversión actual, es decir, unos US$ 300 millones, el ahorro en costos de los departamentos de estudios ha salido extremadamente caro. Debido a que el gasto en personal de las AFP (desde la gerencia al más humilde vendedor) de las AFP es de unos $100 mil millones, las pérdidas podrían ser mayores que el gasto total anual en personal.

Conclusión: es un mercado que necesita desesperadamente más competencia

El problema de los bienes y servicios complejos

R. Fischer

John Kay nuevamente escribe un artículo en el Financial Times que ayuda a reflexionar sobre algunas de las deficiencias actuales de los mercados, y que además resulta particularmente relevante en el contexto nacional. En «The $10 minibar beer is no basis for capitalism«, Kay señala que una de las causas del descontento con el sistema capitalista actual es el hecho que la publicidad de productos y servicios esconde su verdadero costo.

En sus ejemplos, Kay explica lo que quiere decir:

«If you plan to fly with a low-cost airline this summer, you will have discovered that the final bill was not so low cost after all. Additional charges, not just for baggage but for payment and even for checking in, have prompted a super complaint from the UK consumer organisation Which? and spurred the Office of Fair Trading into action.

And have you struggled to understand your mobile phone bill? Bought a cartridge of ink that costs almost as much as the printer? Do you fill in your personal details on an insurance comparison website every year, or just accept uncompetitive renewal terms? Have you used the internet or the minibar in a hotel, or watched the teaser offer on a mortgage revert to a standard variable rate?

Products are complex, and time is scarce. Consumers focus on a few headline prices and features when they make their choices and so competition is focused on those headline prices and features. Economics 101 teaches that markets work best when competition leads to prices in line with costs, but in markets like these, competition has the opposite effect. Producers do not necessarily make excessive profits overall because the prices of key features are forced down to uneconomic levels. No one can really give you a free mobile handset, or fly you to Bratislava for 99p.»

Kay critica a quienes defienden la idea de que las personas pueden, con la información disponible, calcular el costo efectivo de los bienes, y sugiere que los que defienden estos esquemas de precios argumentan,

«[..]often correctly, that consumers can, with sufficient diligence, obtain all the information they need.»

He usado ese argumento en el pasado, pasí que me siento tocado, pero creo que Kay tiene razón al proseguir:

«But most of us have better things to do than to engage in line-by-line scrutiny of our mobile phone bills, or undertake a discounted cash flow calculation of the lifetime cost of a £50 document printer.»

La propuesta de Kay es que se faciliten las comparaciones y que en particular en el caso de los cobros por el uso de tarjetas:

» Small regulatory and legal changes might help. A general principle that charges for making payments must be related to the transactions’ actual costs would both end some abuses and stimulate use of the cost-effective debit card system. «

Tal vez habría que extender el principio más generalmente, en el sentido de limitar la descomposición de servicios que ya están estandarizados en componentes con precios arbitrarios.

En el caso chileno, esto se podría traducir en que las tiendas de departamentos no reduzcan el precio de los productos para resarcirse luego con tasas excesivas, que los cobros por mora no sean ridículamente elevados y que en general, la letra chica de los contratos no sea el origen de las utilidades de las empresas. La contrapartida es como evitar entorpecer la creatividad de los empresarios, si se introducen demasiadas rigideces en los esquema de precios posibles.

Esta pregunta no tiene una respuesta fácil. Pero si no se encuentra una respuesta, el descontento con el sistema podría seguir aumentando, como ya se observa en nuestras protestas callejeras. Kay concluye de esta forma:

«When people see many examples of minor exploitation of consumers in their daily lives, they will conclude that extensive exploitation is characteristic of business as a whole. And they may be right. If caveat emptor is seen as a dominant business principle by both producers and consumers then the legitimacy of capitalism and market organisation will not long survive.»/blockquote>

Señales costosas y gobierno

R. Fischer

Hay claras señales de pérdida de control en el gobierno, que parece navegar a la deriva, enfrentando las protestas de todo tipo sin un leitmotiv que defina sus objetivos. Las críticas son de todo orden, pero una que parece central es la percepción de que el gobierno es controlado por los grandes empresarios y que son sus ejecutivos los que conforman el gobierno. Probablemente también molesta la concentración de egresados de la PUC, la obsecuencia frente a los políticos más conservadores en materias religiosas y la cantidad de personeros de la aristocracia chilena en el gobierno. Para dar un ejemplo, hay personas que se oponen a Hidroaysén, no solo por las consideraciones ambientales acostumbradas, sino sobre todo porque Colbún pertenece a los Matte.

Estas características del gobierno no tenían por que ser el problema que han llegado a ser, porque el gobierno tenía un discurso igualitario y meritocrático. Los cincuenta liceos de excelencia de Lavín, por ejemplo, podrían permitir una mayor circulación social que la actual, casi inexistente debido a la mala calidad de la educación municipal. Pero para que el público crea un anuncio como ése, que va contra lo que el público espera de un gobierno de derechas, éste debe estar acompañado por medidas o señales que le cuesten al gobierno, pero que demuestren su sinceridad.

La Concertación lo hizo y tuvo éxito. En sus primeros años, existía temor entre los empresarios frente a un gobierno que incluía a socialistas y democratacristianos que habían explotado los campos durante la reforma agraria. La Concertación tomó medidas –costosas en su ámbito interno– para mostrarle a los empresarios que no tenían nada que temer. Y debido justamente a este costo interno (los autoflagelantes de mediados de los 90 fueron un resabio de esos costos) tuvieron éxito en convencer al empresariado de que sería poco riesgoso invertir. El resultado fue la espectacular tasa de crecimiento de la primera mitad de los 90. Hay otros factores, por supuesto, como fue el buen manejo económico de aquellos años, pero no se puede olvidar la importancia de esto gestos costosos de la Concertación hacia el empresariado.

El actual gobierno no ha hecho nada parecido. Pese a su supuesta capacidad empresarial, su manejo no ha sido eficiente, como lo demuestran los bajos niveles de ejecución del gasto. Además no ha tomado medidas que sean costosas, pero que indiquen que se toma en serio el tema de la meritocracia y la igualdad. Sus medidas en general han sido populistas y fáciles, como aumentar el gasto–7% de los jubilados, postnatal– pero nada que sea costoso para sus partidarios, pero que por lo mismo demuestre su compromiso con la idea de meritocracia y equidad.

Propongo algunas ideas, que podrían mostrar que el gobierno no está al servicio de pechoños, o de los empresarios (y que probablemente requieran apoyo de parlamentarios de la Concertación para aprobarse frente a la oposición de muchos parlamentarios de la Alianza):

  • Aprobar una ley de matrimonio homosexual o de Acuerdo de Vida en Común, en su defecto.
  • Establecer políticas para reducir la concentración de derechos de agua no consuntivos. Por ejemplo, elevar sustancialmente las contribuciones por no uso de esas aguas. Alternativamente, realizar una presentación al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, solicitando que establezca medidas con ese objeto.
  • Definir política que aumenten la competencia en el sector financiero, y en general apoyar fuertemente a los organismos antimonopolio.
  • Mejorar las leyes de derechos de agua consuntivos y los de propiedad minera, eliminando los derechos excesivos y traslapados, y velando por la legalidad de su establecimiento original, si son recientes.
  • Mejorar el derecho procesal en la justicia civil, para que no solo las personasde altos ingresos puedan, en la práctica, acceder a ella.

Es la teoría de las señales costosas, baby.

DSK

R. Fischer

El caso de Dominique Strauss-Kahn definitivamente va a pasar a engrosar aquellos que le dan fuerza a los amantes de las teorías conspirativas. Recordenos los hechos:

En un momento de crisis en la Unión Europea, con el FMI apoyando intervenciones y con su Director como candidato preferido a la presidencia de Francia, éste es acusado de violación en Nueva York. Es encarcelado en forma pública humillante, y obligado a renunciar al FMI. Ahora parece que es inocente –lo más probable– o nunca se lo podrá condenar porque su única acusadora es una mujer que ha mentido en temas delicados e importantes en el pasado, y que tiene amigos criminales que han hecho grandes depósitos en su cuenta corriente. Por último, se supo luego que siguió limpiando piezas luego del supuesto ataque, pese a que había declarado que había quedado en estado de shock. Tampoco parece ser la mujer religiosa que se anunció originalmente. El fiscal de Nueva York acaba de pasar una de las peores vergûenzas que se recuerden en la ciudad.

¿Como no van a nacer teorías conspirativas?

Energía solar y costo de la intermintencia

R. Fischer

He escrito en el pasado que me parecía que la energía solar era una de las fuentes potenciales de energía importantes en nuestro futuro, una vez que los costos de producir paneles fotovoltaicos caigan a niveles más razonables. Un artículo interesante de hace dos semanas en el NBER de Gautam Gowrisankaran, Stanley S. Reynolds y Mario Samano, Intermittency and the Value of Renewable Energy examina cuidadosamente los distintos costos y ganancias de un requisito mínimo de producción eléctrica de origen solar.

Los autores hacen un estudio detallado sobre los costos de establecer requisitos mínimos de energía solar de 10%, 20% y 30% en Tucson, Arizona, uno de los lugares más soleados y desérticos de los Estados Unidos, y por lo tanto, lo mejor posible para este tipo de energía. Según sus cálculos, que son extremadamente cuidadosos, el costo promedio de generación solar sería un 300% mayor que el de la generación con GNL. Es decir, aproximadamente $193/MWh contra $58/MWh para una central de ciclo combinado (nuestros costos de la energía de centrales de ciclo combinado son mucho más altos, pues conseguimos el GNL a un valor mucho mayor). A este costo se le debe descontar el de las reducciones en el costo de transmisión, pero se le debe agregar el costo de la intermitencia no prevista (una nube que reduce la energía producida) y el de la intermitencia predecible, como se verá. Además, se le debe restar el valor de las reducciones en la emisión de CO2.

En todo caso, la energía solar es cara actualmente, debido a los elevados costos de los paneles fotovoltaicos. Sin embargo se espera que éstos caigan en el futuro mediano a un 40% del valor actual de US$5/W. Hay otro costo importante, debido a la intermitencia de la generación solar. El problema se debe a que el perfil de producción de energía es distinto del perfil de consumo. La siguiente figura, proveniente del artículo, muestra la demanda de energía y la producción de energía fotovoltaica:

Debido a las diferencias entre el perfil de producción y demanda por energía, hay horas sin producción, o con producción muy baja. En un sistema en que existen reservas acumulables eso no es problema: es el caso de sistemas eléctricos con centrales hidroeléctricas asociadas a embalses. En ellos, cuando producen a full las centrales fotovoltaicas, se puede reducir el consumo de agua de los embalses, ahorrándola para momento en que los paneles solares no generan. Es decir, las centrales solares y las de embalse son complementarias, lo que debería reducir la oposición ambientalista a ellas.

En sistemas como los de Tucson o el Norte de Chile, donde no hay embalses, hay que disponer de capacidad de reserva de otro tipo: por ejemplo, en centrales adicionales de ciclo combinado, por lo que no se ahorran muchos costos de capital al instalar centrales solares, y esto aumenta los costos. Sin embargo, los autores demuestran que este aumento de costos no es demasiado importante: 1.5-8% del costo de producción fotovoltaica.

Finalmente, los autores presentan un cuadro con distintos valores de los beneficios estimados de reducción en las emisiones de CO2, para distintos niveles de regla de producción fotovoltaica, y los valores de los paneles fotovoltaicos que harían que la medida fuera neutral:

Por ejemplo, en la tabla, si el requisito fotovoltaico es de un 10% de la producción, y el beneficio de la reducción de emisiones es de Us$25/ton, el requisito no tiene costos sociales si el costo de las celdas fotovoltaicas es de US$1,98/W, un 40% de su valor actual. Es interesante que este costo decrece para restricciones mínimas más elevadas (20 0 30%) cuando el costo de CO2 es elevado. El motivo es que los requisitos más estrictos desplazan la producción de centrales térmicas alimentadas por carbón, las que emiten mucho más CO2 por unidad de energía producida que las centrales de ciclo combinado

En base a este artículo Se puede ser cautamente optimista y pensar que si se reducen sustancialmente los costos de los paneles fotovoltaicos, la generación solar podría ser competitiva en el Norte si se consideran los ahorros en transmisión (debido a que las centrales se pueden ubicar cerca de la demanda), y valorando los ahorros en las emisiones de CO2 en un valor más o menos alto.

Universidades e información

R. Fischer

El conflicto de las universidades tiene demasiadas aristas como para examinarlo en un artículo corto, pero si hay un par de puntos que deseo tocar:

1. ¿Que entiende el rector Pérez Vera por la «Ley de Lobby»? Entiendo que el Congreso aprobó una Ley de Lobby que fue vetada por el gobierno de Bachelet en 2008, y no ha continuado su trámite. ¿Es ésta la Ley que solicita el rector de la U.? Y ¿por qué es tan importante para las universidades del CRUCH esta ley, tan vital que es preferible abortar posibles acuerdos con el gobierno debido a que no se la incluye? Después de todo, esto sería un ámbito que excede el de las Universidades, por muy estatales que sean. ¿O se trata de otra ley de lobby, específica para universidades? No entiendo.

2. Un punto de clara deficiencia en el sistema actual de universidades es la falta de información sobre la calidad de éstas. Calidad no en el sentido que interesa a las universidades de élite, sino en el de como son los resultados de los graduados en su vida laboral posterior.

Existe un proyecto conjunto entre el Departamento de Ingeniería Industrial de la U. de Chile y la U. Adolfo Ibáñez, liderada por Patricio Meller y José Brunner sobre los ingresos de los graduados. Tienen la información de los ingresos totales de todos los graduados de distintas universidades por carrera y por hasta cinco años posteriores a la graduación. Esta es información valiosísima para los estudiantes que pretenden ingresar a una carrera en una determinada universidad.

No es lo mismo estudiar ingeniería industrial en la U. de Chile que hacerlo en la U. del Pacífico. Es vital para un estudiante que evalúa si le conviene estudiar en la U. de Pacífico saber si sus ingresos como graduado le permitirán pagar el préstamo que pidió para estudiar y además vivir. Podría ocurrir que le conviniera una carrera técnica de menor duración y costo, acaso mejor pagada.

Sin embargo, esta información no está disponible. A Meller y Brunner solo les permiten publicar información promedio, pese a las evidentes diferencias entre universidades. Dado el tiempo que tarda determinar si una universidad presta un buen servicio, esta información sería vital. Creo que se debe establecer la obligación de entregar la información de los titulados de las universidades que reciben recursos estatales (incluyendo alumnos con créditos con aval estatal), sin exigir condiciones. Así Meller y Brunner publicarían datos realmente útiles para los estudiantes en universidades que no son de élite (su información es útil, pero podría serlo mucho más). Estimo que ello podría resolver buena parte de las quejas sobre la calidad de la educación que proveen las distintas universidades. Esta información es mucho más importante para los estudiantes que la que se obtiene en los procesos de acreditación. Éstos solo establecen estándares mínimos para el proceso de estudios, pero no permiten comparar en forma relativa carreras y universidades (salvo con los años de acreditación, una medida bastante subjetiva).

Hay mucho más sobre el tema de las universidades, pero daría para largo…

Una propuesta para Bolivia

R. Fischer

Sin ser expertos en el tema de las relaciones internacionales, es posible pensar en opciones que son más inteligentes que las que actualmente ofrecemos a los bolivianos. Estamos enredados porque los gobiernos no se atreven a ofrecerle a Bolivia un acceso soberano al mar. Al norte de Arica, porque eso enojaría a los peruanos, quiénes por tratados, tienen el derecho a negarse a la entrega del territorio. En el resto del país, el problema es que una cesión soberana dividiría al país en dos, lo que no es aceptable. Entregar un enclave (una ciudad-puerto separada del resto de Bolivia), no ha resultado en otros casos, generando conflictos adicionales.

Este blog estima que la solución más sencilla consiste en ofrecer en forma pública una salida soberana al mar por el Norte de Arica, a cambio de un área equivalente de territorio boliviano anexo a nuestra frontera (por ejemplo, desplazando la frontera en forma paralela hasta completar el área cedida).

¿Cuáles son las ventajas de esa opción? Es una oferta condicionada a que Perú acepte, ya que los tratados con ese país requieren su aprobación para transferir terrenos originalmente peruanos. Pero nosotros podemos decirle a los bolivianos que nuestra oferta está hecha y que ahora es un problema de ellos negociar con los peruanos por la salida.

Frente a la comunidad internacional, hemos respondido a la demanda boliviana por una salida al mar, y si ellos no la obtienen, es un problema de los peruanos, y no nuestro. Los bolivianos pueden seguir enojados con nosotros, porque pueden estimar que es demasiado limitado el corredor que les ofrecemos, pero ya no podrán alegar que no les ofrecemos una salida viable al mar. Supongo que los peruanos no estarán muy contentos al quedar en evidencia que son ellos los que se oponen a la salida al mar de los bolivianos, pero estoy seguro que podemos vivir con la molestia peruana.

El autor de este blog le ha dado vueltas a esta solución por años, sin encontrarle problemas, e incluso en conversaciones con expertos en relaciones internacionales, no le han encontrado defectos. Sin embargo, no les gusta, tal vez porque la propuesta es una solución demasiado directa a un problema internacional, en comparación a lo que acostumbran.