Variacioncompensada's Blog

¿Colusión en supermercados?

enero 10, 2016
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R. Fischer

La Fiscalía Nacional Económica presentó una denuncia por colusión en el mercado de los pollos contra las principales cadenas de supermercados. A diferencia  de otros casos como el de los pollos, buses interurbanos, asfalto y papel tissue, me parece un caso bastante más dudoso, aunque por supuesto, la Fiscalía puede tener información que no ha revelado aún.

Todas las comunicaciones que revela la acusación son entre empleados de las cadenas y empleados de sus proveedores (es decir, son comunicaciones verticales). La Fiscalía no presenta casos de comunicaciones directas entre empleados de las cadenas (es decir comunicaciones horizontales). Es posible que las relaciones verticales ayuden a mantener un cartel, como en el caso de las farmacias, en que los laboratorios servían como fiscalizadores del acuerdo entre las farmacias. Pero en ese caso había un acuerdo previo entre las farmacias, que aquí no está presente.

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Estructura vertical

El principal problema del caso de la Fiscalía es conceptual y económico. A los supermercados no les conviene coludirse si el mercado de los pollos ya está cartelizado. En la figura se muestran dos etapas de un proceso productivo: un productor (por ejemplo de pollos) y un distribuidor (una cadena de supermercados).  El productor de pollos tiene costos c y vende al precio mayorista p_w; a su vez el distribuidor vende al precio al detalle p.

En el caso en que los productores  de pollos están coludidos, el precio mayorista p_w es un precio colusivo que se determina en parte, por el comportamiento de los distribuidores, que varía según el grado de competencia de las cadenas de supermercados.

Las mayores utilidades del cartel de los  pollos ocurren cuando los supermercados se comportan como si estuvieran en competencia. Mientras menos competitivo sea el mercado de los supermercados, menos utilidades tendrá el sistema conjunto de productores y supermercados. En particular, cuando ambos están coludidos y actúan como monopolios, los precios terminan siendo tan elevados y la demanda cae tanto, que las utilidades conjuntas son mucho menores que con un monopolio en solo una de las etapas. Es la denominada “cadena de monopolios”, que es mala para los coludidos y los consumidores.

Este razonamiento indica que, dado que los productores de pollos estaban coludidos, sería un error de los supermercados coludirse en ese mercado. Es más raro aún cuando las comunicaciones para el supuesto cartel de supermercados son a través de los productores, los más interesados en que haya competencia entre los supermercados.

Una interpretación tentativa

Aparentemente los supermercados colaboraron con el acuerdo colusivo, siendo pasivos ante la falta de competencia entre los productores y rigiéndose por reglas tácitas, tales como no vender a menos que el precio de lista del cartel más el IVA. De esa forma, los supermercados podían participar en las rentas del negocio colusivo de los fabricantes de pollos.

Bajo ese esquema, los supermercados venderían los pollos a precios superiores o iguales al precio de lista (más IVA) de los productores. El precio a los consumidores sería el precio de monopolio de los pollos más los costos de los supermercados. Es como si la etapa de supermercados fuera competitiva.

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El beneficio para las cadenas de supermercados proviene de participar en las rentas de la colusión de los pollos, y no de formar un cartel entre ellas.

¿Dónde entonces estaban los beneficios de los supermercados? No es creíble que las cadenas compren a precio de lista. Los precios efectivos son producto de una negociación entre las partes, en que las cadenas obtienen descuentos. Pero esos descuentos no se trasladan a los consumidores, pues el precio de venta mínimo es el precio de lista más IVA. Así obtienen parte de las rentas de la colusión de los pollos, y las rentas colusivas son lo más altas posibles porque los supermercados se comportan como si fueran competitivos.

¿Qué hacer?

¿Cómo denominar ese tipo de conductas? Es claro que no favorecen la competencia, pero tampoco representan colusión de supermercados, pues no intentan elevar los precios por sobre el precio colusivo de los pollos más los costos propios de los supermercados.

Eso si, las cadenas se benefician del cartel, porque comparten las rentas. La pregunta aparece: si los actores coludidos son condenados a compensar a sus clientes, ¿no alegarían ellos que parte de la compensación la deben realizar los supermercados?

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Tal vez ahí está la solución a la falta de incentivos de los supermercados para hacer competir a los productores coludidos. Las cadenas podrían ser responsables de compensar a los afectados por la colusión de los pollos en aquella parte de la renta del cartel que recibieron por su colaboración. Esto haría que las cadenas sean contrarias a los acuerdos entre proveedores, y en todo caso, el riesgo de participar en la compensación haría que fueran renuentes a colaborar con estos acuerdos.

Competencia en el sector supermercados

¿Qué hubiera pasado si los supermercados fueran efectivamente competitivos, por ejemplo, con más participantes? De acuerdo al razonamiento anterior, es probable que nada hubiera cambiado desde el punto de vista de los consumidores.

El cartel de los pollos les ofrecería un precio de lista monopólico no negociable, porque los supermercados no tendrían poder de mercado en este escenario de supermercados muy competitivos. A este valor mayorista, los supermercados le agregarían sus costos de distribución y se obtendría el mismo precio al consumidor que en el caso anterior. Los consumidores no observarían nada distinto.  La única diferencia es que en este caso el cartel de los pollos obtendría todas las rentas de su actuación conjunta, no dejando nada para los supermercados.

Otros mercados

La Fiscalía menciona correos del mismo carácter en otros sectores. Si hay mercados competitivos en otros productos, y se usara a los proveedores para coordinar a los supermercados, tal vez habría indicios de comportamiento colusivo entre supermercados. La razón es que, si el mercado de los proveedores es competitivo, ya no es válido el argumento de que las cadenas de supermercados no aumentan sus rentas si se coluden. Con proveedores competitivos, a las cadenas aumentan sus utilidades si se coluden y no son detectados.

El problema de la Fiscalía es que no son convincentes los correos que presentó como evidencia de comportamiento sospechoso en otros mercados. Son exactamente las quejas que tendría una cadena de supermercados que compite, si detecta que un rival tiene precios más bajos. Sería raro que un distribuidor –de cualquier tipo– no esté constantemente revisando los precios de sus rivales e intentando presionar a su proveedor para que le ofrezca iguales o mejores condiciones.

Conclusión

Aparentemente, este no sería un caso de cartel de supermercados, sino de colaboración, al menos tácita, con el cartel de los pollos. Hay argumentos económicos para esta afirmación, y la pregunta que resta es que se debe hacer en estos casos. Una posibilidad es que participen en la indemnización a los consumidores. Esto provee fuertes incentivos a no colaborar con carteles de proveedores.

 

 


Una duda sobre los sindicatos

abril 3, 2015
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R. Fischer

El Mercurio trae hoy la noticia de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha condenado a 25 ginecólogos de Ñuble por colusión.1 Los condenados se habían agrupado en una agrupación gremial, terminado sus convenios individuales con las ISAPREs, haciendo que los pacientes tuvieran que atenderse en forma particular y definiendo un precio mínimo para sus consultas.

 

CartelGinecologos

 

El resultado es que el valor de las consultas ginecológicas  en la Región aumentaron en un 69% y que el número de consultas cayera a un tercio. Además, la cantidad de partos atendida por un ginecólogo cayo de 93 a 73%.  Claramente el bienestar de las mujeres de Ñuble fue perjudicado por el comportamiento de los ginecólogos. La condena del TDLC aparece como totalmente justificada. El DFL 211,  en su artículo 3 condena:

“Los acuerdos expresos o tácitos entre competidores, o las prácticas concertadas entre ellos, que les confieran poder de mercado y que consistan en fijar precios de venta, de compra u otras condiciones de comercialización”2

Recapitulando, un grupo de médicos que trabajaban para las Isapres se pusieron de acuerdo para elevar el pago que recibían, y eso fue condenado por el TDLC.

Lo que me intrigó es que los ginecólogos de Ñuble se comportaron como un sindicato externo a la empresa. Si hubieran sido empleados (y no contratados externos) por las Isapres, el TDLC no habrían intervenido, y la Dirección del Trabajo habría defendido entusiasta  el derecho a elevar el costo de los servicios ginecológicos de las mujeres de Ñuble.3

DireccionTrabajoApoyaSindicatos

“Dirección del Trabajo logra acuerdo en negociación colectiva de “Las Vacas Gordas””, La Nación 16/9/14

Tenemos un problema conceptual serio en la forma en que nuestra legislación trata a los sindicatos. ¿No es inconsistente que una conducta gremial que produce daños a la sociedad es condenada, y en caso de un sindicato consideramos que una conducta sustancialmente equivalente es digna de apoyo del Estado?

 

Notas:

1. La sentencia.

2. Esto es un reflejo del Código de Justiniano que incorporó el siguiente decreto de Zeno de Bizancio (483 CE):

“Está prohibido que personas se combinen en reuniones ilegales  para acordar que mercaderías no se puedan vender bajo un precio mínimo.”

 

ZenoofBizance

Zeno de Bizancio (425-491CE)

3. Antes del acuerdo colusivo, el 85% de las consultas eran con bonos de las Isapre, lo que se redujo a un 1% después. Los ginecólogos de Ñuble dedicaban un 85% de su tiempo a trabajar para las Isapres.


Sobre el fin del caso Farmacias

julio 10, 2013
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R. Fischer

CartelFarmacias

Las cadenas de farmacias (gracias, La Tercera web)

Un comentarista me sugiere escribir sobre el acuerdo entre los acusados y el Fiscal logrado en el caso Farmacias, que los condenó a pagar $255 MM. Muchos deben haber estado decepcionados por que no fue posible sancionar con cárcel a los acusados, en un caso que ya había resultado en la condena  de dos cadenas de farmacias a pagar casi US$ 30 MM cada una (Ahumada, que delató el cartel, solo recibió una multa de US$ 1MM) .

ColusionFarmacias

Precio diario de un medicamento, la s tres cadenas. El salto indica el momento de colusión. Fuente: FNE.

En realidad, era de esperar ese resultado, pues el Fiscal utilizó el articulo 285 del código penal del siglo XIX para intentar condenar a los acusados, artículo que nunca –o casi nunca– ha sido usado en 150 años. No es una figura legal destinada a castigar carteles. El artículo dice

“Art. 285. los que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas o de cualesquiera otras cosas que fueren objetos de contratación, sufrirán las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.”

Débil artículo para castigar el delito de colusión. Es por ello que el Fiscal prefirió llegar a un acuerdo. La pregunta es ¿porqué no hay una figura penal específica asociada a los carteles? En realidad, hay pocos países que la tienen, y de ellos el único que sistemáticamente  lo usa para encarcelar personas es EE.UU. En el Reino Unido creo que han habido dos casos. Y creo que eso es todo, al menos en los países en que uno puede tener confianza en la justicia (pueden haber dictaduras o gobiernos semi-dictatoriales que usan estas leyes para encarcelar opositores).

Cuando la Unión Europea creó sus sistema anti-monopolios, no incluyó figuras penales, acaso por la influencia de países como Alemania, que hasta la década de los 50 del siglo pasado consideraba legales los acuerdos colusivos, y una empresa podía ir a un tribunal para hacer respetar el cartel.

A su vez., el modelo europeo tuvo mucha influencia en nuestra reforma al DFL 211 en 2004, y se excluyó la cárcel para este delito (existía antes, pero solo de un modo hipotético, ya que nunca se usó). Al descubrirse el caso Farmacias, se modificó nuevamente la Ley, para permitir que la FNE ordenara allanamientos, intercepciones telefónicas y la delación compensada, lo que supuestamente permitiría descubrir nuevos carteles.

La delación compensada, que es una herramienta utilísima para detectar carteles, vio anulados sus efectos cuando el Fiscal penal decidió perseguir el  cartel de las Farmacias mediante el artículo 285 del código penal. El problema es que el fiscal persiguió a todos los ejecutivos involucrados, incluyendo los que habían participado en la delación compensada ante el TDLC. Esto significa que la delación compensada no protege de la cárcel, y por lo tanto no provee incentivos a delatar carteles.

Cuando se detectó que en el mercado de los pollos había fuerte evidencia de un cartel, el escándalo llevó a crear una Comisión de Competencia para analizar como reformar la Ley (de la cual formé parte). En su informe se hicieron varias propuestas que Eduardo Engel considera valiosas, pero no se consiguió llegar a un acuerdo en el tema de cárcel para el delito de colusión (y coordinándola con la delación compensada) . La Comisión se dividió por la mitad.

Los que se oponían a penas aflictivas  tenían argumentos válidos: las dificultades para condenar este tipo de delitos, la interferencia con el juicio civil ante el TDLC, la falta de experiencia con nuestro nuevo sistema, y otros argumentos de orden práctico. Los que estábamos a favor estimábamos que las sanciones pecuniarias, siendo efectivas, no se comparan con el efecto disuasivo que tiene el riesgo de sanciones penales, Esto es válido incluso si el riesgo de una condena sea bajo. M. Harrington en alguno de sus trabajos escribe que es por este motivo que hay carteles globales que no operan en los EE.UU. John Kay, a quién me gusta citar, escribe:

“One unequivocal lesson of the war against corporate misbehaviour is that sanctions against individuals have far greater impact than sanctions against organisations. The look of relief on the part of some American managers guilty of antitrust infringements when their British lawyers explained the consequences is engraved in my memory. The executives knew that in the US not only might the company be liable for damages and fines but they themselves could face jail. They learnt that in the UK the worst outcome likely to be experienced was that they would be told to stop. The fear of the prison cell undermines corrupt organisations by encouraging guilty people to turn on each other.”

La delación compensada acoplada cuidadosamente al riesgo de sanciones penales sería una combinación muy efectiva en la lucha anticarteles. Tal vez finamente la tendremos cuando se descubra el próximo caso de colusión que impacte a la opinión pública.