Las comisiones que se han creado para diseñar reformas en distintos sectores: Salud, economía, finanzas, trabajo y otros, han sido una iniciativa valiosa. Ellas han permitido proponer reformas inteligentes a las políticas públicas, y con consenso o acuerdo mayoritario entre distintos sectores.
Sin embargo, el caso de la Comisión de Salud es preocupante en otro sentido: la influencia de los miembros que pertenecen a un grupo de presión no es sana. El Mercurio trae hoy la noticia que al menos dos miembros votaron por la propuesta mayoritaria no porque fuera la mejor (eso puede ser discutible), sino porque le convenía al gremio que representaban.
Según Marcos Vergara (de la U. de Chile), quien fue parte de la comisión, el creciente desarrollo de infraestructura de las clínicas privadas no se condice con el número de beneficiarios del sector privado, que se ha mantenido estable durante la última década.
Según el experto, esto es porque las clínicas aspiran a atender a los pacientes Fonasa. Y a esto podría desembocar el informe de la comisión de expertos, ya que la posición de mayoría restringe los ámbitos de acción de las isapres.
En efecto, el 46% de las prestaciones de nivel secundario y terciario (hospitalización) son entregadas por clínicas privadas, según datos de la Asociación de Clínicas.
Para Hernán Sandoval, ideólogo de la reforma a la salud de 2005, lo que en el fondo está detrás de esta propuesta es «una severa ‘querella’ entre aseguradores y prestadores. El crecimiento enorme de los prestadores les ha dado una fuerza gigante dentro del sector privado que los hace considerar innecesario tener un intermediario como las isapres».
Esto explicaría que se sumarán a la mayoría del informe los votos de Andrés Tagle (ligado al mundo de los seguros) y de Fabio Valdés (director de Banmédica).
Es imprescindible que las Comisiones consulten a los grupos de presión y otros interesados cuando reflexionan sobre reformas profundas a las políticas públicas en un sector. Pero es un error de diseño que entre sus miembros hayan personas que, por su pertenencia a un grupo de presión, voten según el interés de sus industrias en una Comisión creada para definir una política país.
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