Mes: diciembre 2011

Privilegios para las universidades estatales.

R. Fischer

Estudié y trabajo en la U. de Chile. Mis padres, hermanos y primos estudiaron en ella. Por lo tanto, le tengo afecto a la U. y valoro lo que significa para el país. Pero la pregunta que me interesa ahora no tiene que ver con el afecto, sino con los privilegios especiales que muchos académicos creen que merece. Esta es una de las cosas que me mmolesta. porque cuando se entregan privilegios, se excluye en forma arbitraria a los demás. En particular, se anula la la competencia entre universidades, lo que es clave para su desarrollo.

En el Panel sobre el futuro de la UCh que mencioné ayer, uno de los panelistas describió el «Nuevo trato» que exige la UCh. Son $200.000 millones anuales que irían a la UCh. por ser la UCh. Claro, se dice que la UCh. asumiría una serie de labores, pero la pregunta no es solo ¿de dónde salió una cifra tan enorme (que parece cubrir los costos del hospital, que ya son pagados casi en su totalidad por Fonasa)? sino también ¿No es una frescura de la U. de Chile exigir un privilegio especial de este tipo?

Leyendo hoy una carta aparecida hoy en El Mercurio, se puede entender de donde sale esta arrogancia de la UCh. frente al país (Nota: aclaro, por transparencia, que el autor de la carta es de un pariente político). La carta se refiere al uso de los campos clínicos, es decir de los hospitales, como lugares para educar en forma práctica a los estudiantes de las carreras de salud. Los campos clínicos son un recurso escaso, ya que hay una gran cantidad de programas de estudios relacionados con la salud, muchos de ellos de universidades privadas. La forma de asignar estos campos a los distintos programas ha dado lugar a conflictos en los cuales los privilegiados (las universidades que tradicionalmente entregan estos programas y tienen acceso a los campos clínicos, pero en especial la UCh) defienden sus privilegios, intentando evitar el acceso de la nueva competencia. Veamos pues la carta:

«En su artículo «Reforma educacional: todos se declaran perdedores», el señor Pedro Uribe Jackson, rector UNAB, considera que la indicación en la partida Salud del presupuesto 2012 «que da preferencia a los planteles CRUCh para el uso de campos clínicos de los hospitales públicos» representa «una discriminación injustificada hacia los alumnos de universidades privadas». Una obvia interpretación alternativa sugiere que la indicación en cuestión pretende, por una parte, valorar y refrendar las relaciones entre universidades y servicios hospitalarios que se enraízan en una historia y se proyectan en un compromiso estratégico; y, por otra, evitar que tales compromisos académico-asistenciales se transformen en un remate al mejor postor de cupos en hospitales para estudiantes de carreras de la salud.»

He marcado con itálicas algunas frases. En este párrafo se hace referencia a la historia, como uno de los aspectos que hacen que la UCh. debe ser tratado en forma distinta de las demás. La carta prosigue:

«Por ejemplo, si se desconoce el carácter público de la Universidad de Chile es imposible entender sus lazos indisolubles con el sistema de salud público, la lealtad que le han guardado sus académicos, la asertividad de sus estudiantes, la imagen de identidad que despierta en el país entero y la resiliencia increíble mostrada en las condiciones más adversas.»

Aquí se afirma una característica de esencia, que hace imposible que las otras universidades se puedan comparar con la U. de Chile. No todas las universidades pueden ser iguales: algunas son y serán siempre incomparables (en el sentido de que no se pueden medir con la misma vara, o inconmensurables). Y la carta concluye señalando que los que van a universidades nuevas., o privadas, deberían haberlo pensado mejor, porque su educación será peor (pues no tendrán acceso a los campos clínicos del Estado):

«Si algún estudiante de alguna hipotética universidad privada se sintiera discriminado en su acceso a hospitales, mal podría culpar de ello a una indicación de la partida Salud del presupuesto 2012. Por el contrario, debería dirigirse a quienquiera irresponsablemente le hubiera ofrecido una carrera del área de la salud sin contar con instituciones asistenciales donde desarrollar su práctica clínica.»

El párrafo final refleja una arrogancia que debe ofender a los estudiantes de otros planteles. Es decir, si no pudieron entrar a la U. de Chile, tendrán que tener una peor educación, no porque sus profesores sean más malos, ni porque ellos (los estudiantes) son menos capaces, sino porque no se les dará acceso a los campos clínicos, porque por principio no pueden tener acceso a ellos.

Como lo he mencionado antes, no me gustan las diferencias de esencia. Me recuerda la argumentación de los aristócratas franceses de fines del siglo XVII (antes de la Revolución), cuando enfrentaban el ascenso de los burgueses en todas las áreas. En un paralelo universitario II hice esta comparación, pero me gustaría resumirla con un cuadro que presenté en el Panel sobre el futuro de la U. de Chile.

Estoy seguro que el autor de la carta en cuestión rechaza los argumentos de la aristocracia para defender sus privilegios frente al avance de los burgueses, pero los reproduce en su propia argumentación. Podrá buscar todos los «compromisos», los «lazos indisolubles» y otras virtudes que hacen que la U. merezca privilegios especiales, pero al final terminan siendo argumentos sobre la esencia, y por ello no se distinguen de los argumentos de los aristócratas franceses.

Una buena noticia

R. Fischer

Los estudiantes que se tomaron la Casa Central de la Universidad de Chile están pintando y limpiando su frontis. Es una buena noticia que le devuelve algo de dignidad a la U. El hecho de reparar algo del daño que le han causado a la Universidad no los exculpa, peo al menos es un punto en su favor.

Nota posterior: Esta entrada fue un error: pasé hace poco por la Casa Central, y volvió a tener la mala imagen de la toma. Da vergüenza y los estudiantes que la tienen tomada deberían ser criticados en permanentemente por las autoridades universitarias y por la FECH. No hacerlo es una irresponsabilidad contra la Universidad que dicen defender.

¿Hemos empeorado en educación?

R. Fischer

Ayer participé en un Panel sobre las universidades públicas en mi Facultad (más sobre esto en otra entrada), y en ella un colega mencionó lo pésima que era la educación chilena y como no había mejorado nada en los últimos veinte o treinta años. Es el tipo de frases que se usan sin pensar, especialmente cuando, como en el caso de mi colega, están ante un público que comparte su visión ideológica. No lo pude dejar pasar. Chile claramente tiene bajos niveles educacionales comparados con los países más ricos de la OECD, pero buenos a nivel latinoamericano y que están mejorando rápidamente. El informe «Pisa 2009 at a Glance«, nos da una radiografía comparativa de la educación chilena y de como ha cambiado en el tiempo (la prueba PISA es probablemente la que mejor compara los estándares educacionales entre países). En el 2009, en lectura, los promedios por países son los que aparecen en el gráfico (estamos mucho mejor que México y Uruguay, que nos siguen en América Latina):

En matemáticas nos va un poco peor que a México y Uruguay (algo que debería darnos vergüenza). Hay que notar que aunque tenemos menos niños por debajo del nivel 1 (nivel 1 es el más bajo nivel de competencia) en matemáticas que esos países, en los niveles más avanzados nos va más mal.
:

En ciencias estamos mejor que México, pero un poco peor que Uruguay;

Es interesante observar que Argentina aparece bajo Brasil en el caso de lectura y ciencias, y bajo Chile en todos los casos. ¿Qué ocurre en ese país, antes tan bien educado?

La siguiente figura muestra porque mi colega estaba equivocado al decir que no habían mejoras en la educación. Veamos cuánto a mejorado Chile en la prueba Pisa de lectura:

Un cambio de cuarenta puntos en 9 años no es para nada despreciable, y si seguimos mejorando a tasas similares (es algo difícil, porque requiere que los profesores mejoren, y eso puede tardar mucho), en pocos años los niveles de lectura serán mñas cercanos a los del promedio de la OECD. Lo que pasó es que Chile fue el país que más redujo la cantidad de niños (y niñas) con niveles de lectura inferior al nivel 2 (es notable que en Argentina el porcentaje de niños bajo ese nivel aumentó en el período y ahora alcanza a más del 50%, contra el 30% en Chile). También es positivo observar que la relación entre grupo socioeconómico y nivel de lectura ha descendido, aunque sigue siendo mayor que en México, por ejemplo.

Chile parece que no participó en el Pisa de matemáticas de 2000, así que no se puede determinar si hay mejoras, pero en ciencias Chile subió 10 puntos (un aumento, pero no muy importante, y muchos países mejoraron más).

En resumen, la educación chilena está mejorando en forma acelerada, pero me temo que es más fácil hacerlo en el área de lectura que en el de ciencias, y es más difícil aún en matemáticas: tenemos un déficit de profesores calificados en esas áreas. Para mejorar rápido, habrá que importar profesores de estas materias desde otros países o desde otras profesiones.

Nota En un documento reciente de la OECD describiendo la educación en Chile, se encuentra la siguiente figura que muestra que le habría pasado a los resultados del Pisa de ciencias si se hubiera corregido por el nivel socioeconómico, ya que muchos niños en Chile (comparados con otros países de la OECD) provienen de hogares desventajados. Incluso así hay diferencias con el promedio de la OECD, aunque se reduce mucho, y el país termina pareciéndose a Grecia. El gráfico corresponde al Pisa de ciencas de 2006, esperemos que haya mejorado desde entonces.

Los pollos fritos

R. Fischer

La principal noticia económica de los últimas semanas ha sido –desde mi punto de vista– la acusación de la Fiscalía Nacional Económica, en contra de los principales productores de pollos por haberse coludido para limitar la producción, elevando con ello los precios. La Fiscalía allanó las oficinas de la Asociación de Productores Avícolas (APA) y de Don Pollo, la menor de las empresas involucradas para conseguir información sobre el caso.

El allanamiento le permitió a la Fiscalía encontrar información sobre los procedimiento utilizados para controlar, semana a semana, la producción de las distintas empresas. Es decir, el APA era el instrumento que dirigía el cartel, imponiendo estándares, formatos de ventas y otras condiciones que impedían incluso el asomo de competencia entre las empresas. Los mecansimos eran de gran precisión y se revisaban constantemente de acurrdo con el costo de los insumos, y otras variables. Los acuerdos entre las empresas permitieron que las participaciones de mercado se mantuvieran constantes en el tiempo, como lo muestra el siguiente gráfico de la presentación de la FNE:

Esto explica la ahora famosa frase del gerente general de Don Pollo:

“Para qué pelear con Súper Pollo, mejor es convivir. Como se dice: si tiene un enemigo muy poderoso, mejor únase a él. Con Ariztía y Agrosuper tenemos una asociación gremial muy fuerte, a través de la cual hemos logrado acuerdos con respecto a lo que le corresponde a cada uno en el mercado. No nos vamos a quemar por un 1% más.”

que indica un desconocimiento total de la Ley, inexplicable en el gerente general de una empresa importante (porque de otra manera jamás habría realizado una declaración tan autoincriminatoria). La evidencia parece ser lo suficientemente fuerte como para que no hayan dudas de la existencia de un mecanismo colusivo (los cambios a la Ley que permiten allanamiento, escuchas y delación compensada comienzan a rendir frutos), y la defensa de los acusados pretende demostrar que las restricciones no habrían tenido ningún efecto. Para ello, aducen que no tenía sentido limitar la producción para elevar los precios, si en tal caso las importaciones se habrían quedado con el mercado. Como evidencia muestran una penetración de las importaciones del 16% (12% según la Fiscalía).

Ahora bien, en 2005 las empresas avícolas lograron cambiar la política arancelaria nacional, de manera que nuestros aranceles de importación, que son uniformes en 6% para casi todos los productos importados, ahora tienen una excepción en el caso de las presas de pollo: ellas solas, entre miles de productos, enfrentan aranceles de 18.7%. Es decir, las importaciones avícolas no son tan libres. Además, en 2007 la APA solicitó una medida antisubsidio contra los pollos importados desde Argentina, que los habría sacado del mercado, lo que fue rechazado por la Comisión de Distrosiones del Banco Central. En 2009, la APA estudió la posibilidad de solicitar una salvaguardia, la que nuevamente excluiría a las importaciones. Es decir, las empresas y la APA sabía que las importaciones perforaban su acuerdo colusivo, por lo que hicieron lo posible para evitar esta competencia. Esta historia tiende a debilitar los argumentos de las empresas.

Ahora bien, el escrito de la Fiscalía no está completo. Falta demostrar que el mercado de los pollos es un mercado separado del de otros productos similares (como la carne de cerdo, pavo y bovina), para lo cual es necesario estimar las elasticidades cruzadas de la demanda con sus sustitutos. Asimismo, debe demostrar que las importaciones no eliminan el poder de mercado de las empresas. También debe demostrar la magnitud del alza de precios producto de la falta de competencia. También puede ser útil comparar los precios de importación con los de exportación (pues las empresas exportaban presas de pollo en cantidades importante). También puede ser útil estimar la elasticidadde la demanda y luego usar las variaciones en los precio de los insumos alimenticios para ver la transmisión de costos a precios, como lo muestra el trabajo de Eric Weyl.

Aunque estas formalidades son importantes para medir la importancia de los efectos, parece extraño que las empresas construyeran todos ese aparataje de control de producción y de participaciones de mercado con el simple objetivo de ¿qué? si no es para acercarse a los precios de monopolio.

Evaluación de funcionarios

R. Fischer

Hace poco salió un nota en El Mercurio sobre las calificaciones de los funcionarios del Estado central. Más del 97% de los funcionarios son calificados con distinción, lo que es completamente ridículo, significa que las calificaciones no contienen ninguna información.

En un año difícil, como 2010, fue eliminado el inmenso número de 16 funcionarios por malas calificaciones. Peor aún, en el Ministerio del Trabajo el 99.5% de los funcionarios es calificado con distinción. Ridículo. Por lo tanto, cuando se descubre que un funcionario con una hoja de servicios distinguida ha cometido un delito, y el público se sorprende de que un funcionario de tan buen comportamiento haya cometido ese error, es el público el que se equivoca: el funcionario podría haber sido siempre un delincuente y las calificaciones no lo habrían mostrado.

Esta falta de información en las calificaciones funcionarias tiene un paralelo en las notas de de los estudiantes de colegio. Bajo la presión de los padres por el ingreso a la universidad, los promedios han estado subiendo aceleradamente y cada vez es menor el rango de promedios: sacarse menos de un 6.0 de promedio indica un estudiante seriamente deficiente.

En algún momento, hace años, se me ocurrió que para resolver el problema de la ausencia de información en las notas, el Estado las ajustara usando la media del Simce del colegio (siendo más finos, ajustando también según la varianza del Simce). Esto eliminaría la presión por subir las notas, ya que serían ajustadas posteriormente. Tal vez sea una buena idea, pero en todo caso me hizo pensar en si se podría aplicar algo similar al interior del Estado para calificar funcionarios.

La idea era simple: la norma establecía porcentajes de empleados en cada categoría: 20% con distinción, 50% bueno, 27% condicional y 3% eliminados, por ejemplo, aunque los porcentajes son simplemente ilustrativos.Si las calificaciones que ponía un jefe a sus subordinados no correspondía a esos porcentajes, el jefe quedaba calificado condicional en forma casi automática. El mecanismo forzaba a los jefes a evaluar, pero los ponía bajo intensa presión de sus subalternos así que no parece tan buena idea.

El otro día se me ocurrió por qué tal vez no fuera una buena idea. Se me prendió la ampolleta, aunque es tan obvio que muchas personas deben haberlo pensado. El motivo por el que no se ponen malas notas es el Estatuto Administrativo. En una empresa normal, e jefe califica a sus empleados, y si estos se molestan con la calificación, puede despedirlos, por lo que éstos no pueden ejercer más presión que una presión moral sobre el jefe que los califica.

La situación en la Administración Pública es diferente Si el empleado se molesta con el jefe puede hostigarlo sin demasiado temor, pues es inamovible y dispone de múltiples mecanismos que lo defienden: el sindicato, otros empleados también inamovibles, etc. Aunque no todos los empleados estén dispuestos a hostigar al jefe al recibir una mala calificación, el jefe prefiere no arriesgarse (además le debe parecer injusto calificar mal solo a funcionarios a los que no les teme). En tal caso, es obvio que las calificaciones tienden a subir.

La hipótesis es consistente con el 99.5% de trabajadores que recibió calificación de distinción en el Ministerio del Trabajo: ellos deben ser los más complicados para sus jefes, debido a la labor que realizan.

La propuesta pesquera

R. Fischer

La propuesta de licitaciones pesqueras del Ministro de Economía creo es peor para el país que simplemente regalar los derechos de pesca, como solicitan las empresas. No es que me esté contradiciendo en mi apoyo a las licitaciones, ya que es inaceptable que no se realicen y que se regalen recursos que son de todos a unos pocos favorecidos, que además son los responsables de la sobreexplotación del recurso pesquero, pero lo que propone el Ministro es peor aún.

La propuesta consiste en que se liciten los excedentes que se producen en las pesquerías recuperadas, por lo que dejan de estar en plena explotación. Si el recurso está en plena explotación, las cosas seguirían como hasta ahora, con derechos concedidos en forma gratuita.

Esto garantiza que las pesquerías no se van a recuperar nunca, porque no se observan incentivos para que los poseedores de cuotas individuales ahorren el recurso pesquero si los excedentes se los lleva el ganador de una licitación competitiva. Una carta reciente en El Mercurio muestra el problema. En ella el Sr. Maturana, respondiendo a un Sr. Vial que había sugerido cerrar algunas pesquerías hasta que se recuperaran, señala que proteger una especie, reduciendo sustancialmente la carga de pesca sobre ella tiene un objetivo oculto:

Si el futuro proyecto de ley incluye estas recomendaciones, la sustentabilidad podría alcanzarse manteniendo operativa aun la pesquería, no siendo necesario recurrir a la drástica medida sugerida por el señor Vial, que, al parecer, más que estar preocupado de la recuperación del recurso, está buscando conseguir cuotas a cualquier precio para actores internacionales, sin importarle el daño inconmensurable a la industria pesquera, a sus trabajadores y a las miles de familias que viven de ella.

En la misma carta señala que las cuotas individuales de captura han demostrado ser la solución al problema de la sobrepesca. En teoría estoy de acuerdo con ello, pero varios de los comentaristas a su carta le reprochan que eso no ha sido el caso en Chile. Tienen cierta razón y desearía saber el motivo. ¿Son tan miopes los actuales propietarios de cuotas –las poseen desde hace diez años–que no se comportan como lo indica el artículo de Science que usa el Sr. Maturana en su argumentación?

El problema de los modelos

R. Fischer

John Kay en otra excelente columna en el Financial Times sobre los defectos de los modelos en los cuales se usan parámetros que son imposibles de conocer. Debo señalar, sin embargo, que creo que los modelos de predicción son más útiles de lo que piensa Kay en el sentido de permitir comparar escenarios, algo que no se puede hacer en forma consistente con los modelos sencillos que Kay propone.

Pero claro, tiene motivos para reírse. No hay como defender por ejemplo, casos como el del Departamento de Transporte del Reino Unido:

This may lead to extravagant flights of fantasy. To use Britain’s Department of Transport scheme for assessing projects, you have to impute values of time in 13 different activities, not just today, but in 2053. Fortunately, you can download answers to these questions from the official website. And answers to many others you probably did not know you wanted to ask. What will be average car occupancy rates, differentiated by time of day, in 2035?

Aparentemente, estos procedimiento han sido utilizados para hacer proyectos por el Private Finance Initiative (nuestro procedimiento de concesiones) en vez de las alternativas más tradicionales, porque supuestamente daban un mejor Value for Money. Pero una revisión del Parlamento del Reino Unido no encontró ninguna evidencia de las supuestas ventajas de eficiencia del PFI que compensaran su mayor costo financiero. Es por eso que el sistema PFI ha sido, para todos los efectos, cancelado en el Reino Unido, al menos en su forma actual. Como solía decir Alvaro Fischer, » era caro pero malo.».