¿Qué sube y qué baja entre los abogados?

Un estudio muestra que en los EE.UU., los abogados en las especialidades de:

  • crimen de cuellos y corbata, reglas de los mercados financieros, fusiones y adquisiciones, mercados emergentes y litigios de propiedad intelectual están cambiándose desde firmas con menos a firmas con mayores utilidades (lo que implica un alza de ingresos),

y que aquellos que trabajan en las especialidades de

  • regulación, inmobiliaria, finanzas públicas, project finance, y fideicomisos se cambian a empresas con menos utilidades, por lo que recibirán menores salarios en el futuro.

Esto muestra cuáles son las áreas en las que parece haber mayor actividad legal y las que están en decadencia. El artículo también explica por que hay una distribución bimodal en los salarios de loa abogados recién recibidos, como se muestra en la figura. Y la diferencia entre las dos modas es enorme: tres veces el salario anual. Vale la pena leer el artículo, para los que les interesa el tema.

Los problemas de la propiedad intelectual

Según el historiador económico alemán Eckhard Höffner, lo que explica el rápido desarrollo de Alemania en el siglo XIX fue la ausencia, durante buena parte del siglo, de leyes de copyright. Sin leyes de copyright, hubo una explosión de publicaciones. Se publicaban 14. 000 libros al año en 1843, contra 1.000 en Inglaterra, que era mucho más rico, pero tenía leyes de copyright. Los libros en Inglaterra eran caros, pues los editores eran monopolistas que imprimían tiradas cortas. En Alemania, la única posibilidad era producir muchos libros a bajo precio, para no estar inundado de copias. Es interesante que la ausencia de propiedad intelectual produjo más libros que la presencia de propiedad intelectual, contra lo que usualmente se espera. Pero los productos intelectualess, una vez producidos, casi no tienen costos de transmisión ni se diluyen por haber más copias, por lo que no se aplican los principios económicos usuales.

El autor de este blog concuerda desde hace años con la idea de que la propiedad intelectual se ha llevado a límites excesivos. En esta posición están Hayek (que concordaba con los países comunistas en eso), y economistas como Levine y Boldrin. En contra, Disney , y sorprendentemente, Mark Twain. Gracias a Marginal Revolution.

Problemas en la Bolsa

Los problemas detectados en la Bolsa exigen cambios importantes en un sector que maneja parte importante de los ahorros de todos a través de las AFP. En su entrevista de hoy en Estrategia, el socio de la corredora de bolsa Finanzas y Negocios Corredores de Bolsa Luis Eguiguren hace declaraciones demoledoras. Según, el todos (los que operan directamente en Bolsa) sabían lo que hacían Montaner y Guzmán de Fit Corredores, lo que denomina derechamente robo. Además, acusa que el Directorio de la Bolsa no es suficientemente proactivo debido a sus conflictos de interés (indirectamente, al sugerir que es necesario un directorio independiente).

Por lo tanto, no parece apropiado el acuerdo al que está está llegando el Fiscal que investiga el caso, ya que propone una multa de 500UF y una salida alternativa que no involucra cárcel, y probablemente tampoco la admisión de culpa. La posición de Euroamérica (la empresa que acusó originalmente a Montaner y Guzmán de comprar por cuenta propia acciones que Euroamérica compraría más tarde, antes del escándalo posterior de abuso de acciones en custodia) de apelar a la decisión del fiscal parece razonable: hubo abuso de confianza reiterado y no ha habido admisión de culpa.

Pero el problema principal es que en el intervalo de dos años que mediaron entre las acusaciones iniciales de Euroamérica y el segundo escándalo, los mecanismos reguladores de la Bolsa no hicieron nada. Es decir, hay una protección interna a los insiders que muestra las deficiencias de la autorregulación en el sector. Según parece, la autorregulación solo es efectiva entre los propios participantes, pero no hacia afuera de la Bolsa: queda la impresión que los clientes son simples pichones para los insiders.

Centralización y corrupción

El autor de este blog ha sostenido por años que una de las razones de los relativamente bajos niveles de corrupción en Chile se deben a la centralización del Estado. Por lo tanto, los llamados a mayor descentralización deben considerar que su consecuencia natural será un aumento en la corrupción.

Los mayores escándalos normalmente ocurren en Regiones. Por ejemplo, la intendencia de la V Región y sus obras imaginarias, los jueces en la Región del Biobío (especialmente en remates judiciales y quiebras), y así sucesivamente. Este es un tema que da para largo, pero se pueden dar algunas razones.

  1. La relación más cercana entre poder político y poder económico en Regiones. Debido a nuestra distribución del ingreso, el poder económico está concentrado en pocas familias o grupos económicos en Regiones (en Santiago la distribuión es similar, pero incorpora a muchas más familias y grupos), las que tienen una influencia desproporcionada en el poder político. Esto es un fenómeno que también ocurre en otros países.
  2. El Estado en Regiones tiene menos protección burocrática. En Santiago es difícil saber quién toma una decisión de mando medio en el aparato del Estdo, debido a su complejidad. Esto lo hace más autónomo de fuerzas externas. En Regiones, los funcionarios que deben aprobar decisiones son fácilmente identificables y se los puede presionar.
  3. La prensa en Regiones tiene el mismo problema, ya que depende de los poderes políticos y económicos, por lo que tiene menos autonomía –salvo casos especiales– que en Santiago. En Santiago hay más competencia en la prensa y el sector asociado económico a la prensa representa una fracción menos importante de la economía.
  4. Los puntos anteriores son importantes, pero por lejos el motivo fundamental es que las Regiones reciben la mayor parte de sus recursos del gobierno Central. Por lo tanto, los votantes de las Regiones u otros niveles de la administración del Estado (como los municipios) no los consideran como propios. Hay motivos para esta centralización de los recursos, pues hay demasiadas diferencias en la capacidad de generación de ingresos de las Regiones, así como los municipios. Para reducir estas diferencias, el Estado centraliza los recursos y luego los distribuye más equitativamente.

En aquellos países en que la descentralización opera, la distribución de ingresos es más equitativa a nivel de localidad descentralizada y de personas. Por lo tanto, una parte importante de los ingresos del poder local provienen de los impuestos que pagan la mayor parte de sus habitantes de la localidad. La percepción es que la corrupción es un robo a los impuestos pagados de todos y enfrenta un rechazo más categórico. Al ser recursos locales los que gasta el gobierno local, los habitantes son más vigilantes de su uso y más involucrados en las decisiones. En consecuencia, el poder político local debe responder a los intereses de la comunidad. Esto funciona especialmente bien en comunidades pequeñas, en que el control social es más fácil.

Estas condiciones no se cumplen en nuestro país, y la descentralización efectiva estaría acompañada por un mayor grado de corrupción, en opinión de este blog.

Pirámides e impuestos a las transferencias

Salvo por la notoria excepción de algunos países anglosajones que tienen propiedad acionaria diluída, en la mayoría de los países las empresas tienen un solo controlador. Como es bien sabido, esta diferencia significa que en los países anglosajones los ejecutivos tienen el control de la empresa, por lo que se genera un conflicto de intereses entre los ejecutivos y todos los accionistas. En los demás países, el controlador nombra a los ejecutivos y el conflicto de intereses es con los accionistas minoritarios.

El accionista controlador tiene muchos incentivos a desviar utilidades de la empresa, pues los dividendos que paga tienen un impuesto implícito, ya que son equitativos entre todos los accionistas. Dado que el controlador solo posee una fracción de las acciones, recibe solo parte de los beneficios. Las decisiones del controlador se ven distorsionadas por este pseudo-impuesto a «sus» utilidades.

Esta distorsión se acentúa cuando las estructuras de control son piramidales, en las que una empresa de papel posee una fracción controladora de las acciones, y esa empresa de papel es a su vez controlada por otra empresa de papel, que posee el control sobre ella, y así sucesivamente. Con una estructura piramidal, el control puede adquirirse poseyendo muy pocas acciones efectivas de la firma basal. Por lo tanto, el controlador tiene derecho a una fracción pequeña de los dividendos que genera la firma basal, y enfrenta incentivos a evadir el pago de los dividendos (mediante el denominado «tunneling«) similares a los incentivos a evadir impuestos de individuos que enfrenta una alta tasa marginal impositiva.

Existen muchas formas de tunneling: usar precios de transferencia (comprando caro a empresas relacionadas y vendiéndoles barato), aprovechar información privilegiada, pagar gastos personales, nepotismo, etc. Mientras menos acciones directas posea el controlador, más incentivos a extraer rentas de los demás accionistas mediante tunneling

Este fenómeno debería ser más intenso en el caso de empresas diluídas, pues los ejecutivos que efectivamente controlan la empresa poseen proporciones muy pequeñas de la propiedad de la empresa. Pero en el caso de las empresas diluídas, existe un mercado de control empresarial, es decir, si la empresa es muy ineficiente, un inversionusta privado puede hacer una oferta por encima del valor de mercado (devaluado por el mal manejo de la empresa por los ejecutivos) por la mayoría de las acciones de la empresa –una OPA– y luego de obtener el control, manejarla en forma más eficiente. El temor al cambio de control es lo que hace que los ejecutivos se disciplinen, en mercados con propiedad diluida.

Pero la posibilidad de cambiar el control es imposible en una empresa que ya tiene controlador, a menos al controlador le compensen el valor presente de las rentas que recibe por tunneling de las utilidades apropiadas a los accionistas minoritarios. En consecuencia, en general las empresas concentradas deberían ser menos atractivas para los inversionistas minoritarias, porque no están sujetas al efecto disciplinador del mercado de control corporativo.

Basados en este argumento (hay más facetas que se deben explorar), sería conveniente disuadir la creación de pirámides, pues exacerban las distorsiones que producen debido a la separación entre control y propiedad de la empresa. Pero es difícil controlar la prohibición de las pirámides, pues pueden estar basadas en paraísos fiscales, o en países donde es difícil el control.

Es interesante al respecto observar que el país con los mercados accionarios más profundos, lso EE.UU. resolvió el problema durante lo años 30. Antes de esa década, la estuctura de control empresarial en los EE.UU. tenía estructuras piramidales, pero ellas desaparecieron luego de la década. ¿Cómo se logró?

Durante el New Deal, se aprobó una norma que establecía un impuesto (de un 8%, aparentemente) a las utilidades traspasadas de una empresa a otra. En poco tiempo, esto hizo que lasestructuras piramidales fueran tan ineficientes que desaparecieron. Esta medida no tuvo efectos adversos importantes sobre el mercado accionario de los EE.UU., y si hubo algún impacto, debe haber sido pequeño, ya que de otra forma habría más oposición a este impuesto. Al desaparecer las estructuras piramidales, se diluyó la concentración accionaria de las grandes empresas, pues es dificil mantener el control directo sobre una empresa de gran tamaño.

En período normales, los controladores de empresas no habrían permitido pasar tal medida, , ya que poseen una grana capacidad de lobby político. Durante la crisis de los 30, los líderes empresariales tenían mala imagen, l oque hizo posible que Roosevelt consiguiera aporbar la Ley.

Se trata de una lección interesante que habría que considerar si se desea profundizar los mercados de capitales.

Una actuación de la Fiscalía

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha rechazado una denuncia de la asociación gremial de comerciantes de San Vicente de Tagua-Tagua, que reclamaban que las ventas bajo costo del pan en los cupermercados constituía una conducta depredatoria que haría desaparecer las pequeñas panaderías de la zona.

La FNE rechazó la denuncia porque la estrategia de vender bajo costos en este caso es parte de una política comercial conocida como loss leader, cuyo objetivo no es depredatorio, sino atraer clientes a los supermercados para luego venderlos otros productos con márgenes positivos. Además, como el costo de entrada al negocio de las panaderías es bajo, el objetivo tradicional de una conducta depredatoria (elevar los precios una vez eliminada la competencia) es poco probable. Por lo tanto, no hay que preocuparse de los efectos de largo plazo sobre la competencia. Prohibir la posibilidad de tener loss leaders solo conseguiría elevar el precio del pan en la zona.

Se ha criticado que las acciones de los supermercados, especialmente en ciudades pequeñas, tienden a destruir el comercio, dejando núcleos urbanos deteriorados. Esto es válido, pero no es un tema de competencia, que solo debe preocuparse de los temas bajo su órbita y no de la salud de las ciudades.

Es interesante a este respecto que la Competition Commission del Reino Unido llegó a la misma conclusión en su Informe sobre el mercado de abastos de 2008. En resumen, un informe sólido, que solo tiene el defecto de usar un reportaje de periódico de 1995 para referecniar la evidencia del Reino Unido y no el Informe de Abastos de 2008, del órgano oficial encargado de la competencia en el Reino Unido.

Regionalización y corrupción

Chile es un país muy centralizado, lo que explica que las regiones tengan pocas empresas importantes que no tengan sus gerencias en Santiago, y que haya una importante migración de los mejores profesionales a la capital. Las decisiones importantes se toman en Santiago, por lo que empresas grandes, que deben interactuar con el Estado para aprobar sus proyectos de inversión, o simplemente por lobby, deben tener una representación de alto nivel en la ciudad.

Esto es malo para el país, ya que las decisiones centralizada no necesariamente responden a las necesidades de las distintas regiones, y porque las regiones se quedan sin potenciales empresarios y profesionales, lo que afecta sus posibilidades de crecimiento orgánico (y no solo basado en recursos naturales). En el caso de la inversión pública, existe el FNDR, que trata de ayudar un poco a resolver el problema. La dificultad es que justamente debido a que la centralización limita la profundidad de los cuadros de alto nivel de los gobiernos regionales, los proyectos de inversión publica regional a menudo son rechazados o deben reformularse en el centro, lo que por supuesto es contradictorio con el objetivo del FNDR.

Pero tampoco es fácil el traspaso de más responsabilidades a regiones. Por un lado, la limitación en los cuadros profesionales es un problema. Por otro lado, debido justamente a que la burocracia en regiones es menor, es más fácil para un lobbista acercarse al funcionario que toma decisiones, y tal vez corromperlo. En la administración centralizada, es mucho más difícil para un lobbista saber quién es la persona que toma la decisión de bajo nivel que le interesa, porque son demasiados funcionarios en cada departamento. El funcionario está protegido de la corrupción por la propia complejidad del aparato burocrático central. Además, debido al mejor nivel profesional que poseen, hay mayor orgullo por el trabajo que realizan, lo que le da un espíritu de cuerpo a algunas oficinas fiscales que las hace menos corruptibles.

Esta centralización es, por lo tanto, una de las razones para los bajos índices de corrupción en el pais. Un ejemplo es el de un país tan centralizado como Francia. Al intentar descentralizarse hace un par de décadas, se observó un gran aumento en la corrupción. Asimismo, en EE.UU., y diversos países federales latinoamericanos, es en los Estados donde se observan los mayores casos de corrupción, siendo el aparato central menos corrupto.

Es interesante observar que los pueblos y ciudades pequeñas de los EE.UU. tienen relativamente menos corrupción. Son las ciudades intermedias y mayores las corruptas. Pero esto es materia de otra entrada, que tiene que ver con la fuente de los recursos locales.

¿Impuesto variable a los combustibles?

El gobierno está estudiando la posibilidad de un impuesto variable a los combustibles. Pero eso es lo que se hace cuando el Fondo de estabilización de precios de los combustibles (FEPCO) actúa acumulando, o desacumulando (sobre todo esto último) recursos del Fondo. Según parece, Hacienda pretende hacer una analogía con la lógica del royalty minero, que está planeado sea variable.

Me parece que el enfoque es erróneo, a diferencia del caso del royalty: es una mala analogía. Este último tiene como uno de sus objetivos importantes reducir las presiones políticas al quiebre de promesas hechas a empresas privadas (mayoritariamente extranjeras) cuando invirtieron en nuestro país. Esto tiene costos de reputación para el país, y posibles costos directos en tribunales internacionales o del país de origen del inversionista. Además, con royalties variables las empresas pagan más cuando ganan más, lo que tiene un efecto menor sobre las empresas.

En el caso de los combustibles, la propuesta no tiene focalización, pues se les baja el precio a los todos los usuarios, incluyendo automóvilistas. Esto beneficia particularmente a los grupos de mayores ingresos. Segundo, es un beneficio sin límites, a diferencia del FEPCO, que tiene límites establecidos por Ley. Por lo tanto, puede ser mucho más costoso para el Fisco. Tercero, los menores recursos que recibe el gobierno pueden ocurrir en cualquier momento del ciclo, incluso cuando enfrenta una recesión, y necesita recursos del impuesto a los combustibles. Cuarto, es probable que la reducción del impuesto no consiga distinguir entre cambios permanentes y cambios cíclicos del precio. En tal caso se subsidiaría el combustible cuando la economía debería reaccionar consumiendo menos, como respuesta a los mayores precios esperados en el futuro.

Las presiones políticas que explican la lógica del royalty variable en la minería no tienen el mismo carácter en este caso. Hay presiones a subsidiar cuando suben los combustibles, pero sucumbir a las presiones no tiene un costo país, aunque si puede tener un costo para el gobierno. No hay un quiebre de promesa que perjudique a un sector de inversionistas, por ejemplo, cuando el gobierno decide subsidiar a los combustibles. En resumen, este blog opina que hay pocos argumentos para un impuesto variable a los combustibles.

Concesiones de desalinización

Este blog ha quedado intrigado por el anuncio del Ministerio de Obras Públicas según el que promoverán las concesiones de plantas desalinizadoras. La pregunta es: ¿porqué es necesaria una concesión? ¿No es posible que una empresa consiga un contrato de largo plazo con una empresa sanitaria o una mina y construya la planta luego de solicitar los permisos de construcción, ambientales, y otras burocracias? ¿ Cuál es el motivo de requerir una concesión para esto? La planta requiere una fuente de energía –contratable–, acceso a agua salada –abundante– y una tubería mar adentro que permita la dilución de la salmuera, residuo del proceso de desalinización. Se requieren asimismo permisos de la Directemar, ¿pero una concesión? ¿Porqué es necesario establecer plazos finitos para un proyecto como este? Tal vez al MOP le gusta la palabra: concesión.

Adelántandose a la regulación

En el Diario Financiero aparece la noticia de que el Grupo Cruzat tiene muy avanzado el cierre de la Mina Lo Aguirre, comenzado en forma voluntaria, ya que aún no existe regulación de reparación del daño ambiental. El objetivo del Grupo Cruzat es realizar un proyecto inmobiliario en un terreno adjunto, para lo cual es esencial que la mina no represente un peligro ambiental que ahuyentaría a los potenciales interesados en vivir en el lugar. La empresa ha gastado más de diez millones de dólares en preparar el cierre, y aparentemente las pilas de lixivación que usaban ácido sulfúrico para producir un concentrado de mineral ya no representan un peligro. De ser realmente así, sería un caso interesante en que el mercado ha resuelto un problema ambiental sin mediar la intervención estatal, al menos en forma directa.