Peña vs Sierra

Este Domingo dos columnistas de El Mercurio: Carlos Peña y Lucas Sierra escriben sobre los Acuerdos de Vida en Común (AVC). Esta propuesta del senador Allamand formaliza enlaces entre parejas del mismo sexo, y también de parejas heterosexuales. Ambos son favorables a la idea de resolver el problema de los homosexuales, por lo que el título de esta entrada se refiere a la calidad del análisis de los columnistas y no al tema mismo.

Peña, que nos tiene acostumbrados a menudo a análisis interesantes y enfoques novedosos, que invitan a reflexionar, en este caso pierde frente a Sierra por 1 a 0. Peña enfoca el problema del AVC desde uno de sus temas preferidos, la crítica liberal a los conservadores que se oponen a la propuesta de un matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero en esta ocasión no dice nada que no haya dicho antes. Sierra en cambio, describe un aspecto del AVC que el autor de este blog, habiéndolo notado, no sabía como resolver: una AVC para heterosexuales no tiene sentido y como efecto colateral, puede debilitar el matrimonio. Tal vez antes de la Ley de Divorcio habría tenido algún sentido el AVC para heterosexuales (ya que tal vez el cónyuge de una de las partes no permitía la anulación del matrimonio), pero ahora el único motivo para no casarse es el deseo de no formalizar la relación de pareja. En cambio, para los homosexuales, el AVC es su única posibilidad de formalizar una relación, ya que parece improbable que se acepte el matrimonio homosexual en el futuro mediano.

Es probable que la idea de extender al AVC a las parejas heterosexuales haya sido una forma
de camuflar el objetivo de la propuesta, de manera que no estuviera dirigida solo a los omosexuales, ya que cuando se formuló por primera vez la propuesta de Allamand y Chadwick, la sola idea de legislar en la materia parecía aventurada. Pero los tiempos han cambiado (tal vez por efecto de la propuesta original) y parece ser cada vez más aceptado que se requiere una solución para las parejas estables del mismo sexo.

Recapitulando: en esta ocasión, Peña 0, Sierra 1.

Cambio de agenda y los puertos

En un artículo aparecido en el Journal of Legal Studies, The Theory of Loopholes (versión solo para suscriptores, lamentablemente), de Leo Katz, muestra que debido al Teorema de Imposibilidad de Arrow, no es posible eliminar la posibilidad de manipulación de agenda.

La manipulación de agenda consiste en introducir alternativas que terminen por eliminar la alternativa preferida por la mayoría, de manera que al final la decisión se toma entre dos alternativas que aseguran un resultado en favor de los intereses del que manipula la agenda. En el caso de nuestro Congreso, es posible introducir en el Comité encargado de un tema, una alternativa extrema, que resulta aprobada en el Comité pero que es rechazada en la votación en Sala. Aparentemente, con este mecanismo, un grupo de parlamentarios opuestos al divorcio consiguió retrasar el divorcio por un par de años. Lo que hicieron fue introducir una propuesta muy liberal, que atrajo al número suficiente de liberales para sacar del camino una alternativa que tenía más posibilidades de ser aprobada por el congreso.

Otro caso interesante ocurre en los puertos. En el caso de la concesión del Puerto de San Antonio, el actual concesionario del molo se opone a la concesión del Espigón, ya que aumentaría la competencia portuaria en la V Región. Por ello, han propuesto, junto a algunos funcionarios del SEP, un proyecto de puerto mar afuera de enorme capacidad, que costaría más de mil millones de dólares. Ese proyecto vuelve innecesaria la concesión del Espigón, pues su capacidad es muy inferior, y no tendría tiempo para rentabilizar la inversión si se construyese el puerto mar afuera. Pero la concesión del Espigón se puede hacer ahora, mientras que la del puerto gigante no tiene viabilidad hasta la década de los 20.

Al sugerir un proyecto que elimina la necesidad de licitar el proyecto del Espigón, y de ser aprobado el proyecto, el concesionario podría conseguir retrasar en varios años la entrada de competencia, años en los cuales la capacidad portuaria de la Región estará casi copada y con costos en aumento. Es un claro ejemplo de manipulación de agenda (lo cual es legítimo como estrategia).

DFL2 de nuevo

Hoy aparece en La Tercera una entrevista al Subsecretario de Hacienda en la que defiende la propuesta de DFL2 del gobierno frente a las críticas en el Congreso. Según parece, las críticas alegan la inconstitucionalidad de los cambios (es decir, que no se podría aplicar el límite de dos viviendas por persona con beneficios DFL2 a las compras futuras). De ser eso efectivamente lo que plantean los opositores a la medida, este blog está completamente de acuerdo con el subsecretario: siempre se pueden crear leyes que eliminen beneficios tributarios a bienes que aún no existen. El subsecretario parece aclarar que el proyecto no intenta quitar el beneficio a las propiedades existentes, incluso si una persona tiene cientos de ellas, y que este beneficio se transmitiría a los herederos de esas personas.

La solución de mantener el beneficio actual para las viviendas DFL2 que ya existen creará varios problemas. El más importante es que habrán dos tipos de propiedades DFL2: las de antes de la Ley y las posteriores. Las propiedades anteriores a la Ley tendrán un precio más alto que nuevas DFL2 en condiciones equivalentes, porque serán más valoradas por las personas que ya tienen dos propiedades DFL2. Si se trata de una cuadra en la que hay propiedades de los dos tipos, y se desea construir un edificio, los dueños de las antiguas DFL2 pedirán un valor que les compense por la pérdida de los beneficios tributarios, lo cual podría tornar inviable la operación, incluso si el edificio aumenta el valor social.

No parece una buena medida mantener en forma perpetua diferencias de este tipo entre propiedades equivalentes. Lo más razonable es definir un plazo largo, diez años por ejemplo, para la eliminación del beneficio sin límite para las viviendas DFL2. Eso tiene algún efecto expropiatorio, pero hasta esto es compensable si se desea ser constitucionalmente cuidadoso, ya que el beneficio tributario descontado diez años en el futuro es un valor moderado.

Limitaciones al DFL2

El proyecto que limita los beneficios del DFL2 a dos propiedades por persona
es una buena idea. Actualmente una persona puede percibir un elevados ingresos
por arriendo de departamentos DFL2 sin pagar impuesto a los ingresos, lo cual
introduce una enorme inequidad horizontal, pues por el mismo monto de ingresos
otros pagan una tasa marginal de impuestos de 40%.

El DFL2 genera dos distorsiones al menos: primero, elimina un tamaño de
propiedades. Como los beneficios solo alcanzan a casas o departamentos de
menos de 140 m2, no conviene tener un departamento entre los 140 y los 180 o
200 metros, pues en ese rango de tamaños los beneficios del mayor tamaño no
compensan el no estar acogido a la Ley. En tamaños más grandes, la distorsión
desaparece, pues para una persona que, por ejemplo, desea comprar una casa de
250 metros, es difícil pensar que estaría dispuesta a encogerse en una de
140m2 para ahorrarse impuestos. Esta distorsión, sin embargo, empalidece
en comparación con la distorsión que causa el DFL2 al atraer recursos hacia
propiedades que podrían haber tenido un mejor uso en otros sector no bonificados
con el subsidio. Nuestra economía tiene más inversión en casas y
departamentos de las que debería, debido al excesivo incentivo del DFL2.

Esta distorsión también tiene otros beneficiarios, además de los propietarios: los
arrendatarios se benefician de alquileres más baratos que los que se habrían
tenido sin el exceso de construcción generado por el DFL2. Pese a ello, es
una distorsión económica en un mercado que no necesita esa corrección, por lo
que los beneficios tienen que ser menores que los costos de la distorsión y
el país haría bien en eliminar este DFL.

El problema es como eliminar el DFL2 a más de dos viviendas. Sus defensores
proclaman que es un contrato-Ley, supuestamente más protector que una Ley, y
que al eliminarlo para las viviendas existentes se cometería una expropiación
sin compensación, lo que sería rechazado por el Tribunal Constitucional
cuando el caso se le presentase. El argumento tiene cierta plausibilidad,
hasta que se recuerda que las empresas mineras también enfrentaban impuestos
que no los discriminarían, por lo que se inventó la peregrina idea de que el
royalty no era un impuesto, dejando con ello contento a los abogados.

Una manera de reducir la oposición a la medida es eliminando gradualmente
el beneficio para los actuales propietarios, en diez años, por ejemplo. Esto
solución intermedia podría ser más aceptable que la eliminación inmediata
del subsidio para las propiedades en exceso de dos por persona.

Notarios de nuevo

Una interesante editorial de La Tercera, que presenta algunas interesantes ideas sobre como mejorar el sistema de notarios. Una de las propuestas, con la que este blog coincide totalmente, es que se reduzca el número de documentos que deban llevar timbre de notario para distintas operaciones legales o interacciones con el Estado. La editorial da dos ejemplos bellísimos de nuestro amor hacia todo lo notarial: los certificados de supervivencia que deben aportar muchas personas que por definición están vivas (además que se puede verificar con más seguridad en el registro civil), y los documentos con copia notarizada, cuando se lleva el original.

Es la opinión de este blog que el origen de nuestro amor por los notarios son las deficiencias de la justicia civil. Como ella es incapaz de castigar falsificaciones de firmas o la violación de contratos con un grado de seguridad que haga confiables las firmas o contratos, se imponen todo tipo de trabas para reducir la ocasión de que estos problemas aparezcan. Por supuesto, esto hace que todas las operaciones sean lentas y caras (lo que explica la cantidad de días que toma armar una empresa y, sobre todo, cerrarla). Una de las medidas principales es utilizar notarios para todo tipo de operaciones. No es que esto aumente en mucho la seguridad de las operaciones, pero es el único mecanismo de que disponemos dadas las deficiencias de la justicia. Este tema da para mucho más.

Minería y capital de riesgo

Aparentemente el Ministro de Minería estaría pensando crear un mecanismo para promover el capital de riesgo en exploraciones mineras para la pequeña y mediana minería. La pregunta es ¿para qué? El mercado minero debe ser uno de los más competitivos y con más acceso a capital en el país. La industria tiene todo tipo de participantes: empresas que se especializan en exploración, mineras medianas y pequeñas que explotan proyectos de ese tamaño, firmas proveedoras y contratistas, y grandes empresas mineras. No parece haber necesidad de promover el capital de riesgo en la industria.

Esto no significa que las pequeñas empresas no enfrenten problemas de acceso al crédito, pero eso es una característica de las pequeñas empresas, que no tienen activos que sirvan como aval o reputación y flujos que aseguren que se pagará el préstamo. Esto no se resuelve con subsidios encubiertos a capitalistas de riesgo para que inviertan en negocios en los que de otra forma no lo hubieran hecho.

Si realmente se desea hacer algo por le minería, es mejor dedicar esfuerzos a corregir los problemas de definición de propiedades mineras, para evitar la superposición de derechos. Uno de los grandes riesgos que enfrentan los propietarios mineros es que sus derechos no están bien protegidos en la legislación minera, porque la posibilidad de inscribir derechos superpuestos sobre otros puede significar grandes gastos en abogados. El GPS permite delimitar con precisión la localización de las propiedades que se inscriben, y no es aceptable que sigan ocurriendo problemas de dobles inscripciones de terrenos mineros.

Se trata de medidas menos vistosas que la de crear empresas de capital de riesgo minero, pero sus efectos serían más valiosos para el sector.

Reformas al sistema de notarios

En La Tercera, un artículo sobre la reforma al sistema de notarios. El tema de los notarios, conservadores y en general, todo lo relacionado a la justicia civil es complejo, por lo que este blog dedicará posteos futuros a analizar estos temas. Para comenzar, ¿porqué necesitamos un notario para tantos procedimientos? En EE.UU., por ejemplo, es posible pasar varios años sin ver a un notario.

Tal parece que el motivo es que nuestra justicia tiene dificultades para castigar casos de falsificación de firmas en documentos y contratos. El notario certifica que las personas que firman son efectivamente las personas nombradas en el documento (solicitando la cédula de identidad), lo que hace más difícil alegar la falta de validez del documento. Pero como no todos los notarios son honestos (nuevamente una falla de la justicia que no es capaz de erradicar este problema), ahora se requiere además de la firma y del carnet, una huella digital para reducir las dudas de si la persona efectivamente estuvo presente en la notaría cuando firmó.1

Los procedimientos notariales son engorrosos para la mayoría de los ciudadanos, y relativamente caros, sin proveer demasiada seguridad jurídica. Si mejorara la justicia, especialmente la civil, tal vez se podría reducir el rol de los notarios.  En todo caso, como los servicios de los notarios son legalmente necesarios pero no dan demasiada seguridad legal, la idea de aumentar el número de notarios para reducir el costo para los usuarios es apropiada.  Otra ventaja es que tal vez la competencia mejore la calidad de servicio que ofrecen las notarías. Es particularmente molesto ir notarías en las que aún utilizan máquinas de escribir manuales, por lo que generar un documento es lento y potencialmente contiene errores. ¿Cómo es posible que notarías, incluso en el barrio alto, no tengan sistemas computacionales para producir los documentos rápidamente, dando la posibilidad de corregir pequeños detalles?

1. A veces los notarios o sus representantes concurren a las oficinas de VIPs o de  abogados. Tal vez por eso el sistema se mantiene como está: las personas que tienen el poder de impulsar reformas no observan lo engorroso del sistema actual.

Tirosinemia y sistema de salud

Esta extraña enfermedad genética impide que el individuo metabolize el aminoácido tirosina. El resultado es una falla hepática si el individuo no es tratado (para más información sobre la tirosinemia, ver Genetics Home Reference o emedicine). Existe un medicamento para tratar esta enfermedad, pero es de elevadísimo costo: $10 millones mensuales. Luego de un recurso de protección en favor de 9 niños (o tal vez 10, si se incluye el caso de un niño perteneciente a una ISAPRE) el Miinsal se ha comprometido a seguir pagando el tratamiento de los niños, como lo había hecho en el pasado, y a proponer un </aproyecto de Ley para financiar enfermedades de alto costo y baja prevalencia.

El problema de las enfermedades de alto costo es conceptualmente difícil de analizar. En el caso de los niños, será difícil encontrar alguien que esté en desacuerdo con el apoyo del Estado, pese a los costos que significa. Los $1.000 millones que se estima costará la enfermedad en solo un año podría financiar unas 50 casas para familias sin hogar por el terremoto, o tal vez se podría entregar más dosis de vacuna contra la influenza, lo que tal vez salvaría más vidas. Pero esas son vidas anónimas, aleatorias, cuyos nombres no se conocen, mientras que las familias de niños (o niñas) con tirosinemia saben que son sus hijos los que enfrentan un riesgo cierto de muerte sin tratamiento.

Para ir al otro extremo, supongamos el caso de un criminal confeso de un crimen horrible, condenado a prisión cadena perpetua, al que se le diagnostica la misma enfermedad. Es probable que la sociedad elija no darle un tratamiento de este costo (porque muchos pensarían que no se lo merece). Pero, en tal caso no toda las vidas son igual de valiosas. Este tipo de análisis, que se podría continuar con un ejemplo intermedio, el de un anciano de 90 años al que se le diagnostica una enfermedad de alto costo muestra que el derecho a la Salud no es un derecho de orden superior, sino que está limitado por la capacidad económica de la sociedad y los méritos del receptor. Tal vez los miembros del TC deberían reflexionar estos temas antes de tomar decisiones.

Isapres y TC

El Tribunal Constitucional me parece totalmente equivocado en sus análisis de las tablas de alzas de valores de las ISAPRES. El TC se ha basado en el derecho a la salud para sus decisiones en el tema. Pero en Chile todos tenemos derecho a la salud, pues auqellos que tienen problemas para pagar ISAPRES, siempre puedne caer en el sistema FONASA. Fonasa cubre –no tan bien, pero algo– la salud. El derecho a la salud existe y nadie lo pierde porque le sube el valor de la ISAPRE. Claro que los estándares son más bajos en la salud estatal, pero eso refleja que somos aún un país pobre. El derecho a la salud no es un derecho a estar atendido en la Clínica Las Condes, sino que es el derecho a atención de salud en un hospital de algún tipo. De seguirse la interpretación del TC, todos los chilenos tendrían derecho a pertenecer a una ISAPRE aunque no tengan los ingresos suficientes. No somos tan ricos como parapoder pagar ese nivel de subsidios.

En fin, el TC da muestras de pensar poco profundamente los temas, lo cual es un problema, pues siempre he considerado que hay un rol valioso en un árbitro como el TC para evitar que las leyes y otras medidas sean inconstitucionales. Pero si el TC hace mal su trabajo –porque no razona correctamente, a diferencia de llegar a fallos con los que no concuerdo– pierde dignidad y eventualmente pierde el inmenso poder que tiene ahora para frenar errores legislativos.

Seguridad y el terremoto

La noticia que 14 comerciantes han presentado una acción legal contra el Estado por los daños que sufrieron producto de los saqueos posteriores al terremoto es un tema interesante. (El Mercurio)

Una obligación mínima del Estado es proteger a los ciudadanos por lo que los comerciantes afectados están justificados en tratar de obtener una restitución. El problema es si la justicia debe actuar en este caso. Considerando las deficiencias de nuestro aparato estatal,  la cantidad de demandas que podrían resultar de una determinación positiva no solo quebraría a nuestro Estado sino que impediría que operaran las Cortes (algo que está pasando en el Tribunal Constitucional, que imprudentemente no estableció una doctrina que le permitiera seleccionar casos  a tratar).