La energía nuclear post-Fukushima

Contra lo que parece la opinión generalizada en los medios, creo que es posible que el accidente en la planta nuclear de Fukushima sea un argumento a favor de la energía nuclear. Recordemos lo que sucedió: un terremoto de intensidad mucho mayor que la concebida por quienes planearon la planta, el que no provocó daños. Estos fueron producto del tsunami. La central usaba una tecnología anticuada, y estuvo a punto de ser dada de baja hace poco, debido a que había cumplido su ciclo. TEPCO, el operador de la planta, tiene mala reputación por esconder información sobre problemas en las centrales nucleares y ha sido incompetente desde que ocurrió el terremoto (salvo por usar agua salada para enfriar los reactores). Pese a estas chambonadas, no han habido víctimas. El aumento en los niveles de radiactividad tampoco podría causar víctimas, salvo tal vez en el largo plazo para los trabajadores más expuestos. Se ha perdido la inversión en la planta, y los japoneses, exagerando las precauciones, pararon todas las plantas nucleares y se quedaron sin energía, pero eso fue un error del gobierno y no un problema de las centrales.

El temor a las centrales es producto del desastre de Chernobyl, mucho más peligroso que el de Fukushima, incluso en el peor escenario, dadas sus diferentes tecnologías. Pero incluso en Chernobyl se estima que el número de muertes adicionales por cáncer, en el muy largo plazo, sería a lo más 4.000 de los 600.000 individuos directamente afectados por Chernobyl , y muy hipotéticamente, otros 5.000 muertes por cáncer adicionales entre los 6 millones de personas en otras áreas contaminadas (Informe OMS de 2006, en http://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/who_chernobyl_report_2006.pdf). Este número debe contrastarse con las muertes que produce el calentamiento global debido al uso de combustibles fósiles, que modifican el clima y aumentan la frecuencia de sequías y huracanes. Además, las centrales nucleares actúales son más seguras que las construidas hace 40 años, y hay tecnologías intrínsecamente más seguras (CANDU y pebble bed) que la de agua presurizada de Fukushima.

Dejando de lado, por lo tanto, el problema de la seguridad, se puede analizar el problema de la energía nuclear para un país como Chile. Somos un país de ingresos medios altos, pero para poder llegar al desarrollo, es necesario disponer de energía, y que ésta no sea prohibitivamente cara. Poseemos abundantes fuentes de energía, pero es difícil utilizarlas, por lo que en su reemplazo debemos generar usando diesel, que es contaminante y caro. Una fuentes de energía barata y no contaminante (salvo visualmente) en la hidroelectricidad, pero presiones ambientalistas impiden aprovecharla, exagerando sus problemas y negando sus beneficios.

Las energías renovables no convencionales son atractivas, pero a menudo demasiado caras usando las tecnologías actuales, y de todas formas, también requieren líneas de transmisión que afean el paisaje. Es probable que en algunos años la geotermia se transforme en un recurso importante, pero es difícil pensar que en los próximos veinte años pueda responder al incremento en la demanda de energía. Las centrales minihidro son atractivas y competitivas, pero su potencial es limitado y solo pueden ser un complemento de otras fuentes de energía. La energía eólica es demasiado cara –debido a la necesidad de respaldo—y necesita subsidios para sobrevivir. Algo similar ocurre con la energía solar, aunque nuestro potencial es tan importante en el Norte, que si la tecnología mejorara y los costos bajaran, podría ser nuestra gran fuente de energía limpia.

Quedan solo dos alternativas: carbón y nuclear, que pueden producir energía segura y de bajo costo. El problema es que las centrales de carbón emiten gases invernadero y otros contaminantes e incluso más material radiactivo que una central nuclear, en condiciones normales. En el futuro mediano, no queda más que desarrollar centrales a carbón, debido a que no se ha podido desarrollar la hidroelectricidad, que podría competirle. Más a futuro, si no hay mejoras tecnológicas suficientes en energía solar o geotérmica, la alternativa ambientalmente más segura y de menor costo podría ser la energía nuclear.

En todo caso, no se debe descartar esta opción por temores infundados, ya que la única manera de acabar con la pobreza y alcanzar el desarrollo es que nuestras empresas puedan competir en el mundo, y para ello necesitan que la energía que utilizan sea mucho más cara que la de otros países.

Ecología y los kayaks

En la lucha por detener proyectos hidroeléctricos, los ambientalistas se han aliado con los que practican y promueven el turismo aventura. Los kayakistas y balseros desean mantener los ríos en su estado original, sin que sean intervenidos por embalses u otras obras necesarias para el desarrollo de centrales.

Por lo tanto, son aliados naturales de los ambientalistas, que también se oponen a las centrales, no porque el río deja de ser útil para el descenso en embarcaciones, sino porque no les gusta la intervención humana en el ecosistema. Los ecologistas utilizan a los deportistas extremos, señalando que esta actividad es una alternativa de desarrollo económico, que puede reemplazar el beneficio que proveería la central hidroeléctrica en el río.

Por lo tanto, hay algo de irónico en la reciente noticia en el Mercurio: una Emergencia por plaga de algas en Aysen, producidas por el turismo de Kayaks.

En realidad, más que irónico, se trata de un hecho trágico, ya que es poco probable que este tipo de algas pueda eliminarse del ecosistema una vez instaladas. Las intervenciones requeridas para instalar una central se pueden revertir, como se ha hecho en algunos países que han eliminado embalses, y a los cien años, no quedarán huellas de las obras. Pero quizás en varios miles de años más las diatomeas invasoras sigan allí.

Tal como se esperaba

Tanta virtud no era sostenible en Bolivia, y el Presidente Morales tuvo que abandonar su proyecto de reducir los subsidios a los combustibles. Las protestas fueron demasiado fuertes, y elpaís tendrá que seguir distorsionando su consumo y alimentando el contrabando. La pregunta, de no fácil respuesta, es cómo eliminar estos subsidios una vez que la sociedad se ha acostumbrado a ellos. Una posibilidad es luego de una gran crisis, como lo que ocurre en algunos países de Europa, donde el Reino Unido y algunos otros países están probando estrategias duras sin por ello perder todo el apoyo de los votantes.

Otra posibilidad es utilizar subsidios focalizados en las familias de menores ingresos, de una magnitud tal que compensen el mayor costo del bien al que se le retira el subsidio. La ventaja es que, dado que este subsidio compensa un consumo bajo, su costo es menor que la reducción en el subsidio promedio al bien. Además, desde el punto de vista político, permite responder al argumento de que la eliminación del subsidio afecta a los más pobres.

En el caso de Bolivia pueden existir dos dificultades para eliminar el subsidio. Primero, que tal vez gran parte de la ciudadanía tenga bajos ingresos, y requieran subsdios. Segundo, puede ser difícil entregar el subsidio sin incurrir en corrupción y desfocalización, debido a problemas organizacionales del Estado.

En todo caso, es una lección para Morales, no para dejar de adoptar medidas como la eliminación del subsidio a los combustibles, sino de lo difícil que es implementar bien medidas impopulares pero necesarias.

¿Discreción o reglas?

La intervención del Presidente en el caso de la central generadora Barrancones ha despertado una polémica sobre la conveniencia del uso discrecional de su autoridad. La mayor parte de los columnistas que se han referido al tema rechazan la intervención, argumentando que se debieron haber seguido las reglas de nuestra institucionalidad.

El tema de los límites de las reglas y el alcance de la discreción es complejo. Las reglas existen por una serie de motivos: previenen la arbitrariedad de las decisiones del ejecutivo, protegen al magistrado –en el sentido medieval de la palabra: la máxima autoridad, con poderes ejecutivos y judiciales– de las presiones de grupos de interés, y dan seguridad a los miembros de la sociedad. Pero las reglas tienen un problema: dado que son difíciles de escribir, y a menudo son el resultado de acuerdos de grupos con distintos intereses –especialmente en casos tan sensibles como los medioambientales—no siempre cubren correctamente todas las situaciones. En el ejemplo de las centrales termoeléctricas, la norma ambiental no establece diferencias entre distintas localidades en función de su cercanía a un parque nacional o sitio ambientalmente delicado. Este es un error de la norma. En tales casos, lo apropiado es modificar la norma, pero si el magistrado se encuentra con una ley ya establecida e inapropiada para el caso, es razonable dejar espacio a la discrecionalidad, especialmente si es transparente.

No debemos olvidar que se puede ser discrecional siguiendo ostensiblemente la institucionalidad. Esto ocurre cuando en los proyectos de inversión pública se elevan las tasas esperadas de crecimiento de la demanda, de manera que se alcance el umbral de rentabilidad social. En otras ocasiones a los proyectos se los despoja de elementos esenciales, que se reintegrarán más tarde, para poder cumplir estos umbrales. ¿No es eso peor que un caso transparente de discrecionalidad, ya que cumple la regla pero no su contenido. No hemos avanzado mucho desde la Colonia si sigue siendo válido que las reglas se acatan pero no se cumplen.

El problema que tienen las decisiones discrecionales abiertas es que se debe mantener la reputación de seguir las reglas en la generalidad de los casos y de salirse de ellas sólo en casos excepcionales. Las excepciones son fusibles sociales, tales como los indultos, que también se escapan a las normas. Sería ideal un mundo en que el magistrado tuviera un número limitado de decisiones discrecionales en su periodo. Así, estas decisiones solo se usarían en situaciones sin otra salida, y cuando las alternativas son peores. Pero en el mundo real es difícil verificar el número de actuaciones discrecionales.

La idea de un magistrado no puede decidir, sino que solo puede seguir normas, es una limitación extrema de sus atribuciones que se explica por una deformación arraigada en nuestro sistema legal. Nunca aprendimos que el rígido código napoleónico debía ser suavizado con reglas consuetudinarias, como se hace en Francia. Nuestra idea de jueces y magistrados similares a robots, que aplican pero no interpretan la Ley, tiene la misma proveniencia.

No creo en la discrecionalidad a ultranza, y prefiero que en condiciones normales se sigan los procedimientos instituidos. Pero no darle al magistrado la opción de actuaciones discrecionales solo sirve para que esas actuaciones sea hagan en forma encubierta, manipulando reglas que deberían preservarse en la inmensa mayoría de los casos.

Energía verde, continuación

El mecanismo de contratos de energía verde (no contaminante) descrito hace pocos días en este blog parece tener ventajas adicionales a las descritas en aqeulla ocasión.

El mecanismo consiste en que las empresas que desean contratar energía verde para sus procesos productivos negocian contratos de largo plazo con empresas de generación. Estos contratos, tal como los contratos actuales, especifican la cantidad de energía y potencia verde requeridas. Distintas generadoras tendrán distintas carteras de demanda por energía verde. En base a ellas harán sus demandas para la planificación semanal del CDEC

El segundo paso es la construcción de una segunda curva de despacho en el CDEC, definida solo por centrales que producen energía no contaminante.

Una vez hecho esto, se realiza un despacho teórico con la demanda total de energía (verde y normal) y se determina un costo marginal, que denominamos original: CMo. Si en ese despacho funcionan suficientes centrales de energía verde como para abastecer la demanda por energía verde, ese será el costo marginal de la energía verde. En este caso el sistema es idéntico al actual.

Si por el contrario, es necesario forzar la entrada de centrales verdes para poder abastecer la demanda por esa energía, el costo marginal verde CMv será el costo marginal de la última generadora verde. Las centrales inframarginales verdes se les paga de acuerdo a este costo marginal CMv.

El resto de la demanda no requiere energía verde. La demanda asociada es menor que la energía total, por lo que es posible que alguna central sucia deje de operar al forzar la entrada de unidades verdes. Esto reduce el costo marginal sucio CMs que se le paga a las centrales inframarginales sucias. Es el costo asociado a la demanda por energía sucia.

Respecto a la potencia, se aplica un procedimiento similar. El costo de la potencia de punta verde es el costo de la unidad de costo de inversión marginal que produce energía verde. Las generadoras demandan potencia de punta verde de acuerdo a sus contratos verdes y pagan la potencia demandada en punta al costo marginal de la potencia verde. Para la potencia sucia se sigue aplicando el procedimiento actual para definir el costo de la potencia y su asignación, usando solo la demanda por energía sucia en punta. Las horas de punta pueden ser diferentes para las dos energías.

Ventajas del sistema:

  1. Un procedimiento de implementación simple y en el que es fácil fiscalizar que las empresas realmente producen usando energía verde.
  2. Las centrales que producen energía sucia son castigadas al enfrentar menor demanda, ya que enfrentan en promedio un menor costo marginal.
  3. La energía verde se produce en forma eficiente sin castigar a la demanda por energía sucia. Las centrales verdes inframarginales son premiadas con un mayor pago por energía y potencia.
  4. Los incentivos están bien puestos para los dos tipos de energía.
  5. Las empresas de distribución también pueden ofrecer contratos por este tipo de energía a sus clientes libres

Más adelante, las distribuidoras podrían comenzar a ofrecer contratos de energía verde a clientes regulados, una vez establecidos los procedimientos para fijar las tarifas reguladas verdes.

Bolivia y el valor agregado

Bolivia tiene planes de dejar de ser un exportador neto de materias primas y pasar a ser un país que produce bienes con valor agregado. La idea no es nueva: fue intentada, por ejemplo por Chile (y otros países de América Latina) durante los 60 y principios de los 70, con pobres resultados. La dificiultad estriba en que disponer de materia prima de bajo costo no significa que el país sea provductivo si no tiene ventajas comparativas en productos con alto valor agregado. Cuesta pensar cuales serían esas ventajas en el caso boliviano.

Si esas ventajas no existen, la única forma en que Bolivia podría competir en productos con alto valor agregado es con un precio subsidiado de los combustibles, por lo que el cambio en el valor agregado total del proceso productivo (considerando que el subsidio representa un valor agregado negativo) generalmente será negativo o cero. Esto se debe a que el subsidio debe compensar la diferencia entre el costo de un productor eficiente y el de un productor boliviano. Por lo tanto, habría sido mejor exportar el gas.

Pero tal vez hay motivos políticos para la propuesta y lo que interesa es crear grupos obreros privilegiados en el sector de valor agregado. Ellos se apoderarían de gran parte del valor agregado por el sector gas.

Electricidad verde

Uno de los problemas que va a comenzar a enfrentar nuestro comercio internacional es la exigencia de que su traza productiva tenga menos impacto ambiental, en particular, emisiones de CO2. Por otro lado, se están instalando numerosas centrales termoeléctricas, por lo que las emisiones de gases invernadero asociadas a la producción chilena podrían aumentar y las exportaciones podrían enfrentar barreras en el futuro.

Una posibilidad para resolver este problema, sin demasiada intervención del Estado, es la creación de contratos de suministro de electricidad verde. Para ello, las empresas que requieran pocas emisiones podrían contratar con generadoras (en su rol de comercializadoras de electricidad) un sobreprecio que garantiza que su electricidad es producida sin emisiones de gases invernadero, con energías renovables no convencionales, por ejemplo.

Una empresa podría contratar 5MW de energía verde, por ejemplo. La comercializadora agruparía todas sus demandas de energía limpia (140MW, por ejemplo). El CDEC recalcularía la curva de demanda por energía, neta de la demanda por energía verde, la que permitiría calcular un costo marginal sucio (ver Figura 1).

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Se pagaría una compensación por la operación forzada de centrales de mayor costo que el costo marginal sucio, si éste está dado por centrales no verdes (esto es parecido a la compensación que se paga cuando se debe forzar la operación de una central de alto costo marginal porque las líneas de transmisión están saturadas). El mayor costo estaría dado por una curva de costo marginal de energía verde, para reducir lo costos de esa generación al mínimo. Así no se castigaría la generación de centrales limpias inframarginales (ver Figura 2).

EnergiaVerdeFg2

Las centrales normales –sucias– enfrentarían menos demanda, y caería el costo marginal que enfrentan, lo que sería el castigo por ser sucias. Habría que fiscalizar que el despacho efectivamente proviene de centrales limpias, pues hay muchas posibilidades de arbitraje, pero en un sistema de despacho centralizado como el nuestro, no debería ser un problema mayor.

Este sistema es eficiente (en el sentido de no castigar la producción que no requiere certificados de verdura) y requeriría pocos cambios regulatorios y normativos. El mecanismo aseguraría que las exportaciones que se dicen verdes lo son efectivamente. Claro, los electrones utilizados efectivamente en la empresa pueden provenir de cualquier tipo de central, pero el sistema asegura que un gasto energético equivalente al contrato verde es generado en forma limpia.

En ocasiones, puede ocurrir que el costo de la energía verde sea igual al costo marginal total: por ejemplo si la central de base es limpia, y tiene capacidad superior a la demanda de energía verde.