Uno de los problemas que va a comenzar a enfrentar nuestro comercio internacional es la exigencia de que su traza productiva tenga menos impacto ambiental, en particular, emisiones de CO2. Por otro lado, se están instalando numerosas centrales termoeléctricas, por lo que las emisiones de gases invernadero asociadas a la producción chilena podrían aumentar y las exportaciones podrían enfrentar barreras en el futuro.
Una posibilidad para resolver este problema, sin demasiada intervención del Estado, es la creación de contratos de suministro de electricidad verde. Para ello, las empresas que requieran pocas emisiones podrían contratar con generadoras (en su rol de comercializadoras de electricidad) un sobreprecio que garantiza que su electricidad es producida sin emisiones de gases invernadero, con energías renovables no convencionales, por ejemplo.
Una empresa podría contratar 5MW de energía verde, por ejemplo. La comercializadora agruparía todas sus demandas de energía limpia (140MW, por ejemplo). El CDEC recalcularía la curva de demanda por energía, neta de la demanda por energía verde, la que permitiría calcular un costo marginal sucio (ver Figura 1).
Se pagaría una compensación por la operación forzada de centrales de mayor costo que el costo marginal sucio, si éste está dado por centrales no verdes (esto es parecido a la compensación que se paga cuando se debe forzar la operación de una central de alto costo marginal porque las líneas de transmisión están saturadas). El mayor costo estaría dado por una curva de costo marginal de energía verde, para reducir lo costos de esa generación al mínimo. Así no se castigaría la generación de centrales limpias inframarginales (ver Figura 2).
Las centrales normales –sucias– enfrentarían menos demanda, y caería el costo marginal que enfrentan, lo que sería el castigo por ser sucias. Habría que fiscalizar que el despacho efectivamente proviene de centrales limpias, pues hay muchas posibilidades de arbitraje, pero en un sistema de despacho centralizado como el nuestro, no debería ser un problema mayor.
Este sistema es eficiente (en el sentido de no castigar la producción que no requiere certificados de verdura) y requeriría pocos cambios regulatorios y normativos. El mecanismo aseguraría que las exportaciones que se dicen verdes lo son efectivamente. Claro, los electrones utilizados efectivamente en la empresa pueden provenir de cualquier tipo de central, pero el sistema asegura que un gasto energético equivalente al contrato verde es generado en forma limpia.
En ocasiones, puede ocurrir que el costo de la energía verde sea igual al costo marginal total: por ejemplo si la central de base es limpia, y tiene capacidad superior a la demanda de energía verde.
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