Categoría: Regulación económica

Tratamiento terciario de aguas

R. Fischer

Hace pocos días, el Presidente de Aguas Andina concedió una entrevista a El Mercurio en la que analiza las inversiones que la empresa planea en el futuro. Además de la inyección de aguas a las napas subterráneas, de manera de recargarlas, lo que parece una buena idea, el Señor Larraín anunció que están pensando, más a futuro, comenzar tratamientos terciarios de las aguas servidas, dejándolas aptas para el consumo humano.

Hasta ahora la empresa realiza tratamientos primarios y secundarios a las aguas servidas, lo que permite utilizarlas para el regadío. Por esta tarea la empresa recibe una rentabilidad satisfactoria, y con la ventaja de ser muy estable. Como a la empresa le pagan por sus inversiones (si puede convencer al regulador que la empresa eficiente las requiere), le interesa que se requiera cada vez agua más pura.

Pero cual sería el sentido de tratar las aguas que ya poseen tratamiento secundario? Estas ya son de la calidad apropiada para el riego agrícola (después de todo, incluso cando los ríos son impolutos, el agua no es potable), que es lo que se requiere y el motivo para el tratamiento. Se acabó el tifus, la hepatitis A (y el cólera), que aún a mediados de los 90 eran un riesgo. Por supuesto, aquella parte de las aguas devueltas al río, y que son utilizadas por una ciudad aguas abajo requerirán un tratamiento que las haga potables, pero eso será una ínfima fracción de las aguas que reciben tratamiento secundario, dado que Santiago es tanto más poblado que las demás ciudades de la zona.

Sin mayores explicaciones de la empresa, la idea de realizar un tratamiento secundario de las aguas servidas aparece solo como una idea para aumentar el monto de inversiones que tienen una rentabilidad asegurada. .

La verdadera velocidad de la banda ancha

R. Fischer

Uno de las decepciones de los usuarios de banda ancha es que las promesas de velocidad de subida y de bajada no se cumplen. Las empresas ofrecen velocidades enormes pero a casi todas horas las incumplen. En los contratos, solo se garantiza una velocidad de un 10% de la velocidad anunciada, y es probable que tampoco esa garantía se cumpla ya que no parece haber fiscalización del ancho de banda efectivo.

Estos malos resultados se pueden comparar con el caso de los EE.UU. El siguiente gráfico muestra la diferencia entre la velocidad anunciada y la real a diferentes horas del día para distintos proveedores, y claramente es más de un 10% del valor anunciado:

En su descargo, las empresas proveedoras de banda ancha chilenas señalan que en muchos casos el contenido es internacional, en cuyo caso debe acomodarse a un ancho de banda más restringido, porque es muy caro arrendar ancho de banda internacional. Puede ser, aunque no hay manera de verificar si este es el motivo o si simplemente las empresa no quieren gastar en proveer un mejor servicio (tal vez porque la competencia no es muy efectiva en el sector en nuestro país). Sin embargo, es posible hacer algunas estimaciones usando datos públicos, ya que si fuera tan caro, y las empresas lo desearan, siempre tienen la opción de contratar la construcción de un nuevo cable submarino.

Es posible estimar el costo de esta alternativa. Por ejemplo, el reciente cable submarino Sydney-Guam PPC1 de 2009 tiene 6900 km de longitud, una capacidad de 2.56 terabytes, y un costo de U$ 200MM). La distancia del Norte de Chile a California es de unos pocos cientos de kilómetros más en línea recta submarina, por lo que el valor de una línea que resolviera nuestro problema de capacidad internacional no debería ser mucho mayor.

Podemos usar esa información para evaluar el ingreso anual necesario para solventar un cable submarino. Supongamos que debido a su mayor longitud, el nuevo cable es un 10% más caro que el cable australiano es decir, US$ 220 MM. Considerando una tasa de retorno requerida del 10%, y una evaluación del proyecto con un horizonte de 10 años, con valor residual cero, el ingreso anual requerido es aproximadamente US$ 36MM.

Comparemos eso con los ingresos de una empresa proveedora de banda ancha. La mayor empresa chilena tiene más de un millón de clientes que pagan por lo menos $15.000 mensuales por el servicio. Si hacemos la multiplicación, vemos que el costo del cable submarino que resolvería los problemas de comunicación de Chile por mucho tiempo, podría pagarse con un mes de ingresos de una sola compañía, cada año. Me parece que al sector se le puede exigir más.

Una cosa adicional me molesta. Me gustaría ver los balances auditados de VTR, que según entiendo, no son una obligación de la empresa. Lo mínimo que debería exigírsele a una empresa regulada (porque ofrece servicios de telecomunicaciones) es que entregue estos balances. Así tal vez se podría saber cuanto paga por el servicio de arriendo internacional.

Kotlikoff y los bancos

R. Fischer

He estado leyendo sobre un tema del que no sabía casi nada: formas alternativas de estructurar bancos. Existe una corriente de economistas austriacos que piensa que  los bancos no deberían prestar contra depósitos a la vista. Es decir. no debería existir fractional banking, o al menos no para ese tipo de depósitos (los depósitos a plazo son otra cosa).

El argumento , me parece, es que la creación de dinero asociado a la fractional banking no debería ser tolerada. Además, existe el efecto colateral de impedir las corridas bancarias, porque un banco que tiene 100% de reservas sobre sus depósitos en cuenta corriente no puede sufrir una corrida (aunque puede quebrar). Sin entrar a discutir los méritos de la propuesta austriaca,  sirve como introducción a la idea de Kotlikoff sobre los bancos.

L. Kotlikoff es un famoso economista, ahora en la U. de Boston, que  llegó a la conclusión que el sistema financiero actual debe ser modificado radicalmente para evitar eventos como el de 2008. En una serie de editoriales (este es uno de los primeros, con Ed Leamer) y en su libro «Jimmy Stewart Is Dead: Ending the World’s Ongoing Financial Plague with Limited Purpose Banking» presenta en forma más extensa sus ideas (no he leído aún ese libro). ¿Cómo pretende acabar con los desastres del mundo financiero?

Su idea es que todas las instituciones financieras funcionen como distribuidores de distintos tipos de fondos mutuos. Es decir, los bancos solo serían canales hacia distintos tipos de fondos mutuos y cobrarían por el servicio. En particular, para los depósitos s la vista, los bancos tendrían que tener un respaldo de 100% (como los proponentes de full reserve banking). Pero para otro tipo de inversiones, los bancos, en vez de prestar ellos mismos, traspasarían las platas de los inversionistas a fondos mutuos con el perfil de riesgo deseado por los depositantes.

Por ejemplo, en vez de que sea el banco el que entregue una hipoteca (en la forma chilena, un mutuo hipotecario) usando recursos de los depositantes, solo se prestaría en la forma de letras hipotecarias. Habría un fondo mutuo cerrado (o sea que no cambia su cartera en el tiempo) de letras hipotecarias que captaría recursos, usando a los bancos como intermediarios de los depositantes que quieren invertir en el mercado inmobiliario. El depositante –e inversionista– compraría una participación en el fondo mutuo a través del banco. La gracia del esquema, es que el fondo mutuo de letras hipotecarias no puede quebrar; a lo más puede retornar menos de lo esperado porque algunos deudores no pagan. Un esquema similar se usaría para invertir en otros sectores e incluso hay un esquema apropiado para reemplazar a los actuales seguros con las tontines del pasado.

Según Kotlikoff, así se evitaría que los banqueros utilicen los recursos de los depositantes en sus apuestas financieras, protegidos por los gobiernos cuando finalmente el sistema colapsa por los errores interesados que cometen. Este resumen es muy imperfecto, pero da un sabor de las ideas de Kotlikoff. Uno de los componente esenciales de su proyecto puede ser la mayor debilidad del esquema.

Kotlikoff propone eliminar el sistema regulatorio actual del sector financiero, creando en su reemplazo una sola (gran) agencia federal que se ocuparía de verificar que los fondos mutuos hacen lo que establecen sus estatutos, que los instrumentos están efectivamente en los fondos mutuos (evitando fraudes), y que además evalúe los riesgos reales de los distintos fondos mutuos para que las decisiones de los inversionistas sean informadas. ¿Será posible crear una institución capaz de hacer todas estas tareas bien? Y, ¿podría responder al lobby políticos y económico que enfrentaría?

El segundo problema es que Kotlikoff propone reemplazar el actual sistema de seguridad social en los EEUU por un fondo mutuo único que invierta los recursos de los trabajadores en forma global, en proporción al tamaño de las economías y al de los distintos sectores. Por ejemplo, invertiría en instrumentos europeos, asiáticos, etc; y tanto en mercados accionarios como de deuda estatal, hipotecarios, venture capital y otros. Al ser centralizada la inversión, cree que será barato invertir (no como nuestras AFP), con bajo riesgo, y será imposible, como ocurre ahora en los EEUU, favorecer a una generación a costa de generaciones futuras. La pregunta es: considerando el tamaño de ese fondo, ¿qué significado tendrían los precios de mercado? Es decir, un fondo mutuo que invierte en un índice de acciones no genera información de mercado, y ¿qué sucedería con el valor de información de los precios si casi todo el mercado se manejara así?

Marginal Revolution tiene otras críticas a la propuesta de Kotlikoff.

El problema de los bienes y servicios complejos

R. Fischer

John Kay nuevamente escribe un artículo en el Financial Times que ayuda a reflexionar sobre algunas de las deficiencias actuales de los mercados, y que además resulta particularmente relevante en el contexto nacional. En «The $10 minibar beer is no basis for capitalism«, Kay señala que una de las causas del descontento con el sistema capitalista actual es el hecho que la publicidad de productos y servicios esconde su verdadero costo.

En sus ejemplos, Kay explica lo que quiere decir:

«If you plan to fly with a low-cost airline this summer, you will have discovered that the final bill was not so low cost after all. Additional charges, not just for baggage but for payment and even for checking in, have prompted a super complaint from the UK consumer organisation Which? and spurred the Office of Fair Trading into action.

And have you struggled to understand your mobile phone bill? Bought a cartridge of ink that costs almost as much as the printer? Do you fill in your personal details on an insurance comparison website every year, or just accept uncompetitive renewal terms? Have you used the internet or the minibar in a hotel, or watched the teaser offer on a mortgage revert to a standard variable rate?

Products are complex, and time is scarce. Consumers focus on a few headline prices and features when they make their choices and so competition is focused on those headline prices and features. Economics 101 teaches that markets work best when competition leads to prices in line with costs, but in markets like these, competition has the opposite effect. Producers do not necessarily make excessive profits overall because the prices of key features are forced down to uneconomic levels. No one can really give you a free mobile handset, or fly you to Bratislava for 99p.»

Kay critica a quienes defienden la idea de que las personas pueden, con la información disponible, calcular el costo efectivo de los bienes, y sugiere que los que defienden estos esquemas de precios argumentan,

«[..]often correctly, that consumers can, with sufficient diligence, obtain all the information they need.»

He usado ese argumento en el pasado, pasí que me siento tocado, pero creo que Kay tiene razón al proseguir:

«But most of us have better things to do than to engage in line-by-line scrutiny of our mobile phone bills, or undertake a discounted cash flow calculation of the lifetime cost of a £50 document printer.»

La propuesta de Kay es que se faciliten las comparaciones y que en particular en el caso de los cobros por el uso de tarjetas:

» Small regulatory and legal changes might help. A general principle that charges for making payments must be related to the transactions’ actual costs would both end some abuses and stimulate use of the cost-effective debit card system. «

Tal vez habría que extender el principio más generalmente, en el sentido de limitar la descomposición de servicios que ya están estandarizados en componentes con precios arbitrarios.

En el caso chileno, esto se podría traducir en que las tiendas de departamentos no reduzcan el precio de los productos para resarcirse luego con tasas excesivas, que los cobros por mora no sean ridículamente elevados y que en general, la letra chica de los contratos no sea el origen de las utilidades de las empresas. La contrapartida es como evitar entorpecer la creatividad de los empresarios, si se introducen demasiadas rigideces en los esquema de precios posibles.

Esta pregunta no tiene una respuesta fácil. Pero si no se encuentra una respuesta, el descontento con el sistema podría seguir aumentando, como ya se observa en nuestras protestas callejeras. Kay concluye de esta forma:

«When people see many examples of minor exploitation of consumers in their daily lives, they will conclude that extensive exploitation is characteristic of business as a whole. And they may be right. If caveat emptor is seen as a dominant business principle by both producers and consumers then the legitimacy of capitalism and market organisation will not long survive.»/blockquote>

Competencia en telecomunicaciones

R. Fischer

Nadie podría decir que el Financial Times es un periódico socialista, y sin embargo, ha criticado ácidamente, tanto en Lex como en una reciente columna de John Gapper la fusión de la empresa dominante ATT y T-Mobile, la cuarta empresa de telefonía móvil en los EE.UU.

Como lo señala el FT, las cuentas de un usuario promedio en los EE.UU. son mucho más altas que en Europa, a pesar de que nominalmente hay más comptenecia en los EE.UU:

La razón serían los errores de los reguladores de los EE.UU. Primero, no han convergido a una sola tecnología (poseen GSM y CDMA). Segundo, no se las obliga a las empresas a compartir la infraestructura (las torres), por lo que es casi imposible desplazar de su posición dominante a una empresa grande. Por ese motivo, Verizon y ATT comparten el 80% de las ganancias del mercado y las demás empresas se deben contentar con el resto. Por último, señalan que la rentabilidad neta de ATT es de un 40%, lo que es otra muestra de poca competencia. Pero no sólo en la telefonía móvil hay problemas: el acceso a internet en los EE.YUU es lento y caro. El responsable es la estrategia de no compartir infraestructura (como en los EE.UU.), prefiriendo la fracasada estrategia de competencia de redes.

¿Y en Chile?

La pregunta es: en que ¿situación nos hallamos en Chile? Me parece que nos parecemos más a los EE.UU. que a Europa. En telefonía móvil tenemos dos grandes y un tercero (Claro) con un 16% del mercado (similar a Sprint en los EE.UU.). Es posible que pronto entren dos otras empresas, Nextel y VTR, pero tendrán pequeñas fracciones de mercado. La rentabilidad de Entel es tan elevada que no parece un mercado competitivo.

Pero acá tampoco se comparte infraestructura y aún no hay portabilidad numérica, la que poseen países mucho menos desarrollados. En internet, nuestra cobertura ya no es mayor que los otros países de similares ingresos de América Latina, producto de una estrategia de competencia en redes, tal como en los EE.UU. Pese a que, respecto a nuestros vecinos, somos cada vez más ricos, esa diferencia no se percibe en telecomunicaciones, a diferencia del pasado, que siendo más pobres, teníamos una clara ventaja sobre ellos.

Es como si nuestra estrategia regulatoria hubiera abdicado su deber de promover la competencia, la cobertura y la introducción de nuevas tecnologías. Y en el intertanto, los oligopolios obtienen buenas rentabilidades.

Como contabilizar los créditos dudosos

Los organismos que crean los estándares de contabilidad internacionales han modificado la forma en que los bancos contabilizarán los créditos que podrían tener problemas en el futuro. De ahora en adelante, las provisiones por pérdidas serán prospectivas: los bancos deberán hacer previsiones de las pérdidas de cartera para el futuro mediano (3-5 años) y constituir las reservas apropiadas. Esto evitará lo que ocurre ahora, en que los bancos se niegan a reconocer las pérdidas, pese a ser créditos con muy bajas probabilidades de recuperarse.

Claro que los bancos podrían hacer trampas y estimar pérdidas bajísimas, pero el nuevo estándar contable obliga a las oficinas de contabilidad a hacerse responsable, poniendo su criterio y reputación en riesgo, porque ya no podrán usar la excusa de la falta de información.

La contabilidad parece aburrida, pero nuestro sistema financiero depende en tal medida de un sistema de contabilidad confiable (lo que no ocurre hasta ahora) que todos estos cambios tienen una importancia mucho más grande de lo que parecería.

Feriados irrenunciables

Los feriados irrenunciables, como los prenatales obligatorios, la semana de 44 horas, las limitaciones a las horas extraordinarias y otras restricciones que impone el Estado a ciudadanos libres, representan un serio conflicto de derechos. Por un lado está la autonomía de los individuos para decidir por si mismos lo que mejor les conviene o lo que desean hacer. Por el otro está el Estado, que decide que estas decisiones autónomas a menudo son incorrectas, y que cree saber mejor que los individuos que es lo que deben hacer. La actitud paternal del Estado tiene al menos cuatro justificaciones:

  1. En algunos caso, los individuos toman decisiones que son buena para ellos pero malas para la sociedad. Por ejemplo, el Estado obliga los individuos a realizar cotizaciones previsionales, entre otras cosas, porque sabe que cuando esas personas lleguen a la edad de jubilar y no hayan pagado cotizaciones, el Estado tendrá que hacerse cargo de ellas. Esto sería injusto para los demás ciudadanos que han pagado cotizaciones e impuestos. Por supuesto esto ya ocurre con los trabajadores independientes, pero más por problemas de índole práctica relacionados con la dificultad de obligarlos a cotizar).
  2. En otros casos, los agentes actúan en forma irracional (lo que ha sido demostrado por muchos investigadores desde Kanehmann y Tversky hasta Dan Ariely), y lo que puede hacer el gobierno es sugerirles que elecciones tomar, con los denominados nudges o empujoncitos.
  3. El Estado estima que las relaciones entre las partes son tan desbalanceadas que la elección libre de los individus sería una farsa. Por ejemplo, el Estado puede estimar que si no se obliga a un prenatal, el empleador podría negociar en una posición de fuerza con una empleada, obligándola a seguir trabajando cuando ella requiere descanso.
  4. La última razón, menos aceptable que las anteriores, es que es más fácil para el Estado verificar el cumplimiento de una regla cuando ésta no admite excepciones.

Los dos primeros puntos parecen otorgar buenas razones al Estado para intervenir en las decisiones autónomas de los individuos. incluso en este caso, la intervención debería ser moderada, restringida almínimo necesario: a un nudge o a una contribución a las AFP o para la Salud que tiene un tope.

Los otros dos puntos son mucho más discutibles. El caso de los feriados obligatorios es particularmente irritante, pues no solo castiga al individuo que podría querer trabajar en un fin de semana (posiblemente a cambio de un mayor salario), sino porque tiene efectos sobre el resto de la sociedad, que posiblemente querría hacer sus compras o pasear por un Mall en el fin de semana.

En una ciudad grande, donde existen muchos empleadores alternativos, no es razonable creer que los individuos no disponen de alternativas frente a un empleador explotador (incluso en otros lugares más aislados, como aquellos donde se desarrolla la Gran Minería, el poder de los empleadores es relativamente limitado frente al de los trabajadores sindicalizados). Es solo enel campo, o en pequeñas ciudades y pueblos en que esto puede ser un hecho relevante. Pero ¿porqué castigar a los individuos en las grandes ciudades por posibles problemas en sectores rurales? Habría que diseñar políticas para ellos, y no cerrar malles, que por definición se instalan en grandes centros urbanos.

Respecto a la última razón, ella es una muestra de la incapacidad del Estado. Los argumentos per se, como éste, son útiles solo en condiciones acotadas, en que el daño del no cumplimiento es obvio y no admite explicaciones.

Por ejemplo, supongamos una futura madre que consigue que su empleador transforme el prenatal en un mayor salario, o en un postnatal más largo. Eso no está permitido actualmente, pese a que beneficiaría a ambas partes. La regla debería ser que se considera que hay una explotación de la relación laboral si el derecho no se trueca por algún otro beneficio conmensurable para el empleado.

Se debe definir lo que significa conmensurable, pero la experiencia y algunos casos llevados a la justicia laboral (eso si, una justicia laboral justa para ambas partes) deberían dejar claro su significado en distintas situaciones.

Problemas para Visa

La Reserva Federal está encargada, de acuerdo a la Ley Dodd-Frank, de establecer los precios máximos que se pueden cobrar por las transacciones de débito. La propuesta de precios máximos de la Reserva Feneral está basada en un estudio de costos. Según la Reserva Federal, el costo de estas transacciones (que no involucran ningún riesgo para la emisora de la tarjeta) es de 7 centavos de dólar, por lo que propone un precio máximo de 12 centavos por las transacciones de débito. Hasta ahora, el valor promedio de estas transacciones era de 63 centavos, lo que corresponde a una reducción en el precio de más de un 75%.

Las acciones de Visa y Mastercard cayeron más de un 10% al conocerse la noticia. Los consumidores se ahorrarán casi 10 mil millones de dólares rescpeto a sus pagos actuales. Por supuesto, no todo se traducía en utilidades, ya que había disipación de parte de las rentas con los programas de premios por puntos. Pero es que es más eficiente socialmente que las empresas ofrezcan tranacciones más baratas a que otorguen puntos por lealtad.

La pregunta que debemos hacernos es cómo se llegó a una situación en que el cobro era tan elevado. Lo más probable es que no hay competencia efectiva en el sector, o los precios habrían bajado.

En Europa también se ha impuesto una norma similar, restringiendo las tasas cobradas por transacciones entre países a un 0,2% del valor de la transacción. Ambos valores son parecidos, pues asumiendo una compra promedio con tarjeta de débito de US$ 45, el cobro equivale a unos 27 puntos base (contra los 120 actuales), y es comparable con el 0,2% en Europa.

Municipalidades sin Farmacias

Un estudio solicitado por la Municipalidad de Maipú mostró la desigual distribución de municipalidades entre comunas. Según el estudio, hay comunas que no tienen farmacias pertenecientes a las cadenas, y estas comunas tienen pocas farmacias en relación al número de habitantes.

¿Cómo corregir esta disparidad? En nuestro sistema económico, no se podría obligar a las cadenas de farmacias a instalarse en estos lugares sin crear una categoría especial para cadenas de farmacias, que las diferencie de farmacias independientes, categoría a la que se le podrían imponer obligaciones adicionales. Esto , posiblemente sería incostitucional, y sería tal vez el fin de las farmacias de barrio, que disponen en esas comunas de un espacio libre de la competencia de las cadenas.

En comunas rurales aún más desamparadas, el Ministerio planea almacenes farmaceúticos que operarían en localidades sin farmacias. Estas no necesitarían de químicos farmaceúticos, por que de otra forma no serían viables. El lobbry de los químicos farmaceúticos se opone, dando argumentos de salud pública para esconder probables intereses particulares, sin considerar que no tener farmacias es peor que la alternativa.

Apuestas imprudentes

John Kay, en el Financial Times, comenta negativamente sobre un nuevo producto financiero destinado a inversionistas pequeños. Se trata de un bono asociado al FTSE (un índice accionario inglés) estructurado de una manera compleja. Las reglas son las siguientes:

  • Si al primer año el FTSE está por arriba de su valor al momento de la compra, el comprador recibe un retorno de 10%.
  • Si al segundo año FTSE está por arriba de su valor al momento de la compra, el comprador recibe un retorno de 20%

y así sucesivamente hasta el quinto año, en que se paga un 50% de retorno. Pero hay una trampita. Si al final del quinto año el FTSE está por debajo del valor al momento de compra, se le devuelve al comprador el valor original, sin intereses ni reajustes, salvo que en algún momento de los cinco años el FTSE haya estado por debajo del 50% de su valor al momento de compra, en cuyo caso, no solo no hay intereses, sino que se castiga parte del capital del bono.

Kay señala acertadamente que este es un producto cuyo valor es imposible de evaluar para un comprador normal y que solo los especialistas en un banco de inversiones, trabajando duramente, pueden determinar el valor correcto de este producto. Por lo mismo, supone que es un producto malo para los compradores, porque el costo de desarrollo del producto para los emisores debe ser cargado a los compradores, por lo que el retorno ajustado por riesgo debe ser negativo. Más aún, Kay asegura que los únicos que compran este tipo de productos so los que no los entienden. Nadie compraría ese producto para diversificar riesgo, por ser demasiado complejo evaluarlo, habiendo alternativas más simples contra riesgos como los del del FTSE, por lo que es un producto solo para pichones tentados por las altas tasas.

Kay agrega que por ese motivo, proveer de mayor información sobre el producto no es suficiente protección para los pequeños inversionistas. Incluso con toda la información, un inversionista pequeño no tiene cómo evaluar el precio al que este producto es rentable. Por lo tanto, es un producto que no se debería ofrecer a estos inversionistas, según Kay, agregando que hay muchos otros casos en los que se protege a los consumidores prohibiendo un producto o restringiendo su uso. Por ejemplo, en el caso de los alimentos, no se nos entrega el análisis de Sesma sobre el producto, sino que se permite o no se permite su venta. Lo mismo ocurre con los automóviles: no se nos entrega un informe de seguridad, sino que no se permite la venta de vehículos que no cumplen ciertos estándares mínimos de seguridad.

Será poco libertario, pero disponer de un ente oficial que restrinja la venta de productos poco seguros para el consumidor reduce los costos de transacción y por lo tanto le da profundidad a los mercados. La regulación oficial no puede ser sustituída por oficinas privadas de aseguramiento de calidad, aunque pueden ser un complemento. Las organizaciones privadas pueden ser corrompidas fácilmente (el caso del Better Business Bureau en los EE.UU. es aleccionador). La autorregulación, sin respaldo de regulación estatal, es ineficiente, como lo demuestran no solo la experiencia, sino también modelos téóricos, como los de Javier Núñez.