Variacioncompensada's Blog

Una actuación de la Fiscalía

julio 23, 2010
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La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha rechazado una denuncia de la asociación gremial de comerciantes de San Vicente de Tagua-Tagua, que reclamaban que las ventas bajo costo del pan en los cupermercados constituía una conducta depredatoria que haría desaparecer las pequeñas panaderías de la zona.

La FNE rechazó la denuncia porque la estrategia de vender bajo costos en este caso es parte de una política comercial conocida como loss leader, cuyo objetivo no es depredatorio, sino atraer clientes a los supermercados para luego venderlos otros productos con márgenes positivos. Además, como el costo de entrada al negocio de las panaderías es bajo, el objetivo tradicional de una conducta depredatoria (elevar los precios una vez eliminada la competencia) es poco probable. Por lo tanto, no hay que preocuparse de los efectos de largo plazo sobre la competencia. Prohibir la posibilidad de tener loss leaders solo conseguiría elevar el precio del pan en la zona.

Se ha criticado que las acciones de los supermercados, especialmente en ciudades pequeñas, tienden a destruir el comercio, dejando núcleos urbanos deteriorados. Esto es válido, pero no es un tema de competencia, que solo debe preocuparse de los temas bajo su órbita y no de la salud de las ciudades.

Es interesante a este respecto que la Competition Commission del Reino Unido llegó a la misma conclusión en su Informe sobre el mercado de abastos de 2008. En resumen, un informe sólido, que solo tiene el defecto de usar un reportaje de periódico de 1995 para referecniar la evidencia del Reino Unido y no el Informe de Abastos de 2008, del órgano oficial encargado de la competencia en el Reino Unido.


Una actuación del TDLC

julio 23, 2010
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El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ha emitido una sentencia en que condena a la empresa concesionaria del Puerto Seco de Los Andes a una multa de 350 Unidades Tributarias Anuales ($156 MM). Este puerto seco acoge los camiones procedentes del lado Atlántico de América Latina para su revisión por Aduanas y servicios como el SAG. La empresa cobraba por el servicio de estiba y desestiba, pese a que en la mayoría de los casos realizaba muchas menos actividades que aquellas incluidas en la definición del servicio, de acuerdo a las Bases de Licitación. En ello fue amparada por el MOP, que no hizo ningún intento de moderar los sobreprecios cobrados por el concesionario, pese a los múltiples reclamos de las empresas importadoras. Debido a que el Puerto Seco es un monopolio, sus actividades caen plenamente en el ámbito del TDLC.

La sentencia es demoledora en sus críticas al MOP por su comportamiento acomodaticio con la concesionaria. Para proteger sus concesiones presentes y mantener el interés en concesiones futuras, el MOP permite que los concesionarios abusen de su posición dominante (como también ha ocurrido en otros casos, como por ejemplo, en el aeropuerto de Pudahuel respecto a los courier). Con ello el MOP se desvía de lo que debería ser su objetivo en concesiones, es decir, proveer infraestructura pública costo-eficiente para los usuarios, y prefiere proteger a los concesionarios, ya que una reputación de ser generoso estimula la partiicpación en concesiones futuras.

Tal vez el punto más notable en la sentencia es que muestra lo mal diseñadas que estaban las Bases de Licitación (BALI). Las bases establecían que la concesión sería otorgada a la empresa que ofreciera el menor precio del servicio TAR (acceso al recinto y uso de parqueaderos y andenes) cuyos ingresos serían los que financiarían y rentabilizarían el proyecto. Además el MOP estableció tarifas máximas para una serie de otros servicios que podría prestar el concesionario en forma anexa. Pero estos servicios siempre fueron concebidos como accesorios y no la fuente principal de ingresos de la concesión, o también habrían sido un factor económico de licitación.

Pues bien, el concesionario ganó con una tarifa TAR de cero. Su objetivo era recuperar su inversión y obtener rentas cobrando el precio máximo por los otros servicios (incluso cuando lo que ofrecía era otro servicio). Al elegir esa tarifa TAR, el concesionario dejaba fuera a las demás empresas que competían por la concesión, sin por ello comprometer sus ingresos, que serían muy superiores a los que habría obtenido de competir lealmente con ellas. Esto fue determinado por el TLDC, cuyos cálculos apuntan a un cobro por camión de 33-55% del valor efectivamente cobrado para rentabilizar la inversión. Fue una triquiñuela del concesionario a la que el MOP accedió, probablemente porque de otrra forma habría demostrado los errores en las BALI

En resumen, una sentencia contundente que muestra el peligro de la dependencia del sistema de concesiones cuando sus objetivos apuntan máss a defender lo ya hecho que a procurar reducir los costos de los servicios para los usuarios de infraestructura


Links de hoy

julio 23, 2010
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  • Un editorial del Financial Times sobre el gobierno de Piñera. Muy interesante.
  • Marty Feldstein estima que una segunda recesión (el temido double dip) puede valer la pena si su origen son cambios estructurales en algunos países. Al autor de este blog –como parece le ocurre a Feldstein–tiene un cierta preferencia estoica a la que no le parece tan terrible el sufrimiento de corto plazo si con ello se resuelven problemas de largo plazo. Pero eso, claro, es la preferencia de alguien que no sufrirá las peores consecuencias del double dip.

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julio 23, 2010
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