Institucionalización del Estado

Además de las Comisiones, una de las cosas que distingue al Estado chileno actual es una mayor institucionalización que en el pasado. Esto es particularmente notorio en los sectores de carácter más técnicos, pero se ha ido extendiendo a más áreas del Estado, en parte debido a organismos como la Alta Dirección Pública (con todos sus defectos).

A partir del Banco Central, con su carácter autónomo, se genera el tribunal de Defensa de la Libre Competencia, más independiente y formal que las antiguas Comisiones Preventiva y Resolutiva. Se crean Paneles Técnicos y de Expertos con carácter permanente, que dirimen temas técnicos complejos. Los nombramientos de muchos altos cargos dejan de tener un carácter eminentemente político (aunque la variable política sigue existiendo, al menos se aplica solo para elegir entre personas ya seleccionadas por méritos). Se le encomienda a Comisiones conformadas por especialistas –no lobbistas– sugerir modificaciones en distintas áreas de las políticas públicas: justicia civil, quiebras, salud, educación, salario mínimo, etc, y sus conclusiones se toman en cuenta y son los fundamentos de las proposiciones de reformas.

A veces casi parecemos un país desarrollado, al menos en lo que se refiere a algunas instituciones.

Comisionitis

Uno de los aspectos interesantes del diseño de política pública reciente es el fenómeno de las Comisiones. Los gobiernos (el anterior y éste) han descubierto que es posible encargar un trabajo serio de estudio de reformas endistintos sectores a comisiones de expertos. Estas comisiones están formadas en parte o totalmente por personalidades del mundo académico o por técnicos con interés en las políticas públicas. Sus miembros pueden tener distintos colores políticos, lo que le da aceptabilidad a los resultados de las comisiones. A partir de sus informes, los dos gobiernos han propuesto reformas y cambios legales.

Una de las ventajas de estos cuerpos, cuando están conformados solo por técnicos, es que es fácil llegar a consensos y obtener resultados a nivel bastante detallado. Por supuesto, la visión técnica es más limitada que la visión política, por lo que en muchos casos es necesaria la participación en las comisiones (de educación, por ejemplo) de personeros que no son técnicos.

Lo notable es la cantidad de temas complejos, y con potencial riesgo político que se traspasan a estas comisiones. Hay Comisiones de Salario Mínimo, de impulso competitivo (10 de ellas), otras en el sector financiero, de quiebras, salud, educación, innovación, etc. No deja de ser un sistema ingenioso para ahorrar esfuerzo político en temas país, y resuelve en alguna forma las deficiencias de la asesoría parlamentaria. Además, tienen un bajo costo, pues la participación es sin pago. La remuneración es virtual: se puede decir que se es miembro de una Comisión. En efecto, actualmente los académicos en ciertas áreas (y de cierta edad) que no están en Comisiones, están out y existe un snobismo comisional, con algunas personas participando en dos o tres de ellas.

Lan y los carteles

Lan ha sido multada en másde US$11 millones por la Comisión de Competencia Europea por participar en un cartel de carga aérea (las multas totales en el caso suman más de US$ mil millones). Esto se suma a un multas por un monto agregado similar en los EE.UU., en cuyo caso la multa a Lan (más TAM) fue de US$ 109 millones. Lan está apelando la decisión europea, pero parece que más hacia la galería (o sus accionistas) que porque realmente tenga posibilidades. Ya pagó su multa en los Estados Unidos.

Lo interesante del caso es que se puede pensar que los afectados por el cartel incluyen a muchas empresa chilenas que usaban a Lan para exportar a los mercados norteamericanos y europeos. Estos exportadores fueron perjudicados por los mayores precios. En el mercado norteamericano, podrían solicitar un monto hasta tres veces el monto de los daños, lo que no debe ser tan difícil de calcular. Es decir, puede ser muy conveniente litigar en la justicia civil norteamericana contra Lan, dado que el caso por el cartel está finalizado. Y sin embargo no lo hacen. ¿Por qué?

Ruta 5

El Mercurio ha criticado al Ministerio de Obras Públicas por lo lento de la reconstrucción de la Ruta 5 luego del terremoto. El Ministerio ha reaccionado señalando que no tienen herramientas para acelerar el proceso de reconstrucción, porque no lo permiten los contratos. Es raro que los contratos sean tan asimétricos que los concesionarios puedan poner todo tipo de condiciones para instalar tags, o solicitar renegociaciones de los contratos cuando cae la demanda, pero el Estado no dispone de herramientas de ningún tipo para acelerar el tempo de reconstrucción de la ruta más importante del país, como por ejemplo, reduciendo los peajes en las zonas afectadas. Según el MOP, el castigo máximo es de 20UTM diarias, que solo es aplicable a partir del primero de enero de 2010.

Es probable que el Ministerio no hay sido diligente en revisar los contratos para encontrar formas más efectivas de presionar a los concesionarios para que apuren las reparaciones. Al menos no parece haber ninguna cláusula –en los contratos origiales– que especifique que solo a partir del fin del año calendario es posible imponer multas por la lentitud de las reparaciones. Tal vez el MOP debería contratar mejores abogados.

Velo islámico

Hace poco, a una niña que portaba el velo islámico se le prohibió usarlo en un colegio particular pagado. La intervención del Ministerio de Educación hizo que la medida se retirara y permitió que la niña siga asistiendo con velo. El tema es importante y debería haberse reflexionado más sobre sus implicancias de lo que parece haber hecho el Ministerio.

Los gobiernos europeos, para los que la inmigración de países islámicos es importante, han adoptado dos actitudes. La primera consiste en aceptar la diversidad, como ocurre en Ingalterra, en que el velo islámico no es un problema. La segunda es la opción francesa, en que las personas son consideradas como iguales en su posición frente al mundo oficial, por lo que no se permite el uso del velo u otras medidas que establezcan diferencias en colegios públicos. Ambas posiciones tienen buenos argumentos.

La diversidad puede reducir tensiones al permitir que cada identidad pueda expresarse libremente, pero también causa problemas, pues es fácil terminar con reglas distintas para los distintos grupos. Por ejemplo, ¿debería permitirse que las familias árabes sacrifiquen animales en las tinas de su casa para cumplir un ritual religioso? Si no se prohibe, ¿no se están haciendo excepciones a reglas generales en beneficio de una religión?

En el caso de la niña que asiste a un colegio particular pagado (o sea, en el que el Estado no aporta nada) que tal vez tenga un código de uniforme, previo a la entrada de la niña en cuestión, parece extraño hacer una excepción de este tipo. Justamente porque se trata de una decisión de un organismo privado, la intervención del Estado parece poco justificada, a menos que derechos esenciales estén siendo conculcados. ¿Pero lo fueron efectivamente? Después de todo, los padres de la niña deben haber leído y firmado el código de vestimenta del colegio cuando la matricularon (sin embargo, si el colegio no tenía código, no lo puede imponer ex post facto).

Por otro lado los colegios estatales, de acuerdo a la actual doctrina del Ministerio de Educación, aceptarían el velo islámico, por lo que no se está excluyendo a la niña de la educación. Alternativamente, se podrían formar colegios que acepten explícitamente símbolos religiosos.

Medidas contra el alcohol y tabaco

En un mmomento en que el ministro de Salud promueve agresivamente políticas anti-alcohol y anti-tabaco, es conveniente leer el artículo de hoy de John Kay en el Financial Times. Kay muestra que la evidencia para endurecer aún más las medidas anti-alcohol y anti-tabaco es débil.

Por ejemplo, no tiene sentido reducir aún más los límites al consumo de alcohol para la conduccíon de automóviles, porque los accidentes graves asociados al alcohol son responsabilidad de personas que han excedido largamente los límites actuales de consumo: personas que conducen legalmente ebrias. Es decir, se trata de personas a las que reducir los límites no los afecta, porque igual no los acatan. Los que toman acatando los límites legales no tienen más accidentes que los que no han tomado, o al menos no más accidentes con consecuencias graves. Pero intervenir aún más en las decisiones autónomas de las personas, cuando ello no tiene efectos sobre terceros, no debería ser aceptable, y recuerda más una decisioón autoritaria para intervenir conductas que una decisión bien razonada.

Lo mismo ocurre con el cigarrillo. La prohibición de fumar en lugares públicos, incluso en la calle, representa más una forma de puritanismo que una necesidad real desde el punto de vista de la salud de las personas. La evidencia muestra que estas medidas no tienen efectos reales que no sean artefactos estadísticos no reproducibles. Y el impacto sobre la autonomía de las personas es importante. El autor de este blog no puede ir a uno de sus restaurantes preferidos con sus hijos, porque se prohibe el ingreso de menores a un recinto en el cual se fuma. El autor cree ser suficientemente responsable como para poder determinar que el efecto de estar expuesto a dos horas de humo de cigarrillo diluido una vez al mes no afectará seriamente a su familia. Después de todo, vivimos en Santiago, con su aire contaminado.

Krugman vs Zoellick

Krugman tiene un comentario sobre la propuesta del Presidente del Banco Mundial, R. Zoellick, de usar el oro como una referencia monetaria. Aparentemente, Zoellick teme un futuro con más inflación y para enfrentarlo propone un patrón oro, que podría limitar este efecto. Krugman sugiere que el problema en este momento no es de inflación, sino su opuesto, y para ello muestra el siguiente gráfico:

Este blog no está capacitado para determinar quién tiene la razón en esta disputa (pero le encanta el gráfico, por lo que decidió crear esta entrada).

Tal vez la forma examinar el problema sea la siguiente. Si se usa el patrón oro, es posible caer en el patrón de deflación de Japón. Si se usan las propuestas de aumentos de gasto fiscal de Krugman, es posible que haya inflación, pero por contrapartida habrá crecimiento, y luego se puede trabajar el problema de inflación. ¿Opiniones?

CDS en China

El Financial Times trae una nota de Lex que muestra que los chinos son capaces de innovar en el mercado financiero. El artículo describe los nuevos CDS chinos, que tienen varias ventajas respecto a los que amplificaron la crisis financiera de 2008.

Los Credit Default Swaps tradicionales son instrumentos vendidos en el mercado OTC (no centralizados) que aseguraban al comprador contra un evento designado en un instrumento de deuda. Si por ejemplo, el instrumento caía en default, se gatillaba la condición y el emisor del CDS pagaba a su propietario la suma especificada en el CDS. Los compradores no tenían por qué ser dueños de la deuda en cuestión, por lo que se usaban como apuestas en eventos en los que los compradores no tenían ningún interés pecuaniario. Además, la emisión de estos instrumentos se concentró en unas pocas instituciones, notablemente AIG, que tuvo que ser rescatada con casi cien mil millones de dólares por estas apuestas (al no quebrar AIG, se salvaron bancos de inversión como Goldman Sachs que tenían los CDS, por lo que hay acusaciones de actuaciones interesadas, especialmente porque se pagó un 100% a los acreedores, a costa de los contribuyentes).

Los CDS chinos corrigen la mayoría de estos problemas, con un instrumento que no genera las distorsiones ni los riesgos sistémicos de los CDS tradicionales:

  • Son transados en forma centralizada, por lo que se pueden netear las posiciones y hay mejor información sobre los montos totales.
  • Los emisores no pueden emitir más que cinco veces su capital registrado.
  • Los compradores deben estar expuestos al riesgo crediticio; no se permite apostar a un crédito de otros.

Es probablemente el instrumento que se debería haber creado desde un principio en vez de los CDS tradicionales. Permite reducir el riesgo del default de un acreedor importante para un banco, sin generar un mercado separado de apuestas financieras. Es posible aumentar el apalancamiento sobre el capital a medida que se observa como funciona el nuevo instrumento.

Que pena tu vida

Este blog no acostumbra criticar películas, pero hará una excepción. Uno de los problemas del cine chileno es la inhabilidad de los guionistas de realizar un film que no se desinfle a la mitad. Qué pena tu vida se salva –aunque por poco– de ese destino. Como en muchas otras comedias, el resultado final se puede descubrir desde el comienzo.

Así y todo es una película que vale la pena ver. Primero, porque pese a ser un tema bastante repetido en películas de Hollywood e incluso francesas, está bien hecha. La cinta está llena de ideas ingeniosa, usa mucho las nuevas tecnologías, y tiene bastante humor. Los actores lo hacen bien, tanto el héroe como las muchas mujeres en su vida. Lo mismo corre para el grupo de personajes secundarios, como el barman.

Pero la verdadera razón para ir a ver la película es por lo que muestra de Santiago. Podemos ver la belleza de esta gran ciudad desde muchos ángulos (aunque claro, no vemos las poblaciones perífericas con casas calcadas por miles). Santiago ha cambiado mucho en los últimos 20 años, convirtiéndose en una de las ciudades más atractivas de Sudamérica. Probablemente solo Buenos Aires y Sao Paulo (y acaso Rio, pero más por la belleza del paisaje) están en su categoría. Una de las cosas que distingue a las grandes ciudades es el ritmo frenético de sus habitantes. Una visita a Montevideo (una ciudad agradable, por lo demás, pero no una gran ciudad) muestra la diferencia.

Tal como a los personajes de la película, a este blog le encanta Santiago.

Fichas falseadas

Tal como cualquier persona con dos dedos de frente podía predecir, el gobierno ha descubierto que las Fichas de Protección Social estaban siendo sistemáticamente falseados. Familias de distintos estratos declaraban ingresos muy inferiores a los que resultaban de compararlos con los resultados de la más fiable encuesta CASEN. Los que menos mentían eran las familias del primer decil (tal vez porque no podían reducir demasiado sus escasos ingresos), pero a medida que las familias tenían mayores ingresos, el sesgo en los ingresos declarados aumentaba, llegando al 70% en el quinto decil.

Esto es natural, y siempre sorprendía la confianza con que se usaban las Fichas de Protección Social, pese a que eran notorios los incentivos a la subdeclaración. Al subdeclarar las familias recibían beneficios a los que no tenían derecho Además, como es un programa local, a los alcaldes les interesaba no ser demasiado estrictos en la fiscalización, para mantener contentos a los votantes. Afortunadamente, por fin se despertaron en Mideplan y, siguiendo las recomendaciones de un Comité de Expertos, proponen destinar recursos a la supervisión y fiscalización –esperemos centralizada– de la información sobre ingresos.

Es responsabilidad de los gobiernos anteriores el haber aumentado los beneficios sin, como contrapartida, fiscalizar. El problema no es solo de gastar más de lo debido en personas que no lo necesitan (tanto). El problema es que es desmoralizador para las personas que son honestas y que declaran sus verdaderos ingresos el que los mentirosos reciban beneficios a los que no tenían derecho. Al no fiscalizar, el gobierno aceptaba y condonaba la mentira.