Monopolios y carteles – Página 2 – Variacioncompensada's Blog

Regulación de Metrogas

R. Fischer

El Ministro de Energía propone estudiar si conviene regular el precio del gas. Hasta ahora la empresa no ha sido regulada, bajo el argumento de que compite con el gas licuado distribuido con camiones, y que requería utilidades sobrenormales para financiar sus inversiones.

Para entender la situación, puede ser útil examinar la figura siguiente. En ella se muestra la Demanda (D) que enfrenta el monopolio en el área que puede servir con su red de distribución de gas. También se muestra su costo marginal (CMg) y su ingreso marginal (IMg). A la empresa le gustaría poner el precio de monopolio $p^m$ , porque con eso maximiza sus utilidades. El problema es que enfrenta competencia de los vendedores de balones de gas licuado, que son supuestamente competitivos y tienen un precio de $p^{gl}$ , lo que limita lo que el monopolio puede elevar los precios.

RentaMonopolioGNLcrop — El monopolio en gas licuado residencial

Lo que hace un monopolio en estas condiciones es poner un precio un epsilon más bajo que el del gas licuado. Así se asegura que sus consumidores no comprarán gas licuado y que conra el precio más alto posible por el gas. Sus ventas son $q^{gnl}$ , y su renta es $(p^{gl}-CMg) q^{gnl}$ , el área achurada en la figura.

La empresa justifica estas rentas porque realiza inversiones en extender la red. El símil apropiado es una patente por una innovación, que permite a la empresa obtener rentas monopólicas durante un período, de manera que ese premio incentive el esfuerzo en innovación.

Pero las patentes tienen una duración finita, a diferencia de las rentas obtenidas por un monopolio como el del gas natural residencial. La inversión en extender la red parece haber cesado para todos los efectos prácticos, pues de la memoria del año 2013 de Metrogas se obtiene:

RentabilidadMetrogascrop — Información financiera de la Memoria 2013 de Metrogas

Es decir, la empresa tiene una rentabilidad de 27.6% sobre ventas, y de 12% sobre activos, y las del año anterior también son muy elevadas. Al mismo tiempo, la inversión es bajísima: invierte aproximadamente un 30% de las utilidades. Es por eso que la red se extendió solo un 0.9% respecto de año anterior. Entre el año 2009 y el año 2013 la empresa solo se ha expandido en un 4.5% en términos de la extensión de la red.

En el mismo período 2009-2013, Metrogas ha obtenido utilidades totales (sumadas sin descontar) de $298 ~~342~~ MMM. Es decir, en estos años ha obtenido utilidades por USD 541 ~~621~~MM, contra una inversión acumulada –según la memoria de Metrogas— de USD 1081MM.

Conclusión

La rentabilidad sobrenormal de Metrogas no está financiando inversión en extender las redes de distribución. Parece razonable evaluar si conviene regular a Metrogas.1

Postscript:

La corrección a las cifras del período 2009-2013 responden a un error de suma. No cambian el hecho que en cinco años la empresa pagó la mitad de su inversión. Si hubiera considerado el interés sobre las utilidades de los años 2009-2012, el resultado habría sido mejor aún.

Nota

1. El Ministro de Energía es prudente al sugerir la regulación como una opción. Nuestro sistema regulatorio es deficiente, y usando la tecnología regulatoria que se usa en otros sectores existe el riesgo de obtener un precio regulado superior al del gas licuado distribuido en balones.

Los efectos del copyright

R. Fischer

No soy favorable a los extremos a los que ha llegado la defensa de la propiedad intelectual (PI) en las últimas décadas. Como lo he mencionado antes (aquí, y aquí), existe una opinión con cada vez más apoyo, que muestra que una defensa extrema de la PI tiene efectos nocivos sobre la innovación y reduce el bienestar social.

En el caso de las obras de arte, protegidas por el derecho de autor (a menudo la única forma de propiedad que los artistas respetan), su extensión a una cantidad enorme de años por el Mickey Mouse Act de 1998 ha tenido efectos exactamente contrarios a lo que aseguran los defensores de esos derechos. A diferencia de lo que alegaban los lobbistas de Disney, los libros bajo copyright desaparecen del mercado, a menos que se transformen en bestsellers perennes (Hemingway, por ejemplo). La siguiente figura, que proviene del trabajo de P. Heald de la U. de illinois lo muestra:

La figura muestra como se distribuyen las 2317 ediciones nuevas aparecidas en Amazon en otoño boreal de 2012. Muestra la década en la que publicaron los libros, normalizados por la cantidad de libros publicados en cada década en relación a la década de 1990. Más del 50% de las nuevas ediciones corresponde a libros publicados entre 1900 y 1920. La caída a partir de la década de 1930 ocurre porque el Mickey Mouse Act es aplicable a partir de 1923, No comenzarán a liberarse libros nuevamente hasta que hayan pasado 95(!) años de su publicación, es decir, a partir de 2018. El resultado del Act es que el porcentaje de libros publicados en los últimos 80 años que está en prensa es bajísimo.

La conclusión es que hay que reducir la duración de los derechos de autor y en general, se deben debilitar los derechos de propiedad intelectual.

Gracias, Not Exactly Rocket Science.

Sobre el fin del caso Farmacias

R. Fischer

CartelFarmacias — Las cadenas de farmacias (gracias, La Tercera web)

Un comentarista me sugiere escribir sobre el acuerdo entre los acusados y el Fiscal logrado en el caso Farmacias, que los condenó a pagar $255 MM. Muchos deben haber estado decepcionados por que no fue posible sancionar con cárcel a los acusados, en un caso que ya había resultado en la condena de dos cadenas de farmacias a pagar casi US$ 30 MM cada una (Ahumada, que delató el cartel, solo recibió una multa de US$ 1MM) .

ColusionFarmacias — Precio diario de un medicamento, la s tres cadenas. El salto indica el momento de colusión. Fuente: FNE.

En realidad, era de esperar ese resultado, pues el Fiscal utilizó el articulo 285 del código penal del siglo XIX para intentar condenar a los acusados, artículo que nunca –o casi nunca– ha sido usado en 150 años. No es una figura legal destinada a castigar carteles. El artículo dice

«Art. 285. los que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas o de cualesquiera otras cosas que fueren objetos de contratación, sufrirán las penas de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.»

Débil artículo para castigar el delito de colusión. Es por ello que el Fiscal prefirió llegar a un acuerdo. La pregunta es ¿porqué no hay una figura penal específica asociada a los carteles? En realidad, hay pocos países que la tienen, y de ellos el único que sistemáticamente lo usa para encarcelar personas es EE.UU. En el Reino Unido creo que han habido dos casos. Y creo que eso es todo, al menos en los países en que uno puede tener confianza en la justicia (pueden haber dictaduras o gobiernos semi-dictatoriales que usan estas leyes para encarcelar opositores).

Cuando la Unión Europea creó sus sistema anti-monopolios, no incluyó figuras penales, acaso por la influencia de países como Alemania, que hasta la década de los 50 del siglo pasado consideraba legales los acuerdos colusivos, y una empresa podía ir a un tribunal para hacer respetar el cartel.

A su vez., el modelo europeo tuvo mucha influencia en nuestra reforma al DFL 211 en 2004, y se excluyó la cárcel para este delito (existía antes, pero solo de un modo hipotético, ya que nunca se usó). Al descubrirse el caso Farmacias, se modificó nuevamente la Ley, para permitir que la FNE ordenara allanamientos, intercepciones telefónicas y la delación compensada, lo que supuestamente permitiría descubrir nuevos carteles.

La delación compensada, que es una herramienta utilísima para detectar carteles, vio anulados sus efectos cuando el Fiscal penal decidió perseguir el cartel de las Farmacias mediante el artículo 285 del código penal. El problema es que el fiscal persiguió a todos los ejecutivos involucrados, incluyendo los que habían participado en la delación compensada ante el TDLC. Esto significa que la delación compensada no protege de la cárcel, y por lo tanto no provee incentivos a delatar carteles.

Cuando se detectó que en el mercado de los pollos había fuerte evidencia de un cartel, el escándalo llevó a crear una Comisión de Competencia para analizar como reformar la Ley (de la cual formé parte). En su informe se hicieron varias propuestas que Eduardo Engel considera valiosas, pero no se consiguió llegar a un acuerdo en el tema de cárcel para el delito de colusión (y coordinándola con la delación compensada) . La Comisión se dividió por la mitad.

Los que se oponían a penas aflictivas tenían argumentos válidos: las dificultades para condenar este tipo de delitos, la interferencia con el juicio civil ante el TDLC, la falta de experiencia con nuestro nuevo sistema, y otros argumentos de orden práctico. Los que estábamos a favor estimábamos que las sanciones pecuniarias, siendo efectivas, no se comparan con el efecto disuasivo que tiene el riesgo de sanciones penales, Esto es válido incluso si el riesgo de una condena sea bajo. M. Harrington en alguno de sus trabajos escribe que es por este motivo que hay carteles globales que no operan en los EE.UU. John Kay, a quién me gusta citar, escribe:

«One unequivocal lesson of the war against corporate misbehaviour is that sanctions against individuals have far greater impact than sanctions against organisations. The look of relief on the part of some American managers guilty of antitrust infringements when their British lawyers explained the consequences is engraved in my memory. The executives knew that in the US not only might the company be liable for damages and fines but they themselves could face jail. They learnt that in the UK the worst outcome likely to be experienced was that they would be told to stop. The fear of the prison cell undermines corrupt organisations by encouraging guilty people to turn on each other.»

La delación compensada acoplada cuidadosamente al riesgo de sanciones penales sería una combinación muy efectiva en la lucha anticarteles. Tal vez finamente la tendremos cuando se descubra el próximo caso de colusión que impacte a la opinión pública.

Los pollos fritos

R. Fischer

La principal noticia económica de los últimas semanas ha sido –desde mi punto de vista– la acusación de la Fiscalía Nacional Económica, en contra de los principales productores de pollos por haberse coludido para limitar la producción, elevando con ello los precios. La Fiscalía allanó las oficinas de la Asociación de Productores Avícolas (APA) y de Don Pollo, la menor de las empresas involucradas para conseguir información sobre el caso.

El allanamiento le permitió a la Fiscalía encontrar información sobre los procedimiento utilizados para controlar, semana a semana, la producción de las distintas empresas. Es decir, el APA era el instrumento que dirigía el cartel, imponiendo estándares, formatos de ventas y otras condiciones que impedían incluso el asomo de competencia entre las empresas. Los mecansimos eran de gran precisión y se revisaban constantemente de acurrdo con el costo de los insumos, y otras variables. Los acuerdos entre las empresas permitieron que las participaciones de mercado se mantuvieran constantes en el tiempo, como lo muestra el siguiente gráfico de la presentación de la FNE:

Esto explica la ahora famosa frase del gerente general de Don Pollo:

“Para qué pelear con Súper Pollo, mejor es convivir. Como se dice: si tiene un enemigo muy poderoso, mejor únase a él. Con Ariztía y Agrosuper tenemos una asociación gremial muy fuerte, a través de la cual hemos logrado acuerdos con respecto a lo que le corresponde a cada uno en el mercado. No nos vamos a quemar por un 1% más.”

que indica un desconocimiento total de la Ley, inexplicable en el gerente general de una empresa importante (porque de otra manera jamás habría realizado una declaración tan autoincriminatoria). La evidencia parece ser lo suficientemente fuerte como para que no hayan dudas de la existencia de un mecanismo colusivo (los cambios a la Ley que permiten allanamiento, escuchas y delación compensada comienzan a rendir frutos), y la defensa de los acusados pretende demostrar que las restricciones no habrían tenido ningún efecto. Para ello, aducen que no tenía sentido limitar la producción para elevar los precios, si en tal caso las importaciones se habrían quedado con el mercado. Como evidencia muestran una penetración de las importaciones del 16% (12% según la Fiscalía).

Ahora bien, en 2005 las empresas avícolas lograron cambiar la política arancelaria nacional, de manera que nuestros aranceles de importación, que son uniformes en 6% para casi todos los productos importados, ahora tienen una excepción en el caso de las presas de pollo: ellas solas, entre miles de productos, enfrentan aranceles de 18.7%. Es decir, las importaciones avícolas no son tan libres. Además, en 2007 la APA solicitó una medida antisubsidio contra los pollos importados desde Argentina, que los habría sacado del mercado, lo que fue rechazado por la Comisión de Distrosiones del Banco Central. En 2009, la APA estudió la posibilidad de solicitar una salvaguardia, la que nuevamente excluiría a las importaciones. Es decir, las empresas y la APA sabía que las importaciones perforaban su acuerdo colusivo, por lo que hicieron lo posible para evitar esta competencia. Esta historia tiende a debilitar los argumentos de las empresas.

Ahora bien, el escrito de la Fiscalía no está completo. Falta demostrar que el mercado de los pollos es un mercado separado del de otros productos similares (como la carne de cerdo, pavo y bovina), para lo cual es necesario estimar las elasticidades cruzadas de la demanda con sus sustitutos. Asimismo, debe demostrar que las importaciones no eliminan el poder de mercado de las empresas. También debe demostrar la magnitud del alza de precios producto de la falta de competencia. También puede ser útil comparar los precios de importación con los de exportación (pues las empresas exportaban presas de pollo en cantidades importante). También puede ser útil estimar la elasticidadde la demanda y luego usar las variaciones en los precio de los insumos alimenticios para ver la transmisión de costos a precios, como lo muestra el trabajo de Eric Weyl.

Aunque estas formalidades son importantes para medir la importancia de los efectos, parece extraño que las empresas construyeran todos ese aparataje de control de producción y de participaciones de mercado con el simple objetivo de ¿qué? si no es para acercarse a los precios de monopolio.

La NGA y la U. de Chile

R. Fischer

Es interesante examinar el trasfondo del caso de los campos clínicos y la expulsión de los estudiantes de medicina de la U. de Chile de los hospitales estatales.

El origen del problema es que en los últimos años ha habido una fuerte expansión de la carrera de medicina. Esto es una necesidad, ya que Chile es un país con un bajo número de médicos por habitante. En Argentina el número de médicos por mil habitantes es tres veces mayor, y hasta Bolivia nos supera, de acuerdo a las estadísticas. Los países de la OECD tienen valores en general superiores a Argentina, aunque hay excepciones (Canadá tiene solo un 80% más que el índice para Chile). Las cifras están en mucho lugares de la Web.

La escasez de médicos parece ser una herencia de nuestro antiguo sistema universitario, ya que hasta hace poco las universidades privadas, así como muchas públicas, no ofrecían la carrera. Las universidades que la ofrecían tradicionalmente no habían hecho nada por expandir el número de estudiantes en la carrera, para gran contento de los médicos, que por su escasez se benefician de ingresos elevados. Las universidades que tradicionalmente ofrecían la carrera tuvieron décadas de respiro hasta que las primeras privadas abrieron medicina, y podrían haber aprovechado el tiempo para aumentar la entrada a sus programas y no dejarles espacio a las nuevas oferentes.

En un sector que se expandía, uno de los recursos escasos es el acceso a hospitales publicos, por dos motivos: allí se encuentran casos clínicos más complejos, y es más fácil que los pacientes consientan a ser examinados por estudiantes de medicina. El acceso a este recurso es codiciado, pero no existían mecanismos formales para asignar este recurso. En algunos casos el acceso era por contactos (especialmente en el caso de las oferentes tradicionales) y en otros era contra un pago por alumno. Es importante observar que no solo las universidades privadas deseaban acceso a los campos clínicos, sino también aquellas universidades estatales que recién comenzaban a ofrecer la carrera. En todo caso, el proceso de asignación era informal y poco transparente.

La Norma General Administrativa (NGA) es una herramienta específicamente diseñada para transparentar el proceso de asignación de campos clínicos, de manera que sea eficiente. Recordemos que al final, lo que interesa es producir más profesionales de la salud de alta calidad y no proteger los privilegios de la U. de Chile, o de otras instituciones. En el diseño de la NGA participaron los decanos de medicina de las universidades (especialmente la U. de Chile), el Colegio Médico, y representantes del Ministerio de Salud, pero no los directivos de los hospitales que debían implementar la medida.

Esto último parece haber sido un error, que tal vez explicaría la forma poco diplomática en que los estudiantes de la U. de Chile fueron conminados a abandonar uno de los hospitales, lo que al final fue el problema que llevó al abandono de la NGA, para volver al statu quo anterior. En efecto, la Escuela de Medicina de la U. de Chile aprovechó el revuelo para convencer a un Ministro de Salud mal informado (y dado a decisiones arbitrarias y poco reflexionadas) de eliminar la NGA y volver al sistema anterior. Es un caso clásico de aprovechamiento por un grupo de presión de una situación particular para eliminar una medida que aunque no era perfecta, mejoraba la situación anterior, pero que los perjudicaba.

En discusiones con académicos que apoyan la postura de Medicina, me han dicho que no es justo que los hospitales del Estado sean usados por escuelas privadas de medicina. Hay dos materias que se deben considerar al evaluar este argumento.

Primero, que hay universidades estatales que también deseaban contar con campos clínicos y que habian sido excluidas. Segundo, y más al fondo del tema, el objetivo fundamental es aumentar el número de profesionales de la salud para alcanzar los estándares de países de nuestro nivel de desarrollo. Dado que los tradicionales oferentes no han satisfecho esta necesidad (los monopolios y carteles no producen la cantidad eficiente), es natural que se abran escuelas alternativas, y que estas puedan tener acceso a los únicos lugares en los que se puede hacer buenas prácticas médicas.

Nota: He aprendido de este tema porque, por coincidencia, uno de mis alumnos trabaja en un estudio de caso sobre la NGA, además de trabajar en el sector de Salud.

Competencia en AFP

R. Fischer

Algo raro ocurre en el mercado de las AFP. Si consideramos su tarea fundamental, que es la de administrar de la mejor manera posible los recursos de sus afiliados, el ejemplo de La Polar muestra una negligencia en esta labor. Después de todo, se sabe ahora que existía información pública que mostraba que algo raro ocurría en La Polar. Por supuesto, para eso es necesario entender la industria de las grandes tiendas y poder leer sus balances en forma cuidadosa, y en base a las alarmas que se encienden, realizar un estudio mucho más cuidadoso de la empresa que habría detectado los problemas. Y a su vez, ello requeriría de departamentos de estudio de alto nivel, repletos de profesionales de alto nivel y con experiencia.

Se debe recordar que solo un cuarto de los recursos administrados por las AFP corresponden a recursos que requieren algún análisis cuidadoso. Casi todo el resto de los recursos invertidos en el mercado nacional están en papeles públicos o de empresas respaldadas por el sector público, lo que no requiere mucho análisis. Otra fracción importante corresponde a letras hipotecarias, las que son muy seguras debido a sus requisitos y a la supervisión de la SBIF (el mayor riesgo que enfrentan es el prepago).

En el caso de las inversiones en el extranjero, gran parte está invertido en fondos mutuos, lo que no requiere muchos estudios. La otra parte está invertido en papeles de gobiernos extranjeros, y en ese caso tampoco es necesario demasiado análisis para evitar fiascos como La Polar (entre paréntesis, ¿cuánto tenían las AFP invertido en Islandia antes de la crisis?). En ese 25% de sus inversiones en el cual pueden usar su capacidad de análisis, las AFP se equivocaron en casi el 2%, que corresponde a los recursos invertidos en bonosy acciones de La Polar. Es decir, no se trata de una suma despreciable en el 25% de los recursos que requerían un análisis más cuidadoso. ¿Cómo no se realizó un estudio más acucioso en untema tan relevante?

Kas AFP tienen departamentos de estudio de una debilidad extrema, con pocos analistas y entre ellos, la mayoría son jóvenes inteligentes recién egresados, y por lo tanto casi sin experiencia (a nadie le interesa quedarse en un departamento de estudios con pocas expectativa de desarrollo profesional). Las AFP se dedican más a copiarse entre ellas que a estudiar cuidadosamente las empresas en las que invierten.

Es interesante a este respecto estudiar los resultados de las AFP. Una manera de verlo es comparar los ingresos ordinarios de las AFP (provenientes principalmente de comisiones) con el gasto en personal y con las utilidades. En el cuadro siguiente, las cifras son producto de redondeo y están expresadas en cientos de miles de millones de pesos (cálculos del autor en base a los datos en los estados financieros y memorias, cifras correspondientes a diciembre 2010):

Hay dos cosas a notar en las cifras: primero, la elevada tasa de rentabilidad como función de los ingresos ordinarios, y segundo, el bajo gasto en personal en relación a los ingresos. Del cuadro se desprende que las AFP están dedicando gran parte de sus ingresos a utilidades, lo que normalmente corresponde a un mercado poco competitivo y con dificultades de entrada (dado que este nivel de utilidades parece permanente).

El objetivo en la gestión de las AFP parece ser el de destinar el mínimo de recursos a los departamentos de estudios (seguramente debido al comportamiento de manda que utilizan como estrategia), lo que probablemente explica que no hayan detectado los problemas en La Polar.

Suponiendo, conservadoramente, que el costo de La Polar para los fondos de pensiones será al menos la mitad de su inversión actual, es decir, unos US$ 300 millones, el ahorro en costos de los departamentos de estudios ha salido extremadamente caro. Debido a que el gasto en personal de las AFP (desde la gerencia al más humilde vendedor) de las AFP es de unos $100 mil millones, las pérdidas podrían ser mayores que el gasto total anual en personal.

Conclusión: es un mercado que necesita desesperadamente más competencia

Otro grupo de interés

Al Presidente de la Confederación Nacional de Taxistas de Chile no le gusta la competencia, y le gustaría que el gobierno lo ayudara a reducirla. En El Mercurio de hoy, el Señor Luis Reyes solicita que se reduzca su parque automotor, desde los 22.000 taxis actuales a 12.000. El no está contento con la reducción desde 45.000 taxis en 2005 a los 22.000 actuales, sino que querría reducirlos más aún. Además, para estar más seguro de que no hay taxis piratas, quiere que se obligue a las empresas que venden taxímetros a vender solo a los taxistas certificados. Comportamientos clásicos de este tipo de grupos de interés, que no difieren demasiado de lo que ocurre con oftalmólogos y otras profesiones que intentan a toda costa limitar la competencia.

Ahora bien, no es que sobren taxis: en las horas de la salida del trabajo no es posible conseguir taxis. Los valores del permiso de taxis están entre $3-4 millones, es decir que para poder trabajar como taxista, se debe pagar un valor que casi es igual al valor de un vehículo. Además, como hay poca competencia, los taxistas no necesitan cambiar sus autos y vemos que la calidad del parque ha decaído. Estas son las consecuencias clásicas de la restricción de entrada a un mercado.

La pregunta es ¿porqué se restringió la entrada a este mercado, eminentemente competitivo? No puede haber sido fácil, porque se trata de una medida que viola un principio constitucional: el derecho a ejercer cualquier actividad económica mientras no sea ilegal. La argumentación del gobierno de entonces fue poco prolija: al congestionar las calles, los taxis contribuían a la contaminación, por lo que para proteger la salud de los ciudadanos (otro derecho constitucional) se podía restringir la entrada al sector.

Hay que notar que las únicas limitaciones a los principios constitucionales ocurren cuando chocan dos de ellos, como se pretendía que ocurría aquí. Pero habían muchas otras soluciones al problema de la contaminación creada por los taxis que no involucraban afectar derechos constitucionales. Por ejemplo, se podría haber obligado a que los autos debían ser relativamente nuevos, contaminando menos y por su mismo costo, limitando la entrada. La ventaja es que los que se beneficiaban con la restricción de entrada en tal caso son los usuarios (que viajan en autos nuevos) y no los propietarios de los permisos. Pero habían otras alternativas, que tampoco fueron estudiadas. Ese, le parece a este blog, fue un momento crítico de la Concertación: sacrificó principios a favor de la baja política (claro que hubo gente –mucha– en la Alianza que voto a favor, pero la responsabilidad por parar ese tipo de medidas es del gobierno).

Lo que tenemos ahora es la peor solución: un gremio que pide más monopolio, de manera que el valor de entrar sea aún más alto y los que ya están adentro ganen una renta a costa de la ciudadanía y de los potenciales interesados en entrar al mercado de los taxis. ¿Es que deseamos llegar al caso de Uruguay, en que los permisos para operar taxis pueden costar US$70.000, y los que conducen taxis lo hacen como asalariados, algo así como nuestros antiguos medios pollos del gremio de los trabajadores portuarios? ¿Por qué deseamos crear ese derecho de propiedad artificial que no beneficia a nadie más que a un grupo pequeño de la sociedad?

Problemas para Visa

La Reserva Federal está encargada, de acuerdo a la Ley Dodd-Frank, de establecer los precios máximos que se pueden cobrar por las transacciones de débito. La propuesta de precios máximos de la Reserva Feneral está basada en un estudio de costos. Según la Reserva Federal, el costo de estas transacciones (que no involucran ningún riesgo para la emisora de la tarjeta) es de 7 centavos de dólar, por lo que propone un precio máximo de 12 centavos por las transacciones de débito. Hasta ahora, el valor promedio de estas transacciones era de 63 centavos, lo que corresponde a una reducción en el precio de más de un 75%.

Las acciones de Visa y Mastercard cayeron más de un 10% al conocerse la noticia. Los consumidores se ahorrarán casi 10 mil millones de dólares rescpeto a sus pagos actuales. Por supuesto, no todo se traducía en utilidades, ya que había disipación de parte de las rentas con los programas de premios por puntos. Pero es que es más eficiente socialmente que las empresas ofrezcan tranacciones más baratas a que otorguen puntos por lealtad.

La pregunta que debemos hacernos es cómo se llegó a una situación en que el cobro era tan elevado. Lo más probable es que no hay competencia efectiva en el sector, o los precios habrían bajado.

En Europa también se ha impuesto una norma similar, restringiendo las tasas cobradas por transacciones entre países a un 0,2% del valor de la transacción. Ambos valores son parecidos, pues asumiendo una compra promedio con tarjeta de débito de US$ 45, el cobro equivale a unos 27 puntos base (contra los 120 actuales), y es comparable con el 0,2% en Europa.

Problemas de la delación compensada

En su presentación sobre la interpretación económica de los efectos de la delación compensada en el TOI 3, Joe Harrington usó un modelo simple de teoría de juegos. Pero antes, contó sobre la experiencia en Estados Unidos y Europa, en que la cantidad de casos subió drásticamente con la introducción de programas de delación compensada de carteles. Incluso, en algunos países, hubo colas para ingresar denuncias antes de la entrada en vigencia de las leyes de delación compensada. Nada de eso courrió en Chile. El modelo de Harrington puede expicarlo.

Supongamos que hay dos firmas cartelizadas que enfrentan un programa de delación compensada. Hay tres parámetros que determinan que va a suceder:

c: el costo extra de la multa por estar cartelizado y no delatar.
d: el costo de estar cartelizado y delatar a la otra firma (incluye posibles castigos en la justicia civil).
p: la probabilidad de detección del cartel si no hay delación.

El juego entre las empresas es el siguiente:
Por ejemplo, si la empresa (o jugador) 1 Delata y la empresa 2 No Delata, la firma 1 recibe un descuento en el costo total que se cobra (paga solo f) y la forma 2 recibe todos los castigos: c+f. Si ambas empresas tratan de Delatar, solo una de ellas es beneficiada, y suponemos que eso ocurre con probabilidad 1/2, por lo que el costo esperado es c/2+f. Por último, si ninguna de las dos Delata, hay una probabilidad p de detección, y en ese caso cada una recibe el castigo total c+f.

El resultado (o equilibrio) de este juego depende del valor de los parámetros. Si p(c+d) > d, el único equilibrio del juego es que ambas empresas Delatan. Esto ocurre porque No Delatar es siempre peor que Delatar. Para que esto suceda, es indispensable que p > d/(c+d), es decir, que la probabilidad de que la Fiscalía descubra en forma independiente el cartel no sea demasiado pequeña.

Por el contrario, si p < d/(c+d), hay dos equilibrios, uno en que ambas empresas se delatan, y otro en que no hay delación. En tal caso el juego se transforma en uno de coordinación. Si las empresas se coordinan en no denunciarse, no hay razón para que una de las dos firmas se desvíe del acuerdo y Delate. Por lo tanto, es posible mantener un cartel, el que solo se puede descubrir mediante una investigación de los organismos antimonopolio.

Si la oficina antimonopolios puede alterar la desigualdad de manera que p > d/(c+d), No Delatar ya no es parte de un equilibrio y las firmas siempre traicionan los acuerdos colusivos, delatándose mutuamente, como ocurre en Europa y los Estados Unidos. Para que se cumpla la desigualdad, la oficina antimonopolio puede actuar en tres dimensiones:

Puede subir la multa c a la empresa que no delata. En Europa las multas de cientos de millones de euros son comunes
Puede reducir el castigo d a la firma que delata, por ejemplo, reduciendo el monto potencial de las demandas civiles.
Puede aumentar la probabilidad de detección de carteles p, mediante la focalización de esfuerzos en sectores en que sea más probable la colusión y donde hayan mejores datos, por ejemplo, en las compras de gobierno.

En Chile, salvo en el caso de las farmacias, no han habido delaciones. Esto es requiere una explicación, ya que el cambio en la Ley antimonopolios es posterior al caso Farmacias. Dado que es improbable que no hayan carteles o acuerdos equivalentes, y por lo tanto seamos el único país en que las firmas siempre compiten a ultranza, el motivo debe ser porque p < d/(c+d). Consideremos las componentes de esta desigualdad.

Las multas c son altas, y pueden alcanzar a varias decenas de millones de dólares. Esto puede no ser suficiente para atemorizar a nuestras empresas más grandes (Lan Cargo pagó del orden de US$ 100 millones sin problemas por participar en un cartel de carga aérea internacional), pero son un fuerte disuasivo para la mayoría de las empresas.

Por su parte, p ha aumentado, pues la nueva Ley permite que la Fiscalía Nacional Económica intercepte llamadas, utilice detectives y realice allanamientos, todas medidas que deberían aumentar la capacidad de detectar carteles, especialmente si dispone de recursos para contratar personal calificado.

El problema parece estar en que d es demasiado alto. Hay dos motivos para esto. Primero, debido a la concentración de la riqueza, y al pequeño tamaño de nuestra economía. Los empresarios interactúan entre ellos en diversas ocasiones, por lo que el costo de denunciar a un rival puede tener costos sociales, así como en otros sectores económicos en los que participa. Tal vez más importante aún, la Fiscalía penal inteviene en los casos, usando un artículo obsoleto del código y no acepta la delación compensada como un argumento para limitar los castigos. La delación de un cartel lleva automáticamente a una investigación del Fiscal de la Reforma Penal, que usa los antecedentes obtenidos para una investigación criminal de todos los participantes en el cartel. Al aumentar el castigo d para todos, se hace más atractivo No Delatar.

El TOI

El Taller de Organización Industrial es la principal conferencia en organización industrial de Chile, por lejos, y es una de las más importantes de América Latina. En su tercera versión de este año, vienen, entre otros, Joe Harrington, de Johns Hopkins, y Thomas Ross, de U. of British Columbia.

Esta versión trae una novedad. Antes de la conferencia propiamente tal, que tendrá lugar en el Gran Hotel Zapallar de Isla Seca, se realizó una sesión especial en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas para interesados en políticas de competencia. Además de los investigadores anteriores, participaron Felipe Irarrázaval, Fiscal Nacional, y Julio Peña, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Harrington describió la economía y efectos de las políticas de delación compensada, lso chilenos discutieron sobre las dificultades que enfrenta la política de competencia en Chile y Ross describió los cambios a la Ley canadiense. Hoy, las sesiones son más teóricas y presentan los avances en la teoría.

La próxima entrada describe una reflexión sobre nuestros problemas de competencia a la luz de la sesión especial.