Autor: variacioncompensada

Profesor, CEA-DII, U. de Chile.

Los pollos fritos

R. Fischer

La principal noticia económica de los últimas semanas ha sido –desde mi punto de vista– la acusación de la Fiscalía Nacional Económica, en contra de los principales productores de pollos por haberse coludido para limitar la producción, elevando con ello los precios. La Fiscalía allanó las oficinas de la Asociación de Productores Avícolas (APA) y de Don Pollo, la menor de las empresas involucradas para conseguir información sobre el caso.

El allanamiento le permitió a la Fiscalía encontrar información sobre los procedimiento utilizados para controlar, semana a semana, la producción de las distintas empresas. Es decir, el APA era el instrumento que dirigía el cartel, imponiendo estándares, formatos de ventas y otras condiciones que impedían incluso el asomo de competencia entre las empresas. Los mecansimos eran de gran precisión y se revisaban constantemente de acurrdo con el costo de los insumos, y otras variables. Los acuerdos entre las empresas permitieron que las participaciones de mercado se mantuvieran constantes en el tiempo, como lo muestra el siguiente gráfico de la presentación de la FNE:

Esto explica la ahora famosa frase del gerente general de Don Pollo:

“Para qué pelear con Súper Pollo, mejor es convivir. Como se dice: si tiene un enemigo muy poderoso, mejor únase a él. Con Ariztía y Agrosuper tenemos una asociación gremial muy fuerte, a través de la cual hemos logrado acuerdos con respecto a lo que le corresponde a cada uno en el mercado. No nos vamos a quemar por un 1% más.”

que indica un desconocimiento total de la Ley, inexplicable en el gerente general de una empresa importante (porque de otra manera jamás habría realizado una declaración tan autoincriminatoria). La evidencia parece ser lo suficientemente fuerte como para que no hayan dudas de la existencia de un mecanismo colusivo (los cambios a la Ley que permiten allanamiento, escuchas y delación compensada comienzan a rendir frutos), y la defensa de los acusados pretende demostrar que las restricciones no habrían tenido ningún efecto. Para ello, aducen que no tenía sentido limitar la producción para elevar los precios, si en tal caso las importaciones se habrían quedado con el mercado. Como evidencia muestran una penetración de las importaciones del 16% (12% según la Fiscalía).

Ahora bien, en 2005 las empresas avícolas lograron cambiar la política arancelaria nacional, de manera que nuestros aranceles de importación, que son uniformes en 6% para casi todos los productos importados, ahora tienen una excepción en el caso de las presas de pollo: ellas solas, entre miles de productos, enfrentan aranceles de 18.7%. Es decir, las importaciones avícolas no son tan libres. Además, en 2007 la APA solicitó una medida antisubsidio contra los pollos importados desde Argentina, que los habría sacado del mercado, lo que fue rechazado por la Comisión de Distrosiones del Banco Central. En 2009, la APA estudió la posibilidad de solicitar una salvaguardia, la que nuevamente excluiría a las importaciones. Es decir, las empresas y la APA sabía que las importaciones perforaban su acuerdo colusivo, por lo que hicieron lo posible para evitar esta competencia. Esta historia tiende a debilitar los argumentos de las empresas.

Ahora bien, el escrito de la Fiscalía no está completo. Falta demostrar que el mercado de los pollos es un mercado separado del de otros productos similares (como la carne de cerdo, pavo y bovina), para lo cual es necesario estimar las elasticidades cruzadas de la demanda con sus sustitutos. Asimismo, debe demostrar que las importaciones no eliminan el poder de mercado de las empresas. También debe demostrar la magnitud del alza de precios producto de la falta de competencia. También puede ser útil comparar los precios de importación con los de exportación (pues las empresas exportaban presas de pollo en cantidades importante). También puede ser útil estimar la elasticidadde la demanda y luego usar las variaciones en los precio de los insumos alimenticios para ver la transmisión de costos a precios, como lo muestra el trabajo de Eric Weyl.

Aunque estas formalidades son importantes para medir la importancia de los efectos, parece extraño que las empresas construyeran todos ese aparataje de control de producción y de participaciones de mercado con el simple objetivo de ¿qué? si no es para acercarse a los precios de monopolio.

Evaluación de funcionarios

R. Fischer

Hace poco salió un nota en El Mercurio sobre las calificaciones de los funcionarios del Estado central. Más del 97% de los funcionarios son calificados con distinción, lo que es completamente ridículo, significa que las calificaciones no contienen ninguna información.

En un año difícil, como 2010, fue eliminado el inmenso número de 16 funcionarios por malas calificaciones. Peor aún, en el Ministerio del Trabajo el 99.5% de los funcionarios es calificado con distinción. Ridículo. Por lo tanto, cuando se descubre que un funcionario con una hoja de servicios distinguida ha cometido un delito, y el público se sorprende de que un funcionario de tan buen comportamiento haya cometido ese error, es el público el que se equivoca: el funcionario podría haber sido siempre un delincuente y las calificaciones no lo habrían mostrado.

Esta falta de información en las calificaciones funcionarias tiene un paralelo en las notas de de los estudiantes de colegio. Bajo la presión de los padres por el ingreso a la universidad, los promedios han estado subiendo aceleradamente y cada vez es menor el rango de promedios: sacarse menos de un 6.0 de promedio indica un estudiante seriamente deficiente.

En algún momento, hace años, se me ocurrió que para resolver el problema de la ausencia de información en las notas, el Estado las ajustara usando la media del Simce del colegio (siendo más finos, ajustando también según la varianza del Simce). Esto eliminaría la presión por subir las notas, ya que serían ajustadas posteriormente. Tal vez sea una buena idea, pero en todo caso me hizo pensar en si se podría aplicar algo similar al interior del Estado para calificar funcionarios.

La idea era simple: la norma establecía porcentajes de empleados en cada categoría: 20% con distinción, 50% bueno, 27% condicional y 3% eliminados, por ejemplo, aunque los porcentajes son simplemente ilustrativos.Si las calificaciones que ponía un jefe a sus subordinados no correspondía a esos porcentajes, el jefe quedaba calificado condicional en forma casi automática. El mecanismo forzaba a los jefes a evaluar, pero los ponía bajo intensa presión de sus subalternos así que no parece tan buena idea.

El otro día se me ocurrió por qué tal vez no fuera una buena idea. Se me prendió la ampolleta, aunque es tan obvio que muchas personas deben haberlo pensado. El motivo por el que no se ponen malas notas es el Estatuto Administrativo. En una empresa normal, e jefe califica a sus empleados, y si estos se molestan con la calificación, puede despedirlos, por lo que éstos no pueden ejercer más presión que una presión moral sobre el jefe que los califica.

La situación en la Administración Pública es diferente Si el empleado se molesta con el jefe puede hostigarlo sin demasiado temor, pues es inamovible y dispone de múltiples mecanismos que lo defienden: el sindicato, otros empleados también inamovibles, etc. Aunque no todos los empleados estén dispuestos a hostigar al jefe al recibir una mala calificación, el jefe prefiere no arriesgarse (además le debe parecer injusto calificar mal solo a funcionarios a los que no les teme). En tal caso, es obvio que las calificaciones tienden a subir.

La hipótesis es consistente con el 99.5% de trabajadores que recibió calificación de distinción en el Ministerio del Trabajo: ellos deben ser los más complicados para sus jefes, debido a la labor que realizan.

La propuesta pesquera

R. Fischer

La propuesta de licitaciones pesqueras del Ministro de Economía creo es peor para el país que simplemente regalar los derechos de pesca, como solicitan las empresas. No es que me esté contradiciendo en mi apoyo a las licitaciones, ya que es inaceptable que no se realicen y que se regalen recursos que son de todos a unos pocos favorecidos, que además son los responsables de la sobreexplotación del recurso pesquero, pero lo que propone el Ministro es peor aún.

La propuesta consiste en que se liciten los excedentes que se producen en las pesquerías recuperadas, por lo que dejan de estar en plena explotación. Si el recurso está en plena explotación, las cosas seguirían como hasta ahora, con derechos concedidos en forma gratuita.

Esto garantiza que las pesquerías no se van a recuperar nunca, porque no se observan incentivos para que los poseedores de cuotas individuales ahorren el recurso pesquero si los excedentes se los lleva el ganador de una licitación competitiva. Una carta reciente en El Mercurio muestra el problema. En ella el Sr. Maturana, respondiendo a un Sr. Vial que había sugerido cerrar algunas pesquerías hasta que se recuperaran, señala que proteger una especie, reduciendo sustancialmente la carga de pesca sobre ella tiene un objetivo oculto:

Si el futuro proyecto de ley incluye estas recomendaciones, la sustentabilidad podría alcanzarse manteniendo operativa aun la pesquería, no siendo necesario recurrir a la drástica medida sugerida por el señor Vial, que, al parecer, más que estar preocupado de la recuperación del recurso, está buscando conseguir cuotas a cualquier precio para actores internacionales, sin importarle el daño inconmensurable a la industria pesquera, a sus trabajadores y a las miles de familias que viven de ella.

En la misma carta señala que las cuotas individuales de captura han demostrado ser la solución al problema de la sobrepesca. En teoría estoy de acuerdo con ello, pero varios de los comentaristas a su carta le reprochan que eso no ha sido el caso en Chile. Tienen cierta razón y desearía saber el motivo. ¿Son tan miopes los actuales propietarios de cuotas –las poseen desde hace diez años–que no se comportan como lo indica el artículo de Science que usa el Sr. Maturana en su argumentación?

El problema de los modelos

R. Fischer

John Kay en otra excelente columna en el Financial Times sobre los defectos de los modelos en los cuales se usan parámetros que son imposibles de conocer. Debo señalar, sin embargo, que creo que los modelos de predicción son más útiles de lo que piensa Kay en el sentido de permitir comparar escenarios, algo que no se puede hacer en forma consistente con los modelos sencillos que Kay propone.

Pero claro, tiene motivos para reírse. No hay como defender por ejemplo, casos como el del Departamento de Transporte del Reino Unido:

This may lead to extravagant flights of fantasy. To use Britain’s Department of Transport scheme for assessing projects, you have to impute values of time in 13 different activities, not just today, but in 2053. Fortunately, you can download answers to these questions from the official website. And answers to many others you probably did not know you wanted to ask. What will be average car occupancy rates, differentiated by time of day, in 2035?

Aparentemente, estos procedimiento han sido utilizados para hacer proyectos por el Private Finance Initiative (nuestro procedimiento de concesiones) en vez de las alternativas más tradicionales, porque supuestamente daban un mejor Value for Money. Pero una revisión del Parlamento del Reino Unido no encontró ninguna evidencia de las supuestas ventajas de eficiencia del PFI que compensaran su mayor costo financiero. Es por eso que el sistema PFI ha sido, para todos los efectos, cancelado en el Reino Unido, al menos en su forma actual. Como solía decir Alvaro Fischer, » era caro pero malo.».

Renegociaciones de contratos de concesión

R. Fischer

Es interesante observar el efecto de romper un tabú. Luego de las críticas que se le hicieron hace años a las renegociaciones de los contratos de concesión, y de la crisis Mop-Gate, éstas se terminaron. En particular, se frenaron aquellas renegociaciones que involucraban aumentos en el plazo de las concesiones como mecanismo de compensación al concesionario por las obras adicionales. Sin embargo hace poco más de una semana el MOP decidió ampliar en dos años el plazo de concesión del aeropuerto de Pudahuel a cambio de obras complementarias para resolver el problema de congestión. ¿Resultados?

En El Mercurio de hoy aparecen las siguientes propuestas de renegociación de contratos que involucran obras adicionales, a cambio de extensión de plazos:

Espero que nadie se sorprenda.

Líderes estudiantiles

R. Fischer

El viernes pasado hubo una marcha que terminaba entre Beaucheff, donde está la FCFM (Fac. de Ciencias Físicas y Matemáticas), y el Departamento de Ingeniería Industrial, donde trabajo, ubicado a unas tres cuadras por Blanco.

Había cierto temor en la Facultad ante la posibilidad que se repitieran los hechos de la última marcha, que terminó con cientos de encapuchados y otros participantes (miles en otras versiones) dentro de la Facultad, tirando piedras a los polícias y éstos tirando lacrimógenas y agua al interior del recinto. Par evitar daños, se llamó a los académicos a que esta vez «defendieran la Facultad», frenando la violencia encapuchada en la Facultad.

Decidí participar en la «defensa», lo que significó que tuve que cruzar la marcha de lado a lado. No fue mucho problema porque la convocatoria fue baja. Calculé unas 3.500-5.000 personas, pero según carabineros habían 10.000. Mi cálculo se basó en que solo habían tres cuadras de Blanco ocupadas, con grandes espacios –incluso medias cuadras– vacíos. La gente estaba tranquila, los vendedores de jugos frescos y dulces se movían sin problema entre la gente, y nadie prestaba mucha atención a lo que estaba pasando en el escenario. El ambiente era relajado y juvenil.

Una calle lateral (la L que forma Gay que vira a Blanco) estaba llenos de encapuchados, se vendían limones, muchos tenían máscaras antigás. Vi a un adolescente tirando piedras (pequeñas) hacia un departamento del quinto o sexto piso. Cuando se lo reproché me explicó que estaban tomando fotos. Le señalé que estaba lleno de gente tomando fotos a su alrededor. No creo haber tenido mucho efecto.

Caminando por Blanco, entre las barreras y gente, llegué a Club Hípico. Al mirar hacia Gay, vi a encapuchados corriendo a toda velocidad. Poco más atrás apareció el Guanaco. Al rato la escena de repetía, pero en la dirección contraria. Solo podía ver la intersección de Gay y Club Hípico, y se veía como un ritual, o tal vez los Keystone Cops de la películas de principios del siglo XX.

Entré a la Facultad por una puerta lateral alejada de las manifestaciones. Todo tranquilo, y las puertas más expuestas estaban cerradas con gruesas cadenas. Encontré al Decano junto al Presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería (CEI) y uno de los directivos del CEI. Estaban tratando de convencer al decano de que quitara las cadenas. El decano, impertérrito, solo sonreía mientras se negaba.

Los dirigentes se excitaban, así que decidí meterme, y les pregunté cual era el motivo para quitar las cadenas. Es que tal vez sea necesario, me dijeron. Pregunté por qué. Respondieron que si la policía arrinconaba a los encapuchados, éstos debían tener la posibilidad de ingresar. Les dije que con lo amplio de las calles en la zona, era imposible arrinconar a los encapuchados. Los dirigentes seguían insistiendo, lo que confirmó mi sospecha de que lo que querían era facilitar la entrada a la Facultad, para que desde ahí pudieran hostilizar a la policía sin temor. En resumen, en mi opinión a los dirigentes no les interesaba la Facultad, sino su objetivos políticos y estaban dispuestos a usar cualquier argumento para conseguirlos.

Les pregunté si creían estar jugando «al pillarse con capilla», y el Presidente me miró con desprecio, mientra el otro dirigente se ofendió. No le hice caso e insistí en que ellos estaban cooperando con los encapuchados y las tomas. El dirigente me dije que ellos habían intentado bajar las tomas, como el de la Torre Central cuando se votó por primera vez volver a clases. Les dije que había estado ahí y no los había visto. Además, no oí condenas a los que se tomaron la Torre Central contra una votación democrática. Se fueron.

Estaba un poco enojado así que me puse a discutir con otro académico que estaba a favor de permitir la entrada (había sido dirigente hace una década o algo más, lo que explica su posición). Al poco rato nos pusimos a conversar de su especialidad, estructuras, de la que aprendí bastante y quedamos amigos. Mientras conversábamos, la lucha encapuchados — policía cedía y se abrieron las puertas–. No había pasado nada.

Aprendí que los actuales dirigentes estudiantiles son tan poco sinceros y sin principios como los peores políticos profesionales. Además, comprobé que en nuestra Facultad el movimiento ha creado divisiones interdepartamentales. Civil y Geología están cuadrados con los estudiantes desde el principio. Computación y Electricidad también tienen esa tendencia aunque más moderada. Industrias y sobre todo Matemáticas están en la posición contraria, con mucha vehemencia en el caso de algunos matemáticos.

Larry Summers y la desigualdad

R. Fischer

No se si es bueno o malo, pero parece que estoy de acuerdo con Larry Summers en sus opiniones frente a la desigualdad de ingresos. Al menos en Chile ésta decrece o no aumenta, a diferencia de los EE.UU., donde crece a pasos agigantados. El efecto es especialmente claro en el inmenso aumento de los ingresos del 0.1% superior. Veamos que propone Suumers:

1. No incrementar la desigualdad regalándole beneficios a los ricos. Esto significa licitar y no entregar derechos con valor económico. El caso de la pesca es aleccionador. Tal vez el de los derechos de agua también (aunque cuando hay disputas, se hace una licitación, casi todos los derechos se entregaron gratuitamente), Como lo han sostenido también E. Engel y P. Navia en su libro, Summers escribe que el gobierno debería tener:

«A general posture for government of standing up for capitalism rather than particular well-connected capitalists would also serve to mitigate inequality.»

2. No eviscerar los impuestos a la herencia para evitar crear dinastías.

3. Reducir la desigualdad en el acceso y en la calidad de la educación.

Dado que es un tipo inteligente –más bien genial– no es tan malo tener compartir opiniones con él.

Mi sistema de impuestos

R. Fischer

Como un ejercicio intelectual ¿Cuál es el sistema de impuestos que me deseo? No pretendo un sistema ideal, sino la mejor combinación entre los objetivos y la posibilidad de cumplirlos. Además, no soy un especialista en economía tributaria, así que tal vez cometa errores de principiante.

Primero algunos criterios: 1. evitar la perpetuación de grandes desigualdades, 2. proveer incentivos, 3. generar recursos, 4 justicia horizontal y vertical (es decir, que personas que ganan lo mismo no paguen distintas cantidades y que las personas que ganan mucho en poco tiempo no paguen más que personas que ganan menos pero por mucho más tiempo, siendo el valor presente de lso dos ingresos el mismo).

Para evitar la perpetuación de las grandes desigualdades, impondría un impuesto muy elevado a las grandes fortunas (y gastaría muchos recursos para fiscalizar esta medida, que me parece de gran importancia para la sociedad). La idea es que al crearse fuentes de poder hereditarias –y el dinero en grandes cantidades es una fuente de poder– la democracia se debilita. En ese sentido estoy con Warren Buffet, quién donó la mayor parte de su fortuna (probablemente el 95% o más) y todavía le dejó mucho más a los hijos de lo que podrían gastar en una vida de lujo.

No estoy pensando en el empresario mediano, con una fortuna moderada, en los digamos pocas decenas de millones de dólares –dónde no haría cambios importantes respecto a las leyes actuales–, sino en que tiene diez o veinte veces más. También daría la oportunidad de conmutar la muy alta tasa de impuesto a la herencia que propongo por una donación filantrópica (casi) sin restricciones de monto. No se trata de un impuesto para generar recursos, sino uno cuyo objetivo es evitar la perpetuación de fortunas que pueden tener influencia política excesiva. Un empresario exitoso todavía podría disponer de su fortuna dándosela a una universidad, museo o alguna otra actividad que le interese, lo cual significa que sus incentivos no se verían demasiado afectados. Entre paréntesis, acabo de un artículo en el Financial Times que muestra que Larry Summers tiene la misma preocupación por la creación de dinastías:

«When there are more and more great fortunes being created and the government is in larger and larger deficit, it is hardly a time for the estate tax to be eviscerated With smaller families and ever more bifurcation in the investment opportunities open to those with wealth, there is a real risk that the old notion of “shirtsleeves to shirtsleeves in three generations” will become obsolete, and those with wealth will endow dynasties.»

Mantendría la actual situación de tributación de las empresas (hablo del principio, no de la tasa) en que no hay doble tributación de los dividendos. Me parece que así se mantienen mejor los incentivos y no se crean empresas con mucha deuda, para evitar pagar dividendos sujetos a doble tributación. Lo que cambiaría es el actual sistema de fiscalización, focalizándolo en los gastos de los empresarios para sus usos personales. Esta me parece una de las formas más claras de desigualdad horizontal en los impuestos ya que una persona que recibe un ingreso por su trabajo y otro que percibe lo mismo y gasta a través de su empresa reduce muchos sus impuestos. Tendría castigos muy importantes a este tipo de fraude tributario. Cre oque esta medida permitiría aumentar sustancialmente los ingresos por impuesto a la renta sin cambiar las tasas.

Introduciría un impuesto a los dividendos pagados a través de empresas en estructuras piramidales. Es decir, impondría un impuesto a los dividendos recibidos por una empresa cuyo único activo son papeles de una empresa aguas abajo (ver la figura). Esto reduce los incentivos a las estructuras de control corporativas complejas en que un propietario con pocos derechos económicos (posesión directa de acciones) controla una empresa. En los Estados Unidos las eliminó casi por completo con un impuesto de este tipo hace muchas décadas.

Mantendría un IVA como el actual, pues genera muchos ingresos y es difícil evitarlo. No exluirí a más sectores (libros por ejemplo) pues al excluir sectores es muy fácil la evasión y se producen variadas distorsiones. En principio, creo que preferiría ampliar la aplicación del IVA incluso a los sectores excluidos actualmente, para reducir la evasión. Como contrapartida, se podría bajar la tasa general.

A fin de promover la igualdad de impuestos horizontal, ampliaría el espacio de ahorro previsional voluntario de tal manera que el primer año de uso el monto excluido de impuestos pueda ser un porcentaje muy elevado del ingreso de la persona, reduciéndolo a medida que pasan los años en que usa el beneficio. La idea es que si una persona tiene un año muy bueno, pero sabe que sus ingresos futuros serán menores, no deba pagar a una tasa mayor que otra que tuvo ingresos más estables. Estoy pensando en un futbolista, que tal vez tuvo ingresos muy altos por unos años, pero luego casi no tener ingresos. el futbolista tuvo que pagar un 40% de su ingreso como impuesto durante esos pocos años y en total pagaría más impuestos que la persona de ingresos más estables. Esa persona podría ahorrar mucho los primeros años, excluyéndolo de impuestos, y luego gastaría esos ahorros en su períodos más flacos, pagando una tasa mucho menor. Asi, su tasa promedio no sería demasiado distinta de la de una persona que tiene ingresos bajos pero más estables.

Creo que se me olvidan algunas cosas. Sin embargo, salvo por el impuesto a las herencias, y el que aplicaría a los dividendos entre empresas, solo perfeccionaría lo que ya existe, especialmente la fiscalización del gasto personal a través de las empresas, la mayor fuente de evasión, me parece. Entre paréntesis, no tengo problemas con que las pérdidas acumuladas de una empresa sean usadas como descuento de impuestos de otra: la primera pagó impuestos pese a tener pérdidas y por eso comprarla sirve para descontar impuestos de una empresa con ganancias. En resumen, no haría cambio radicales en la lógica de los impuesto actuales, aunque claro, siempre se pueden cambiar algo las tasas sin tener demasiados efectos sobre los incentivos.

Cabotaje

R. Fischer

Una de las propuestas del Ministerio de Economía bajo Fontaine era liberar el cabotaje marítimo nacional. El cabotaje nacional es el transporte de carga entre distintos puertos del país. Desde hace décadas se reclama la liberalización del cabotaje, ya que la mayor competencia en transporte contribuiría a reducir los costos de transporte internos, lo que ayudaría principalmente a las regiones extremas. El lobby naviero (tanto empresas como sindicatos) se opone, citando los clásicos argumentos proteccionistas. Veámoslos:

  1. No es un buen negocio, y nadie estaría interesado en el, ya que hay mucha competencia y los precios son bajos.  Pero entonces es raro entonces que haya tanta oposición a la apertura del cabotaje de parte de las empresas navieras. ya que no pierden nada con la apertura, y de todas formas ninguna firma extranjera ingresaría. Por el mismo motivo, tampoco debería importarles a los sindicatos.
  2. En tal caso, el país perdería su flota mercante, la que usaría bandera panameña, ya que es menos costosa que navegar bajo bandera chilena (se pueden usar tripulantes filipinos más baratos y no se pagan impuestos). La respuesta es que las empresas chilenas tienen registrados casi todas sus naves bajo bandera panameña (o similares), y que  es fácil pasar de un registro a otro. Por lo tanto, ¿que significa tener una marina mercante nacional? Absolutamente nada y por lo tanto perderla, dado que las empresas siguen siendo empresas chilenas, tampoco tiene costo.
  3. El mismo argumento , en una forma distinta es que la marina mercante nacional es la única forma de adquirir personal calificado de marina mercante, y que perderíamos nuestro valioso stock de marineros (ya que no encontrarían empleo) si las naves cambian de registro al liberarse el cabotaje nacional. El argumento es que debemos sacrificar a las regiones para mantener un stock de marineros mercantes. Si nos parece importante para la defensa nacional (no me parece que haya otro motivo para disponer de una marina mercante), ¿no deberíamos hacer que sean las fuerzas armadas las que financien el subsidio requerido para mantener nuestra marina mercante? Es decir, se podría pensar en un subsidio de las fuerzas armadas que permita mantener la marina mercante en competencia con las empresas navieras internacionales.
  4. Chile perdería los impuestos que actualmente pagan las empresas dedicadas al cabotaje. Este es otro clásico argumento proteccionista, pero se puede mostrar fácilmente (incluso con un gráfico) que el impuesto pagado es menor que las ganancias que obtienen los usuarios (las regiones) al eliminar la restricción a la entrada de naves extranjeras al cabotaje doméstico.

Si se piensa bien, se podría haber hecho la misma argumentación en 1975, cuando comienza el proceso de apertura chileno. Y sabemos que eso fue bueno para el país y explica las últimas dos décadas de crecimiento que han permitido que Chile pase a ser uno de los países de más alto ingreso (y más alto HDI) entre los emergentes.

Pese a que la contra-argumentación de los puntos 1-4 destruye lo argumentos proteccionistas, parece difícil que se elimine la restricción al cabotaje. El nuevo Ministro de Economía tiene una visión táctica en temas económicos y sabe que en el corto plazo es una medida de alto costo político, pese a sus beneficios en el más largo plazo, especialmente para las regiones extremas.  Tal como en el caso de las licitaciones  de cuotas de pesca, intentará que no se avance nada en esta materia. Hay grupos de presión muy poderosos involucrados en ambos temas y para un político eso puede ser más importante que el bienestar de las regiones.

El discurso del rector

R. Fischer

No quiero criticar constantemente a nuestro rector, pero es difícil dejar pasar algunas de sus actuaciones sin comentarios. Creo que los acontecimientos se le escaparon de las manos, y que el movimiento estudiantil persigue objetivos muy distintos de los suyos, pero como hasta ahora no se desmarca de ellos, y fue quién les dio espacio al principio, no puede escapar a su responsabilidad hasta que asuma el costo de criticarlos. Consideremos el discurso que pronunció en el aniversario 169 de le Universidad. El rector mostró su molestia por no haber podido celebrar el aniversario en la Casa Central que sigue tomada luego de más de cinco meses, asegurando que:

«se les ha faltado el respeto a nuestros símbolos institucionales».

y agrega que los movilizados abusan:

«de nuestro rechazo a usar la fuerza física, que aunque legítima, siempre es dolorosa y de nociva huella».

En su discurso no se desliza ninguna crítica a la dirigencia estudiantil. Esta dirigencia ha apoyado implícitamente a quiénes se tomaron la Casa Central y nunca han exigido perentoriamente su salida (hipócritamente dicen que no apoyan la toma, pero los hechos mandan). ¿Por qué no se atreve a decir el rector que los estudiantes movilizados le están causando un daño terrible a la Universidad?
El rector aún no reconoce que los dirigentes estudiantiles lo han manipulado como han querido, y que no ha conseguido nada al no criticar sus actuaciones. Peor aún, describe a los sacrosantos estudiantes movilizados como teniendo una:

«actitud valiente, generosa y luchadora de nuestros estudiantes.»

Yo solo observo la última de las actitudes citadas. Movilizarse para evitar pagar por la universidad me parece poco generoso, y no veo valentía, debido a que el rector indica que los estudiantes nunca enfrentarán la fuerza física.

En otra parte de su discurso se refirió a su reciente debacle judicial en el intento de no aplicar la Ley de Transparencia a la Universidad. Como alternativa pide extender las obligaciones contenidas en la normativa a otras universidades:

«Todas las instituciones de educación superior tienen que cumplir con las mismas normas de transparencia y entrega de información pública. ¡Es inaceptable que estas normas sólo se exijan a las universidades estatales! También deben ser exigidas a las instituciones privadas, por cuanto hay recursos públicos de por medio»

Esto me parece absurdo. Bajo ese criterio cualquier empresa que opera con el Estado tendría que someterse a las mismas normas de transparencias que rigen para los órganos del Estado. Es decir, no solo las universidades que reciben recursos (a través de los préstamos para los alumnos y fondos de investigación), sino también empresas constructoras, y las miles de empresas que participan en Chilecompras. La regla se le exige a la U. de Chile porque la U. de Chile es un organismo del Estado y no porque recibe recursos públicos.

La situación sería otra si como Universidad nos separáramos del Estado, pero si seguimos con la relación carnal que tanto agrada al rector, no queda otra que seguir las normas de transparencia que éstas nos exigen. Para que no se preocupe el rector, las demás universidades van a tener una Superintendencia que las fiscalice, y de una manera mucho más intrusiva de lo que me parece razonable.