Paternalismo

R. Fischer

Este es un tema que me complica. En principio no me gusta el paternalismo, porque significa proteger a personas adultas, las que supuestamente son autónomas y deberían tener libertad para tomar decisiones, aunque al resto de la sociedad le parezcan erradas. Pero la sociedad reconoce que las personas cometen errores que luego lamentan y que pueden ser costosos para la sociedad en el futuro. Por ejemplo, se obliga a que los trabajadores paguen contribuciones para las pensiones y para la salud. De otra forma muchos individuos, incluso de altos ingresos, al finalizar su vida laboral no tendrían fuentes de ingresos y dependerían de la caridad o de subsidios del gobierno.

El paternalismo me parece menos aceptable en otros casos, como las leyes antidrogas. Primero, esas leyes tienen el efecto pernicioso de fomentar el crimen organizado. Segundo, las personas deberían poder decidir si desean tomar drogas, tal como no se les prohíben otras actividades peligrosas, como volar con alas delta o practicar el alpinismo. Es más razonable que el Estado obtenga impuestos de la venta de drogas (usando tal vez una parte de los ingresos para subsidiar tratamientos antidrogadicción) y que las haga difíciles de obtener, para reducir su uso. Esto me lleva a la observación que motivó esta entrada.

Fui a comprar temprano en la mañana (para evitar las multitudes pre-navideñas), y entre otras cosas, en mi carro de compras tenía cerveza. Descubrí que no se puede comprar cerveza en un supermercado antes de las 9:00 AM, algo que no sabía y que me molestó un poco. Y ahí viene la pregunta: ¿es aceptable una restricción a las personas de este tipo? La restricción hace más difícil tomar alcohol y emborracharse en la mañana –yo estaba comprando para beber un poco en la tarde–, y por lo tanto un crítico del paternalismo debería oponerse. Por otro lado, más arriba he escrito que son aceptables restricciones que dificultan conductas indeseada, como tomar alcohol antes de ir al trabajo. No está prohibido tomar antes de trabajar, porque el trabajador podría tener una botella en reserva, pero la sociedad no debe facilitarlo. En resumen, no se si es la restricción a la venta de cerveza cae en la categoría aceptable o una que ofende principios liberales.

El ministro y las penas del infierno

R. Fischer

En el primer encuentro de la Asociación de Concesionarios de Infraestructura, el Ministro de Obras Públicas hizo un discurso –normalmente trato de evitar las ceremonias de apertura llegando atrasado, pero la conferencia comenzó tarde así que no hubo escapatoria–. Fue un discurso relativamente ameno e informado.

Lo que si me llamó la atención es que el ministro se refirió a la empresa Azvi, que debió abandonar la concesión de La Serena-Vallenar de la Ruta 5, al descubrir que el Banco de Inversiones (Scotiabank) que contrató, había cometido un error de 27% en sus cálculos. Aparentemente la empresa no pudo conseguir financiamiento una ve que se descubrió el error. La empresa abandonó el proyecto, y tuvo que pagar la boleta de garantía por US$ 10 millones, que el Estado se embolsó, contra el costo de retrasar el proyecto en acaso medio año (porque hay un procedimiento expreso de relicitación cuando esto ocurre). La misma empresa Azvi, sin embargo, ganó otros proyectos sin cometer errores y los llevará a cabo, algo que le parecía inaceptable al Ministro, quién parecía proponer que Azvi debía ser excluida de participar en el sistema de concesiones.

Pero si el MOP establece mediante el contrato que el costo de abandonar un proyecto son US$ 10 millones, ¿no debería ése ser el único castigo? Si estima que el costo social del retraso es más elevado, el MOP puede cambiar los contratos y elevar el monto exigido en la boleta de garantía, y no es necesario un castigo adicional.

La Ley está bien diseñada en ese aspecto: se castiga en forma preestablecida y se relicita de manera expedita, con el objeto de no retrasar en exceso el proyecto. Elevar el costo por abandonar un proyecto, prohibiendo que la firma pueda participar en nuevas concesiones puede reducir el número de participantes en nuevas licitaciones, y con ello la competencia, lo que seguramente es peor.

Lealtad mal entendida

R. Fischer

Una de las cosas que aprendemos desde niños es que acusar es malo, y que hay pocas actos que son peores. En los colegios, los niños están dispuestos a contar las travesuras de sus compañeros, pero no a dar los nombres, incluso cuando no hay ningún interés de los padres en transmitir la información a la dirección del colegio. Si algún compañero de oficina rompe la ley, nadie se atrevería a acusarlo (salvo una excepción que se verá más adelante). Incluso puede ser mal visto cuando los vecinos acusan ruidos molestos provenientes de una fiesta. Parecería a veces que nuestra sociedad es una especie de mafia, donde la omertá (código de silencio) es el valor más apreciado.

Hay una excepción: se puede traicionar a alguien si con eso se ayuda a otro grupo al que la persona pertenece. Por ejemplo, un empleado público que pertenece a un partido político puede acusar a otro empleado por alguna falta grave, si éste pertenece al partido rival, sin que la ruina social le caiga encima. En ese caso hay categorías de pertenencia, y a menudo la lealtad al partido político puede pasar por encima de la pertenencia de ambos al sector de empleados públicos. Esto es particularmente obvio en el caso de los parlamentarios, que tienen pocos complejos con acusarse mutuamente de delitos o faltas que si fueran ciudadanos comunes serían consideradas delaciones inaceptables (lo grave es la acusación, y no la falta, que se excusa más fácilmente).

¿Porqué se me ocurrió este tema? El origen viene de pensar en la delación compensada en los casos colusivos en Chile. A menudo, los empresarios que pertenecen a carteles de grandes también forman parte de los mismos círculos sociales, por lo que si uno delata a otro para reducir su castigo, podría ser desterrado socialmente (el inglés es mejor: ostracized), lo cual tiene un costo personal elevadísimo. En esas esferas, el castigo máximo es lo suficientemente pequeño –US$30 millones– para que se considere que el acusado en un caso de colusión debería aguantarse y arriesgarse a tener que pagar, y no denunciar a sus socios en el cartel.

Esa no es la única causa por la que los carteles no se denuncian, pese a nuestra recién reformada ley de competencia. También está la doctrina de los Fiscales (no el Fiscal Nacional Económico, sino los del crimen) que buscan sanciones penales por el delito de cartel, y no aceptan la delación compensada. Dado que confesar puede llevar al confeso a la cárcel, éste tiene pocos incentivos para hacerlo, aunque con ello salve a su empresa de la ruina.

Si pertenecer a un cartel tuviera una pena aflictiva, y si ésta pudiera reducirse o eliminarse mediante la delación de otros participantes, es probable que habrían más delaciones. Es socialmente más aceptable –aunque acaso  solo un poco– traicionar por evitar la cárcel que traicionar por dinero. Además, al ser el castigo más costoso para el empresario que perder una multa en dinero, los incentivos directos a delatar son mayores.

Es interesante notar que en los Estados Unidos la delación es más aceptada. Por ejemplo, en la Universidad de Virginia, si un estudiante copia, y alguien lo advierte y no lo denuncia, es a su vez culpable. El castigo, si se demuestra que no acusó debiendo hacerlo, es ser expulsado de la universidad por un tribunal formado por estudiantes, con fiscales y defensores, y con un jurado que decide la suerte de ambos acusados.

En todas partes se cuecen habas

R. Fischer

Lo que ha ocurrido en el caso de Olympus (la empresa de cámaras fotográficas y otros aparatos ópticos) muestra que los escándalos en las empresas no son una prerrogativa de La Polar. Hace unas semanas el CEO de la empresa fue obligado a renunciar, luego de dos semanas en el cargo, por haber denunciado un fraude de más de mil millones de libras esterlinas.

Woodford descubrió que, según la contabilidad de la empresa, se habían pagado cientos de millones de dólares por asesorías en la adquisición de empresas, lo cual era muy superior a lo que razonablemente se podía esperar como pago por esos servicios, así que alertó al directorio, que lo despidió.

La empresa trató de esconder el escándalo, pero finalmente tuvo que realizar una investigación en la cual se siguió la pista de las platas, la que desaparecía en las Islas Caymán. No es claro si los recursos fueron robados o si fue una maniobra contable para evitar reconocer pérdidas, pero en todo caso nunca se detectó la salida de los recursos. Esto habla mal por los sistemas contables de la empresa y tal vez explica por que los precios de las empresas japonesas estén por debajo del valor de sus activos netos: los que saben no tienen confianza en la contabilidad de las empresas japonesas.

¿Qué va a pasar con Olympus? Sus acciones valen un 70% menos que antes del escándalo, se espera que renuncien todos los directores y acaso Woodford vuelva a dirigir la empresa. En todo caso, es la única persona que se ha reivindicado en este caso. Puede transformarse en en un símbolo de que no todos los altos ejecutivos son deshonestos.

Paneles ciudadanos

Adoptar un sistema de paneles ciudadanos permite resolver el dilema de cómo permitir la participación ciudadana sin que ésta sea capturada por grupos de interés.

R. Fischer

Una de las características de nuestros tiempos es el empoderamiento de la ciudadanía. Desconfían de los políticos, entre otras cosas porque se teme que hayan sido cooptados por grupos de presión o por objetivos electorales. Los ciudadanos ya no desean que las autoridades dicten las políticas públicas con su aquiescencia, sino que consideran legítimo que las políticas se discutan en el foro público. Además, se supone que todas las opiniones son legítimas, poco importando cuán bien informado están los que las emiten.

En algunos temas especialmente sensibles (tales como los ambientales o educacionales) se desconfía incluso de los expertos, pese a que éstos puedan haber trabajado, pensado o investigado por años en el área. Después de todo, se piensa que han debido trabajar para el Estado o las empresas del sector, por lo que sus opiniones no son confiables. Eso lo vemos en la facilidad como se ha descalificado a la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico (de la que soy miembro) o a la recientemente nombrada Comisión de Educación.

Como alternativa, se ha planteado la constitución de comisiones con participación de grupos de interés, como el Colegio de Profesores, los estudiantes organizados o los ecologistas duros. El inconveniente es la intransigencia de grupos que no están en la Comisión para alcanzar acuerdos en beneficio de la sociedad, y que ponderen los costos y beneficios de las soluciones propuestas, sino que participan para conseguir sus objetivos como grupo de presión. Al menos las comisiones formada por expertos analizan con conocimiento y algún equilibrio los temas, pues su reputación depende en gran medida del calidad de los razonamientos y no solo de los resultados, a diferencia de los grupos de interés para los que solo cuenta conseguir sus metas.

Las audiencias públicas abiertas tampoco ayudan a tomar decisiones equilibradas, porque normalmente son capturadas por los grupos de interés, ya que son los únicos organizados. Sus intereses difieren de los de la ciudadanía supuestamente representada por estos grupos, por lo que es dudoso que por esta vía se consiga empoderar a la ciudadanía.

Otra alternativa que se ha planteado es que estos temas se decidan mediante plebiscitos. La experiencia de California –con su sistemas públicos, especialmente el sistema educativo, desfinanciado y de calidad cada vez peor– nos muestra que es un mal sistema (algo que la teoría de la ciencia política ha demostrado) y que en es preferible la democracia representativa.

El problema de los plebiscitos es nuevamente la captura por grupos de interés. Primero, hay captura de la pregunta: distintas formas de plantear un tema llevan a distintas respuestas de una misma persona, por lo que los grupos de interés luchan por plantear la pregunta de la forma que les conviene. Esto refleja un problema más fundamental: la mayoría de las personas no tiene tiempo para pensar profundamente sobre un tema, y discernir los pro y los contra de una propuesta de políticas públicas y deciden en base a razonamientos superficiales. Tal como un gobierno no puede actuar en base a encuestas, tampoco debería usar plebiscitos para tomar decisiones que –si son de gran importancia– deberían estar incluidas en su programa de gobierno.

¿Cómo entonces permitir una participación ciudadana legítima e informada? Hay una experiencia de Dinamarca que podría ser útil estudiar con cuidado. En ese país se elige un grupo de ciudadanos normales a los que se les encarga estudiar durante algún tiempo el tema en conflicto, con presentaciones de expertos de las distintas posiciones en disputa, a los que les pueden hacer preguntas. Luego de estudiar, reflexionar y discutir el problema entre ellos, preparan un informe con sus conclusiones y recomendaciones. El mundo político puede adoptar o no las conclusiones del panel ciudadano, pero enfrenta un costo político si no les da importancia. En Dinamarca esto paneles ciudadanos han tenido un rol importante en la adopción de decisiones difíciles y son consideradas un elemento importante de participación ciudadana.

Adoptar un sistema de paneles ciudadanos permite resolver el dilema de cómo permitir la participación ciudadana sin que ésta sea capturada por grupos de interés. Al mismo tiempo es una participación reflexiva, que sopesa los distintos aspectos del tema en cuestión. Por su composición, es difícil descalificarla por supuesta cooptación de sus integrante, como ocurre actualmente con las Comisiones de Expertos. Como las conclusiones no son vinculantes, el poder constituido puede –si cree que es lo más adecuado para el país — desoir las conclusiones del Panel, aunque con ello se expone a un castigo político.

Es una experiencia interesante que deberíamos examinar con cuidado, porque creo que podría resolver varios de los problemas que enfrentan nuestras decisiones de políticas públicas. Sería necesario experimentar un poco para determinar si es posible que con nuestra cultura política podamos adoptar un mecanismo ajeno a nuestras tradiciones y experiencia. Si se pudieran adaptar a nuestra idiosincrasia, los paneles ciudadanos podrían ser un elemento importante en el diseño de nuestras futuras políticas públicas.

Exigencias estudiantiles

R. Fischer

Creo que las exigencias de los estudiantes se pueden dividir en dos tipos, con distintos niveles de legitimidad. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las propuestas específicas, pero es claro que las peticiones por menores costos de la educación universitaria, y por mejor calidad de la educación media y básica caen plenamente en lo que se pueden denominar las exigencias legítimas de un movimiento estudiantil.

La petición de terminar con el lucro en la educación escolar es un tema más delicado, porque el Estado y sus representantes elegidos nunca se han opuesto al lucro en los colegios (a diferencia de la educación universitaria) y no es obvio que ello sea la causa de los malos resultados en la educación escolar. Por lo tanto, se trata de una exigencia de tipo moral (la oposición es porque el lucro es malo y no porque genera peores resultados), y esa tipo de exigencias escapa a lo que se podría llamar una petición legítima de los estudiantes como estudiantes –a diferencia de su categoría de ciudadanos que legítimamente votan por políticos que desean eliminar el lucro–.

Pro eso palidece al lado de las demás peticiones estudiantiles. Primero, desean negociar con la autoridades el contenido de la legislación. El problema es que ese es el tipo de temas que corresponde al Congreso, donde los representantes elegidos por los votantes negocian las leyes. Es natural que cuando se discutan leyes hayan consultas a grupos de interés, y que se analicen los detalles con especialistas, pero un grupo de presión no puede imponer, legítimamente, condiciones al gobierno. Nadie los eligió para ello.
Menos aceptable aún es que extiendan sus peticiones a un plebiscito. No soy un experto en teoría política pero hay motivos fundamentales por el que las democracias funcionan con parlamentos y representantes de los votantes y no por democracia directa. Los plebiscitos son manipulables y por ello son una herramienta usual de las dictaduras o de gobiernos que solo en apariencia son democráticos. Además, dan origen a malas políticas, como se ha observado en California.

Los ciudadanos normales tienen muchas otras preocupaciones que ocupan su tiempo como para además requerirles pensar sobre la conveniencia de cambios legales que deben votarse mediante plebiscitos. Por eso, en teoria, eligen a candidatos que representen sus opiniones, pero éstos
deben tener autonomía para estudiar cuidadosamente las leyes y decidir su conveniencia, pensando en lo que conviene a los ciudadanos que los eligieron. La practica es algo más deficiente que esta visión idealizada, pero nunca tanto como en las democracias plebiscitarias. En ellas, un demagogo o un grupo de presión pueden convencer a la ciudadanía de votar a favor de una medida cuyos efectos no han tenido tiempo, ni deseos, ni información para analizarla cuidadosamente y cuyos efectos pueden ser desastrosos.

Recordemos que los políticos actuales se han vuelto menos respetables, no porque sean más corruptos que antes –probablemente con los estándares actuales todos los políticos del pasado serían corruptos–, sino porque cambian sus opiniones de acuerdo a las encuestas de opinión. Luego de un crimen violento, la ciudadanía quiere penas más duras para los criminales y los políticos obedecen y cambian las leyes. Poco tiempo después, se condena injustamente a alguien y el clima se vuelve contra las condenas largas y estas se reducen, en un ciclo de malas decisiones políticas. Manejarse por encuestas es casi equivalente que el gobierno se maneje por plebiscitos, y los resultados son malas políticas. La petición de un plebiscito no le corresponde a los estudiantes, ni sería sano para nuestra sociedad manejarse por ellos.

Postcript: Mi colega Matteo Trozzi me cuenta que en Italia los plebiscitos funcionan razonablemente bien. Pero tienen muchas salvaguardas: la peticiones deben ser aprobadas por el equivalente a nuestro tribunal constitucional, lo que hace que el proceso sea lento, dándole tiempo a los ciudadanos para reflexionar sobre la decisión. Tal vez lo más importante es que se trata de temas que los políticos no desean tocar y prefieren dejarle la responsabilidad a los ciudadanos: temas como el divorcio y el aborto. Son temas que las personas entienden, que pueden sopesar, sobre los que tienen opiniones, y sobre todo, son temas que espantan a los políticos. No es el caso en los temas solicitados por los estudiantes.

Un último tema austríaco

R. Fischer

Una de las críticas de los austríacos al funcioamiento de la banca central es porque un grupo de expertos –el consejo del BC o el Board del Fed– decide un tema (la tasa de interés) que debería dejarse a las decisiones individuales de individuos interactuando en los mercados. Esto último les parece mucho más democrático, amén de entregar mejores resultados. Es decir, no solo hay una crítica de eficiencia y por los errores y abusos que cometen los bancos centrales, sino también hay una crítica moral por ser un sistema antidemocrático.

Sin embargo, los austriacos son menos democráticos en otras dimensiones políticas, como las de distribución de ingresos e impuestos, en los que consideran que las decisiones de gobiernos y parlamentos democráticos pueden no ser aceptables desde un punto de vista de los derechos de las personas.

Entiendo que –sin ser experto–hay maneras de explicar esta aparente contradicción, debido a que solo algunas decisiones de los órganos democráticos son legítimas en democracia (por algo existen los tribunales constitucionales). Sin embargo, el razonamiento que determina lo que distingue una decisión legítima de la alternativa a veces tiene el cáracter de los epiciclos usados en la astronomía precopernicana para explicar el movimiento de los planetas en un sistema geocéntrico.

Free banking

R. Fischer

Sigo con el tema de la banca libre examinado ayer. En esa doctrina, a los bancos comerciales privados se les permite emitir billetes de curso legal. No se debe olvidar que en Chile los bancos podían emitir billetes durante el siglo XIX y tal vez incluso hasta comienzos del siglo XX (es difícil hallar buena información de la historia bancaria en Chile, e incluso los libros publicados recientemente son deficientes, como lo señala Couyoumdjian en su evaluación del libro de César Ross, «Poder, mercado y Estado. Los bancos en Chile en el siglo XIX»).

Los austríacos piensan que la banca libre es un elemento fundamental de la libertad económica y que ayudan a limitar las crisis del sector financiero. Según ellos, las intervenciones de los bancos centrales son las que provocan los ciclos económicos, o son las que los magnifican. M. Friedman (que no es austriaco) acusó al Fed por agravar una crisis normal en la gran depresión. Los austríacos van más allá en su condena de los bancos centrales, ya que Friedman pensaba que el Fed nunca más cometería los errores del perídoo 29-33. En cambio, en 1952 von Mises acusaba al Fed de ser el causante de todos los problemas monetarios de los EEUU (uno se pregunta ¿cuáles crisis en la posguerra hasta 1952?).

Claro que los austriacos –así como muchos críticos de casi todos los sectores– acusan a Greenspan de ser uno de los grandes responsables de la crisis de 2008. En este caso, Greenspan tiene culpa, pero por dos motivos: tanto por su enfoque antiregulación financiera como por sus políticas monetarias que no consideraron el efecto de las tasas sobre el precio de los activos, ayudando a impulsar la burbuja inmobiliaria y del sector financiero.

La pregunta es si lo habría hecho mejor la banca privada libre. Los austriacos tienden a pensar que si, y normalmente dan el ejemplo del buen funcionamiento de la banca libre en Escocia, como lo describe Vera Smith en «The Rationale of Central Bancking and the free banking alternative», pero ¿será suficiente un solo ejemplo, que por lo demás solo duró unas pocas décadas del siglo XIX, para demostrar el caso?

Tengo dudas. En todo caso, la experiencia chilena del siglo XIX no parece haber sido buena, pero los austriacos siempre se defienden señalando que en los casos en que falló, esto se debió a la intervención del gobierno, y que de otra forma no habrían habido problemas con el sistema de free banking. Esto es obviamente difícil de discutir, porque es un argumento del siguiente estilo: en el caso en que funcionó es porque todas las condicines se dieron y cuando no funcionó es porque hay alguna condición que no se cumplía. ¿No significa esto que el free banking es extremadamante vulnerable y poco robusto como sistema?

Dudas sobre la economía austriaca

R. Fischer

En el coloquio sobre el Dinnero y la instituciones financieras,aparecen facetas de las propuestas austríacas que causan dudas. En particular, parecen dudosas las afirmaciones que indican que una vez que desaparezcan los bancos centrales y se instale el patrón oro, ya no habrá manipulación del dinero, y el mundo se acercará una utopía capitalista:

«Cynics dispose of the advocacy of a restitution of the gold standard by calling it utopian. Yet we have only the choice between two utopias: the utopia of a market economy, not paralyzed by government sabotage on the one hand, and the utopia of totalitarian all-round planning on the other hand.» von Mises, The Theory of Money and Credit, ch 23.

El tiempo ha demostrado el error de una afirmación tan extremista. Existen estados intermedios de capitalismo relativamente eficientes que no tienen alta inflación, pese a tener bancos centrales y que no han degenerado en dictaduras totalitarias.

Aún si el Free Banking (la posibilidad de que cualquier banco pueda emitir billetes) puede tener algunas ventajas en la contención de la inflación -puede ser, aunque hasta ese argumento puede ser dudoso ya que los mercados competitivos no necesariamente entregan la calidad óptima- tienen una serie de desventajas que han sido olvidadas por los austríacos y que aparecieron en la discusión.

  • El problema de que al tener diversos medios de pago de distintas calidades aumenta el costo de transacción y la necesidad de información para saber cual es la tasa adecuada de intercambio entre billetes de distintos orígenes.
  • El problema de la información sobre la calidad de las instituciones bancarias que emiten los billetes, pese a que supuestamente tendrían un encaje alto.
  • El problema de que nuestro derecho civil es de pésima calidad. Sería difícil castigar a los propietarios de bancos y devolverle a los usuarios de sus billetes la parte correspondiente en un proceso de quiebra si el banco colapsa, por fraude o por otra causa.
  • El problema de economía política; ya que una vez colapsado un banco que emite billetes, las presiones para cambios importantes al sistema (tal como mayor regulación de tipo Banco Central) nos volverían a un sistema regulado.

Tal vez más importante, la preocupación de los austríacos por los problemas generados por los bancos centrales en términos de exacciones través de inflación, no desaparecen con la abolición de los bancos centrales. El problema real es el exceso de gasto de gobierno, que produce un déficit que debe ser cubierto de alguna forma.

Esto se puede hacer mediante impuestos aprobados por el parlamento -la forma tal vez más legítima-, o mediante emisiones de deuda. Además de la inflación, el gobierno dispone de múltiples herramienta administrativas y de coacción que puede utilizar si lo requiere. Puede hacer default de su deuda (explícita e implícita, como con las pensiones), expropiar, o tomar otras medidas, legítimas o no.

Por lo tanto, los austríacos podrían eliminar los bancos centrales y no conseguir ninguno de los objetivos que perseguían, o tal vez que los gobiernos adopten medidas con aún peor efecto sobre la eficiencia económica. A veces los austríacos se asemejan a esos médicos oncólogos a los que uno les hace una consulta por un dolor al pie y piden una biopsia, ya que ven cáncer en todas las dolencias.

Es mucho mas razonable y consistente el principio adoptado por Chile (aunque claro, su implementación podría mejorarse) de mantener un balance presupuestario a través del ciclo. Asimismo, se debe considerar el efecto que tienen las leyes que involucran gasto sobre el presupuesto intertemporal, algo que se le ha olvidado a nuestro gobierno actual.

Austríacos de nuevo

R. Fischer

Tal como el año pasado, nuevamente he sido invitado a un coloquio del Liberty Fund, sobre temas de economía austríaca, en Guatemala. La conferencia es organizada por la Universidad Francisco Marroquín, una de las pocas partes del mundo donde se puede estudiar este tipo de economía. Soy uno de los tres invitados que pertenecemos a la economía convencional, y aunque disentimos de los principales leitmotivs de esta tendencia, los coloquios son interesantes, porque aprendemos sobre un área del pensamiento económico que no conocíamos. El tema de este coloquio es «El dinero y las instituciones financieras» y las lectura que se discuten incluyen no solo a Hayek y von Mises (a quiénes casi no conozco) sino autores como Yaeger o V. Smith, que me eran completamente desconocidos. Ideas que plantearon algunos de los participantes y que no se me hubieran ocurrido:

  • Que Milton Friedman puede estar a la izquierda de algunos pensadores. Friedman puede ser mirado en menos por estar a favor de la existencia de Bancos Centrales y de los seguros a losdepósitos (al menos durante buena parte de su vida). Alternativamente, hay personas que se entristecen al leer sus escritos económicos pues traicionan las ideas liberales.
  • Que el fractional banking (es decir, que los bancos presten gran parte de las platas que tienen depositadas) es un robo.
  • Que el patrón oro resuelve todos los problemas monetarios, y en particular, es mejor que una patrón basado en una canasta de bienes de consumo. O tal vez no se entendió la idea, porque los austríacos no confían en los índices de precios.
  • Que los austríacos desconfían de la medición de variables económicas y de las matemáticas usadas en la economía. Prefieren los métodos deductivos y una especie de intuición de como deberían comportarse los agentes económicos.
  • Que muchos austríacos parecen no conocer el argumento de roundaboutness de Eugen von Böhm-Bawerk para la determinación de la tasa de interés.
  • Que los indicadores de inflación son inútiles para determinar políticas de los bancos centrales. En todo caso, el único objetivo de los bancos centrales es robarle a los ahorrantes:

    «The destruction of the monetary order was the result of deliberate actions on the part of various governments. The government-controlled central banks and, in the United States, the government-controlled Federal Reserve System were the instruments applied in this process of disorganization and demolition.» von Mises, Sound Money, 2nd ed, 1952.

  • Que todo gasto público es un robo.