¿Es razonable el argumento de Argentina?

R. Fischer

Uno de los argumentos usados por quiénes defienden la posición de Argentina de negarse a pagar a los acreedores “buitres” es que los inversionistas sabían lo que hacían, y que el premio por riesgo de la deuda argentina cuando compraron sus bonos significa que deben aceptar que haya un default y asumir las consecuencias (un haircut de 70%). Es lo que escribe Mario Blejer hoy en el Financial Times: 

“But if investors are willing to accept higher risks in order to cash in on the additional spread, they cannot renege on the potential cost when the risk of default becomes a reality. Default, in this context, is not a crime but a legitimate, if unfortunate, part of the game. It is not consistent to benefit from a risk-taking premium and insist on full payment in all circumstances. The legal protection extended to bondholders by Judge Griesa goes against the very nature of risk-taking. If all holdouts are eventually paid in full, the entire price-setting mechanism in sovereign bond markets is rendered inconsistent.”

Este es un argumento falaz. Quienes aceptaron la oferta de Argentina de pagarles un 30% de lo que les debía, o quienes vendieron a fondos buitre han sufrido los costos. Quiénes mantuvieron sus bonos originales han enfrentado el costo de oportunidad de sus recursos retenidos, algo que también vale para los fondos buitre, los que además han enfrentado el costo de abogados para presentar su caso.

Por lo demás, los bonos en disputa no contienen clausulas de acción colectiva que obligan a todos los tenedores de bonos a aceptar una oferta si una mayoría suficiente la acepta. Al no incluir esta clausula, el riesgo del bono es menor que el de un bono que las incluye. Por lo tanto, las personas que compraron los bonos sujetos a  la clausula de acción común recibían (o debían pagar) más que los poseedores de los bonos que están en disputa, Bajo el mismo argumento de Blejer, usado en su contra, sería injusto que los tenedores que no aceptaron la repactación perdieran una clausula que les significó recibir una tasa menor que las de los tenedores de bonos con clausulas de acción colectiva.

Pero el argumento de Blejer es incluso más débil, como lo señala uno de los comentaristas a su artículo:

“There is something wrong with Argentina’s attitude to debt which I have heard or read from several Argentines since the 2002 default, and is evident here in the remark that “if investors are willing to accept higher risks in order to cash in on the additional spread, they cannot renege on the potential cost when the risk of default becomes a reality”. It seems that Argentines take the view that their creditors were paid to take the risk of default and so Argentina is less obliged to strive and make sacrifices to avoid default. Thus, the Argentine risk premium becomes endogenous, and there is a risk that it ceases to be viable for any rational investor to lend to Argentina.” (itálicas agregagas)

Licitación del litio, notarios y perjurio

R. Fischer

Como primer punto, debo decir que estoy de acuerdo con la licitación de los depósitos de litio, que no es un mineral estratégico, y que es mejor aprovechar las reservas que conservarlas sin objeto. Por lo tanto, esta nota tiene que ver con el proceso de licitación de la concesión de litio. La concesión fue adjudicada a SQM, para luego ser declarada desierta al descubrirse que SQM no cumplía con las condiciones establecidas en las bases.1

Una planta de litio de SQM

Las bases incluían, por algún error, una condición qie no debía exigirse: la empresa postulante no podía tener litigios contra el Estado. El problema para SQM es que en sus tareas habituales debe solicitar derechos de agua, y el procedimiento consiste en hacer un juicio al Estado. El requisito debería haber sido que la empresa postulante a la concesión no tenía litigios con el Fisco, es decir, por dineros,o por no pago de impuestos, o por faltas a las leyes laborales o ambientales o algo así.2

En todo caso, dadas las bases, SQM no podía postular, porque se exigía una declaración notarial certificando que la empresa no tenía litigios con el Estado. SQM adjuntó un documento supuestamente cumpliendo las bases. Sin embargo, en la investigación posterior, al ser revisado el documento, éste no contenía esta cláusula. En vez de la cláusula c., que debía asegurar que la empresa no tenía juicios con el Estado, se encontró la cláusula d. repetida, y que se refería a otra cosa.

La cláusula c. que debía estar en la declaración notarial de SQM

Es posible posible elaborar algunas hipótesis sobre lo que sucedió con el documento:

  1. Fue un simple error tipográfico al elaborar el documento. Esta hipótesis es poco plausible debido a que justamente la única condición que obstaculizaba a SQM. Y si se mentía en ella podía resultar en una condena por perjurio (dado que es una declaración notarial) a los ejecutivos que firmaron el documento. Me parecería de una coincidencia del realismo mágico.
  2. Que SQM haya emitido una declaración falsa y que posteriormente ésta haya sido extraída del expediente y reemplzada por la que duplica la cláusula d. Esta es la línea de investigación que sigue el Fiscal dedicado al caso.
  3. Que SQM haya enviado intencionalmente la declaración con el error tipográfico, para luego adjuntar una carta aclaratoria del gerente explicando que los litigios que tiene son parte de su actividad normal y que no son juicios contra el Fisco. Esta carta existe. Me parece la explicación más plausible, porque con ella no hay delito, pero permite que SQM participe, torciendo las reglas, en la licitación. En último caso, la triquiñuela permite retrasar una licitación de la que resultaría un nuevo competidor en el mercado mundial. Tiene además la ventaja de eludir elegantemente cometer perjurio.
  4. ¿Habrán otras explicaciones?

Se debe observar la nula utilidad de la declaración notarial en todo el proceso. El supuesto beneficio de una declaración notarial es que en principio permite perseguir por perjurio al que miente en una declaración jurada, ya que el signatario no puede alegar que la firma que aparece en el documento no es la suya. Pese a ello, vemos que el notario no revisó el documento que firmó, con lo cual se habría detectado el problema, si estamos en los casos 1. o 3.  Es necesario reformar a los notarios.

Notas:

1. SQM (ex Soquimich) es la mayor productora de salitre del mundo, asín como un gran productor de yodo y litio.

2. Estoy tratando de explicar algo que me contaron algunos abogados, pero puedo haberme confundido sobre en que consiste la diferencia específica.

Sobre el origen de las universidades europeas

R. Fischer

Estoy leyendo el libro Law and Revolution de Harold J. Berman, que describe lo que el autor considera la primera revolución del mundo occidental: el gran conflicto entre la Iglesia y el Sacro Imperio Romano Germánico. El autor está interesado en el origen de la tradición legal occidental y lo descubre en esa revolución (las otras son: la Reforma luterana, la Revolución francesa y la Revolución rusa).

He aprendido mucho leyendo el libreo, pero lo que más me a sorprendido hasta ahora es lo que escribe sobre el origen de las universidades.  Según Berman, la enseñanza de las leyes comienza con el descubrimiento de un manuscrito con el código de Justiniano. Se comienzan a crear círculos de estudiosos que tratan de comprender este tratado.

El marco legal del código correspondían a otro mundo, pero uno que se consideraba superior al mundo de la época. Con el tiempo, los estudiantes comenzaron a pagarle a los mejores expositores para que les enseñaran como entender el código, y viajaban de distintas partes de Europa para estudiar con los mejores profesores. A princiios del siglo XI, se instaló el famoso profesor Guarnerius, en bolonia, invitado por la Duquesa de Toscana. Su presencia comenzó a convocar estudiantes de todas partes de Europa, y otros expositores aprovecharon la abundancia de estudiantes para ir a Bolonia, que comenzó a convertirse en un centro de conocimiento.

Los estudiantes extranjeros estaban desprotegidos en Bolonia, así que se agruparon en comunidades llamadas naciones, porque juntaban estudiantes que venían de la misma región. Posteriormente, estas naciones se unieron en dos gremios (una para los que venían del Norte de los Alpes y otra para los del Sur). Estos gremios se llamaron universitas, ya que este era el término legal romano para lo que hoy se denomina un corporación, es decir una asociación con personería jurídica. Los profesores no pertenecían a la universitas.

Los estudiantes (que en esa época pese a ser jóvenes, tenían la edad en la que las personas participaban activamente en el mundo político) negociaban a través de la universitas con las autoridades de Bolonia y controlaban la corporación.1 La corporación contrataba a los profesores, regulaba el precio de los arriendos para estudiantes, el tipo de cursos a dictar, el material que debía ser cubierto en clases, las vacaciones, y los precios de arriendo y venta de libros (manuscritos en aquella época).

La corporación tenía jurisdicción civil y criminal sobre sus miembros. De ahí proviene, supongo, la idea de la autonomía de las universidades, en el sentido que la policía no puede ingresar a ellas sin permiso. Berman explica que el poder de los estudiantes para conseguir un convenio provenía de su contribución económica a la ciudad. La mayor parte de los estudiantes era hijos de familias ricas o tenían el apoyo de fundaciones (normalmente monasterios).

A su vez, los profesores formaron su propia organización, el colegio de profesores, que tenía el derecho a examinar y admitir nuevos profesores, a cambio de un pago. Pero los profesores no tenían poder sobre la universitas. Los estudiantes podían no pagar a los profesores que no les satisfacían, y habían multas para los profesores que llegaban tarde, terminaban temprano o no pasaban todo el material del curso.

Los estudiantes elegían el rector en forma indirecta, a través de un consejo elegido por ellos.  El rector debía tener al menos 24 años y haber sido residente en la universidad por al menos cinco años. El rector era el que entregaba el título de bachiller, pero no era un académico –en el sentido de profesor–. Además del consejo, existían las Asambleas generales de estudiantes, para decidir los temas más importantes. En ellos la asistencia era obligatoria, y definía todos los temas de interés para los estudiantes, incluyendo el currículo.

Eventualmente la ciudad  comenzó a pagarle a los profesores y el poder de los estudiantes comenzó a decaer. Posteriormente, en 1219 (cuando Bolonia tenía más de un siglo como universidad) el papa decretó que todos los doctores-profesores debían ser examinados por un representante papal, reduciendo aún más la autonomía universitaria. Pese a ello, Berman escribe que las universidades tenían más autonomía que otras instituciones de enseñanza de la época, como las colegios asociados a las catedrales. Desde un principio la universidad admitió diversas opiniones, a diferencia de las escuelas de la era clásica, dominadas por un profesor o teoría.

Bolognia fue desde el principio una universidad (y no un college), porque solo tenía alumnos graduados. Sus alumnos debían poseer una educación en las artes liberales, En un comienzo, Bolonia solo enseñaba derecho y posteriormente se agregaron otras áreas de estudio como teología y medicina.

Nota: 1. Según Berman, Paris era una universidad con una organización distinta, controlada por los profesores.

El problema de los jueces de nuevo

R. Fischer

En un artículo que escribí hace poco critiqué algunas decisiones de la Corte Suprema. Me parecía que había olvidado la deferencia que se le debe a los proceso administrativo-técnicos y que estaba fallando en fondo y no sobre deficiencias de procedimiento, como debe hacerlo. En una conversación con Nicole Nehme, ella no estuvo de acuerdo, señalando que salvo pocas excepciones, la Corte Suprema ha sido deferente a los procesos técnico-administrativos. N. Nehme no creía que el caso Castilla y otros similares se hicieran más comunes en el futuro.

Su argumento es que el caso Castilla tenía debilidades (no deficiencias) que le dieron espacio a un juez más activista que el promedio. El cambio en la denominación ambiental de “contaminante a “molesta”  por un Seremi recién nombrado sonó sospechoso, pese a que era procedimentalmente correcto.

Los jueces sienten que, legítimamente, deben evitar que la administración sea manipulada cuando están en juego derechos fundamentales.  Además, la presentación de los oponentes a Castilla parece haber sido muy efectiva.  Por último, en esta ocasión hubo una composición distinta de la 3a Sala de la Corte, lo que tuvo impacto. N. Nehme estima que Castilla, por lo tanto, no demuestra una tendencia de activismo judicial.

Espero que tenga razón.

Lucas Sierra vs Eugenio Tironi

R. Fischer

Lucas Sierra sigue siendo confiable: su columna del domingo criticando la columna de Eugenio Tironi que elogia la judicialización de los procesos administrativos demuele sus argumentos y explica por qué la judicialización de procesos administrativos es antidemocrática. Una muestra:

” Es interesante como caracteriza el caso: una tensión entre los tribunales, por una parte, y por la otra, lo que él llama los “expertos”, es decir, esos pocos que conocen y manejan las leyes económicas. Estos conformarían una “oligarquía tecnocrática” acostumbrada a imponer desde la altura de su saber lo que es bueno y justo.”

“Plantear el caso Castilla como una tensión entre tribunales justicieros y una “oligarquía tecnocrática” celosa de su poder, es ingenioso, pero peligrosamente ingenuo desde un punto de vista político. Políticamente, la tensión relevante no es entre tribunales defensores de la mayoría y una minoría tecnocrática. Es, en cambio, entre órganos que tienen responsabilidad política y órganos que carecen de ella.”

El argumento de que la tecnocracia es antidemocrática es una de las idées reçues”1 provenientes del postmodernismo, al igual que que la que sugiere las verdades científicas son materia de opinión. Es lo único en lo que discrepo de Lucas Sierra: la interpretación del caso Castilla de Tironi no es un argumento ingenioso.

Nota: 1. Bouvard y Pecuchet, de Flaubert.

Problemas de las leyes de protección intelectual

R. Fischer

Posner y Becker concuerdan en su crítica al actual sistema de protección de la propiedad intelectual (PI). Estoy de acuerdo. Según Posner, solo en algunas áreas son necesarias las patentes (el área farmaceútica, por ejemplo) y en particular  no son necesarias en el área de software. Su argumento se basa en que no se requieren grandes recursos para inventar en esa área (a diferencia de implementar las ideas en software, lo que se protege con copyright). Por su parte, los costos del sistema de patentes en software son excesivos, como lo demuestran casos como el de Apple contra Samsung y otros similares.

En cuanto a copyright, Posner y Becker estiman que en ese ámbito las leyes de PI no requiere tantas modificaciones, pero que el largo de la protección, vida más 70 años, es excesivo. Concuerdo. Creo que vida más 25 años es más que suficiente. Tal vez incluso eso sea excesivo y solo se requiera 20-30 años a partir de la publicación para todos los efectos beneficiosos del copyright.

Una última reflexión. Es interesante que intelectuales de derecha como Posner y Becker estén en contra de la Propiedad Intelectual, pese a ser una forma de propiedad. Es una antigua tradición en economistas de derecha; por ejemplo, Hayek estaba en contra de la propiedad intelectual.  Por otra parte, muchos artistas de izquierda  están en contra de todas las formas de propiedad, salvo la propiedad intelectual. Es una paradoja que merece ser analizada en detalle.

El problema de los jueces en nuestro sistema legal

R. Fischer

Un tema en el que he pensado desde hace años son las ventajas y desventajas de nuestro sistema judicial (“civil law“) respecto al sistema anglosajón de “common law“.  Existe bastante evidencia de las ventajas de los sistemas anglosajones en temas comerciales y económicos, como los muestran numerosos estudios realizados por Andrei Shleifer y sus coautores y otros investigadores que siguen sus pasos.

Hay bastantes hipótesis spbre el origen de las diferencias de eficiencia. Una diferencia importante entre los dos sistemas (además del rol de la jurisprudencia en el common law, su diferencia más conocida) es que el sistema de common law incluye el concepto de equidad. Aunque en el código civil existe el concepto de un contrato abusivo, aparentemente –no soy abogado por lo que esto es posiblemente un error– sus alcances son más limitados que el del concepto de “equity” en el derecho anglosajón.

La tercera diferencia importante es el rol de los jueces. En la tradición del derecho civil, un juez aplica, e idealmente no interpreta, la Ley. En un mundo ideal, su rol podría ser reemplazado por un sistema experto que determinaría si una determinada situación cae en alguno de los criterios que establece la Ley y en base a eso dictaría una sentencia.1 En otras palabras, el juez ideal actúa como un “idiot savant“, que no reflexiona, sino que aplica. Es por ello que su posición social es muy inferior al de un juex en la tradición anglosajona, y que un abogado ambicioso y talentoso no aspira a una carrera judicial, como si ocurre en el mundo anglosajón.3

La práctica legal es un más compleja que este mundo ideal, porque las situaciones que se juzgan no siempre quedan completamente inscritas en las alternativas que entrega la Ley, por lo que el juez debe reflexionar sobre como se debe implementar e interpretar una Ley, y no solo aplicarla, como aparece en la teoría legal.

Aquí aparece una dificultad, porque ideológicamente nuestros jueces no están preparados para reflexionar sobre cómo implementar e interpretar la Ley. Esto se hace más relevante a medida que el juez asciende en la carrera judicial, y pasa a un tribunal de apelaciones, donde se tratan casos en los que hay dudas sobre como aplicar la Ley. Solo se apelan los casos en que la correcta interpretación legal no es evidente (estoy pensando en la justicia civil). También son apelados aquellos casos en que, aunque son claros, intervienen buenos abogados de una de las partes, quienes hacen una argmentación que da espacio para la apelación, pero es lo mismo en ambos casos: ya no es evidente como se aplica la Ley.

Es decir, es en las Cortes de Apelaciones y Suprema donde los jueces deben decidir en una forma para la que no están ideológicamente preparados (no en el sentidos político sino de ideología judicial). Esto explica la a menudo deficiente fundamentación de los fallos.  El espacio para decisiones es por lo tanto amplio y errático. Los jueces en estas instancias pueden decidir en base a presiones o por preferencias  (como ocurrió durante el período 1973-1989), y la justificación del fallo es construida a posteriori, una vez decidida cual será la decisión.

Cuando esta ideología legal se combina con la noción de que la jurisprudencia no vale nada (en teoría) y que cada fallo judicial se decide solo a partir de los antecedentes del caso, sin considerar como se han fallado casos anteriores, estamos, creo, frente a la receta para un desastre. Por supuesto, en el mundo real, la jurisprudencia tiene valor, pero en su fuero interno los jueces –porque así fueron educados– tienen la convicción de que pueden fallar sin considerar lo que otros jueces fallaron en situaciones similares.

Pensemos entonces en las consecuencias: jueces que no están ideológicamente  entrenados para interpretar (solo a aplicar) la Ley, combinado con la noción de que sus decisiones no tienen efectos más allá de la decisión misma. Es un espacio de irresponsabilidad judicial, porque el juez considera el caso en ausencia de las decisiones del pasado y sus efectos futuros, y puede dejarse llevar por la emoción, por las presiones o por otras causas.

Me parece que esto puede explicar el fallo de la Central Castilla. Muchos jueces parecen sentirse culpables por su inactividad para proteger los derechos humanos durante el período 73-89, y piensan que esto debe ser enmendado, aunque con ello se pasen a llevar normas legales. Esos jueces han reaccionado a la pasibidad anterior con hiperactividad. Construyen argumentos legales tan frágiles como los del pasado, pero esta vez con un buen fin, según piensan. A eso ayuda pensar que los fallos no tienen más consecuencias, porque no hay jurisprudencia,  y por supuesto, las debilidades de los jueces en el proceso de interpretación de las leyes.

¿Qué hacer? Una posibilidad es que se limiten las atribuciones de los jueces. Otra es que se le de importancia a la jurisprudencia en la educación de los futuros abogados y que se les enseñe a interpretar y no solo a aplicar las leyes. Pero me temo que esto es insuficiente.

Notas:

1. El análisis legal más profundo a menudo se enseña solo en el primer año de la carrera.

1  No me gustan demasiado los proyectos térmicos a carbón, pero eso es historia para otra entrada en este blog.

3. Mi hijo, estudiante de derecho de primer año, me indica una diferencia adicional: el control jerárquico de los jueces por la Corte Suprema no existe en el sistema anglosajón.

4. Aclaro que no llego a ser siquiera un autodiacta en temas legales, por lo que es posible que este análisis no tenga nada de original o peor, que sea erróneo. En tal caso agradecería omentarios corrigiendo los errores.  Mi hijo, después de haber leído el artículo anterior, me dice que estoy repitiendo ideas de su profesor, Fernando Atria.

El problema de los expertos

R. Fischer

Uno de los problemas de las sociedades modernas es que son complejas, por lo que muchos de sus problemas, por ejemplo en políticas públicas, requieren conocimientos especializados. Aunque se pueden diseñar políticas públicas generales para un sector, como el de la construcción, por ejemplo, sin tener demasiada  experiencia en él, es otra cosa cuando se ingresa al área chica, como los estándares de  construcción. En esa situación, los únicos que pueden tener un rol útil en el diseño de los estándares son quénes trabajan en el sector.

El problema entonces es que las personas pueden ser acusadas de servir intereses privados. Pienso, por ejemplo, en lo que ocurre en muchos nombramientos de personeros de nivel medio durante este y otros gobiernos recientes. El subsecretario de telecomunicaciones, los superintendentes, etc. normalmente es una persona perteneciente al sector, y por lo tanto puede ser acusado de tener conflictos de intereses. Puede ser un consultor, y en tal caso ha trabajado para las empresas o para el regulador. Puede ser  ejecutivo en una empresa del sector, o acaso ha sido empleado de la Superintendencia o la subsecretaría.

En los pocos caso en que se incorporan en estos cargos sectoriales a políticos sin conocimiento del tema –y por lo tanto sin conflicto de intereses, el sector normalmente queda paralizado, pues el personero no es capaz de comprender el sector y de diseñar reformas apropiadas y consistentes.

En algunos casos se puede recurrir a académicos. El problema es que si conocen el sector a fondo, es porque han hecho consultorías para alguna de las partes, y por lo tanto se aplican las mismas reservas a que a personas que son miembros permanentes del sector.

No me parece que se pueda prescindir de los expertos sectoriales en esos cargos técnicos, pese a  que casi siempre van a enfrentar conflictos de interés en las relaciones con sus antiguos empleadores o contratantes. Tal vez la única solución es la que se usa actualmente: el personero debe anunciar sus conflictos de interés, y en los casos en que el conflicto sea importante, debería abstenerse, siendo subrogado en la materia por otra persona.

Aclaración: He estado en esa situación, tanto como miembro del Panel de Expertos, como ahora que soy miembro del Panel Técnico, o en diversas Comisiones Presidenciales en el pasado. Creo que pueden ser útiles las Comisiones de Ciudadanos que se usan en algunos países europeos para evaluar políticas públicas, pero no en su diseño de políticas (que deberían ser hechas por expertos). En general estas Comisiones de Ciudadanos deberían analizar políticas generales y no específicas. Por ejemplo, no usaría un Panel ciudadano para definir un estándar técnico, pero si para evaluar una propuesta de política ambiental.

Una novedad en concesiones

R. Fischer

El diario Pulso de hoy, en su página 17 tiene una noticia con el título “Mejoras viales en Lampa requerirán US$ 10 millones” (no puedo hacer el enlace especifico a la noticia, pues la página web no lo permite, o al menos no se cómo hacerlo). Lo interesante de la noticia, desde el punto de vista de la concesiones, es que se agrega un nudo vial a la ruta 5 –Ruta del Aconcagua– que será financiado por una empresa inmobiliaria.

La inmobiliaria consigue un mejor acceso a su proyecto inmobiliario lo que elevará el valor del proyecto. Por su parte, el concesionario aumenta el flujo por la concesión, y acaso consigue un pago por permitir la construcción del nudo vial. A primera vista parece un acuerdo en que todas las partes ese benefician y un ejemplo de una transacción difícil bajo un esquema en  que el Estado es propietario y controlador de la Ruta 5. ¿Coase en acción?

El problema es un poco más complicado de lo que aparece en la noticia, porque el concesionario controla la Ruta 5, pero no es su propietario, y tendrá que pedir una autorización para realizar el proyecto. Y es bueno que así sea. La Ruta 5 es una ruta estructurante, vital para el país, y la congestión en la Ruta 5 ya es un problema. Con el nuevo peaje habrá un aumento en el uso de la vía concesionada:  los nuevos habitantes de los terrenos de la inmobiliaria podrían usarla para  viajes cortos que antes habrían realizado por caminos alternativos o por la vía gratuita ubicada al lado de la Ruta 5, cuando no tenían un acceso fácil a la ruta concesionada.

Es decir, en esta transacción ninguna de las partes directamente involucradas tiene considerado el interés de los demás usuarios de la ruta concesionada. Si hubieran alternativas equivalentes a la Ruta 5, esto no sería un problema, pero las rutas concesionadas tienen un carácter monopólico, incluso cuando existen alternativas, porque son de menor calidad.

Es por ello que se requiere de una Autoridad que evalúe si el enlace contribuye a aumentar el bienestar social antes de autorizarlo . Esta función –de planificación de redes– es el motivo por el que otorgan concesiones de vías estructurantes y no se las privatiza. La ventaja de tener un concesionario privado es que éste  busca negocios para aumentar la demanda por su carretera (este efecto es menor bajo VPI), pero algunos de estos negocios pueden reducir el bienestar global.

Malas leyes

R. Fischer

En un artículo apreccido hoy en La Tercera, Axel Bucheister critica, con mucha razón a los parlamentarios que aprobaron unánimemente dos leyes: la que condena a los conductores por haber bebido cantidades ínfimas de alcohol y la que elimina de los registros de deudores impagos perdona a los deudores que acumulan menos de $2.5 millones en deudas.

No siempre estoy de acuerdo con Bucheister, pero en este caso es una vergüenza como los parlamentarios son incapaces de disentir de leyes mal pensadas y populistas (debo aclarar que creo que otras partes de la ley Harboe tienen méritos).

Primero, el tema del alcohol y conducir, un tema que he tratado en el pasado. Las personas que causan accidentes no son las que toman una cerveza y conducen –por eso en la mayoría de los países esto no es impedimento para conducir– sino las personas que toman mucho y conducen. Es el tipo que se toma tres,  cuatro o más tragos en una fiesta y luego conduce imprudentemente el que provoca  muertes y heridos. Al aprobar esta ley, en vez de reducirse el problema de los accidentes relacionados con el alcohol, éstos probablemente van a aumentar –claramente los provocados por el conductor que sin una cerveza habría chocado y ahora tiene el choque con una cerveza encima, va a aparecer como un accidente causado po el alcohol, la que no tiene nada que ver con su accidente—.

Mucho más importante es un segundo efecto de la Ley.  Al haber muchos más detenidos por un delito tonto (manejar con una cerveza), el delito más serio de tomar varios tragos y conducir se desdibuja y la justicia comienza a considerarlo inaplicable. Los jueces se ajustan a las leyes y cuando les parecen tontas, hacen lo posible por no aplicarlas. En tal caso,  la Ley ha perdido su legitimidad. Actualmente a todos les parece legítimo castigar a alguien por conducir bajo la influencia del alcohol, pero cuando se baje el límite esto va a parecer ilegítimo y el público se verá tentado a violar la ley. Esto sin considerar las posibilidades de corrupción que ofrece una Ley poco legitimada por el público.

Al perdonar a los deudores de menos de $2.5 millones, se está convirtiendo en una tradición los perdones de este tipo. Ya se hizo antes una vez, y puede ocurrir que el público se acostumbre a estas amnistías de deudores. Esto eliminaría el acceso al crédito de los pequeños deudores, porque nadie paga si no se castiga el no pago, y si nadie paga, no se dan préstamos.