Políticas de gobierno y partidos de gobierno

R. Fischer

En algún momento he escrito sobre el sorprendente hecho que los gobiernos recientes tienden a producir políticas públicas que son del agrado de la oposición y que desagradan profundamente a sus adherentes. Eso explica los autoflagelantes de los gobiernos de la Concertación, molestos con esos gobiernos porque:

  1. Los presupuestos eran responsables,
  2. Muchas políticas estaban basadas en argumentos económicos intachables,
  3. Se focalizaban los subsidios,
  4. Habían muchos acercamientos a la empresa privada.
  5. Redujeron los impuestos a los altos ingresos

Este fenómeno explica el odio que tiene la izquierda más dura hacia los partidos de izquierda establecidos (incluyendo especialmente al partido comunista), a los que consideran traidores. Este gobierno  también ha decepcionado a sus adherentes, porque

  1. Ha mantenido un deficit permanente
  2. Ha introducido subsidios poco focalizados (el 7% a la tercera edad, el apoyo financiero al 90% de los estudiantes universitarios, el postnatal con tope de 67UF).
  3. Ha elevado los impuestos a las empresas, y no ha reducido los impuestos a los altos ingresos.
  4. No ha hecho nada conservador en términos de medidas en favor de la moral consevadora, y más bien  ha sido liberal en esos temas.

Supongo que pronto aparecerán grupos conservadores  que atacarán a los gobiernos de la Alianza (si dura más de un período) por haber traicionado  sus principios.1.

La explicación parece ser sencilla: los gobiernos tienen asegurado una parte del electorado, la que los apoya para ser elegidos  (la molestia con el gobierno  tendría que ser enorme para que un conservador votara por la Concertación y viceversa en el caso de un izquierdista). Por lo tanto, el dilema político del gobierno es como atraer los votos y el apoyo de quiénes están indecisos, que se encuentran más al centro, y por eso hay que impulsar políticas más centristas de lo deseado por los partidarios.

Asimismo, si se desea aprobar leyes, al menos algunas de éstas –las de quórum calificado– deben tener apoyo de la oposición, y eso requiere leyes que les parezcan atractivas. Por último, esas políticas tienen la ventaja de enredar a una oposición que pierde sus banderas de lucha (usando un cliché).

Nota: 1. El odio a los partidos establecidos viene de antiguo y ya Marx denuncia el infantilismo revolucionario. Al asociar esas tendencias con la juventud Marx predijo bien: entre los estudiantes de la FECH,  la Alianza PC-PS está a la derecha en el espectro partidista.

Lucas Sierra vs Eugenio Tironi

R. Fischer

Lucas Sierra sigue siendo confiable: su columna del domingo criticando la columna de Eugenio Tironi que elogia la judicialización de los procesos administrativos demuele sus argumentos y explica por qué la judicialización de procesos administrativos es antidemocrática. Una muestra:

» Es interesante como caracteriza el caso: una tensión entre los tribunales, por una parte, y por la otra, lo que él llama los «expertos», es decir, esos pocos que conocen y manejan las leyes económicas. Estos conformarían una «oligarquía tecnocrática» acostumbrada a imponer desde la altura de su saber lo que es bueno y justo.»

«Plantear el caso Castilla como una tensión entre tribunales justicieros y una «oligarquía tecnocrática» celosa de su poder, es ingenioso, pero peligrosamente ingenuo desde un punto de vista político. Políticamente, la tensión relevante no es entre tribunales defensores de la mayoría y una minoría tecnocrática. Es, en cambio, entre órganos que tienen responsabilidad política y órganos que carecen de ella.»

El argumento de que la tecnocracia es antidemocrática es una de las «idées reçues»1 provenientes del postmodernismo, al igual que que la que sugiere las verdades científicas son materia de opinión. Es lo único en lo que discrepo de Lucas Sierra: la interpretación del caso Castilla de Tironi no es un argumento ingenioso.

Nota: 1. Bouvard y Pecuchet, de Flaubert.

El problema de los expertos

R. Fischer

Uno de los problemas de las sociedades modernas es que son complejas, por lo que muchos de sus problemas, por ejemplo en políticas públicas, requieren conocimientos especializados. Aunque se pueden diseñar políticas públicas generales para un sector, como el de la construcción, por ejemplo, sin tener demasiada  experiencia en él, es otra cosa cuando se ingresa al área chica, como los estándares de  construcción. En esa situación, los únicos que pueden tener un rol útil en el diseño de los estándares son quénes trabajan en el sector.

El problema entonces es que las personas pueden ser acusadas de servir intereses privados. Pienso, por ejemplo, en lo que ocurre en muchos nombramientos de personeros de nivel medio durante este y otros gobiernos recientes. El subsecretario de telecomunicaciones, los superintendentes, etc. normalmente es una persona perteneciente al sector, y por lo tanto puede ser acusado de tener conflictos de intereses. Puede ser un consultor, y en tal caso ha trabajado para las empresas o para el regulador. Puede ser  ejecutivo en una empresa del sector, o acaso ha sido empleado de la Superintendencia o la subsecretaría.

En los pocos caso en que se incorporan en estos cargos sectoriales a políticos sin conocimiento del tema –y por lo tanto sin conflicto de intereses, el sector normalmente queda paralizado, pues el personero no es capaz de comprender el sector y de diseñar reformas apropiadas y consistentes.

En algunos casos se puede recurrir a académicos. El problema es que si conocen el sector a fondo, es porque han hecho consultorías para alguna de las partes, y por lo tanto se aplican las mismas reservas a que a personas que son miembros permanentes del sector.

No me parece que se pueda prescindir de los expertos sectoriales en esos cargos técnicos, pese a  que casi siempre van a enfrentar conflictos de interés en las relaciones con sus antiguos empleadores o contratantes. Tal vez la única solución es la que se usa actualmente: el personero debe anunciar sus conflictos de interés, y en los casos en que el conflicto sea importante, debería abstenerse, siendo subrogado en la materia por otra persona.

Aclaración: He estado en esa situación, tanto como miembro del Panel de Expertos, como ahora que soy miembro del Panel Técnico, o en diversas Comisiones Presidenciales en el pasado. Creo que pueden ser útiles las Comisiones de Ciudadanos que se usan en algunos países europeos para evaluar políticas públicas, pero no en su diseño de políticas (que deberían ser hechas por expertos). En general estas Comisiones de Ciudadanos deberían analizar políticas generales y no específicas. Por ejemplo, no usaría un Panel ciudadano para definir un estándar técnico, pero si para evaluar una propuesta de política ambiental.

Sobre los grupos de interés en la Inglaterra del siglo XVII

R. Fischer

Es interesante observar como algunas ideas tienen una larga historia (algo que se ha hecho más presente porque preparo un nuevo curso: Historia del Pensamiento Económico). El concepto  de grupos de presión que tratan de implementar políticas públicas que los favorecen, alegando que es en beneficio de la sociedad,  parece una idea moderna, pero tiene antecedentes de hace más de 300 años.

Dudley North, que había sido embajador de Inglaterra en Turquía y era un rico comerciante, escribió un panfleto sobre política conómica para la Inglaterra de 1692: «Discourses upon Trade», en castellano, «Discursos sobre economía». Leerlo es aleccionado, pues casi no tienen errores de política económica, pese a escribirse ochenta años antes de Smith y cuarenta o cincuenta años antes de Cantillon. North discute políticas económicas, y señala que las opiniones de las personas en estos temas  se reducen a deducir principios económicos generales a partir de los negocios que conocen, por lo que cometen errores de apreciación y comprensión de las medidas que son favorables al desarrollo económico.

Pero hay una segunda razón por la que la gente comete  errores en sus análisis de las políticas económicas, y esa es menos conocida, señala North. Es lo que escribe en el párrafo siguiente, en negritas: «Cuando las personas opinan sobre el bien común, y sobre como mejorar la economía, normalmente estiman que el bienestar de su sector es la medida del bien  y del mal. Hay muchos que,  con el fin de conseguir una ventaja para sus sectores, no les importa cuánto sufren otros, y todos los hombres intentan obligar a que los demás actúen de manera favorable a los intereses propios, pero siempre  bajo el manto del interés público.»

El original es mucho mejor que mi mala traducción, pero es impresionante como North se adelanta a las ideas modernas de los grupos de presión.

«The case of Trade is the same; for although to buy and sell, be the Employment of every man, more or less; and the Common People, for the most part, depend upon it for their daily subsistence; yet there are very few who consider Trade in general upon true Principles, but are satisfied to understand their own particular Trades, and which way to let themselves into immediate gain. And out of this active Sphere nothing is so fallacious, and full of Error, as mens Notions of Trade. And there is another Reason, why this matter seems less understood, than in truth it is. For whenever Men consult for the Publick Good, as for the advancement of Trade, wherein all are concerned, they usually esteem the immediate Interest of their own to be the common Measure of Good and Evil. And there are many, who to gain a little in their own Trades, care not how much others suffer; and each Man strives, that all others may be forc’d, in their dealings, to act subserviently for his Profit, but under the covert of the Publick.»

«So Clothiers would have men be forc’d to buy their Manufacture; and I may mention such as sell Wool, they would have men forc’d to buy of them at an high Price, though the Clothier loseth. The Tinners would have their Tin dear, though the Merchant profits little: And in general all those who are lazy, and do not, or are not active enough and cannot, look out, to vent the Product of their Estates, or to Trade with it themselves, would have all Traders forc’d by Laws, to bring home to them sufficient Prizes, whether they gain or lose by it. And all the while, not one of them will endure to be under a force, to Sell, or Let their own Estates at lower rates, than the free Market of things will produce.»

Medio siglo más tarde, Samuel Johnson diría: «Patriotism is the last refuge of a scoundrel.» Es la misma idea, en el fondo.

El mal uso de la CASEN

R. Fischer

Encuestas como la CASEN no son parte de mi especialidad, pero siempre me ha interesado la encuesta y asistí al ahora famoso encuentro del CEP en que Andrés Velasco interpeló a J. Lavín por el mal uso de sus resultados.  Creo que Velasco tenía la razón en sus críticas, así como los panelistas del CEP y quienes desde el público hicieron preguntas y críticas.

Primero, hay legítimas dudas metodólogicas sobre la encuesta que no han sido respondidas. Durante la presentación en el CEP, pensé que eso se debía a que Lavín desconocía las respuestas, pero la ausencia posterior de mejores explicaciones (por ejemplo en una columna en La Tercera del Ministro y la subsecretaria) hace temer problemas más fundamentales. En particular hay dudas sobre:

  • ¿Se mensualizó o  no el bono entregado en el mes en que se tomó la muestra? La respuestaes un simple si o no. Responder, como lo hizo el Ministro en el CEP (y hoy Monckeberg y Godoy en una carta a El Mercurio) y  que durante el año 2009 se entregaron dos bonos de mayor monto es una respuesta inadecuada. Primero, porque esos bonos se mensualizaron y se entregaron en meses distintos al de la toma de la muestra. Segundo, y más importante aún, incluso si hubiera habido un problema metodológico, esto no es un argumento para repetirlo, sino más bien para corregirlo.
  • Lavín no fue capaz de explicar la razón para tomar dos muestras, ni la razón para tomar datos con posterioridad a los que serían usados para calcular la CASEN. Su única respuesta es que la CEPAL lo avalaba, lo que es una respuesta muy débil, casi escuálida . Monckeberg y Godoy escriben que la motivación fueron las recomendaciones de la Comisión de Expertos que propuso medidas para mejorar la CASEN. Sin embargo, según Dante Contreras, esto no figuraba entre las propuestas de esa Comisión (información transmitida por E. Engel). La propuesta de la Comisión era que la CASEN usara un Panel en el futuro, una excelente idea. Pueden haber legítimas razones para el uso de dos muestras (a mi se me ocurre una, que enlaza con el cambio que se hizo en los términos de referencia a los objetivos de precisión de la CASEN).
  • Se modificó una pregunta vital sobre ingresos, pero no se explicaron los motivos para este cambio ni como se resolvieron los problemas creados por la modificación. La única respuesta fue que en el pasado se habían hecho más modificaciones a los cuestionarios y que la CEPAL no lo había objetado. A eso solo puedo  responder que repito el comentario al primer punto más arriba.
  • Tampoco se han explicado los motivos para cambiar la precisión exigida al estudio.

Pero tal vez el punto más importante de Velasco, más allá de estos puntos metodológicos, es que Lavín está destruyendo un instrumento valioso para el diseño de políticas públicas al darle un uso político de  corto plazo. Molesta el triunfalismo de declarar una reducción en la pobreza cuando no se sabe si los cambios son significativos (según Lavín en el CEP, lo eran marginalmente). Sobre todo molesta porque se trata de  un efecto en gran medida debido al ciclo económico, que está fuera del control del gobierno. Recordemos que el  2009 recibimos el impacto de la crisis financiera y que el 2011 fue un año de reconstrucción y de alto crecimiento. La mejora en los indicadores económicos no se debe a los esfuerzos del gobierno: las pocas políticas de largo plazo que se han introducido hasta ahora (hay más en camino) aún no han tenido tiempo de actuar.

En resumen, me parecen legítimas las críticas.

Aranceles al maíz

R. Fischer

Debido a la presión del trabajo a comienzos de año, no he sido suficientemente activo en el blog, pero la noticia de que los productores solicitarán un alza en los aranceles del maíz y del pollo me han despertado.

Hoy en el Mercurio («SNA pedirá subir el arancel al maíz y pollo que provienen de Argentina»)  aparece la noticia de que la SNA (recordemos que su antiguo presidente es el actual Ministro de Agricultura) solicitará un arancel a las importaciones de maíz y pollos importados desde Argentina. Según la SNA, las crecientes importaciones de maíz y derivados han puesto en peligro a agricultores y a la cadena productiva que sustentan.

De acuerdo al actual Presidente de la SNA, Patricio Crespo, si no  se hace nada, hay un riesgo de que los maiceros se cambien de cultivo, lo que implicaría que los productores de cebollas, zapallos, sandías, y melones enfrenten menores precios de venta. Por lo tanto, la mayor competencia les generaría perjuicios a estos productores.

En el razonamiento del Sr. Crespo, parecería que cada agricultor se debería dedicar a un cultivo, sin poder cambiarse, y el Estado debería garantizarles su rentabilidad. Me recuerda a los argumentos de los gremios de la Edad Media. Pero el objetivo del Sr. Crespo es otro. Se trata de agregar a otros grupos  de interés a su propuesta de defender el maíz, para tener un impacto político más importante, tal como Iansa acostumbraba hacer con los pequeños productores de remolacha.

Ahora bien, en condiciones normales, Chile no puede competir en la producción de maiz con Argentina, y normalmente deberíamos importar gran parte de nuestro consumo desde ese país, uno de los productores con menores costos del mundo (la super «eficiencia» de los productores nacionales que menciona la gerente de estudios de la SNA en el artículo no es lo que se denomina «eficiencia» en economía, sino que corresponde a la productividad por unidad de terreno).

Pero si se miran las cifras, el maiz doméstico pasó de tener una participación de un 40-48% en el mercado nacional del maíz entre 2006 y 2008, a un 65-70% en el período 2010-2012 (ver el gráfico más abajo, proveniente de ODEPA). El motivo fue la introducción en Argentina de impuestos a las exportaciones de maiz en grano que hicieron muy atractivo el rubro para los agricultores nacionales.

El gobierno argentino impuso esta restricción para reducir el precio interno del maiz cuando el precio externo era elevado lo que se traducía en altos precios internos. Al caer el precio del maíz, cayó el costo de producción de pollos y otras carnes que ahora podían reducir precios en los mercados domésticos y  competir mejor en los mercados externos (ésta fue la causa de las presentaciones que hizo la tristemente famosa Agrupación de Productores de Pollos en favor de restricciones a las importaciones de pollos desde Argentina).

Pero los productores argentinos han aprendido a esquivar el impuesto a las exportaciones  exportando maiz partido, es decir que ha tenido una pasada por la chancadora,  y que es considerado un producto procesado. Por supuesto, entre el momento en que se impusieron las reglas argentinas (sus exportaciones cayeron en forma inmediata)  y ahora, las importaciones de Argentina han crecido mucho, pero aún no son importantes.

Ladinamnete, la SNA habla de un aumento de un 639% en las importaciones desde Argentina, pero omite mencionar que esa cifra considera el punto más bajo de las importaciones luego de la imposición de los impuestos. La figura muestra que las importaciones están muy por debajo del nivel tradicional de importaciones de maíz, antes de las brillantes políticas argentinas..

La figura muestra que ni siquiera desde un punto de vista político-económico tiene sentido restringir las importaciones de maiz, porque las importaciones no han crecido ni crecerán sutancialmente este año.  Desde un punto de vista puramente económico tiene menos sentido aún, como lo sabría cualquiera que conozca la teoría y la empírica del comercio internacional.

El único motivo para restringir las importaciones de maiz es mantener elevados los precios del maíz –y como la SNA no quiere dejar en desventaja a los productores de pollos– también el de los pollos. De accederse a las reclamaciones de la SNA,  estaríamos reproduciendo, al revés, las erróneas políticas del gobierno argentino. Los consumidores, que sufren los altos precios de los alimentos debido a la sequía, se verían aún más perjudicados por una política errada que favorece a un grupo de presión pequeño pero bien organizado.

Una breve interrupción

R. Fischer

Estaré en Mozambique esta semana, porque el International Growth Centre solicitó que viera lo que se podía mejorar en la institucionalidad de PPPs (o concesiones) eneste país, por lo que no podré escribir mucho.

Mozambique es uno de los países más pobres de Africa, aunque ha estado creciendoa tasas casi-chinas los últimos años. Pese ello, su ingreso per capita es de menos de US$ 600 y unos US$ 1.000 en purchasing power parity. Incluso para un chileno,con su moneda apreciada, este no es un país barato, o al menos para el tipo de bienes al que son paraextranjerosy turistas,

A diferencia de Ruanda (visita del año pasado en el mismo programa), que tiene enormes desventajas que pueden explicar su pobreza –lejos del mar y rodeado de vecinos con problemas como guerras civiles o controles ilegales en las carreteras, sin recursos naturales, y con una enorme densidad poblacional– Mozambique es un país con todo más fácil.

Mozambique está en la costa, con playas bellísimas en el Norte y un excelente puerto en Maputo, la capital. Tiene minas de carbón y hierro, así como recientes descubrimientos de gas natural. Como vecino tiene a Sudáfrica, la economía más importante y más sofisticada del continente. Su densidad poblacional es similar a la de Chile, pero con tierras más aptas para el cultivo que la mayor parte de las nuestras, llenasde desiertos y montañas.

Pese a estas ventajas, no es imposible que Ruanda se desarrolle más rápido (salvo, por supuesto, que haya otra guerra étnica). Ruanda tiene un gobierno de ideas más claras y menor corrupción. Pese a sus pobres condiciones en términos de recursos, crece a  una velocidad similar, y podría transformarse en un centro de servicios para el Centrosur de Africa.

Mozambique es distinto. Aunque llevo poco tiempo acá, me han dicho que hay corrupción creciente, que en el gobierno (o más bien entre los funcionarios en los ministerios) se debate entre seguir un enfoque socialista y con modelo planificado o un sistema más moderno, y que esto paraliza al gobierno.

Pero veamos que sucede el resto de la semana. Hoy domingo almorcé un un excelente pescado a la parrilla en un restaurante frente a la playa, con un mar gris y tipos practicando surf con volantines entre las olas (que no se parecen a las nuestras, sino que tienen poco espacio entre si–largo de onda corto–, como en los lagos). Los botes de pescadores son unos veleros de un mástil con una botavara que cuelga en forma diagonal desde cerca de tope del mástil. No recuerdo el nombre técnico.

En las noches, todos los negocios tienen un cuidador sentado en una silla afuera, en algunos casos durmiendo, o en otras con un amigo, conversando, sentado en su propia silla. Está lleno –en una de las calles principales– de hombres que parecen no tener trabajo, así como de vendedores ambulantes, pero eso último tal vez se debe a que hay muchos turistas.

Centralización

R. Fischer

En el Encuentro de COPSA que he mencionado antes, el ex Ministro MOP Carlos Hurtado, a quién le gusta ser algo iconoclasta, atacó la idea de la descentralización. Según Hurtado, hay muchas ventajas de la centralización del país. Al concentrar el capital human o en un lugar, este se potencia. A veces he compartido esta idea. Una de las preocupaciones de las Regiones es que están perdiendo su capital humano, atraído por las ventajas de vivir en la ciudad con mayor cantidad de capital humano del país.

A diferencia de otros factores, el capital humano tiene economías de escala externa: es más productivo mientras más hay. Efectivamente, a nivel global, las ciudades más grandes y con mayor concentración de capital humano son mucho más productivas que ciudades menores. Aún no se alcanzan los límites del tamaño de las ciudades desde el punto de vista productivo, lo que no significa necesariamente fábricas, pues la producción en cuestión puede ser de contenidos o de servicios.

Hay ciudades grandes que no funcionan bien, pero eso ocurre en las que han crecido recientemente por la migración desde el campo. Esto debería ser una etapa transitoria hasta que puedan acomodar el aumento en la población. Es decir, con el tiempo, en las grandes ciudades se construyen viviendas sólidas, redes de servicios y de transporte colectivo eficiente y otros proyectos para acomodar a sus residentes. Una vez hecho esto las ciudades grandes son tremendamente atractivas y por eso migran a ellas los jóvenes talentos de las regiones.

Hay otra cosa interesante: las grandes ciudades son seguramente menos ofensivas para el medio ambiente que tener la misma población distribuida en pequeños villorios improductivos. Una población dispersa requiere mas energía para el transporte y no tiene ninguna de las ventajas de economías de escala que tienen las grandes ciudades en cuanto a tratamiento de aguas servidas y desarrollo de redes de distinto tipo (de transporte, sanitarias, de telecomunicaciones, etc). Además, como los habitantes de pueblos y villas están más cerca de la naturaleza, en agregado tienen más efectos negativos sobre sobre el entorno. En el campo es donde se caza, no en la ciudad. Las ciudades pueden destruir su vecindad, pero es una zona relativamente pequeña en comparación con la degradación ecológica que produce una población distribuida por el país.

Habiendo decidido que las grandes ciudades son deseables –y en Chile seguramente solo puede haber una– ¿porqué interesa descentralizar? Una de las respuestas es estratégica: el país requiere ser poblado por motivos de defensa del territorio. Además, gran parte de la producción física en el país proviene de regiones con baja densidad de población. Otro argumento tiene que ver con el hecho que las decisiones descentralizadas son más informadas de las características y necesidades locales. Existen por lo tanto esta y otras muchas razones para descentralizar.

Se trata de un tema difícil, y acaso las dificultades para descentralizar el país se deben a que no es un tema tan simple como a menudo imaginamos. Tal vez hay una presión del imaginario nacional a descentralizar –porque parece más justo con las regiones– y sin embargo, los costos económicos lo hacen inviable.

Democracia universitaria

R. Fischer

Como si fuera poco el daño que la Confech le ha provocado a las universidades públicas, y en especial a la Universidad de Chile que es la que más tiene que perder, ahora con la colaboración de la Concertación, intentan asegurarse que el daño sea permanente.

Según lo que escuché hoy en la radio, una parte de la Concertación ha decidido condicionar la entrega de fondos basales a las universidades públicas a su democratización. Estos parlamentarios exigirían que los estudiantes puedan participar en la elección de las autoridades universitarias.

Ya hemos visto como los dirigentes de los estudiantes han estado dispuestos a sacrificar las universidades públicas según sus intereses políticos de corto plazo (hablan de que la lucha es de largo plazo, pero esto es solo para explicar por que no han conseguido lo que habían prometido) y cómo los estudiantes los siguen como corderos, y no se oponen si no están de acuerdo con los objetivos de los dirigentes.

Con esa imagen en mente, pensemos en cómo tratarían de acomodarse los candidatos a rector a las exigencias de los dirigentes estudiantiles para asegurar su apoyo, y podremos ver como las universidades estatales continuarán su trayectoria hacia la decadencia. Tal como no existen universidades privadas con fines de lucro entre las mejores del mundo, estoy casi seguro –no lo he verificado cuidadosamente– que entre las mejores del mundo no existen universidades en que el rector es elegido por los estamentos.

Como he escrito en otras ocasiones (aquí, al final del posteo, o incluso hace 15 años), que estoy en contra de la participación de cualquier estamento en la elección de rector, así que no se trata de una animadversión específico hacia los estudiantes. Claro que los estudiantes, por su menor experiencia y más alto descuento del futuro, son peores que los otros estamentos para participar en la elección de las autoridades.

Incluso desde la lógica de los estudiantes que consideran a las universidades públicas como parte del Estado, la idea no tiene sentido. Después de todo, ¿qué parte del aparato estatal que tenga niveles jerárquicos (a diferencia de la Corte Suprema o del Congreso), elige sus propios directivos?

Otra forma de pensarlo es que la universidad pública es una institución permanente, cuyo manejo no debería estar al arbitrio de estudiantes que pasan solo unos años en ella. O en tal caso, ¿no se debe también a los ex estudiantes y no deberían ellos votar? Al menos ellos piensan en el más largo plazo de la universidad, sin estar tan contaminados por problemas del momento.

He escrito antes que creo que el Rector Pérez ha sido unos de los responsables de la situación actual de la Universidad, con un semestre casi perdido, los mejores estudiantes de colegio pensando en la alternativa de las universidades privadas y una pérdida global de prestigio. Tal vez sea el momento de redimirse parcialmente, declarando que no está dispuesto a aceptar fondos basales si están asociados a una propuesta que garantiza que la triste situación actual no pueda revertirse.

El error de los estudiantes

R. Fischer

Cuando finalmente, con la perspectiva que da la distancia, se escriba la historia del extraño hara-kiri que llevó a la decadencia –ojalá que solo dure unos años– de la Universidad de Chile como resultado de un paro estudiantil que se extendió más de un semestre, se podrán determinar los errores de estrategia y sus responsables.

Me parece, como lo he sostenido otras veces, que el error de los estudiantes fue su intolerancia. Al mes del movimiento, cuando tenían al gobierno contra las cuerdas, habían conseguido lo máximo que podrían conseguir: el gobierno aumentaría los recursos a las universidades públicas, aumentarían las becas a los estudiantes de menores ingresos, se regularía el lucro y obtendrían otras medidas que solicitaban.

No sería lo máximo que aspiraban, pero era bastante, y continuaba con lo que habían conseguido los pingüinos algunos años antes. Asimismo, una buena negociación de la Cruch podría haber aumentado las platas para las universidades estatales, por encima de la oferta inicial. Pero para ello era necesario aceptar negociar, y esto significaba aceptar que no se podían conseguir todas las aspiraciones de los dirigentes esrudiantiles–después de todo, no es legítimo que el gobierno acepte todo lo que solicita un grupo de presión.

Una vez que el gobierno descubrió que no había negociación posible, debido a las posiciones fundamentalistas de la Confech (y de la Fech que las avalaba), y cuando ya su popularidad había caído al suelo, el gobierno no tenía nada que perder si se ponía firme en sus posiciones. Es lo que ocurrió y el movimiento estudiantil perdió importancia. El resto de la sociedad siguió funcionando tranquilamente, especialmente los estudiantes de las universidades privadas –supuestamente perjudicados por el sistema–. La Confech y sus universidades se han hecho cada vez menos relevantes para el país y la decadencia de la Universidad es un costo que tendremos que aceptar.

Cuando los historiadores busquen a los responsables de la debacle, Víctor Pérez será (y lo siento, porque creo que tuvo buenas intenciones) probablemente el principal. En su cargo, la prudencia debería ser permanente. Su incapacidad para criticar públicamente a los dirigentes estudiantiles cuando adoptaban decisiones cada vez más irresponsables, habilitaron a los dirigentes estudiantiles. Su incapacidad para negociar con el gobierno dejó pasar la oportunidad que le podría haber aportado recursos frescos importantes.

Segundo, Camila Vallejos como el rostro de una dirigencia estudiantil de la Universidad que demostró que estaba dispuesta a sacrificar todo –la Universidad, en particular– para evitar enfrentar a los extremistas de la Confech. Además, por formular un plebiscito ilegítimo –porque sus consecuencias no fueron informadas claramente a los estudiantes, porque fue decidido a la rápida– que extendió el paro al segundo semestre, pasando por arriba a Facultades que habían ya votado en contra.

En el caso de mi Facultad, se debe reconocer la responsabilidad de Andres Fielbaum, que no supo renunciar cuando un 76% de lo estudiantes votó en contra de que se dieran vuelta –por votantes externos– los resultados de una votación interna que había decidido claramente que deseaban la vuelta a clases. La misma dirigencia que el preside luego ratificó una decisión que iba contra de esa abrumadora mayoría de los que lo eligieron.

Pero además hay responsables académicos: aquellos que alentaron a los estudiantes, y no fueron nunca, ni son capaces ahora, de criticar las decisiones de los estudiantes, avalando sus pésimas decisiones y por lo tanto contribuyendo activamente a la decadencia de la Universidad de Chile.

También somos responsables nosotros, los demás académicos, que no nos hemos opuesto mas que pasivamente –algunos por temor, otros por inercia, y otros por desinterés– y no hicimos oír nuestras dudas y diferencias sobre lo que estaba pasando. Tal vez una participación más activa podría haber aglutinado los estudiantes más prudentes para oponerse en forma organizada a las decisiones de sus dirigentes.

Esta reflexiones deberían llevar a una reflexión más general: nuestras estructuras de gobierno son inapropiadas y la triestamentalidad lo sería más aún. Los estudiantes tienen una visión de corto plazo inapropiada para tener ingerencia decisiva en una universidad, y son manejados por dirigentes manipuladores que tienen objetivos propios. Los administrativos responden a intereses gremiales. Lo mismo ocurre con los académicos. En realidad, estoy en contra de la estamentalidad. No deberíamos ser nosotros, con nuestros intereses particulares, que difieren de los de la universidad como una institución permanente, los que gobernemos la universidad, aunque es natural que todos los estamentos tangan una influencia limitada –voz, pero no voto–sobre las decisiones.

Pero claro, decidir sobre una forma de gobierno no es fácil. Una posibilidad sería que el gobierno nombrase, como se hace en universidades estatales en los Estados Unidos, un consejo directivo elegido entre ex alumnos. Este consejo se encargaría de contratar a una empresa de búsqueda de personal para que encuentre una lista de candidatos idóneos para el cargo (de acuerdo a los parámetros de búsqueda decididos por el consejo), entre los cuales el Consejo elegiría al Rector. A su vez, el Rector y el consejo elegirían a los decanos. Al interior de lso departamentos, es posible la democracia con los académicos votando por sus directores de departamento (salvo que en casos extremos de disfuncionalidad interna, los decanos pueden intervenir). A esa escala la democracia funciona bastante bien porque lo intereses de los académicos están bastante alineados. Pero claro, esa es solo una idea a la rápida.