Variacioncompensada's Blog

Un artículo sobre la crisis de la vivienda

¿Son los superdueños los responsables de la crisis de la vivienda?

Fuente: Foto Ciper: «Los superdueños del Gran Santiago y la crisis de la vivienda en Chile»

Tenía pensado seguir escribiendo sobre temas de aguas, pero acabo de leer un artículo en Ciper Académico que requiere una respuesta. Se trata de «Los superdueños del Gran Santiago y la crisis de la vivienda en Chile«. El artículo resume al menos parte de los resultados del proyecto de investigación Fondecyt 11180569, del investigador responsable Francisco Vergara-Perucich.

El artículo sugiere que la inversión inmobiliaria de superdueños, es decir, particulares que poseen un número importante de viviendas para arriendo, tiene efectos negativos que «[…] salpican toda la industria de la vivienda.» El hecho que los superdueños adquieran estas viviendas para el arriendo es, para los autores, una práctica que «[….] que extrae valor desde clases sociales desposeídas en base a un bien básico —la vivienda—, aprovechando el régimen de propiedad privada y el déficit habitacional.» Según los autores, los superdueños inflan los precios en barrios donde no vivirán y capturan la oferta disponible, magnificando la «[…] escasez cautiva de viviendas disponibles, acaparadas por un grupo específico de la población.» En síntesis, los superdueños serían parte de las causas del déficit de vivienda.

El investigador concluye que la política de vivienda ha sido un fracaso y que el gobierno debería volver a ser un actor activo en la construcción de viviendas, señalando:

«Para ilustrar la ineficacia, según el Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el déficit cuantitativo de vivienda para el año 1998 era de 497.012 unidades. Diez años después, y tras una inversión en subsidios de casi 500 millones de UF[4], el déficit de vivienda era de 497.615; es decir, aumentó en un 0.12%, pese a que en el mismo período se construyeron 2.659.889 nuevas unidades en la ciudad.»

Todo el análisis me parece equivocado, pero antes de evaluar los argumentos, revisemos las cifras. Es raro que el autor utilice cifras de 2008 (diez años después de 1998), dada la existencia de cifras más recientes disponibles en la página del Observatorio Urbano del Minvu. Este tiene una planilla con el nombre «DD Déficit Habitacional 2002-2017 metodología homologada», que muestra los cambios en el déficit entre esos años, usando los censos de 2002 y 2017. El déficit era de 522,326 viviendas en 2002 y de 393,613 en 2017, es decir una reducción de un 24%. s.

Figura 1. Fuente: Características de la inmigración internacional en Chile, Censo 2017

Esta reducción se produjo en un período de fuerte aumento en la inmigración, que tiene un efecto exógeno sobre la demanda de viviendas. Según el informe «Características de la inmigración internacional en Chile, Censo 2017» del INE, el porcentaje de inmigrantes creció desde un 1.3% a un 4.4% de la población entre 2002 y 2017, como se muestra en la figura 1.1 Estos casi 600 mil inmigrantes del período 2002-2017 requieren viviendas. Por este solo hecho el déficit debería haber aumentado en unas 150.000 viviendas. Las políticas de vivienda del pasado no consideraban la importancia que tendría la inmigración, que ha sido un fenómeno de aceleración reciente. Por eso, so se puede achacar esa componente del déficit a las políticas de vivienda anteriores a 2017. Omitiendo, por lo tanto, el efecto inmigración al evaluar las políticas de vivienda, tenemos que esas políticas habrían reducido el déficit original a unas 250.000 viviendas en 2017. Esto es una reducción de casi un 50% en el déficit, lo que es una muestra de políticas efectivas, al contrario de lo que señala F. Vergara.

Esto se explica porque la construcción de viviendas en el período 2002-2019 fue en promedio de 138,613 al año, según la planilla «PE Viviendas unidades y superficie según año y comuna 2002 a mar 2021.xlsx» del Observatorio Urbano. Para dimensionar esta cifra, en Inglaterra (población 56 millones) se construyeron 244.000 viviendas en 2019/2020, siendo esta la cifra más alta desde 2006/2007, como se muestra en la figura siguiente.

Fuente: Tackling the under-supply
of housing in England, Briefing Paper 07671, 14 enero 2021, House of Commons Library.

La conclusión es que las cifras no respaldan la conclusión de F. Vergara de que la política habitacional en Chile no surtió efecto. Pensemos ahora en la lógica. La idea de que los superdueños (inversionistas de riqueza mediana) estarían acaparando viviendas no considera el funcionamiento del mercado de la vivienda.

La ecuación que determina si es mejor arrendar o comprar una vivienda es que lo que se paga en arriendos debe ser igual al dividendo de la hipoteca más el costo de mantenimiento de la vivienda propia, menos la apreciación de la vivienda.2 En un equilibrio en que el precio de la vivienda se mantiene estable, el arriendo es igual al dividendo más el costo de mantenimiento y por lo tanto debería ser indiferente para las personas la decisión de arrendar o comprar.3 Dado que los superdueños compran viviendas por su rentabilidad, y no por sus aspectos emocionales (ver nota 3), deben arrendar las propiedades para no tener pérdidas. Por lo tanto, éstas no desaparecen del mercado ni los superdueños contribuyen al déficit de viviendas.

Vergara parece pensar que la capacidad de contrucción de viviendas está limitada, por lo que si se las compran los superdueños, no habrá casas para los demás. Al revés, al elevar la demanda y el precio, la oferta se ajusta en respuesta. Las causas del alto precio de las viviendas no son los superdueños, sino las que describí hace poco en un posteo sobre tomas de terrenos. Es una combinación de caída en las tasas de interés, al que se agrega el IVA a la construcción (que tiene un efecto de contagio ya que eleva el costo de las viviendas de mayor valor), los límites constructivos que imponen las municipalidades y el aumento en la demanda producida por la inmigración, que a mediados de 2020 alcanzaban 1.6 millones de personas, según la ONU.

Viviendas sociales en Concepción, Diario Concepción. Fotografía: Raphael Sierra P.

Por último, la pandemia a contribuido a aumentar la demanda por viviendas. En viviendas con hacinamiento, el confinamiento puede hacer la vida muy difícil, y hace urgente vivir con más espacio. Esto contribuye (como ha ocurrido en los EEUU y el Reino Unido, y tal vez otros países) a elevar los precios de la viviendas.

Omitir estos hechos al analizar problemas tales como el alza de los costos de la vivienda y las dificultades para acceder a una vivienda muestra deficiencias que son incompatibles con un proyecto científico. Usar esos argumentos para luego criticar las políticas de vivienda muestra una parcialidad abismante. Estas políticas tienen muchos problemas, pero no los que señala Vergara.4 Considerando la escasez de proyectos Fondecyt (este año se han aprobado proyectos Fondecyt sin financiamiento), porque el país no dispone de los recursos que se requieren para financiar proyectos de alta calidad, me sorprende y desilusiona que este proyecto haya sido aprobado.

Notas:

Este porcentaje puede estar subestimado, porque los inmigrantes ilegales pueden desconfiar del censo, como ocurre en otros países.
Esto simplifica un poco las expresiones, porque el propietario eventualmente deja de pagar, pero por otro lado las viviendas tienen una vida útil finita. El supuesto para esta formulación sencilla es que la duración de la vivienda es infinita, y que el costo de capital no se paga nunca (es un consol). Se resta la apreciación de la vivienda, porque esta es una ganancia para el propietario.
Existen otros motivos por lo que comprar podría ser más atractivo que arrendar, por ejemplo, como una forma de ahorro forzoso, o por un aspecto emocional. Pero esto tendría el efecto de inclinar la balanza hacia arriendos más baratos.
Por ejemplo, la localización de las viviendas ofrecidas, lejanas a los lugares de trabajo, la ausencia de coordinación para el desarrollo de infraestructura habilitante con los ministerios de transporte, obras públicas y otros al desarollar proyectos, problemas de calidad y tamaño de las viviendas, etc. Tampoco parece haber coordinación con los municipios para relajar y adecuar los limites constructivos que permitan el desarrollo de viviendas de bajo costo en zonas concentradas. Pero no se puede criticar las cifras de viviendas construidas.

El problema del agua en Santiago y el cambio climático

Santiago pertenece a una zona que se vuelve crecientemente árida con el cambio climático. Los datos muestran una continua caída en las precipitaciones anuales, a una tasa lenta que parece haberse acelerado en los últimos años. La figura siguiente muestra el efecto desde las primeras mediciones existentes, pero no los últimos ocho años de megasequía, que deberían indicar una tendencia de caída aún mayor.

Fuente: Figura proveniente del trabajo de J.J. Sanz, “Las series anuales de precipitación más largas de Chile: estudio y enseñanzas”, Estudios Geográficos (LXXIII) 273, pp625-656, Julio-Diciembre 2012.

El clima en Santiago será más árido, y con el retroceso de los glaciares, en unas décadas dejarán de servir como reserva para los ríos de la Región en verano. No importa cuánto los protejamos, su desaparición es un resultado inevitable del cambio climático. De todas formas, la escasez de agua de largo plazo podrá resolverse, al menos para el consumo humano, desalando agua de mar y transportándola a Santiago.

El problema más interesante es lo que sucede en el período intermedio, mientras aún existen glaciares. Según Aguas Andinas, su producción anual de agua potable durante 2020 fue de 774 millones de metros cúbicos, unos 24 .5 m3/s. Pero devolvió a los ríos casi dos tercios como aguas limpias luego del tratamiento: 508 millones de metros cúbicos, es decir 16 m3/s. Además, parte del agua que no es reintegrada por Aguas Andinas es utilizada en riego de jardines, y algo infiltra las napas subterráneas, y otra parte son pérdidas en la red, que también se incorporan a las napas. Por lo tanto, el consumo neto de Santiago es menor a 8 m3/s, que es el agua que no pueden ser reutilizada por usuarios en el trayecto de los ríos al mar.

Según el Atlas del Agua del MOP de 2016, la escorrentía promedio (es decir el agua superficial en ríos) de la RM es de 103 m3/s. Hay además un flujo adicional de aguas subterráneas sustentables de 45m3/s en la Región. Esos 8 metros cúbicos por segundo, un 5% de las aguas de la Región, permiten atender a 8 millones de usuarios en la Región metropolitana, según Aguas Andinas. Es decir, en general no debería ser un problema el abastecimiento de agua potable en Santiago

Aguas Andinas: Reporte Integrado 20200, p. 20.

La agricultura de la Región, según el Atlas, utiliza 82,36 m3/s, de la que parte importante se evapora, perdiéndose para otros usuarios. Es lejos el mayor usuario de la Región. Le siguen los usos industriales (de los que no sabemos cuánto se recupera), con un 10% del total y el minero, casi insignificante con sus 0.9 m3/s.

¿Cuándo podría haber problemas en Santiago? En el consumo humano, una serie de años de sequía podría eventualmente agotar los embalses que alimentan a la Región Metropolitana. Eso no es imposible y el cambio climático lo hace cada vez más probable. Pero esto no es un problema del consumo de Santiago sino de la disponibilidad de aguas ese año en particular y del hecho que el agua que Santiago devuelve lo hace aguas abajo, pero el agua que requiere es aguas arriba.

Dado que es tan poca el agua que requiere Santiago en relación con la disponibilidad, los problemas pueden resolverse con inversiones relativamente limitadas. Primero, Aguas Andinas debería reducir las pérdidas en su red, lo que aumentaría la disponibilidad. Segundo, Aguas Andinas ha propuesto invertir en tuberías para devolver las aguas tratadas hacia las zonas de captación, para reutilizar esas aguas para potabilización. Estas medidas alejarían la posibilidad de que Santiago sea afectado por sequías durante décadas.

En casi todo el país, el problema del agua no es un problema del consumo humano. Cuando esto ocurre, se debe a falta de inversión. Petorca durante años ha sido utilizado por la propaganda en favor de una reforma de las Leyes de Aguas. Las TV muestra imágenes de la distribución con camiones aljibe y las quejas de los habitantes. Pero el problema del agua para uso humano en Petorca está resolviéndose con inversión en pozos profundos, redes de distribución, control de la extracción ilegal y compra de derechos (el Programa Agua para Petorca).1 La Ley autoriza que el Estado adquiera derechos de agua para consumo humano, y en Petorca, ya en 2020 se habían comprado 26 de los 33.5l/s requeridos (ampliados posteriormente a 47 l/s).

En Chile existen casi 1 millón de personas con deficiencias en el abastecimiento de aguas, principalmente en zonas aisladas. En todas esas zonas, un esfuerzo de inversión pública resolvería el problema. No es necesario cambiar las leyes, ni ello ayudaría a resolver sus problemas. Ni en Santiago, ni en la mayor parte de las regiones hay un problema de agua para consumo humano que no se pueda resolver mediante inversiones, las que ni siquiera son tan importantes. Otra cosa es la agricultura, que queda para otro capítulo de esta serie sobre el agua.

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Nota: En la versión original, olvidé mencionar aquí un mejor manejo de cuencas, incluyendo las aguas subterráneas. De esa manera las extracciones no superarían los montos sustentables.

El problema de las aguas

Reparto de agua mediante camiones aljibe. Foto CIPER 21/3/2017.

Cuando se oyen tanto hablar sobre los problemas del agua en Chile, y como resolverlos, creo necesario dedicar algunos posteos al tema. Hace algunos años, la Asociación de Exportadores de Fruta me pidió un estudio independiente sobre los problemas en aguas. Durante un período relativamente largo me dediqué a estudiar y pensar sobre este tema para poder escribir el informe. No era ni soy un experto en los detalles del sector aguas –ASOEX quería alguien que no estuviera involucrado y que pudiera mirar con ojos más objetivos un tema tan politizado– pero obtuve algunas conclusiones que pueden tener algún interés. Desde entonces he seguido pensando en el problema de las aguas, aunque con menos intensidad. Por lo tanto haré una serie de posteos que cubran temas como:

El problema del agua en Santiago y el cambio climático.
El problema de zonas con poco acceso a aguas.
Las leyes de aguas y los derechos de aguas.
La situación en el Norte
La situación en el Centro y en el Sur
Conclusiones y recomendaciones.

Es un programa relativamente largo, y es poco probable que el resultado sea tan ordenado como aparece en el temario. Sin embargo, trataré de completarlo si la presión académica no aumenta demasiado.

Tomas de terrenos habitacionales

Una de las cosas tristes de los últimos años es el aumento de carpas en las calle y las tomas de terrenos habitacionales. No estoy pensando en tomas de tierras agrícolas en Araucanía, o de playas en distintas zonas del país, cuyas motivaciones obedecen a motivos diversos. A diferencia de esos casos, se trata de familias que deben tomarse terrenos o vivir en carpas porque no tienen donde vivir.

Toma de terrenos en Renca, Foto 9 de marzo 2021, The Clinic.

Es triste porque hace menos de una década teníamos resuelto el problema habitacional, al menos en términos numéricos.[1] En aquél entonces, el Ministerio de Vivienda decidió que su objetivo sería mejorar la calidad de las viviendas y su entorno, y no su meta tradicional de construir el mayor número de casas con el presupuesto disponible.

La pregunta es ¿qué puede haber cambiado la situación de la vivienda de manera tan radical? Podemos imaginar varias hipótesis. Primero, los costos de la vivienda y de los arriendos pueden haber subido. Hay varios motivos para el alza en el costo de las viviendas: la caída en las tasas de interés eleva el valor de los activos, el Iva a la construcción también puede contribuir a elevar los costosy las dificultades para conseguir permisos para construir viviendas de bajo costo también tienen su impacto. Segundo, tal vez hay mayor demanda de vivienda porque las familias modernas son de menor tamaño, y por lo tanto se requieren más viviendas para la misma cantidad de población. Tercero, tal vez son los efectos de la pandemia. Si bien varios de estos efectos contribuyen a las presiones en el mercado habitacional, creo que la razón principal es la inmigración.

Número de visas otorgadas a personas extranjeras residentes en el país. Fuente: https://www.extranjeria.gob.cl/estadisticas-migratorias/

Debemos recordar que en el plazo de pocos años el número de inmigrantes creció rápidamente. Según una tabla en Extranjería, entre el último censo y el fin de 2018 habían ingresado 467 mil personas, y la inmigración ha continuado.[2] El número de visas otorgadas anualmente a personas extranjeras residentes subió unas diez veces entre el primer quinquenio del 2000 y el quinquenio que termina en 2020, como lo muestra la figura, que proviene de Extranjería.

El problema es que este ingreso masivo de personas no ha sido acompañado por un aumento en la construcción de viviendas. El número de permisos anuales de edificación no ha aumentado, o si lo ha hecho es en un monto que no responde al aumento en la demanda habitacional.

Cuadro 1: Permisos anuales de edificación aprobados, Chile

Año	N° viviendas aprobadas e iniciadas
2009	140.619
2010	96.036
2011	151.071
2012	117.310
2013	118.796
2014	150.453
2015	179.402
2016	122.967
2017	133.914
2018	150.491
2019	159.182
2020	118.936

Fuente: Centro de Información Cámara Chilena de la Construcción

Al leer el cuadro 1se debe que recordar que en los dos años anteriores a la introducción del IVA a la construcción hubo un incremento en la venta de viviendas para evitar el impuesto. Esto explica el alza de permisos en 2014 y 2015, pero la construcción promedio normal en años anteriores a la explosión inmigratoria debe haber sido de unos 120-130 mil viviendas. Si comparamos con las cifras de los últimos años, a lo más observamos un aumento en la edificación de tal vez 20 a 30 mil viviendas adicionales en 2018 y 2019. Estas viviendas adicionales difícilmente podrían acomodar a los cientos de miles de inmigrantes que llegaron en pocos años, y que necesitan un lugar donde vivir.

A menudo los inmigrantes viven en condiciones de hacinamiento, porque son recién llegados y se sacrifican por un futuro mejor. Pero incluso en ese caso ponen presión sobre el mercado inmobiliario. La mayor demanda con una oferta que no crece lo suficiente se traduce en un alza de arriendos. Esto acarrea un alza en el valor de la propiedad habitacional y de los terrenos para construcción, a la que se agregan los efectos de la baja tasa de interés. Todo esto aumenta el valor de los activos inmobiliarios. Esto significa que más personas encuentran difícil arrendar y a+un más difícil comprar una propiedad.

Estos efectos se ven acrecentados por la pandemia. Como se observa en las cifras, la construcción de viviendas cayó drásticamente durante 2020, como consecuencia de las cuarentenas y tal vez de la crisis política. Por otra parte, vivir hacinados es difícil en condiciones normales, pero hacerlo cuando las personas deben permanecer confinadas puede ser imposible. En esas condiciones, se comprende la presión por conseguir un lugar para vivir, demanda que eleva los arriendos y en casos desesperados, significa tomarse un terreno para instalar una vivienda.

Soy hijo de inmigrantes y pro-inmigración , y creo que en el largo plazo los inmigrantes que recibimos crearán un país más desarrollado económicamente, y con mayor diversidad de culturas, expresiones artísticas y de ideas. El problema en que nos encontramos es un período de transición causado por la aceleración en la tasa de ingreso de inmigrantes. La construcción ha estado adaptada a las necesidades de vivienda de una población doméstica que crece lentamente, pero ahora esa industria debe considerar esta demanda adicional.

Esto requiere que los alcaldes y las comunidades faciliten la construcción de viviendas de bajo costo y no la entorpezcan mediante regulaciones de densidad excesivamente estrictas durante esta transición. El Minvu tendrá que girar nuevamente a una estrategia de enfatizar el número y no la calidad de las viviendas, tratando de evitar algunos horrores del pasado, ejemplificado por Bajos de Mena. En un país de inviernos fríos, vivir en una mediaagua sin servicios es siempre peor que vivir en una vivienda legal, aunque sea pequeña y no esté bien construida.

[1] Citando a una opositora a la política habitacional de Chile de la época:

“Esta política de vivienda ha sido considerada, desde diversos puntos de vista, exitosa. En los últimos 30 años, la cobertura de la construcción de viviendas ha sido explosiva y efectiva. Si en 1990 el porcentaje de familias con necesidad de vivienda era del 30%, en 2009 dicho déficit cayó al 9%. Los campamentos han disminuido radicalmente, y la gran mayoría de los pobres del país encuentran soluciones habitacionales “formales”, con acceso a redes sanitarias y servicios básicos, convirtiendo a Chile en un país modelo dentro del mundo en desarrollo por su capacidad exitosa de enfrentar el déficit habitacional en corto tiempo.” Camila Cociña, “Por qué hemos construido guetos y lo seguimos haciendo”, CIPER 14/11/20012.

[2] Estimación de Extranjeros Residentes en Chile 31 de diciembre de 2018.

Sobre la “Pobreza Energética”

Soy miembro de la Comisión que actualizará las metas de Energía 2050, que define la política energética de largo plazo del Estado. En la Comisión hay representantes de distintos Ministerios, de NGOs ambientales, de la industria y de la minería, de los pueblos originarios, del sector energético y de otros grupos de interés. Creo ser uno de los pocos miembros que no representa un interés específico, y por eso he entrado en conflicto con distintos grupos. Esto no me ha hecho querido en la Comisión.

Una de estas controversias es sobre la denominada “pobreza energética”. Según los antropólogos y, supongo, sociólogos de la comisión que defienden el concepto, la pobreza energética aparece cuando una familia debe destinar una fracción excesiva de su ingreso a satisfacer sus necesidades energéticas. Es un concepto que, según estos proponentes, se deriva de la idea de Amartya Sen y Martha Nussbaum de que lo importante no es el ingreso de las personas sino su facultad para expresar sus capacidades (“capabilities”).

Al examinar la idea de pobreza energética con más cuidado, asoman problemas con la definición. Existe un caso en que el concepto es razonable y útil: cuando denota la falta de acceso a fuentes modernas de energía, como las estudiadas en González-Eguino (2015).[1] Esto ocurre, cuando familias o villorrios no tienen acceso a electricidad o a combustibles fósiles modernos porque no existen redes de distribución. En estos casos no se trata de un problema de ingresos (al menos en rangos razonables de ingresos), sino de la incapacidad absoluta de tener acceso a recursos energéticos de bajo costo y buena calidad. Existen muchas personas en esta situación, como lo muestra la tabla. Pero esto no es el concepto de pobreza energética que maneja nuestra comisión.

Número de Personas sin acceso a formas «modernas» de energía. Fuente: González-Eguino (op.cit)

En nuestra comisión, la pobreza energética aparece cuando una familia debe destinar un porcentaje demasiado elevado de su ingreso a satisfacer sus necesidades energéticas. Para ello se establece la necesidad energética de una familia. Esta puede depender de factores tales como número de miembros, calidad de la vivienda, clima del lugar, etc. Luego se determina si el costo de satisfacer este requerimiento supera un valor predeterminado, en cuyo caso la familia sufre de pobreza energética.

El problema de este criterio es que tiene poco sentido, porque no hay razón para darle un rol especial a la energía. Podríamos usar el mismo criterio para vivienda: hablaríamos de pobreza de vivienda si la familia debe dedicar un porcentaje demasiado elevado de sus ingresos a obtener una vivienda apropiada a sus necesidades. Y podríamos hablar de pobreza alimenticia con el mismo criterio, o de pobreza educativa, o incluso pobreza de entretención, si creemos que el acceso a entretención es una necesidad para la realización de las personas. Así tendríamos que considerar pobrezas específicas para cada elemento de la canasta de consumo familiar. Y una vez que se especifican todas estas pobrezas específicas, es razonable definir una canasta mínima de bienes y servicios que debe disponer una familia para no ser pobre.

Esta canasta estaría diferenciada por criterios que afectan su costo, como el número de miembros del grupo familiar, sus edades, su localización geográfica y otros factores. Luego se valorizaría esta cartera y se definiría como pobre cualquier familia que no alcanza a cubrir este valor con sus ingresos familiares. Esto es lo que hacen conceptualmente –aunque ciertamente pueden ser mejoradas en la práctica– las mediciones actuales de pobreza.

Mirado así, el criterio de pobreza energética no tiene sentido, porque una familia puede tener satisfecha esta variable y seguir siendo pobre. O se puede no ser pobre en las otras dimensiones, y disponer de un excedente luego de consumir los demás bienes de la canasta mínima. Es posible que este ingreso excedentario alcance para comprar la energía requerida para satisfacer las necesidades de la familia. Es decir, el ingreso de la familia le permitiría consumir la canasta mínima para esa familia, po lo que no debería ser considerada pobre. Pero bajo el criterio de pobreza energética, podría quedar clasificada como una familia pobre energéticamente, porque tal vez dedicó una proporción excesiva de sus ingresos a energía. Esto muestra que el concepto no tiene sentido. Subsidiar a esta familia, que tiene resuelto sus problemas, posiblemente significa tener menos recursos para ayudar a otra familia que es realmente pobre.

Los proponentes del concepto en nuestra comisión afirman que ellos han dedicado mucho tiempo a estudiar el problema, que existe una amplia literatura científica sobre pobreza energética y que es un concepto utilizado en Europa. Se trata por lo tanto no de una defensa conceptual sino de argumentos de autoridad.

Veamos si son argumentos sostenibles. Utilizar las recomendaciones europeas como una justificación enfrenta el hecho que las recomendaciones europeas en ocasiones son incorrectas, en algunos casos en forma espectacular, como la promoción de automóviles Diesel.[2] En cuanto a la literatura científica sobre pobreza energética, una parte de ella estudia el problema del acceso a fuentes modernas de energía, que ya señalé es un concepto apropiado. El resto de la literatura o intenta medir la pobreza energética sin pensar en lo que significa, o no enfrenta nunca el problema de porqué distinguir entre energía y otras necesidades vitales.[3] En conclusión, no he encontrado argumentos para pensar que nuestra comisión debería incorporar políticas para resolver el problema de la pobreza energética como una pobreza de tipo especial.

[1] González-Eguino, Mikel (2015): “Energy Poverty: An overview”, Renewable and Sustainable Energy Reviews 47, 377–385.

[2] Ver por ejemplo: https://www.vox.com/2015/10/15/9541789/volkswagen-europe-diesel-pollution.

[3] Por ejemplo, Day, R., Walker, G. y Simcock, N. (2016): “Conceptualising energy use and energy poverty using a capabilities framework”, Energy Policy 93, June, 255-264, intenta formalizar la pobreza energética en base a la idea de necesidades de Nussbaum y Sen. Su conceptualización selecciona una sola variable de pobreza, lo que lleva a los problemas que señalé más arriba.

Una mesa redonda feminista

R. Fischer

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El Centro de Estudiantes de Ingeniería Industrial (CEIN) organizó una charla en la Facultad sobre Educación no sexista. Pese a que se trata de un tema relevante en una Facultad que pasó demasiadas semanas en paro por este tema, y pese a que varios académicos lo promovieron en clases, la asistencia fue relativamente baja. Proporcionalmente asistieron más académicos que estudiantes.

Lo interesante fueron las dos posiciones. Kaiser se dedicó con bastante éxito (usando ejemplos, literatura, y estudios científicos) a aportillar buena parte de la lógica feminista, aunque dejando en claro que está a favor de la igualdad de oportunidades y la meritocracia.

Por su parte, Ferretti propuso un feminismo de alcance global, que implica desde crear un nuevo sistema de salud hasta las pensiones y la educación no sexista (aunque de eso muy poco). En su concepción, el feminismo está intímamente relacionado con cambios revolucionarios, porque el sistema neoliberal actual está basado y depende de la explotación de las personas, en particular de las mujeres. No me pareció que se defendía bien de los contraargumentos de Kaiser, que señalaba que eso iba mucho más allá de los derechos de la mujer y se internaba en los antiguos feudos/temáticas de los comunistas de los sesenta.

Otro problema de Ferretti es una cierta ligereza con la evidencia. El caso más claro es cuando señaló que aunque en Chile la pobreza ha disminuido, la desigualdad medida como el Gini ha aumentado. Dado que esto era una parte fundamental de su argumento contra el neoliberalismo, me parece que como mínimo debería haberse informado antes de repetir una frase hecha, más aún si es falsa. La figura siguiente muestra la evolución del Gini en Chile según el Banco Mundial, que recopila estas estadísticas para todos los países.

Evolución de la desigualdad en Chile medida por el Gini (Banco Mundial 2017)

En la figura agregué los valores de la primera observación para 1987, que corresponde a un Gini de 56.2 y la última, un Gini de 47.7. Aún hoy hay mucha desigualdad en los ingresos, pero ha habido una reducción clara y sostenida en la desigualdad en el período «neoliberal», exactamente al revés de lo que señalaba Ferretti. Si seguimos esta tendencia en el futuro, alcanzaremos los valores europeos en unos 25-30 años.

Un segundo aspecto que me decepcionó en Ferretti fue un análisis pseudo-marxista (o tal vez sub-marxista) de la opresión femenina bajo el capitalismo. Es un tipo de análisis que les escuché también a algunos miembros del CEIN. Según este argumento, el capitalismo había encerrado a la mujer, desde un rol productivo pagado previo, a un rol reproductor (de futuros trabajadores) que el capitalismo recibe gratis, sin que pagar por ellos, porque eso le conviene al capital. Hay una evidente paralelismo con el concepto de plusvalía de Marx (es decir, el valor producido por el trabajo no pagado).

Hay varias razones por las que este argumento es erróneo. Primero, las sociedades antiguas, feudales y los imperios anteriores (romanos, persas, chinos, hindúes) trataron a las mujeres al menos tan mal como el capitalismo. Recordemos lo que Aristóteles opinaba de las mujeres (ver Nota 1), o el concepto de pater familias de los romanos. Por lo tanto, la discriminación contra la mujer comienza mucho antes del capitalismo.

Segundo, el argumento de Ferretti tiene el problema de ser teleológico: el capitalismo no tiene un plan: son personas que actúan y deciden, y el resultado que se obtiene no es parte de un plan para reproducir los trabajadores al menor costo posible, sino lo que resulta de las relaciones de producción, las relaciones sociales y la tecnología de la época, dadas las acciones de individuos independientes.

Por último, supongamos el siguiente gedankenexperiment (experimento mental) que muestra el error de su análisis. Consideremos, como lo hace Ferretti, mujeres que deben hacerse cargo del hogar y los niños sin ser remuneradas, y que el hombre no hace nada en la casa. Supongamos que en cada par de hogares intercambiamos las mujeres, que ahora son empleadas del vecino, se encargan del hogar vecino y de sus niños. Ahora estas mujeres recibirán un salario de mercado (ver Nota 2), por lo que suponemos que el problema de la explotación –feminista, no marxista– desaparece. Pero todas las familias tienen los mismos ingresos de antes, y están más descontentos, porque son mujeres extrañas las que se hacen cargo del hogar y de los hijos. Desde el punto de vista del capitalismo, se produce la misma cantidad de niños (lo que supuestamente es el interés de los dueños del capital), pero ahora las mujeres no están explotadas. ¡Pero nada ha cambiado! Ni los ingresos familiares, ni los salarios que pagan las empresas.

En resumen, una buena iniciativa del CEIN, y deficientes argumentos feministas. Kaiser hizo una buena labor de desinflar sus ponencias, pero me pareció que le faltó vuelo. Fue una labor de demolición, y eso siempre es más fácil que defender una propuesta. Y se habló poco de educación sexista, supuestamente el tema que nos convocaba.

Notas:

En Política, por ejemplo, señala que el coraje de la mujer se muestra en la obediencia, y cita a un poeta qque escribe: El silencio es la gloria de la mujer (Política, Libro I).

2. El ejemplo resulta aún mejor si todo lo que hacemos es prohibir que las mujeres hagan las tareas del hogar en sus hogares, por lo que deben elegir en el mercado laboral. Hago el supuesto, como lo hacen las feministas, que los hombres no realizan tareas en el hogar.

¿Qué hacer con Alto Maipo?

R. Fischer

El proyecto de Alto Maipo se encuentra en problemas. Sus costos se han elevado por las dificultades técnicas de algunos de los 60 km de túneles del proyecto, y podría llegar a US$3.000 millones. El proyecto ya tiene una deuda financiera de US$ 613 millones, y se estima que el proyecto tiene una avance de 50%. Uno de los activos de Alto Maipo es el contrato con la Mina Los Pelambres, firmado a un precio de largo plazo que parecía razonable en aquél entonces, pero que es muy superior al precio de los contratos que se firman actualmente con los grandes consumidores. Dado que los Luksic se retiraron del proyecto, podrían intentar renegociar el contrato.

Un aumento de costos y una reducción en el precio del producto es una receta para pérdidas, y la pregunta que algunos han planteado es si vale la pena proseguir.

El proyecto consta de dos centrales de pasada en serie, Alfalfal II y Las Lajas, en el sector alto de Río Maipo, con una potencia de 531MW. Toma aguas de varios ríos: Volcán, Yeso, de las aguas de salida de la central Alfalfal y del Río Colorado.

Además de errar en los costos y en los ingresos, el proyecto perdió la ventaja de localización respecto al principal centro de consumo nacional. Esto es una consecuencia de los cambios a la Ley Eléctrica de hace dos años. Estos cambios introdujeron el estampillado de los costos de transmisión. Dado que los clientes pagan el 100% del costo de transmisión, un generador situado lejos del punto de consumo puede ofrecer los mismos precios que uno ubicado cerca. La localización cercana a la RM de Alto Maipo no da una ventaja de costos en el nuevo contexto.

En ese contexto, se debe responder a la pregunta de que hacer con el proyecto. No soy un experto en este caso, pero creo que la forma de verlo es la siguiente: Alto Maipo es un proyecto cuyos costos se han elevado muy por
sobre las estimaciones, debido a problemas técnicos. Esto es desafortunado, pero es un riesgo del negocio.

Incluso sin el alza de costos, es probable que a los valores actuales de la electricidad, el proyecto no se habría llevado a cabo. Cuando AES Gener se decidió a realizar el proyecto, el precio de la electricidad era muy elevado. Es decir, el proyecto enfrentaba otro riesgo importante. Para reducir ese riesgo, Alto Maipo tiene un contrato de suministro de largo
plazo firmado al inicio con la minera Los Pelambres a un valor que ahora parece elevado. Este contrato le daba un colchón al proyecto por una parte importante de su producción (pero no toda).

Como los costos del proyecto subieron tanto, y aún falta gastar otro 50% en el proyecto, la empresa debe decidir si continua con el, sabiendo que nunca será un buen negocio considerando la inversión ya realizada. Pero la inversión realizada ya está hundida y no se puede recuperar. Por lo tanto, el 50% de gasto que falta permite pasar desde no tener ingresos a tener ingresos de la inversión completa, con las nuevas condiciones de precios. Eso es como reducir el costo de la inversión a la mitad (mirado desde ahora hacia el futuro).

A la empresa le debería convenir continuar, pero es posible que no pueda conseguir los recursos, pues aún debe pagar la inversión ya realizada, y eso puede limitar las posibilidades que tiene de conseguir financiamiento.

Una opción es vender el proyecto a otra empresa, a un valor superior al 50% del costo, para reflejar la rentabilidad de Alto Maipo cuando la inversión es solo el 50% que falta para completar el proyecto. Con ese margen adicional podría reducir las pérdidas que AES Gener ha tenido con el proyecto, lo que es mejor que su situación actual.

El único caso en que no hay incentivo en concretar el proyecto es si lo que falta por invertir (el 50%) es mayor que los ingresos esperados a los nuevos valores de la electricidad.

Electricidad barata para el campo

R. Fischer

El Ministro de Energía ha anunciado una nuevas estructura tarifaria para el riego, con el objetivo de elevar la competitividad agrícola. En la nuevas tarifas, se reducirá el cargo de potencia y se elevará el de energía.

Hay dos maneras de entender la propuesta de una modificación tarifaria de este tipo. Primero, pueden haber razones técnicas que impliquen que el consumo eléctrico para riego agrícola es castigado con las tarifas actualmente existentes (BT1-BT4) y que es necesaria crear una tarifa especialmente diseñada para ellos.

El problema es que hay razones para las tarifas existentes: salvo la BT1, las demás tarifas tratan de reflejar los costos para el sistema de generación eléctrica de proveer la energía y potencia del sistema.1 Así, las señal de precio que entregan las tarifas es la que se necesita para que los costos se minimicen, al enfrentar los usuarios los costos que le causan al sistema.

La propuesta del ministro no parece ir en este sentido. No me parece que quede espacio para alternativas adicionales que no impliquen una distorsión, dado los tipos de tarifas ya existentes. Bajar artificialmente el cargo de potencia por debajo del que corresponde (como lo propone el Ministro), significa que los agricultores usarán más energía de lo que eficiente en las horas o períodos de punta, justo cuando el sistema está más estresado.

Eso de por si es ineficiente, pero las distorsiones al sistema aumentarán, porque una vez que las tarifas ya no respondan a los costos del sistema, será fácil para el lobby agrícola presionar por reducciones adicionales en las tarifas. o se debe olvidar que este tipo de subsidios beneficia especialmente a los grandes productores, que son los que más consumen para el riesgo.

Aquí se aplica lo que escribe A. Smith sobre una distorsión de los precios provocadas por las políticas del gobierno (aunque esta cita critica el proteccionismo):

«Ninguna regulación del comercio puede aumentar la cantidad de la industria [i.e. el valor del producto, N.del T.] en una sociedad más allá de lo que su capital puede mantener. Solamente puede desviarlo en una dirección distinta de la que habría tenido, y no hay ninguna certeza que esta dirección artificial sea más ventajosa para la sociedad que aquella que hubiera elegido por si misma.» (Riqueza …, Vol 1, Libro 2, cap II).

Es posible que me equivoque y que se puedan establecer tarifas que no introduzcan distorsiones, pero tengo dudas. Luego de los cambios introducidos en la regulación de la distribución eléctrica con el objetivo de equidad tarifaria, observo que las medidas populistas avanzan incluso en los sectores técnicos.2 Y eso es muy malo para el país.

Notas:

La tarifa Bt1 está diseñada para los consumidores residenciales e incorpora en una tarifa «monomica» una ponderación del consumo de energía y potencia del consumo promedio de los hogares (alternativamente, el valor de la potencia y energía total dirigida a este segmento dividido por la energía vendida), para obtener una tarifa basada sola en las ventas de energía.
Escribiré en otra ocasión las razones por las que la equidad tarifaria es un error.

Uber, taxis y Adam Smith

R. Fischer

Adam Smith se oponía a los gremios que impedían que las personas pudieran trabajar en lo que deseaban:

La propiedad que cada persona tiene sobre su propio trabajo es el origen de toda otra forma de propiedad y es por lo tanto la propiedad más sagrada e inviolable. El patrimonio de un hombre pobre yace en la fuerza y la destreza de sus manos. Impedirle que emplee su fuerza y destreza en la manera que la parezca adecuada sin daño al prójimo es una violación manifiesta de la más sagrada de las propiedades.

[…] La decisión de quién es apto para ser empleado seguramente debería ser dejada a la discreción de sus empleadores a quienes esto tanto concierne. La fingida preocupación del legislador ante la posibilidad de que podrían emplear a una persona impropia es evidentemente tan impertinente como opresiva.

La institución de largos aprendizajes no da ninguna seguridad de que trabajos de mala calidad no se ofrezcan para la venta al público. (Riqueza…, Libro I, cap X, parte II)

Todo en esta cita se puede trasladar a los argumentos que se han dado para proteger al gremio de los taxistas de la competencia de Uber y Cabify. Impedir que personas aptas para conducir puedan transportar pasajeros bajo el supuesto de que esto sería peligroso para el público, cuando las personas que trabajan en Uber han sido vetadas por ese mismo público (mediante las evaluaciones que se hacen de éstos) muestra que la intención del legislador es otra. Y las licencias profesionales de conducir no dan ninguna seguridad de que malos conductores no trabajan de taxistas.

taxisuber — Los dueños de licencias a menudo arriendan sus taxis, por lo que el que lo conduce no obtiene los beneficios del monopolio.

Las licencias de taxi se pueden arrendar, y cuando esto ocurre, el conductor del taxi con licencia no recibe ningún beneficio del monopolio. Las rentas del monopolio se las lleva su empleador; el solo se queda con el valor que habría tenido su trabajo de taxista si no existieran licencias. Por lo tanto, ni siquiera es aplicable el equivocado deseo de proteger al taxista y su trabajo.

Sobre Uber y los taxis

R. Fischer

El gremio de taxistas presiona por prohibir o regular a Uber de manera que no compita con ellos. Los tacos recientes en la Alameda han sido muestras de poder de un monopolio que tiene pocos contrapesos. El ministro de Transportes (contra todos los principios de un economista) los apoya y está estudiando legislación que impediría que compitan con los taxis.

taxisvsuber — Taxis protestando contra Uber

Mucho mejor la decisión de hoy de la 7 Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, donde el Juez Posner escribió (lo que sigue es mi traducción):

«Una licencia para operar una tienda de café no autoriza al licenciado a prohibir la apertura de una tienda de té. Cuando la propiedad consiste en la autorización para operar en un mercado de una forma particular, esto no otorga el derecho a no enfrentar competencia en ese mercado. Una patente confiere el derecho exclusivo a producir y vender el producto patentado, pero no da el derecho de prohibir que un competidor invente –sin infringir la patente– un producto sustituto que erosione las ganancias de la patente. Más aún, cuando aparecen nuevas tecnologías o nuevos métodos de hacer negocios, un resultado común es la decadencia o desaparición de los métodos antiguos. Si lo antiguo tuviera el derecho constitucional de prevenir la entrada de lo nuevo en los mercado de lo antiguo, el progreso económico cesaría. En vez de taxis, tendríamos coches de caballos; en vez del teléfono, el telégrafo; en vez de las computadoras, las reglas de cálculo. La obsolescencia sería una fuente de derechos. «

El original:

«A license to operate a coffee shop doesn’t authorize the licensee to enjoin a tea shop from opening. When property consists of a license to operate in a market in a particular way, it does not carry with it a right to be free from competition in that market. A patent confers an exclusive right to make and sell the patented product, but no right to prevent a competitor from inventing a noninfringing substitute product that erodes the patentee’s profits. Indeed when new technologies, or new business methods, appear, a common result is the decline or even disappearance of the old. Were the old deemed to have a constitutional right to preclude the entry of the new into the markets of the old, economic progress might grind to a halt. Instead of taxis we might have horse and buggies; instead of the telephone, the telegraph; instead of computers, slide rules. Obsolescence would equal entitlement.»