Categoría: Derecho y economía

Señales costosas y gobierno

R. Fischer

Hay claras señales de pérdida de control en el gobierno, que parece navegar a la deriva, enfrentando las protestas de todo tipo sin un leitmotiv que defina sus objetivos. Las críticas son de todo orden, pero una que parece central es la percepción de que el gobierno es controlado por los grandes empresarios y que son sus ejecutivos los que conforman el gobierno. Probablemente también molesta la concentración de egresados de la PUC, la obsecuencia frente a los políticos más conservadores en materias religiosas y la cantidad de personeros de la aristocracia chilena en el gobierno. Para dar un ejemplo, hay personas que se oponen a Hidroaysén, no solo por las consideraciones ambientales acostumbradas, sino sobre todo porque Colbún pertenece a los Matte.

Estas características del gobierno no tenían por que ser el problema que han llegado a ser, porque el gobierno tenía un discurso igualitario y meritocrático. Los cincuenta liceos de excelencia de Lavín, por ejemplo, podrían permitir una mayor circulación social que la actual, casi inexistente debido a la mala calidad de la educación municipal. Pero para que el público crea un anuncio como ése, que va contra lo que el público espera de un gobierno de derechas, éste debe estar acompañado por medidas o señales que le cuesten al gobierno, pero que demuestren su sinceridad.

La Concertación lo hizo y tuvo éxito. En sus primeros años, existía temor entre los empresarios frente a un gobierno que incluía a socialistas y democratacristianos que habían explotado los campos durante la reforma agraria. La Concertación tomó medidas –costosas en su ámbito interno– para mostrarle a los empresarios que no tenían nada que temer. Y debido justamente a este costo interno (los autoflagelantes de mediados de los 90 fueron un resabio de esos costos) tuvieron éxito en convencer al empresariado de que sería poco riesgoso invertir. El resultado fue la espectacular tasa de crecimiento de la primera mitad de los 90. Hay otros factores, por supuesto, como fue el buen manejo económico de aquellos años, pero no se puede olvidar la importancia de esto gestos costosos de la Concertación hacia el empresariado.

El actual gobierno no ha hecho nada parecido. Pese a su supuesta capacidad empresarial, su manejo no ha sido eficiente, como lo demuestran los bajos niveles de ejecución del gasto. Además no ha tomado medidas que sean costosas, pero que indiquen que se toma en serio el tema de la meritocracia y la igualdad. Sus medidas en general han sido populistas y fáciles, como aumentar el gasto–7% de los jubilados, postnatal– pero nada que sea costoso para sus partidarios, pero que por lo mismo demuestre su compromiso con la idea de meritocracia y equidad.

Propongo algunas ideas, que podrían mostrar que el gobierno no está al servicio de pechoños, o de los empresarios (y que probablemente requieran apoyo de parlamentarios de la Concertación para aprobarse frente a la oposición de muchos parlamentarios de la Alianza):

  • Aprobar una ley de matrimonio homosexual o de Acuerdo de Vida en Común, en su defecto.
  • Establecer políticas para reducir la concentración de derechos de agua no consuntivos. Por ejemplo, elevar sustancialmente las contribuciones por no uso de esas aguas. Alternativamente, realizar una presentación al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, solicitando que establezca medidas con ese objeto.
  • Definir política que aumenten la competencia en el sector financiero, y en general apoyar fuertemente a los organismos antimonopolio.
  • Mejorar las leyes de derechos de agua consuntivos y los de propiedad minera, eliminando los derechos excesivos y traslapados, y velando por la legalidad de su establecimiento original, si son recientes.
  • Mejorar el derecho procesal en la justicia civil, para que no solo las personasde altos ingresos puedan, en la práctica, acceder a ella.

Es la teoría de las señales costosas, baby.

Exceso de derechos

R. Fischer (entrada escrita pero que olvidé publicar)

John Kay tiene un excelente artículo sobre la existencia de un derecho a internet de banda ancha. Según el, los que proponen esta idea no distinguen entre derechos vitales y aquellos que son simples aspiraciones, como que todos tengamos una buena educación, buena salud y medio ambiente saludable.

Kay cita a Dworkin, quién escribió que «rights are trumps», que en bridge significa que en una jugada, las cartas de baraja de una pinta particular le ganan a todas las demás, independientemente de su valor. Es decir, si tenemos un derecho a internet, ese derecho no depende del costo que eso signifique, ni de cuán poco estemos dispuestos a pagar por ese derecho: lo tenemos y no hay nada que hacer al respecto. Pero tal como no hay un derecho a la electricidad, al pan, o –menos mal–hasta ahora al agua, tampoco deberíamos tener un derecho a la internet de banda ancha: el costo para la sociedad puede ser excesivo. SE pueden tener subsidios, pero estos no pueden ser infinitos y pueden requerir alguna contraprestación a diferencia de un derecho.

En nuestro país nos encanta multiplicar derechos, pero tal vez esto se debe a que no entendemos la diferencia entre una aspiración y un derecho. Existe un derecho a no ser torturado, a la prensa libre, a no ser discriminado, pero estos derechos fundamentales no deberían ser aspiraciones sino derechos efectivos. En cambio, otros derechos son simples aspiraciones y deberían tener otro nombre, y para que así los miembros del Tribunal Constitucional puedan entender que existe una diferencia.

Este blog convcuerda plenamente con la conclusión de Kay:

Confusing rights with things that are desirable is not harmless. In the past decade, we have seen the wider and wider use of the language of rights combined with a significant erosion of traditional and truly fundamental rights. The US government has engaged in torture and the British government has acquiesced in it. Free speech has been eroded by the use of libel writs to protect crooks and charlatans, by unmeritorious claims of privacy and by assertions of national security that confuse public safety with party advantage. The extravagant assertion of “human rights” by lawyers chasing briefs has created an environment in which many people treat the phrase with cynicism or even amusement. The misuse of the language of rights undermines the status of all rights. We should create rights sparingly, and defend them tenaciously.

Alcohol y conducir

R. Fischer

El gobierno está preocupado por el número de accidentes causados por conductores que conducen bajo la influencia del alcohol. Para enfrentar el problema, plantea hacer más estrictas las leyes, reduciendo el nivel máximo de alcohol en la sangre a 0.3 gramos por litro, desde los actuales 0.5 gramos. También se estudia reducir el nivel considerado de ebriedad desde los actuales 1.0 gramos por litro a 0.8 gramos.

Con el nivel actual de su estándares básico (0.5 gramos por litro), Chile se encuentra en el nivel internacional de dureza de la regla, habiendo pocos países con índices más estrictos. Países como Canadá, Nueva Zelandia, Singapur, Reino Unido y los Estados Unidos mantienen la prohibición de conducir por sobre el límite de 0.8 gramos por litro. Rebajar el límite máximo de alcohol en la sangre parece ser otro caso más de tratar de resolver un problema aprobando una ley, porque eso es popular y fácil, sin resolver el problema de fondo, que es el de los conductores ebrios que causan accidentes. Por lo tanto, parece razonable reducir el umbral de ebriedad, al nivel de los demás países, pero no lo es reducir el estándar básico.

Después de todo, los que chocan bajo la influencia del alcohol no lo hacen porque tomaron un vaso de vino. Se puede hacer una excepción con quienes recién aprenden a conducir, los que deberían ser sometidos a reglas más estrictas porque aún no poseen los automatismos de quienes tienen más experiencia de manejo. Tomar uno o más probablemente dos vasos de vino puede aumentar levemente el riesgo del conductor, pero en forma moderada, como lo hacen muchas otras conductas de los conductores, sin que por ello estén prohibidas. ¿Será más o menos el riesgo de conducir distraído, conversando con los pasajeros o mirando el paisaje? Dudo que alguien haya hecho la comparación de los riesgos involucrados, pero conversar con los pasajeros o mirar el paisaje no está prohibido per se, y aumenta (levemente) el riesgo al conducir.

El cuadro siguiente permite comparar el riesgo relativo de diferentes niveles de consumo de alcohol (La referencia es Travelling Speed and the Risk of Crash Involvement, Kloeden CN, McLean AJ, Moore VM y Ponte G, 1997). En ella se muestra, por ejemplo, que conducir con 0.5 gramos por litro de alcohol es equivalente a conducir a 65 km/h en una zona de 60km/h, y que el riesgo relativo es 1.8 veces el de conducir a 60km/h.

Se podría pensar que no hay daño en tener una ley más estricta de lo necesario para detener las conductas que se desea eliminar, pero esta conclusión es errónea. No se trata solo de un argumento –de tipo libertario– que sostiene que las leyes deben valorar la libertad de las personas contra el riesgo que suponen las consecuencias de sus conductas sobre los demás. Sin considerar estos argumentos valóricos, se pueden realizar argumentos de eficiencia legal. Penalizar conductas que la mayor parte de las personas acepta como razonables distrae recursos de fiscalización hacia comportamientos que no son altamente riesgososs. Peor aún, la ley pierde legitimidad y violarla se convierte en algo socialmente aceptable.

El problema es que la aceptación social de una conducta que es penalizada no distingue entre índices bajos de consumo de alcohol y consumos elevados. Además, la fiscalización de un delito que no es condenado socialmente se hace difícil, porque incluso quienes deben fiscalizar pierden la certidumbre sobre sus acciones. En resumen, me parece que sería más sano para la sociedad mantener el límite actual de 0,5 gramos por litro para conducir bajo la influencia y preocuparse especialmente de castigar a quienes tienen niveles superiores a 0.8 gramos por litro. Al concentrar los castigos en quienes todo el mundo acepta que son un peligro para los demás, se legitimiza la ley y se concentran los esfuerzos donde realmente se necesitan.

Allanamiento de abogado

R. Fischer

Es raro el escándalo producido por el allanamiento de la oficina del abogado de Karadima. Todos los abogados, incluyendo a Carlos Peña, han coincido en considerar que es un hecho inaceptable, que compromete la confidencialidad de la relación entre el abogado y su cliente. Es probable que, debido a mis pocos conocimientos legales, esté equivocado, pero entiendo que este no es un caso de proteger confidencialidad de la relación abogado-cliente. Estoy de acuerdo en que la justicia debe respetar esta confidencialidad, pero me parece que este no es el caso aquí.

El punto esencial es que el abogado Bulnes es un abogado defensor frente a la condena eclesiástica a Karadima. Dado que las justicias eclesiástica y chilena son independientes, me parece que, desde el punto de vista de la justicia chilena, el no es el abogado de Karadima que está protegido por el derecho a la confidencialidad. La relación protegida es la de Karadima con su abogado defensor frente a la justicia chilena.

Si se considera que también está protegida la relación con el abogado de Karadima frente a su condena Vaticana, ambas justiciias no serían independientes y no existiría separación entre Iglesia y Estado. ¿Estoy equivocado o estamos frente a un caso de defensa corporativa de los abogados?

Tal vez esto sea más claro si pensamos en dos países normales. Supongamos una persona que está siendo investigado en dos países por la justicia, por ejemplo, Chile y Argentina. Si la justicia chilena determina que el abogado argentino está en Chile y tiene en su poder documentos que podrían ser relevantes al caso chileno, ¿cuál sería el motivo legal para no allanarlo en búsqueda de información (salvo por los problemas diplomáticos que ello podría causar, por supuesto)? La confidencialidad de la relación del sospechoso con el abogado argentino es relevante para la justicia argentina, pero no para la justicia chilena.

Una propuesta contra la pobreza juvenil

Ronald Fischer

Si a una persona común y corriente se le preguntara por la situación de los ancianos en Chile, les dirá que su situación es mala, y que en promedio, los ancianos necesitan más ayuda de la que reciben ahora. El resultado es que hay muchos recursos que van a los ancianos, los que aumentarán cuando no se les cobre el 7% de salud, o cuando reciban el ingreso ético.

La realidad es muy distinta de la percepción: el grupo de personas mayores de sesenta años es el con menor índice de indigencia y pobreza. Si los comparamos con el grupo de los jóvenes, la diferencia salta la vista: mientras la pobreza (e indigencia) entre los jóvenes es mucho mayor que su participación en la población, entre los ancianos ocurre lo contrario. Lo mayores de sesenta años son el grupo etáreo con la menor prevalencia de indigencia y pobreza entre todos los grupos etáreos estudiados por la encuesta CASEN. La siguiente figura (proveniente de la Fundación para la Superación de la Pobreza) lo muestra claramente:

El fenómeno no ocurre solo en Chile, sino que se observa también en los EE.UU. y en otros países democráticos. Hay muchas explicaciones que se podrían intentar para explicar esta observación, pero la más convincente proviene de la Ciencia Política: según ellos, la diferencia entre los niños y jóvenes y los ancianos es que los primeros no votan. La razón es que los políticos responden a los intereses de sus votantes y como los jóvenes y niños no votan, no se les da la importancia que merecen cuando se procuran subsidios u otras ayudas para combatir la pobreza. Se podría decir, parafraseando un antiguo dicho, que «El que no vota no mama«. En Chile el problema es más agudo, pues los ancianos están sobrerrepresentados en el padrón electoral, debido a la combinación de la inscripción voluntaria con voto obligatorio.

No se trata de que los ancianos sean egoístas y piensen nada más que en si mismos (muchos de ellos son abuelos y quieren a sus nietos), pero es más importante en sus preferencias la eliminación del 7% de salud que destinar esos recursos a los menores de 18 años, y eso lo saben los políticos. Y así ocurre con otras medidas que benefician en forma desproporcionada a los ancianos.

Propuesta

Por ello, propongo una solución, que podría parecer aventurada, pero que una reflexión cuidadosa muestra ser razonable. Ella consiste en darle el voto a los niños y jóvenes menores de 18 años. Después de todo, es el único grupo de personas excluidos de votar. Pueden votar todos: informados y los no informados, analfabetos y seniles (mientras no sea demasiado obvio), por lo que no se observa la razón para excluir de la regla de «una persona, un voto» a los menores de edad. Por supuesto, no serían los niños los que votarían, sino sus padres (o madres), en su representación. Habría que establecer las reglas, precisas sobre como se asignan los votos de los niños entre los padres, y que se hace en los casos de divorcio, pero el principio sería que el voto del padre se multiplicaría por el número de hijos al que tiene derecho a representar.

Se podrá argüir que los padres no tiene por qué votar en el interés de los hijos. Esto es cierto, pero también es válido que es más probable que un padre se preocupe del futuro de los hijos, que un anciano se preocupe de los jóvenes. Así se equilibraría en algo el peso de los ancianos en la mente de los políticos, los que comenzarían a hacer más propuestas dirigidas a los adultos jóvenes con familias (e indirectamente a los niños).

Alguien podría argumentar que en tal caso el voto del padre valdría más que el de otras personas, pero esto no es lo que se propone. El padre tiene un voto que se pondera más que el de los demás sólo porque su voto incluye el de otras personas. Cuando el joven alcance los 18 años, podrá votar por si mismo y el padre perderá este voto múltiple.

En resumen, la propuesta tiene la virtud de otorgarle el voto a un grupo injustamente excluido por la sociedad: los menores de 18 años. Mientras sea menor, ese joven estará representado en las urnas por uno de sus padres, que decidirán por el , tal como tienen el derecho y la obligación de administrar sus bienes, si los poseyera.

Empoderamiento del personal

Hace unos días una amiga extranjera, de visita nuevamente, me comentó que una de las cosas que siempre le sorprendía de Chile era la poca capacidad de toma de decisiones del personal subalterno. Había comprado un chip para usar su teléfono extranjero, pero como no le había servido tenía que devolverlo. Para que le pudieran retornar su dinero –la magnífica suma de $5.000– la empresa demoraría dos días, porque debía seguir un proceso administrativo complejo (y seguramente caro para la empresa).

He eacrito antes sobre este problema, que se observa en toda la atención al público y que se extiende a todas las empresas: casi no ha delegación de poder de decisión hacia los cargos inferiores de la empresa. Esto es doblemente malo. Primero, hace que los trabajos sean menos atractivos, lo que genera descontento laboral. Segundo, recarga de decisiones menores a ejecutivos que estarían mejor empleados en otras tareas. Es decir, la productividad laboral es mucho menor debido a esta falta de empoderamiento.

Hay todo tipo de explicaciones sobre las razones de esta mala organización interna de las firmas, pero la mayoría, basada en mecanismos sciológicos, no son demasiado convincentes. La explicación que ofrece este blog es que se debe a una combinación de i) leyes laborales que elevan el costo de echar a un empleado por mal desempeño cuando esto no puede ser evaluado en forma objetiva; y complementariamente, ii) la débil capacidad de la justicia para evaluar casos en los que se requiere criterio.

Para empoderar a los subordinados se requiere otorgarles la posibilidad de tomar decisiones. Para ello, es necesario poder castigar cuando se toman las decisiones equivocadas (especialmente si son reiteradas). De otra forma sería fácil para el empleado de la empresa (de telecomunicaciones,por ejemplo) cometer fraude o ser irresponsable. Es el temor a ser despedido el que hace que el empleado sea cuidadoso en sus decisiones. Pero si no teme ser despedido porque la justicia laboral siempre la da la razón (en Chile, trabajadores despedidos por robar, y registrados en cámaras de vigilancia, han recibido compensación por despido injusto), o porque la compensación de despido es muy atractiva, esa motivación para ser responsable no vale.

Se delega en los ejecutivos debido a que la reputación y las recomendaciones son importantes para ellos. Un ejecutivo despedido por tomar malas decisiones, que apela a las leyes laborales en una forma manifiestamente injusta puede encontrar difícil un nuevo trabajo de buen nivel.

La pregunta de fondo es cuál es el motivo para leyes laborales tan rígidas. La respuesta se encuentra en las deficiencias de nuestro sistema judicial, que es incapaz de ir al fondo de los temas, y se contenta con revisar procedimientos. Por ejemplo, se puede echar las trabajador porque no siguió el procedimiento establecido: para devolver el dinero de la amiga extranjera hay un mecanismo, que de no ser seguido lleva al despido -por causa–.

En conclusión, no critiquemos a las empresas por la falta de empoderamiento de los trabajadores si no les otorgamos la capacidad de despedir trabajadores por razones discrecionales y sin castigo (tal vez habría que hacer excepciones en las localidades con pocas fuentes de trabajo, porque allí los empresarios tienen un poder oligopsonico que no poseen en las grandes ciudades).

Una buena frase

En el Financial Times, Philip Stevens analiza cómo Londres se ha convertido en un lugar donde los tiranos del mundo depositan recursos o hacen donaciones para mejorar sus imágenes públicas. Tiene una buena cita:

«What Britain offers, if you like, is a coin-operated laundry for the reputationally challenged.»

Y añade que la razón para esto es que es difícil para la prensa investigar lo que pasa con estos tiranos, dado que en Inglaterra la ley de libelo obligan a demostrar los hechos cuando se hace una acusación pública. Además, el simple gasto en una defensa legal es prohibitivo.

En otros países, el estándar es que el demandante (en un caso de libelo) debe demostrar que las aseveraciones son falsas o que fueron acusaciones falsas y además hechas con conocimiento de causa (el caso de lso EE.UU.). Como además la justicia del Reino Unido es expansiva, alcanza investigaciones de prensa en otros países.

Algo más sobre el uso de información privilegiada

Se ha comentado bastante sobre lo reducido de las condenas en los casos de abuso de información privilegiada en el caso de la fallida fusión DyS con Falabella. Efectivamente los castigos no alcanzan a casi nada: la SVS solo les obligó a devolver lo ganado, que es lo más que permite la Ley. En promedio, con la Ley actual, entonces, los que operan con información privilegiada tiene asegurada una rentabilidad positiva, porque su abuso no siempre se detecta. Es necesario tener castigos que sean múltiplos de la ganancia para realmente ser disuasivos.

Consideremos la evidencia. El Sr. Hans Eben, uno de los gestores del acuerdo de fusión, es acusado de entregar información a familiares para que compraran las acciones. Por ejemplo, su sobrino el Sr. Eugenio Eben Aresti
usó el 100% de su capacidad de crédito en el Banco para comprar acciones (a nombre de su señora) antes que se anunciara la fusión. Así con otros acusados, como el Sr. Vicente Aresti, Presidente de Empresas Tucapel. Realizaron compra atípicas, a nombre de esposas, de acciones de las empresas involucradas en la fusión. Estos acusados trabajaban en Empresas Tucapel (como ejecutivos y miembros del directorio), donde el Sr. H Eben también era director. La evidencia es circunstancial (nadie ha confesado), pero muy fuerte y solo porque nuestro sistema penal tiene estándares de prueba muy altos –que hacen casi imposible demostrar los hechos–debió el Fiscal llegar a un acuerdo con castigos tan bajos.

Claramente en los EE.UU. la cosa había sido distinta, como lo muestra la investigación en el caso de información confidencial en una materia mucho menos importante: el conocimiento anticipado de los resultados trimestrales de un empresa poco importante: Marvell Technology. Los acusados pueden esperar mucho tiempo en la cárcel. Pero las dificultades en probar estos casos son evidentes en la siguiente transcripción de mensajes de uno de los acusados:

BaraiAcusaciónInfoConfidencial
Transcripción de mensajes entre acusados de uso de información confidencial.

El Sr. Eben, como director de una de las empresas que se fusionaría, tenía la responsabilidad de no entregar información privilegiada (cuidando de no alertar, incluso implícitamente, a sus asociados y parientes), pues al hacerlo, violaba su obligación ante los accionistas. Y si alguno de sus asociados realiza estas compras, y el tomaba conocimiento, debía presentar este hecho a la SVS.

En efecto, cuando hay una transacción con información privilegiada, necesariamente un participante en la transacción pierde para que el otro gane, sin posibilidad de que la transacción sea mutuamente conveniente. Esto la diferencia de otras transacciones del mercado, en que cada uno de los participantes, al menos en valor esperado (y dada la información común que poseen), gana con la transacción. Es decir, si entregó información privilegiada, alguno de los accionistas cuyos intereses debía defender, fue perjudicado directamente por la acción.

No se sabe a quién le compraron las acciones los acusados. Pero si es una AFP (o un Fondo Mutuo), sus ejecutivos y directores deberían entablar una demanda civil en contra de los acusados de este delito. De otra manera, es como si les hubieran robado bienes de los cuales ellos eran responsables. Si no han entablado una demanda, se tendría un caso de abandono de sus obligaciones fiduciarias.

Trucos presupuestarios

Algún estudioso de la economía política debería analizar los trucos presupuestarios que usan los gobiernos. No desde el punto de vista de catalogarlos o ver que se puede hacer para elimiinarlos, sino para entender su lógica. Después de todo a los mercados normalmente no se los engaña y cuando un país, o gobierno regional o local hacen trampas, el mercado debería poder detectarlas. Por lo tanto, los trucos no parecen obedecer al deseo de mejorar las condiciones de financiamiento del gobierno sino a otras motivaciones, por ejemplo a confundir a la opinión pública del país o de otros países.

Un ejemplo: las concesiones como mecanismo para evadir restricciones presupuestarias o de balance de activos. Incluso en un país tan sofisticado como el Reino Unido, aparentemente la razón para la expansión del program de PFI, de asociaciones público-privadas, respondía más al interés de realizar inversiones públicas respetando la letra, pero no el espíritu, del acuerdo presupuestario europeo (de Maastricht), que a las ventajas intrínsecas de las concesiones.

En los Estados Unidos, el Financial Times recoge el caso de los estados, muchos de los cuales pasaron leyes que obligaban a mantener presupuestos equilibrados para luego quebrantarlas en forma inmediata:

Year by year, governments complied with balanced budget rules and other supposed constraints by creating quasi-government agencies that could borrow, by selling and leasing back buildings and other assets, by bundling future years’ lottery proceeds, and other manoeuvres.

En realidad los políticos tienen poco respeto por el intelecto de los votantes. Y cuando, como ahora, llega la crisis y todas estas obligaciones encubiertas salen a la luz, lo votantes tienen razón en sentirse engañados.

Algo pasa con Besalco

Es extraño que tantos proyectos de infraestructura pública en que está incolucrado Besalco tengan problemas.

  1. El Camino de la Pólvora debió ser relicitado luego de adjudicárselo en 2003 en una licitación privada. En aquellos momentos, uno de los directores de la empresa erael entonces ex-ministro de Obras Públicas Cruz. En la licitación abierta posterior otra empresa se adjudicó el proyecto en $10.000 millones menos.
  2. Luego las cárceles concesionadas. El Estado tuvo grandes problemas en su relación con la empresa en una de las cárceles, y en el proceso arbitral se observaron circunstancias (ver el reciente recuento de Eduardo Bitrán de las circunstancias del caso) que tuvieron un enorme costo para el Estado. Las cárceles de Besalco aún no están terminadas pese a que ha pasado casi una década.
  3. Ahora se suspende el proceso administrativo de la licitación del hospital de Talca, que ganó Besalco. La segunda empresa estimó que fue dejada fuera de bases en forma arbitraria luego de un cambio de última hora, pese a que su prppuesta era $8.600 millones más barata que la de Besalco.

Es indudable que algo sucede entre Besalco y el Estado. Dados los malos resultados, tal vez Besalco debería abandonar los negocios con el Estado, y el Estado establecer que debido a la «yetta» que tienen sus proyectos con Besalco, ésta empresa queda excluída de nuevas licitaciones.