Categoría: Molestias varias

El costo de la Contraloría

Ronald Fischer

El costo de la supervisión y fiscalización de la Contraloría General de la República sobre la Universidad de Chile es muy elevado. Dado que todas las decisiones importantes deben ser visadas por la Contraloría, éstas sufren retrasos, pierden agilidad y la flexibilidad necesaria para poder competir con otras universidades. Peor aún, en ocasiones, pequeños errores de forma en un contrrato, que se podrían haber resuelto rápidamente, llevan a su rechazo.

Este costo es tan pesado que uno de los objetivos básicos quiénes desean el bien de la Universidad debería ser sacarse la tutela de la Contraloría. ¿Por qué no tener las mismas condiciones de la P. Universidad Católica, que también recibe recursos fiscales no competitivos, pero que no sufre esa carga? Los ejemplos de los retrasos e impedimentos son numerosos, pero me gustaría narrar un caso que muestra nítidamente y en números el costo de la Contraloría.

La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) está construyendo un nuevo edificio cuyo costo se estima en unos US$35 millones (o al menos así lo recuerdo). Se hizo una licitación y el ganador, una empresa con mucha experiencia, muy respetada en el ambiente, y cuyos propietarios son ingenieros de la Facultad, ofreció construir el proyecto por un monto inferior en $1.000 millones a las ofertas de sus competidores.

Sin embargo, en alguna parte de su oferta técnica, la empresa específicó que una de las obras secundarias tardaría tres meses en su construcción, pero cuando hizo la carta Gantt del proyecto, transformó esta duración a un plazo medido en semanas, dejádolo como 12 semanas. Este pequeño error significó que la Contraloría encontró vicios de fondo en la oferta, por lo que tuvo que ser descartada. El resultado es que la FCFM tuvo que construir el proyecto con el cuarto oferente, lo cual le ha significado un costo adicional de $1.000 millones.

Si la Contraloría no hubiese revisado el contrato, la Facultad y la empresa habrían corregido este error menor sin que tuviera consecuencias para el contrato. Y se habrían ahorrado $1.000 millones.

Ese es el costo de la Contraloría sobre la Universidad. Y es por eso que el objetivo debería ser el de escapar a su tutela.

(Gracias a N. Figueroa)

Allanamiento de abogado

R. Fischer

Es raro el escándalo producido por el allanamiento de la oficina del abogado de Karadima. Todos los abogados, incluyendo a Carlos Peña, han coincido en considerar que es un hecho inaceptable, que compromete la confidencialidad de la relación entre el abogado y su cliente. Es probable que, debido a mis pocos conocimientos legales, esté equivocado, pero entiendo que este no es un caso de proteger confidencialidad de la relación abogado-cliente. Estoy de acuerdo en que la justicia debe respetar esta confidencialidad, pero me parece que este no es el caso aquí.

El punto esencial es que el abogado Bulnes es un abogado defensor frente a la condena eclesiástica a Karadima. Dado que las justicias eclesiástica y chilena son independientes, me parece que, desde el punto de vista de la justicia chilena, el no es el abogado de Karadima que está protegido por el derecho a la confidencialidad. La relación protegida es la de Karadima con su abogado defensor frente a la justicia chilena.

Si se considera que también está protegida la relación con el abogado de Karadima frente a su condena Vaticana, ambas justiciias no serían independientes y no existiría separación entre Iglesia y Estado. ¿Estoy equivocado o estamos frente a un caso de defensa corporativa de los abogados?

Tal vez esto sea más claro si pensamos en dos países normales. Supongamos una persona que está siendo investigado en dos países por la justicia, por ejemplo, Chile y Argentina. Si la justicia chilena determina que el abogado argentino está en Chile y tiene en su poder documentos que podrían ser relevantes al caso chileno, ¿cuál sería el motivo legal para no allanarlo en búsqueda de información (salvo por los problemas diplomáticos que ello podría causar, por supuesto)? La confidencialidad de la relación del sospechoso con el abogado argentino es relevante para la justicia argentina, pero no para la justicia chilena.

El diccionario de las ideas recibidas

Ronald Fischer

Muchos de los comentarios que recibió la columna sobre los (relativamente limitados) peligros de la energía nuclear me hicieron recordar el Diccionario de las ideas recibidas en el apéndice de Bouvard y Pecuchet. Las ideas recibidas (diríamos clichés) son un mecanismo de economía cerebral: para evitar el esfuerzo de pensar, leer e investigar sobre un tema. Es una respuesta evolutiva, ya que desde el punto de vista energético, es más eficiente usar una respuesta automática que pensar.

Entre algunos de los ejemplos de Flaubert, solo en la letra s:

  • Serpente: Tous venimeux. (Serpientes: Todas venenosas).
  • Seville: Célèbre par son barbier. Voir Seville et mourir (v. Naples) (Sevilla: Famosa por el barbero. Ver Sevilla y morir (lo mismo Nápoles)).
  • Suicide: Preuve de lâcheté. (Suicidio: Demostración de cobardía).

Veamos algunos de los comentarios al artículo, posteadas en el blog de El Mercurio

  • La cosa es que, por encima de todas las ventajas que pueda tener la Energía Nuclear y las «seguridades» basadas en estadística y probabilidades, BASTA CON UN SOLO ERROR para que todas las ganancias se volatilicen y vayan aún más, a pérdida,y….la naturaleza circundante resulte dañada PARA SIEMPRE.
  • La verdad sobre las centrales nucleares, es que es un gran negocio para quien las construye,
  • [Sobre Chernobyl] ¿Esas cifras incluyen a los miles de niños nacidos con malformaciones congénitas atroces?
  • Sólo una pregunta al profesor Fischer (¡la que nos espera con sus futuros egresados!) ¿por que Ud mismo o sus familiares o sus alumnos no van a vivir junto a Fukushima?

Podría seguir, pero es clara la similitud entre las ideas recibidas que describe Flaubert y las de estos comentaristas.

Agregado: El articulo de Montbiot llega a las mismas conclusiones sobre la energía nuclear en The Guardian. Los comentarios son –en general– de mejor calidad

Encerrar a los empleados

R. Fischer

Ignoro si el supermercado Santa Isabel de Talcahuano efectivamente encerraba a sus empleados durante la noche, como lo acusan sus trabajadores. De ser así espero que la Dirección del Trabajo imponga multa eejmplificadoras, porque el peligro para los empleados es real.

Hace poco se cumplieron cien años del incendio en la Triangle Shirtwaist Factory en Nueva York en el que murieron 146 trabajadores textiles. Habían sido encerrados en la fábrica por un propietario temeroso de la posibilidad de robo. Deberíamos haber aprendido esta lección, no solo porque somos un país de terremotos y tsunamis, por lo que el peligro para los empleados es mayor, sino porque encerrar a los empleados viola sus derechos.

Subsidio a los combustibles

Es notable el populismo de los parlamentarios en el caso de los combustibles (no se puede distinguir entre parlamentarios de un signo u otro, ya que actúan en manada). Esto se traduce en inconsistencias enormes en sus políticas: por un lado abogan por políticas redistributivas y por otro lado subsidian a los de mayores ingresos al reducir el precio de la bencina. Dado que lso recursos del Estado son finitos, cada vez que se subsidian los combustibles (beneficiando proporcionalmente más a quienes tienen mayores ingresos y autos de mayor tamaño), queda menos para destinar a quienes tienen menos.

Además, hace poco fue aprobada la Ley de SIPCO que preveía reducir las fluctuaciones en los precios de los combustibles. Si los diputados estaban en desacuerdo, ¿no leyeron lo que aprobaron hace tan poco?

Otro grupo de interés

Al Presidente de la Confederación Nacional de Taxistas de Chile no le gusta la competencia, y le gustaría que el gobierno lo ayudara a reducirla. En El Mercurio de hoy, el Señor Luis Reyes solicita que se reduzca su parque automotor, desde los 22.000 taxis actuales a 12.000. El no está contento con la reducción desde 45.000 taxis en 2005 a los 22.000 actuales, sino que querría reducirlos más aún. Además, para estar más seguro de que no hay taxis piratas, quiere que se obligue a las empresas que venden taxímetros a vender solo a los taxistas certificados. Comportamientos clásicos de este tipo de grupos de interés, que no difieren demasiado de lo que ocurre con oftalmólogos y otras profesiones que intentan a toda costa limitar la competencia.

Ahora bien, no es que sobren taxis: en las horas de la salida del trabajo no es posible conseguir taxis. Los valores del permiso de taxis están entre $3-4 millones, es decir que para poder trabajar como taxista, se debe pagar un valor que casi es igual al valor de un vehículo. Además, como hay poca competencia, los taxistas no necesitan cambiar sus autos y vemos que la calidad del parque ha decaído. Estas son las consecuencias clásicas de la restricción de entrada a un mercado.

La pregunta es ¿porqué se restringió la entrada a este mercado, eminentemente competitivo? No puede haber sido fácil, porque se trata de una medida que viola un principio constitucional: el derecho a ejercer cualquier actividad económica mientras no sea ilegal. La argumentación del gobierno de entonces fue poco prolija: al congestionar las calles, los taxis contribuían a la contaminación, por lo que para proteger la salud de los ciudadanos (otro derecho constitucional) se podía restringir la entrada al sector.

Hay que notar que las únicas limitaciones a los principios constitucionales ocurren cuando chocan dos de ellos, como se pretendía que ocurría aquí. Pero habían muchas otras soluciones al problema de la contaminación creada por los taxis que no involucraban afectar derechos constitucionales. Por ejemplo, se podría haber obligado a que los autos debían ser relativamente nuevos, contaminando menos y por su mismo costo, limitando la entrada. La ventaja es que los que se beneficiaban con la restricción de entrada en tal caso son los usuarios (que viajan en autos nuevos) y no los propietarios de los permisos. Pero habían otras alternativas, que tampoco fueron estudiadas. Ese, le parece a este blog, fue un momento crítico de la Concertación: sacrificó principios a favor de la baja política (claro que hubo gente –mucha– en la Alianza que voto a favor, pero la responsabilidad por parar ese tipo de medidas es del gobierno).

Lo que tenemos ahora es la peor solución: un gremio que pide más monopolio, de manera que el valor de entrar sea aún más alto y los que ya están adentro ganen una renta a costa de la ciudadanía y de los potenciales interesados en entrar al mercado de los taxis. ¿Es que deseamos llegar al caso de Uruguay, en que los permisos para operar taxis pueden costar US$70.000, y los que conducen taxis lo hacen como asalariados, algo así como nuestros antiguos medios pollos del gremio de los trabajadores portuarios? ¿Por qué deseamos crear ese derecho de propiedad artificial que no beneficia a nadie más que a un grupo pequeño de la sociedad?

Ironías argentinas

Uno puede admirar a los argentinos, tanto por sus artistas, deportistas, escritores y académicos. Pero su gobierno es otra cosa. Es difícil encontrar palabras para un gobierno que acaba de introducir multas para las empresas consultoras que informen que la inflación es más alta de lo que indican los datos oficiales.

Según el Financial Times, a las consultoras económicas que emiten sus propios cálculos de inflación les han llegado cuestionarios que deben ser contestados en 48 horas sobre la forma en que elaboraron sus estimaciones de la inflación. La pena puede alcanzar a los US$125.000.

Se debe recordar que la inflación oficial argentina ha estado en entredicho desde hace años, cuando fue intervenida la oficina de estadísticas porque sus resultados molestaban al gobierno. Desde entonces se ha desarrollado una pequeña industria de estimadores de inflación alternativos y es contra ellos que se decretó esta medida del gobierno. Las estimaciones independientes hablan de un 30% de inflación, contra el 10.9% oficial.

Siempre que se piensa que el gobierno argentino no puede hacer más barbaridades, salen con una nueva sorpresa.

Algo pasa con Besalco

Es extraño que tantos proyectos de infraestructura pública en que está incolucrado Besalco tengan problemas.

  1. El Camino de la Pólvora debió ser relicitado luego de adjudicárselo en 2003 en una licitación privada. En aquellos momentos, uno de los directores de la empresa erael entonces ex-ministro de Obras Públicas Cruz. En la licitación abierta posterior otra empresa se adjudicó el proyecto en $10.000 millones menos.
  2. Luego las cárceles concesionadas. El Estado tuvo grandes problemas en su relación con la empresa en una de las cárceles, y en el proceso arbitral se observaron circunstancias (ver el reciente recuento de Eduardo Bitrán de las circunstancias del caso) que tuvieron un enorme costo para el Estado. Las cárceles de Besalco aún no están terminadas pese a que ha pasado casi una década.
  3. Ahora se suspende el proceso administrativo de la licitación del hospital de Talca, que ganó Besalco. La segunda empresa estimó que fue dejada fuera de bases en forma arbitraria luego de un cambio de última hora, pese a que su prppuesta era $8.600 millones más barata que la de Besalco.

Es indudable que algo sucede entre Besalco y el Estado. Dados los malos resultados, tal vez Besalco debería abandonar los negocios con el Estado, y el Estado establecer que debido a la «yetta» que tienen sus proyectos con Besalco, ésta empresa queda excluída de nuevas licitaciones.

Prevención de riesgos

Un conductor de una camioneta de gran tamaño choca con un pequeño automóvil n la Costanera Norte, causando la muerte de tres de los cuatro pasajeros. Dos de ellos mueren carbonizados. El conductor se da a la fuga, pero se entrega al día siguiente. El mismo conductor tiene dos condenas anteriores por conducción en estado de ebriedad, aunque ellas ocurrieron hace más de 10 años.

Este blog entiende que la fuga en estas condiciones significa que la justicia debe suponer que el conductor manejaba en estado de ebriedad, así como el hecho de no ayudar a los heridos es un agravante adicional. Por lo tanto, se trata de un conductor que no solo mató a tres personas, sino que esta sería la tercera vez que será castigado por conducir en estado de ebriedad.

Este blog normalmente no aprecia los castigos judiciales demasiado elevados, pues muchas veces los jueces prefieren no condenar debido a la obligación de un castigo desporporcionado. En este caso, debido a la reincidencia y la fuga, el autor de este blog desearía que el castigo fuera ejemplificador.

Un último agravante: la profesión del conductor es la prevención de riesgos.

Restricción a taxis

Este blog concuerda totalmente con el párrafo de la columna de hoy de Eugenio Guzman sobre la restricción a la entrada de taxis.

No obstante lo anterior, hace tres semanas se aprobó en general un proyecto de ley del que no sólo prácticamente nada se publicitó, sino que en términos de opinión pública poco se supo. Me refiero a la norma que prorroga por cinco años la vigencia de la Ley 20.076, que suspende la inscripción de taxis en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros. Ley que fue patrocinada y apoyada por representantes de derecha. ¿En qué consiste? En que la inscripción de taxis en todas sus modalidades en el Registro Nacional tiene un cupo limitado y restringido, resultando posible el ingreso de un vehículo distinto en la modalidad de taxi sólo por la vía del reemplazo. Sin entrar a discutir los incentivos que puede generar este tipo de leyes —aumento del precio “real” (informal) de las patentes de taxis, reducción de la competitividad y en consecuencia disminución de la calidad del servicio, etc.—, lo cierto es que es sorprendente que un proyecto como éste haya tenido tanto respaldo en sectores de “derecha” (ningún parlamentario votó en contra).

La medida es una vergüenza, cuyo principal mayor resultado es una transferencia de rentas a los dueños de los permisos, cuyo valor se está acercando al valor del taxi. Al menos, los parlamentarios deberían haber introducido una válvula de escape permitiendo la entrada de un pequeno número de taxis al año, para descomprimir el sistema y evitar que los precios suban a niveles estratosféricos. Para dar un ejemplo, en Montevideo las licencias tienen un valor de US$70.000, y los que las poseen contratan a otros para que manejen sus taxis, en un sistema de tipo medio pollo, tristemente célebre en nuestros puertos, en el pasado.