Un interesante análisis del impuesto minero australiano en el Financial Times. Hasta ahora el resultado del superimpuesto ha sido negativo para el Primer ministro y principal proponente, Kevin Rudd. el Primer Ministro está cerca de perder las próximas elecciones, lo que es inusual para un PM elegido hace poco.
En parte esto se debe al fuerte lobby de las empresas mineras, que han amenazado con cesar todas las nuevas inversiones en Australia, lo que ha atemorizado a los votantes, ya que la buena situación actual de Australia se debe a la minería.
El artículo señala que el impuesto está bien diseñado –al menos para inversiones futuras–, pues simplemente transforma al Estado en un socio (tanto en la inversiones como en los retiros) sin voz ni voto en los nuevos proyectos mineros, por lo que no debería disuadir nuevas inversiones. El problema son las inverisones actuales, ya que para poder imponer el 40% de impuestos, el Estado debería también participar en esa proporción de los gastos ya incurridos por las empresas mineras en sus minas actuales. De otra forma, sería una expropiación que podría aumentar el riesgo país de Australia. Sin embargo, el FT va más allá y señala que no expropiar a los inversionistas:
… is hardly a moral principle. No country, except those too poor or weak to have a choice, accepts that the government has a duty to compensate those it taxes for the inconvenience of higher rates.
Este blog está en desacuerdo con la idea que cambiar las reglas del juego no sea un problema. El blog hace la excepción para casos extremos de crisis y necesidad, pero no es el caso de Australia. En todo caso, debido a que los países son soberanos, es imposible garantizar los contratos de Estados, en particular los que establecen las reglas para los impuestos y royalties mineros.
Una opción cuando el Estado sabe que no podrá cumplir sus compromisos es que, ex ante, el contrato incluya un incremento en la fracción que percibe el Estado cuando las utilidades observables aumentan por sobre un umbral predefinido. Esto reduce la probabilidad de expropiación (al reducir la presión por expropiar a empresas que ganan muchas rentas), con sus costos asociados: Estos costos son de reputación para nuevas inversiones, así como costos más directos por las acciones judiciales de las firmas expropiadas en tribunales internacionales. Un estudio que muestra la forma que toma el contrato óptimo con incapacidad de comprometerse a no expropiar es Engel y Fischer (2010), (una versión libre aparece en Engel y Fischer (2008))
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